La Contraloría General de la República (CGR) realizó 32 ejercicios auditores desde el año 2012, donde hasta el 2019 se encontraron posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones de pesos.El órgano de control calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar)."Los decretos leyes étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10% ha sido reparado", manifestó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.En la conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado, la CGR reveló que en el período comprendido entre 2012 - 2019, alrededor de 32 auditorías a las entidades responsables, 48 actuaciones especiales y 153 ejercicios de seguimiento a nivel territorial, con resultados de posibles detrimentos patrimoniales por el orden de $35.941 millones, que son materia de investigación.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Posconflicto, Emilio Archila, dijo que el Gobierno sigue avanzando en la implementación del acuerdo de paz con las Farc y que el gobierno de los Estados Unidos apoya la política de la Paz con legalidad.“El gobierno de los Estados Unidos y en particular su agencia de apoyo USAID han estado completamente alineados con la política de implementación, con la política de Paz con legalidad del presidente Iván Duque. Recordemos que hace un año incrementaron el monte de los aportes que hacen y adicionalmente, han cambiado los énfasis para que correspondan con los del Gobierno”, dijo.Este viernes, desde Florida, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el Acuerdo de Paz firmado entre el expresidente Juan Manuel Santos y las extintas Farc, indicó que el acuerdo fortaleció los cultivos ilícitos y el narcotráfico.
Se llama la Secretaría de la No Violencia y fue presentada con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra en el país y con una bandera blanca que se hizo en la Alcaldía junto a los símbolos patrios de Colombia, Antioquia y Medellín.“En relación a los costos, esta es una reforma administrativa que trae muchos cambios y los vamos a ir presentando. Los costos adicionales que significa esta secretaría por $2.000 millones los hemos logrado gracias al ahorro en medios de comunicación. Es decir, el ahorro en pauta publicitaria nos permite una secretaría de la 'No Violencia'”, dijo el alcalde Quintero.“Es una entidad que se encargará de orientar y coordinar la construcción de la paz territorial. Estará adscrita al despacho del Alcalde y tendrá dos subsecretarías y manejará, entre otros temas, lo relacionado con posconflicto, la JEP y la meditación y yoga para miembros del Esmad”, agregó la Alcaldía.La nueva dependencia aun no tiene un secretario nombrado, pero se rumora la designación de Ana María Valle, una mujer actualmente directora técnica en la Alcaldía y muy cercana a la gestora Osorio, quien además ha trabajado como contratista en la Universidad EIA, la Corporación Libertad y Democracia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.
En la Asamblea de Antioquia, representantes a la Cámara y víctimas del conflicto discutieron sobre la situación actual de reclutamiento de niños en el departamento de Antioquia y que, según información de las autoridades, ha aumentado en los últimos años.Según la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, el Clan del Golfo y los Caparros son los grupos ilegales que más reclutan menores, especialmente entre los 12 y 18 años.Destaca que, en el último año, 48 niños han sido rescatados durante operativos de las autoridades.“Se estima que hay un crecimiento desde los años 2014, intensificándose en el 2018 y 2019 después del proceso de paz. Lo que observamos es que de las personas que conforman las estructuras delincuenciales, el 40% son niños”.Ramírez aseguró que la cifra de menores que desaparecen totalmente de sus casas es baja, es decir, a la mayoría de los menores reclutados los dejan en las ciudades, estudian por algunos días para evadir a las autoridades, mientras que otros días son obligados a expender estupefacientes o incluso en la prostitución.Le puede interesar: Más de 100 niños han sido reclutados en Chocó, denuncian organizaciones sociales Antioquia lidera la iniciativa para que a los reclutadores de menores también se les impute delitos como violación o explotación sexual.Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
BLU Radio habló con el excombatiente de las Farc Pastor Alape, quien advirtió que se han aprobado 20 proyectos de reincorporación y que el Gobierno solo ha girado recursos para nueve.“La Agencia para la Reincorporación y la Normalización tiene parada una serie de responsabilidades, no sabemos por qué. Lo que entendemos es que no hay presupuesto para el funcionamiento de esta agencia”, dijo.Incluso advirtió que no está lista la institucionalidad del acuerdo y que no se ha designado un coordinador de la unidad técnica de reincorporación.Por su parte, el Gobierno explicó que el partido Farc no ha entregado todos los documentos que se requieren para hacer el desembolso de recursos de los proyectos productivos y aseguró que no hay retrasos.“Falta designar un coordinador de grupo, pero esto no impide, ni ha impedido, que la planificación y ejecución del proceso se lleve a los territorios. Se siguen haciendo los desembolsos, se sigue implementando cada una de las estrategias”, señaló el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper.Vea también: Fue un error dejar armas antes de asegurar reincorporación de guerrilleros: MárquezAdicionalmente, Alape expuso algunas trabas y falta de claridad en programas del posconflicto, como el de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Todas las agencias e instituciones para implementar el acuerdo no están funcionando y no hay una voluntad a partir de la orientación desde el Gobierno para que se abra el camino para brindar garantías”, señaló.En respuesta, Stapper aseguró que el Gobierno sí está cumpliendo pese a la desconfianza de las extintas Farc.“Se han aprobado 22 proyectos que benefician a más de 1.400 personas y que son inversiones por 16.000 millones de pesos. Hemos desembolsado 9 que benefician a 660 excombatientes e inversiones por más de 6.700 millones de pesos“, dijo.Además, indicó que, en total, se han aprobado más de 184 proyectos productivos implementados.Y aunque la Farc busca que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se mantengan luego del 15 de agosto, fecha en la que deberían expirar, el Gobierno explicó que dependerá de la voluntad de los entes territoriales y sus planes de ordenamiento territorial.
La Contraloría General de la Nación realizó un estudio sobre la reinversión de los impuestos verdes que se impusieron a los colombianos para desincentivar el consumo de algunos productos con gran impacto ambiental: el carbono y las bolsas plásticas. Según la Dian, por el impuesto al carbono a noviembre de 2018 se habían recaudado 294.000 millones de pesos, pero el 70 % de esos recursos se redireccionaron a los programas de posconflicto y no a programas de pedagogía y reparación ambiental. Solo un 30 % de los recursos se destinan a la preservación, pero los programas no son suficientes en comparación con los montos recaudados.En los impuestos a las bolsas plásticas, al 30 de junio de 2018 se recaudaron $ 14.510 millones de pesos. Estos recursos carecen de un destino exclusivo en las arcas del Ministerio de Ambiente, por lo que van directamente al tesoro nacional. Vea también: Promesas vs. realidad: ¿en qué va el posconflicto en Colombia? “Aunque la Contraloría reconoce la relevancia del cumplimiento de los acuerdos y la construcción del posconflicto, el organismo de control hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que, en el marco de sus competencias y la colaboración armónica de poderes, estudien la posibilidad de asegurar que los recursos de los impuestos ambientales sean direccionados al sector ambiental”, dice el documento de la Contraloría.El ente de control fue más allá al argumentar que la demanda de combustible va a permanecer casi que de manera invariable por lo que un impuesto al carbono pensado con el fin de reducir el consumo de gasolina y diesel no va a cumplir ese propósito. La Contraloría también evaluó los resultados obtenidos en materia ambiental por el recaudo de esos recursos y asegura que hay incertidumbre sobre su efectividad. Finalmente, la institución explicó que los beneficios tributarios en materia ambiental a las empresas no cuentan con entidades que puedan hacer un seguimiento adecuado. Dice la Contraloría que un ejemplo es una empresa que recibe un beneficio tributario a cambio de invertir para mejorar la calidad del aire. Se obtiene la reducción en el impuesto, pero nunca se comprueba la efectividad de la inversión y si la calidad del aire en efecto mejoró. Del lado forestal, el certificado de incentivo forestal, otro beneficio que se entrega a quienes protegen los bosques naturales es un buen enfoque para desincentivar la deforestación, pero la Contraloría señala que en comparación con las cifras de bosques talados de 120.000 hectáreas en el 2017, los resultados son casi invisibles.
Luego de que el pasado mes de noviembre se cumplieran dos años de la firma del acuerdo final entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, ¿qué ha pasado con los excombatientes que estuvieron involucrados en el proceso de paz? En Mañanas BLU 10:30 el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, explicó cómo ha sido el proceso de reintegración de excombatientes de Farc a la sociedad civil e hizo un llamado para que el Estado garantice “protección y oportunidades para quienes quieran convertirse en humanos útiles para sí mismos, para su familia y la sociedad”. “A todos los exguerrilleros se les está poyando. En los últimos 100 días, se han aprobado más proyectos productivos de los aprobados antes de que llegáramos”, explicó el funcionario. Para ilustrar el trabajo del Estado en este sentido, BLU Radio contactó a María de los Ángeles Vargas, una excombatiente de las Farc que habló de su proceso de reintegración a la vida civil. “Duré 9 años en las Farc, fue un tiempo difícil, porque fui madre estando allá. Actualmente, soy una ciudadana común y corriente”, contó la mujer, quien tras empuñar un fusil ahora es tecnóloga en administración de empresas; “puedo decir que sí hay oportunidades para quienes se han reincorporado a la vida civil”, añadió la exguerrillera.Vea también: Migración, posconflicto y Colombia en OTAN: temas clave de visita de Duque a Europa En estos procesos de reincorporación también juega un papel clave el sector empresarial para abrirles las puertas a desmovilizados que quieren rehacer su vida con trabajo digno. En ese sentido, Miguel Torres, empresario cofundador y CEO de Awake Travel, habló de su aporte en la reintegración de excombatientes, mientras Albeiro Suarez, exguerrillero, dio detalles de su experiencia tras reincorporarse a la vida civil, como su paso por los espacios territoriales similares a donde se encuentra Leo Moreno, otro desmovilizado, quien explicó cómo es su situación en ese lugar tras la firma del acuerdo de paz.
En medio de la polarización en Colombia, víctimas del conflicto y victimarios que ya pagaron condenas por sus crímenes trabajan de la mano en una empresa de cereales de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.Nueve años en prisión pasó Yeison Eduardo Jiménez, condenado por homicidio en persona protegida, lo que comúnmente se denomina falsos positivos.Entre 2009 y 2018 pasó por las cárceles de Bellavista, La Dorada, Cómbita y un batallón militar del municipio de Bello, estuvo lejos de su familia y viviendo en circunstancias complicadas. En medio de los momentos de reflexión, y pese a los cursos que adelantó con el Sena para prepararse y ser productivo tras su regreso a la vida civil, su mayor temor era encontrarse con el rechazo de un país dividido y que, al parecer, no estaba preparado para el posconflicto.Contrario a sus pesadillas, 15 días después de lograr su libertad, tras acogerse a la JEP en julio de este año, comenzó a trabajar en Nutrifuturo, una empresa de cereales de Itagüí, que según él, ha sido su salvación y le ha brindado una de las oportunidades más importantes de su vida. Él llegó allí por casualidad y, contra sus pronósticos, fue muy bien recibido por su jefe.“Yo quedé sorprendido porque él a mí me recibió como un hijo. Yo tengo unos proyectos, yo allá me proyecté y quiero estudiar. Allá hice unos procesos con el Sena, con la Gobernación de Boyacá, unos proyectos de teatro. Yo le comenté esto a él y me dijo: hágale Yeison, te voy a apoyar y vamos a sacar esos proyectos adelante”.Quien no llegó por casualidad fue Juan Diego Ortiz, una víctima del conflicto de Envigado y que a sus cuatro años vio morir a su padre en manos de paramilitares.Le puede interesar: Excombatientes cambiaron los fusiles por lápices y se graduaronEste joven de 21 años ingresó a Nutrifuturo luego de que su dueño, con la historia de Yeison, se diera cuenta de que quienes han hecho parte del conflicto, sin importar de qué lado estén, necesitan más oportunidades.Allí, además de estar haciendo realidad sus sueños poco a poco, ha entendido otra de las caras que vive el país como parte del conflicto.“Él tiene una posición diferente a la mía. Pero nos acoplamos muy bien. Él me contó su historia y yo le conté la mía, entonces los dos nos ayudamos a solucionar y diferenciar los problemas: tanto él como un actor de víctima como yo, que tuve que ver lo de mi papá. Él le ayuda mucho a uno en eso”, expresa Juan Diego.En esta empresa de cereales, que ya tiene presencia con 200 tiendas en 36 ciudades, ha tenido 50% de empleados que han sido parte del conflicto armado en Colombia y espera seguir creciendo para brindar más oportunidades a esta población.
El director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, Stefano Manservisi, se reunirá este martes con el canciller Carlos Holmes Trujillo; la directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, Ángela Ospina; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano; Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, y Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, para definir líneas estratégicas de apoyo al país respecto a la implementación del acuerdo de paz. Ver también: A 100 días de Gobierno Duque, ¿qué pasó con los acuerdos de paz? "Queremos revisar las áreas prioritarias de cooperación y seguir trabajando en temas como la implementación de la paz, el desarrollo integral, el medio ambiente, la reconciliación, apoyo a las víctimas y el fortalecimiento del tejido social en el país”, indicó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart. Además, Manservisi dirigirá la reunión del Comité Estratégico del Fondo Europeo para la paz, que coopera en 51 municipios de 11 departamentos con el objetivo de apoyar el desarrollo rural integral de las zonas más afectadas por el conflicto y la reincorporación. Igualmente, el director General de Cooperación Internacional visitará uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación junto al Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila. Concluyó la embajadora Llombart resaltando que es de interés de la UE “promover la economía circular, los negocios verdes, la estimulación de mercados locales, la creación de empleos dignos y el apoyo a proyectos de la economía naranja, tal como no lo manifestó el presidente Duque en Bruselas”.
El consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, aseguró que el Gobierno de Iván Duque seguirá adelante con los proyectos acordados en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Vea acá: En menos de un mes se define uso de drones para fumigación de cultivos ilícitos De esta manera, la institucionalidad le cumplirá la palabra a unas 90.000 familias que se han acogido al programa. "Hemos visto dudas sobre la sinceridad de ese compromiso, por eso estoy aquí y la próxima semana estaré en El Catatumbo para cumplir con lo acordado en el PNIS”, declaró el funcionario. “He hablado con los campesinos y sé que no quieren continuar en la ilegalidad”, agregó. El consejero Archila reiteró que cultivar coca es una actividad ilegal que le hace un daño terrible al país, puesto que genera violencia, corrupción y afecta a los jóvenes. "Aunque hay demoras, es importante resaltar que los malos, que son los que compran estas materias primas, son los interesados en crear la sensación de que estamos incumpliendo para arrebatar esas familias a la legalidad", sostuvo Archila.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
El alcalde de Unión Panamericana, Chocó, Geyson Copete, entregó un balance de la emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes y confirmó que el municipio enfrenta una situación crítica por los daños ocasionados.Según el mandatario, hasta el último reporte se contabilizaban tres personas fallecidas y una herida. Las víctimas mortales fueron reportadas en el corregimiento de La Y, mientras que el lesionado se encontraba en Salero.“Las Lastimosamente tuvimos pérdidas humanas en el corregimiento de La Y. Allí perdimos tres personas, dos mujeres y un hombre”, explicó Copete al referirse al impacto del movimiento telúrico.El alcalde detalló que los tres fallecimientos ocurrieron en dos lugares diferentes. Una de las víctimas estaba en un negocio dedicado al expendio de pollo, mientras que las otras dos se encontraban en una vivienda familiar.En el corregimiento de Salero, una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada hasta Quibdó, capital del Chocó, para recibir atención médica en un centro asistencial.Además de las víctimas, Copete reportó numerosas viviendas destruidas y señaló que los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la totalidad de los daños.“La capacidad nuestra en el tema de socorro es muy pequeña, pero hemos logrado ya verificar muchas viviendas”, afirmó el mandatario, quien explicó que también se adelantan labores de remoción de escombros.El alcalde advirtió que todavía no se puede descartar que haya más personas afectadas, debido a que continúan las labores de búsqueda y verificación en estructuras que resultaron destruidas o seriamente comprometidas.Finalmente, Geyson Copete calificó el terremoto como un hecho sin precedentes para Unión Panamericana y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio tras el fuerte movimiento telúrico registrado este lunes.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exviceministro del Interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento agravado, dentro de la investigación por la denuncia presentada por la contratista Viviana Vargas, por hechos que, según el ente acusador, ocurrieron el 9 de octubre de 2024.De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, cuando Cancino ya no ocupaba el cargo de viceministro, Vargas le presentó su hoja de vida. Según el ente acusador, él la invitó a un almuerzo en su vivienda para hablar sobre oportunidades laborales y fue durante ese encuentro cuando se habrían presentado los hechos denunciados. “Usted, señor Diego Andrés Cancino, realizó en contra de la señora Yuli Viviana Vargas actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual; tocarle sus senos por debajo de la blusa; intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla de los brazos y las manos usando la fuerza”, afirmó el fiscal durante la audiencia.El ente acusador sostuvo que Cancino habría realizado estos actos de carácter sexual pese a que Vargas habría manifestado su incomodidad y su intención de retirarse del lugar. La Fiscalía también argumentó que el exviceministro se habría valido de su posición de autoridad y del vínculo laboral que había tenido con la denunciante en el Ministerio del Interior.Según la Fiscalía, Vargas se desempeñaba como asesora de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio. En ese contexto, de acuerdo con el ente acusador, se habría generado un vínculo de confianza entre la denunciante y Cancino.Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito con la circunstancia de agravación correspondiente. La conducta tiene una pena base de entre 8 y 16 años de prisión y, con el agravante planteado por el ente acusador, la pena podría estar entre 10 y 24 años, en caso de una eventual condena.Durante la audiencia de imputación, Diego Cancino no aceptó los cargos. El proceso penal continuará y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto generó una duda entre algunos usuarios de iPhone: ¿por qué sus celulares no emitieron una alerta sísmica, mientras algunos dispositivos Android sí lo hicieron?La diferencia no necesariamente está en el funcionamiento del teléfono. La recepción de estos avisos depende de los sistemas de alerta disponibles en cada país, de la infraestructura existente y de las funciones habilitadas para cada territorio.¿Por qué algunos iPhone no recibieron la alerta sísmica?Los iPhone cuentan con diferentes mecanismos para recibir avisos relacionados con situaciones de emergencia. Entre ellos están las alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad pública.Sin embargo, Apple no habilita todas estas funciones de la misma manera en todos los países. Por eso, tener activadas las alertas gubernamentales no significa que el celular vaya a mostrar automáticamente una advertencia cuando ocurre un terremoto.Estas notificaciones dependen de que exista un sistema compatible con la infraestructura de emergencias del país y de que las autoridades puedan emitir este tipo de avisos.En el iPhone, algunas opciones pueden revisarse desde:Configuración.Notificaciones.Alertas gubernamentales.Las alternativas disponibles pueden variar según la región y el operador.¿El iPhone puede detectar terremotos?Apple también cuenta con funciones relacionadas con la detección de terremotos. Los dispositivos pueden participar en sistemas que recopilan información de manera anónima a partir de otros equipos cercanos.Esto, sin embargo, no significa que todos los iPhone tengan un sistema de alerta sísmica activo con las mismas características ni que puedan advertir sobre un terremoto en cualquier país.La diferencia es importante: detectar o recopilar información sobre movimientos sísmicos no equivale necesariamente a enviar una alerta preventiva al usuario.Por esta razón, que un iPhone no haya mostrado una notificación durante el terremoto de este lunes no significa necesariamente que el dispositivo tenga una falla.¿Cómo funcionan las alertas sísmicas en los celulares?Las alertas sísmicas utilizan sistemas capaces de identificar rápidamente un movimiento telúrico y estimar qué zonas podrían verse afectadas. Cuando la infraestructura lo permite, estos avisos pueden llegar antes de que las ondas sísmicas más fuertes sean percibidas.No obstante, su funcionamiento depende de la tecnología disponible, las redes de sensores y los mecanismos de emergencia implementados en cada territorio. Por eso, la experiencia puede ser diferente entre usuarios de distintos sistemas operativos.En el caso de Colombia, la ausencia de una alerta en determinados iPhone está relacionada con la disponibilidad de estas funciones y no necesariamente con un problema del teléfono.
