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El postconflicto, seguramente, es uno de los mayores retos para el Estado colombiano porque una vez firmado el acuerdo de paz con las Farc resulta crucial que la resocialización de quienes empuñaron las armas de la guerrilla sea exitosa.
Por eso, preocupa profundamente que el armazón jurídico y financiero creado al amparo del acuerdo del Teatro Colón hoy esté en medio de cuestionamientos por peleas internas, desorden administrativo y hasta por posibles irregularidades en materia fiscal y disciplinaria.
Uno de los problemas que afronta la financiación del postconflicto es el enredo en el que desde el Estado se convirtió la institucionalidad encargada del tema, mezclando fondos públicos y privados, donaciones, presupuesto de la Nación, países amigos y hasta organizaciones multilaterales como el PNUD y la OIM.
Vea aquí: Algo huele mal en el Inpec: opinión de Ricardo Ospina
Eso ha dado pie para que incluso hoy, ante las peticiones de la Contraloría General de la República, el saliente secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, haya contestado que él no ejecutó un solo peso durante el tiempo que se desempeñó en el cargo, ya que esa función estaba a cargo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la OIM y que ellas debían entregar esos datos.
Aquí podría haber un problema porque, al tratarse de entidades multilaterales pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, la respuesta podría ser que no están obligadas a entregar información a entes de control colombianos.
Aquí hay cuatro aspectos que generan ruido:
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1. Los recursos para la JEP, del fondo Colombia en Paz.
2. La subcuenta de Colombia Sostenible en donde los embajadores de Suiza, Suecia y Noruega pidieron claridad en el manejo de sus donaciones.
3. La tensa relación entre Marcela Huertas y Gloria Ospina, las quejas de Huertas por la falta de formalismos en reuniones cruciales entre otros con el Alto Consejero para el Postconflicto Rafael Pardo, la supuesta demora en pagos y otros.
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4. El episodio incómodo de la subcontratación del novio de Gloria Ospina, jefe de Colombia Sostenible, para el diseño de un sistema de información que, para algunos, no era necesario.
Aunque hoy no hay todavía evidencias claras de irregularidades, la preocupación de los entes de control radica en que si no se definen con claridad hoy los lineamientos del postconflicto y en algún momento podrían tirarse a la basura 126 billones de pesos.
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