Un nuevo intento para luchar contra la corrupción
Columna de Opinión de Ricardo Ospina
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El Gobierno Nacional, en compañía de los entes de control, hacen un nuevo intento para sacar adelante un proyecto de ley que permita tener mejores herramientas preventivas y coercitivas contra la corrupción.
Se trata de un trabajo liderado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Secretaría de Transparencia, pero en el que participaron 25 entidades del Estado y es producto de nueve mesas de trabajo adelantadas por la Comisión Nacional de Moralización, cuyo trabajo fue avalado por el Consejo de Política Criminal.
Entre otras cosas, el proyecto busca que el Estado proteja a los denunciantes de actos de corrupción, habría sanciones, incluso la cancelación de la personería jurídica en caso de que se compruebe que las empresas son beneficiarias de actos de corrupción y algo fundamental: se plantea la extinción de dominio de manera temprana de los bienes adquiridos en medio de transacciones corruptas, para facilitar su monetización.
El proyecto también busca a los beneficiarios finales de los actos de corrupción en las empresas para hacerle seguimiento a casos de lavado de activos, pero además incluye a los ciudadanos como víctimas de hechos de corrupción.
También tiene apartes que buscan facilitar el intercambio de información entre las agencias del Estado y un elemento que si logra salir adelante, sería fundamental: el proyecto pretende cerrar la puerta para que las personas que aportan dinero a campañas políticas puedan contratar con las entidades cuyo responsable sea el candidato que ayudaron a elegir.
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