El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Posconflicto, Emilio Archila, dijo que el Gobierno sigue avanzando en la implementación del acuerdo de paz con las Farc y que el gobierno de los Estados Unidos apoya la política de la Paz con legalidad.“El gobierno de los Estados Unidos y en particular su agencia de apoyo USAID han estado completamente alineados con la política de implementación, con la política de Paz con legalidad del presidente Iván Duque. Recordemos que hace un año incrementaron el monte de los aportes que hacen y adicionalmente, han cambiado los énfasis para que correspondan con los del Gobierno”, dijo.Este viernes, desde Florida, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el Acuerdo de Paz firmado entre el expresidente Juan Manuel Santos y las extintas Farc, indicó que el acuerdo fortaleció los cultivos ilícitos y el narcotráfico.
Se llama la Secretaría de la No Violencia y fue presentada con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra en el país y con una bandera blanca que se hizo en la Alcaldía junto a los símbolos patrios de Colombia, Antioquia y Medellín.“En relación a los costos, esta es una reforma administrativa que trae muchos cambios y los vamos a ir presentando. Los costos adicionales que significa esta secretaría por $2.000 millones los hemos logrado gracias al ahorro en medios de comunicación. Es decir, el ahorro en pauta publicitaria nos permite una secretaría de la 'No Violencia'”, dijo el alcalde Quintero.“Es una entidad que se encargará de orientar y coordinar la construcción de la paz territorial. Estará adscrita al despacho del Alcalde y tendrá dos subsecretarías y manejará, entre otros temas, lo relacionado con posconflicto, la JEP y la meditación y yoga para miembros del Esmad”, agregó la Alcaldía.La nueva dependencia aun no tiene un secretario nombrado, pero se rumora la designación de Ana María Valle, una mujer actualmente directora técnica en la Alcaldía y muy cercana a la gestora Osorio, quien además ha trabajado como contratista en la Universidad EIA, la Corporación Libertad y Democracia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.
En la Asamblea de Antioquia, representantes a la Cámara y víctimas del conflicto discutieron sobre la situación actual de reclutamiento de niños en el departamento de Antioquia y que, según información de las autoridades, ha aumentado en los últimos años.Según la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, el Clan del Golfo y los Caparros son los grupos ilegales que más reclutan menores, especialmente entre los 12 y 18 años.Destaca que, en el último año, 48 niños han sido rescatados durante operativos de las autoridades.Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias“Se estima que hay un crecimiento desde los años 2014, intensificándose en el 2018 y 2019 después del proceso de paz. Lo que observamos es que de las personas que conforman las estructuras delincuenciales, el 40% son niños”.Ramírez aseguró que la cifra de menores que desaparecen totalmente de sus casas es baja, es decir, a la mayoría de los menores reclutados los dejan en las ciudades, estudian por algunos días para evadir a las autoridades, mientras que otros días son obligados a expender estupefacientes o incluso en la prostitución.Le puede interesar: Más de 100 niños han sido reclutados en Chocó, denuncian organizaciones sociales Antioquia lidera la iniciativa para que a los reclutadores de menores también se les impute delitos como violación o explotación sexual.Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
BLU Radio habló con el excombatiente de las Farc Pastor Alape, quien advirtió que se han aprobado 20 proyectos de reincorporación y que el Gobierno solo ha girado recursos para nueve.“La Agencia para la Reincorporación y la Normalización tiene parada una serie de responsabilidades, no sabemos por qué. Lo que entendemos es que no hay presupuesto para el funcionamiento de esta agencia”, dijo.Incluso advirtió que no está lista la institucionalidad del acuerdo y que no se ha designado un coordinador de la unidad técnica de reincorporación.Por su parte, el Gobierno explicó que el partido Farc no ha entregado todos los documentos que se requieren para hacer el desembolso de recursos de los proyectos productivos y aseguró que no hay retrasos.“Falta designar un coordinador de grupo, pero esto no impide, ni ha impedido, que la planificación y ejecución del proceso se lleve a los territorios. Se siguen haciendo los desembolsos, se sigue implementando cada una de las estrategias”, señaló el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper.Vea también: Fue un error dejar armas antes de asegurar reincorporación de guerrilleros: MárquezAdicionalmente, Alape expuso algunas trabas y falta de claridad en programas del posconflicto, como el de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Todas las agencias e instituciones para implementar el acuerdo no están funcionando y no hay una voluntad a partir de la orientación desde el Gobierno para que se abra el camino para brindar garantías”, señaló.En respuesta, Stapper aseguró que el Gobierno sí está cumpliendo pese a la desconfianza de las extintas Farc.“Se han aprobado 22 proyectos que benefician a más de 1.400 personas y que son inversiones por 16.000 millones de pesos. Hemos desembolsado 9 que benefician a 660 excombatientes e inversiones por más de 6.700 millones de pesos“, dijo.Además, indicó que, en total, se han aprobado más de 184 proyectos productivos implementados.Y aunque la Farc busca que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se mantengan luego del 15 de agosto, fecha en la que deberían expirar, el Gobierno explicó que dependerá de la voluntad de los entes territoriales y sus planes de ordenamiento territorial.
La Contraloría General de la Nación realizó un estudio sobre la reinversión de los impuestos verdes que se impusieron a los colombianos para desincentivar el consumo de algunos productos con gran impacto ambiental: el carbono y las bolsas plásticas. Según la Dian, por el impuesto al carbono a noviembre de 2018 se habían recaudado 294.000 millones de pesos, pero el 70 % de esos recursos se redireccionaron a los programas de posconflicto y no a programas de pedagogía y reparación ambiental. Solo un 30 % de los recursos se destinan a la preservación, pero los programas no son suficientes en comparación con los montos recaudados.En los impuestos a las bolsas plásticas, al 30 de junio de 2018 se recaudaron $ 14.510 millones de pesos. Estos recursos carecen de un destino exclusivo en las arcas del Ministerio de Ambiente, por lo que van directamente al tesoro nacional. Vea también: Promesas vs. realidad: ¿en qué va el posconflicto en Colombia? “Aunque la Contraloría reconoce la relevancia del cumplimiento de los acuerdos y la construcción del posconflicto, el organismo de control hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que, en el marco de sus competencias y la colaboración armónica de poderes, estudien la posibilidad de asegurar que los recursos de los impuestos ambientales sean direccionados al sector ambiental”, dice el documento de la Contraloría.El ente de control fue más allá al argumentar que la demanda de combustible va a permanecer casi que de manera invariable por lo que un impuesto al carbono pensado con el fin de reducir el consumo de gasolina y diesel no va a cumplir ese propósito. La Contraloría también evaluó los resultados obtenidos en materia ambiental por el recaudo de esos recursos y asegura que hay incertidumbre sobre su efectividad. Finalmente, la institución explicó que los beneficios tributarios en materia ambiental a las empresas no cuentan con entidades que puedan hacer un seguimiento adecuado. Dice la Contraloría que un ejemplo es una empresa que recibe un beneficio tributario a cambio de invertir para mejorar la calidad del aire. Se obtiene la reducción en el impuesto, pero nunca se comprueba la efectividad de la inversión y si la calidad del aire en efecto mejoró. Del lado forestal, el certificado de incentivo forestal, otro beneficio que se entrega a quienes protegen los bosques naturales es un buen enfoque para desincentivar la deforestación, pero la Contraloría señala que en comparación con las cifras de bosques talados de 120.000 hectáreas en el 2017, los resultados son casi invisibles.
Luego de que el pasado mes de noviembre se cumplieran dos años de la firma del acuerdo final entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, ¿qué ha pasado con los excombatientes que estuvieron involucrados en el proceso de paz? En Mañanas BLU 10:30 el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, explicó cómo ha sido el proceso de reintegración de excombatientes de Farc a la sociedad civil e hizo un llamado para que el Estado garantice “protección y oportunidades para quienes quieran convertirse en humanos útiles para sí mismos, para su familia y la sociedad”. “A todos los exguerrilleros se les está poyando. En los últimos 100 días, se han aprobado más proyectos productivos de los aprobados antes de que llegáramos”, explicó el funcionario. Para ilustrar el trabajo del Estado en este sentido, BLU Radio contactó a María de los Ángeles Vargas, una excombatiente de las Farc que habló de su proceso de reintegración a la vida civil. “Duré 9 años en las Farc, fue un tiempo difícil, porque fui madre estando allá. Actualmente, soy una ciudadana común y corriente”, contó la mujer, quien tras empuñar un fusil ahora es tecnóloga en administración de empresas; “puedo decir que sí hay oportunidades para quienes se han reincorporado a la vida civil”, añadió la exguerrillera.Vea también: Migración, posconflicto y Colombia en OTAN: temas clave de visita de Duque a Europa En estos procesos de reincorporación también juega un papel clave el sector empresarial para abrirles las puertas a desmovilizados que quieren rehacer su vida con trabajo digno. En ese sentido, Miguel Torres, empresario cofundador y CEO de Awake Travel, habló de su aporte en la reintegración de excombatientes, mientras Albeiro Suarez, exguerrillero, dio detalles de su experiencia tras reincorporarse a la vida civil, como su paso por los espacios territoriales similares a donde se encuentra Leo Moreno, otro desmovilizado, quien explicó cómo es su situación en ese lugar tras la firma del acuerdo de paz.
En medio de la polarización en Colombia, víctimas del conflicto y victimarios que ya pagaron condenas por sus crímenes trabajan de la mano en una empresa de cereales de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.Nueve años en prisión pasó Yeison Eduardo Jiménez, condenado por homicidio en persona protegida, lo que comúnmente se denomina falsos positivos.Entre 2009 y 2018 pasó por las cárceles de Bellavista, La Dorada, Cómbita y un batallón militar del municipio de Bello, estuvo lejos de su familia y viviendo en circunstancias complicadas. En medio de los momentos de reflexión, y pese a los cursos que adelantó con el Sena para prepararse y ser productivo tras su regreso a la vida civil, su mayor temor era encontrarse con el rechazo de un país dividido y que, al parecer, no estaba preparado para el posconflicto.Contrario a sus pesadillas, 15 días después de lograr su libertad, tras acogerse a la JEP en julio de este año, comenzó a trabajar en Nutrifuturo, una empresa de cereales de Itagüí, que según él, ha sido su salvación y le ha brindado una de las oportunidades más importantes de su vida. Él llegó allí por casualidad y, contra sus pronósticos, fue muy bien recibido por su jefe.“Yo quedé sorprendido porque él a mí me recibió como un hijo. Yo tengo unos proyectos, yo allá me proyecté y quiero estudiar. Allá hice unos procesos con el Sena, con la Gobernación de Boyacá, unos proyectos de teatro. Yo le comenté esto a él y me dijo: hágale Yeison, te voy a apoyar y vamos a sacar esos proyectos adelante”.Quien no llegó por casualidad fue Juan Diego Ortiz, una víctima del conflicto de Envigado y que a sus cuatro años vio morir a su padre en manos de paramilitares.Le puede interesar: Excombatientes cambiaron los fusiles por lápices y se graduaronEste joven de 21 años ingresó a Nutrifuturo luego de que su dueño, con la historia de Yeison, se diera cuenta de que quienes han hecho parte del conflicto, sin importar de qué lado estén, necesitan más oportunidades.Allí, además de estar haciendo realidad sus sueños poco a poco, ha entendido otra de las caras que vive el país como parte del conflicto.“Él tiene una posición diferente a la mía. Pero nos acoplamos muy bien. Él me contó su historia y yo le conté la mía, entonces los dos nos ayudamos a solucionar y diferenciar los problemas: tanto él como un actor de víctima como yo, que tuve que ver lo de mi papá. Él le ayuda mucho a uno en eso”, expresa Juan Diego.En esta empresa de cereales, que ya tiene presencia con 200 tiendas en 36 ciudades, ha tenido 50% de empleados que han sido parte del conflicto armado en Colombia y espera seguir creciendo para brindar más oportunidades a esta población.
El director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, Stefano Manservisi, se reunirá este martes con el canciller Carlos Holmes Trujillo; la directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, Ángela Ospina; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano; Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, y Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, para definir líneas estratégicas de apoyo al país respecto a la implementación del acuerdo de paz. Ver también: A 100 días de Gobierno Duque, ¿qué pasó con los acuerdos de paz? "Queremos revisar las áreas prioritarias de cooperación y seguir trabajando en temas como la implementación de la paz, el desarrollo integral, el medio ambiente, la reconciliación, apoyo a las víctimas y el fortalecimiento del tejido social en el país”, indicó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart. Además, Manservisi dirigirá la reunión del Comité Estratégico del Fondo Europeo para la paz, que coopera en 51 municipios de 11 departamentos con el objetivo de apoyar el desarrollo rural integral de las zonas más afectadas por el conflicto y la reincorporación. Igualmente, el director General de Cooperación Internacional visitará uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación junto al Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila. Concluyó la embajadora Llombart resaltando que es de interés de la UE “promover la economía circular, los negocios verdes, la estimulación de mercados locales, la creación de empleos dignos y el apoyo a proyectos de la economía naranja, tal como no lo manifestó el presidente Duque en Bruselas”.
El consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, aseguró que el Gobierno de Iván Duque seguirá adelante con los proyectos acordados en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Vea acá: En menos de un mes se define uso de drones para fumigación de cultivos ilícitos De esta manera, la institucionalidad le cumplirá la palabra a unas 90.000 familias que se han acogido al programa. "Hemos visto dudas sobre la sinceridad de ese compromiso, por eso estoy aquí y la próxima semana estaré en El Catatumbo para cumplir con lo acordado en el PNIS”, declaró el funcionario. “He hablado con los campesinos y sé que no quieren continuar en la ilegalidad”, agregó. El consejero Archila reiteró que cultivar coca es una actividad ilegal que le hace un daño terrible al país, puesto que genera violencia, corrupción y afecta a los jóvenes. "Aunque hay demoras, es importante resaltar que los malos, que son los que compran estas materias primas, son los interesados en crear la sensación de que estamos incumpliendo para arrebatar esas familias a la legalidad", sostuvo Archila.
En medio de la controversia porque Claudia Ortiz por no cuenta con la suficiente experiencia en el sector agropecuario, el presidente Iván Duque respaldó su posible nombramiento a la Presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural. Según Duque, Ortiz “es una persona preparada, honesta, tiene una experiencia de 20 años en el sector público y es una administradora pública”. “Yo quiero que ella sea una persona que nos ayude con los procesos administrativos y toda la parte gerencial de la agencia”, dijo el mandatario. Vea también: Duque propone eliminar ley de garantías porque no habría reelección Así mismo, el presidente aseguró que Ortiz es una persona que reúne las condiciones necesarias como gestora pública y que, independientemente de su experiencia, que no se ha podido certificar, es una persona idónea para ocupar este cargo. “Estoy buscando una persona que tenga solvencia administrativa, la tiene. Ha estado en revisión de procesos, ha trabajado en la Superintendencia de Valores, en la DIAN y en supervisión del sector cooperativo”, agregó el mandatario. Finalmente, Duque indicó que en la Presidencia de este cargo, vital para el desarrollo del posconflicto, se necesita “una persona vertical, absolutamente transparente y dispuesta contra la corrupción”.
Este viernes, la Fiscalía radicará en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao una solicitud de audiencia en el caso de Álvaro Uribe. Esto, dentro del proceso que sigue la justicia en contra del expresidente y exsenador por su presunta relación con dádivas presuntamente entregadas a exparamilitares para comprometer al senador Iván Cepeda. Sobre la decisión del ente investigador ha trascendido que hasta el último momento se ha venido recopilando información. Aunque ya hay una teoría del caso y una proyección de lo que viene, se siguen recaudando pruebas y analizando los resultados de los análisis de las SIM card del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo en el proceso. La Fiscalía, además, está buscando tener el testimonio de Monsalve, quien se negó a declarar el pasado viernes. Si el exparamilitar no habla, quedaría un vacío bastante grande. Los posibles escenarios en el proceso son los siguientes: - Lo más probable es que la Fiscalía solicite la preclusión de todo el caso contra Álvaro Uribe Vélez. - Mucho menos probable es que el ente investigador solicite acusación contra el expresidente, es decir, lo llame a juicio por el episodio de los falsos testigos en el asunto que tiene que ver con el senador Iván Cepeda y el abogado Diego Cadena. - Otra vía, que hasta ahora no se había considerado, que tiene mucha lógica para los expertos, es que Uribe sea acusado por unos delitos y archivar otros. Esto tiene que ver con que son seis cargos los que enfrenta el expresidente. La última palabra la tendrá el juez del caso, pero las partes podrán apelar y, en segunda instancia, la decisión estará en manos del Tribunal de Bogotá. Escuche el análisis del caso en Mañanas BLU:
Gustavo Morales, presidente de presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), habló sobre la responsabilidad de las EPS en el plan de vacunación nacional contra el COVID-19, que ha sido objeto de críticas por su aparente lentitud.“Todavía no se ha iniciado el rol de las EPS en la vacunación. Hasta ahora hemos hecho una etapa piloto, donde se ha vacunado un porcentaje del personal de los trabajadores de la salud", dijo el vocero gremial.“Está previsto que empiece el 7 de marzo, según las normas y los planes del Gobierno”, añadió.“Estamos en la línea de partida, listos para arrancar en forma”, complementó.El presidente de Acemi, además, restó importancia a las críticas sobre la vacunación a cuentagotas y destacó los avances en la inmunización de los trabajadores de la salud en primera línea de la pandemia.“La variable más importante es la cantidad de vacunas que haya podido ya recibir el Gobierno. En este momento estamos en las etapas iniciales del plan nacional de vacunación donde las vacunas que se van a poner son las que se compre”, añadió.El gremio de las EPS dijo que respalda la propuesta de la Andi para abrir la puerta a que se puedan adquirir vacunas desde el sector privado.“Desde Acemi estamos apoyando la propuesta de la Andi para que se abra la puerta pronto para que el sector privado pueda adquirir vacunas”, declaró.Escuche a Gustavo Morales, presidente de Acemi, en entrevista con Mañanas BLU:
Desde algunos sectores del uribismo, en las últimas horas, han venido promoviendo el nombre de Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial del Centro Democrático para el 2022.Entre estos está la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó que Zuluaga tiene las condiciones para llegar a la Casa de Nariño.Según pudo establecer BLU Radio, Zuluaga, en este momento, considera que no será candidato presidencial hasta que no se resuelva la investigación que tiene en su contra por el caso del hacker Sepúlveda y el caso Odebrecht, que también enreda a su hijo.“Óscar Iván Zuluaga está dedicado a asuntos personales. Por ahora no está postulando su nombre a la Presidencia de la República para el 2022 porque está esperando definiciones de la justicia en las dos investigaciones que, en su momento, lo llevaron a que en la última semana de campaña en 2014 estuviera ausente de los medios de comunicación”, reveló en Mañanas BLU Ricardo Ospina, director del servicio informativo de BLU Radio.De acuerda con Ospina, mientras la Fiscalía mantenga abierta la investigación contra su hijo, David Zuluaga, y contra él por el caso Odebrecht, no será candidato presidencial.Más detalles en este audio:
Las autoridades de Cali confirmaron la captura del supuesto hincha que era buscado, desde el pasado sábado 27 de febrero, cuando en límites entre los barrios Julio Rincón y 12 de Octubre, disparó indiscriminadamente en contra de un grupo de aficionados del América que se encontraban pintando un mural.En el hecho murió Celeste Varela Gómez, una niña que se encontraba jugando en compañía de su padre en el parque cuando inició el enfrentamiento.El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que el presunto asesino fue identificado con el alias de ‘Gaitán’, tiene 21 años y no tiene antecedentes judiciales.“Estamos verificando información entregada por la comunidad por la presunta participación en algunos hechos”, dijo.El oficial manifestó que en el hecho también resultó herido un joven de 25 años y que la menor resultó herida en el enfrentamiento.“Ella se encontraba en el parque cuando se dieron los disparos. Estos son hechos que no se tienen que presentar. No se trata solamente de control territorial, sino de cultura ciudadana, de respeto. Estuvimos allá recibiendo las inquietudes de la gente”, aclaró el general.Por el asesino de Celeste, las autoridades ofrecían una recompensa de 10 millones de pesos.Escuche el audio adjunto:
A través de un comunicado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aclaró que nunca sugirió que los policías sirvan de conductores elegidos, una polémica que surgió tras una reunión del pasado martes." Jamás he afirmado ni sugerido que la Policía Nacional deba servir de conductor elegido, como erróneamente se ha querido informar a la opinión pública. Como exministra de Defensa, tengo pleno conocimiento de las facultades y capacidades de nuestra fuerza pública. Convoqué a una reunión para tomar medidas preventivas que involucran al gremio de los bares y gastrobares, así como a la Policía Nacional y a los alcaldes que son las primeras autoridades de policía en el municipio”, dice la comunicación, conocida este jueves.La vicepresidenta aclaró que el Código de Policía (artículo 155) establece que la fuerza pública debe actuar cuando una persona esté en riesgo o en peligro y realizar el respectivo traslado.Ramírez recordó que en la reunión del 3 de marzo, con el ministro del Interior, Daniel Palacios; el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; el presidente de Asobares, Camilo Ospina; el presidente de Fedemunicipios, Gian Carlo Gerometta; y la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, acordó cinco medidas para proteger la vida de las mujeres y evitar más casos como el de Ana María Castro, quien murió tras salir de una discoteca en Bogotá.“Si bien prima una responsabilidad individual, los establecimientos deben ejercer sus propios controles, cuando se perciba intoxicación o exceso de alicoramiento de parte del consumidor”, recuerda la vicepresidenta.“Reitero que nunca he dicho ni insinuado que los policías deban ser conductores elegidos porque, ni esa es su función, ni hay suficientes policías disponibles para encargarse del exceso de tragos de los ciudadanos. Así lo ha ratificado el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía: “La señora vicepresidenta @mluciaramirez no ha dado instrucciones a la @PoliciaColombia para que asuma funciones de conductor elegido. La Institución participa en las mesas técnicas para definir acciones integrales de protección a la mujer en establecimientos públicos””, manifiesta la vicepresidenta.Este es el comunicado completo:Frente a las tergiversaciones surgidas luego del anuncio que ofrecimos este martes, 3 de marzo, con el Ministro del Interior, Daniel Palacios; el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; el presidente de Asobares, Camilo Ospina; el presidente de Fedemunicipios, Gian Carlo Gerometta; y la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, acerca de la implementación de medidas para promover un consumo responsable de alcohol en los bares del país, en aras de evitar la violencia contra las mujeres y tragedias como la de Ana María Castro, me permito hacer las siguientes consideraciones: Anunciamos cinco medidas específicas, con las que iniciaremos acciones para que los bares del país avancen –todos- hacia un compromiso claro con la protección de la vida. Si bien prima una responsabilidad individual, los establecimientos deben ejercer sus propios controles, cuando se perciba intoxicación o exceso de alicoramiento de parte del consumidor. (Ver: https://ml.vicepresidencia.gov.co/prensa/Paginas/Acuerdan-medidas-para-consumo-responsable-de-licor-en-bares.aspx) Jamás he afirmado ni sugerido que la Policía Nacional deba servir de conductor elegido, como erróneamente se ha querido informar a la opinión pública. Como exministra de Defensa, tengo pleno conocimiento de las facultades y capacidades de nuestra Fuerza Pública. Convoqué a una reunión para tomar medidas preventivas que involucran al gremio de los bares y gastrobares, así como a la Policía Nacional y a los alcaldes que son las primeras autoridades de policía en el municipio. Así como tenemos normas legales para evitar que las personas que han consumido alcohol conduzcan en estado de embriaguez, debemos, como sociedad, evitar que los restaurantes, bares y gastrobares suministren alcohol ilimitadamente a una persona que presente señales evidentes de embriaguez y de intoxicación y evitar que quede en esa condición de indefensión, poniendo en riesgo su integridad, tal como sucedió en el caso de Andrés Colmenares y, recientemente, con Ana María. La sociedad colombiana debe desarrollar un comportamiento solidario cuando vea a una persona, sea hombre o mujer, pero con mayor razón a una mujer sola con un grupo de hombres, que la embriagan hasta hacerle perder el sentido, como ocurrió con Ana María. Era obvio el riesgo para esa joven. La protección de la vida e integridad de otros y en particular de nuestros jóvenes, debe ser una consigna de todos los colombianos, como también lo debe ser la responsabilidad de los establecimientos de comercio y los sitios públicos en los cuales se venden bebidas embriagantes.El protocolo planteado procura ejecutar campañas pedagógicas, advirtiendo sobre el consumo responsable de alcohol, y la capacitación a meseros y personal de servicio para que haya una actuación oportuna de protección. En situaciones como la ocurrida, el mesero que atiende debería informar al administrador y solicitar a la persona y sus acompañantes el teléfono de algún familiar para informar su estado, o proceder a enviarlo en un servicio de transporte especializado a su hogar. En el caso de las mujeres, he solicitado que se llame a la línea 155 de atención y prevención de violencia contra las mujeres, y la Policía actuará según sus protocolos internos.La Policía es parte integral, desde su competencia, de la red de protección que estamos fortaleciendo. El Código de Policía (artículo 155) establece: “Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes casos”, por ejemplo, “cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros”. Ese es el denominado Traslado de Protección, que con seguridad, aparece reglamentado a nivel institucional.Reitero que nunca he dicho ni insinuado que los policías deban ser conductores elegidos porque, ni esa es su función, ni hay suficientes policías disponibles para encargarse del exceso de tragos de los ciudadanos. Así lo ha ratificado el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía: “La señora vicepresidenta @mluciaramirez no ha dado instrucciones a la @PoliciaColombia para que asuma funciones de conductor elegido. La Institución participa en las mesas técnicas para definir acciones integrales de protección a la mujer en establecimientos públicos”.Es lamentable que una iniciativa que articula esfuerzos importantes del Gobierno y del sector privado, en aras de salvar vidas de mujeres, hombres, jóvenes y adultos, termine reducida a una polémica mediática superficial e infundada. Sea esta la oportunidad para invitar a autoridades, gremios, medios de comunicación y a todos los colombianos a sumarse a esta cruzada para reducir la violencia contra las mujeres y avanzar en equidad de género. ¡Bienvenida siempre la crítica argumentada, pero también los aportes constructivos para hacer nuestra tarea de la mejor manera posible! Ojalá logremos avanzar del “escándalo del día”, a la construcción de mejores sociedades.