El Senado de la República aprobó este martes, 21 de diciembre, la totalidad del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana , de autoría del Gobierno Nacional. Sin embargo, durante la discusión en esa cámara se hicieron cambios importantes al artículo tres sobre legítima defensa en propiedad privada.
La plenaria acogió una proposición presentada por el senador Rodrigo Lara, en la cual se eliminaron dos expresiones con las que se intentó modular dicha disposición, esto ante las críticas que ha suscitado en las últimas semanas.
Puntualmente, se excluyó la afirmación de “superación de barreras de la propiedad”, así como la que indicaba que se podía usar la legítima defensa contra quien ingresara a una propiedad comercial cerrada al público.
“Cuando hablamos de utilizar maniobras que superen las maniobras de la propiedad, estamos entrando en un campo supremamente delicado, que son las zonas rurales. Perfectamente podría presumirse la legítima defensa cuando se dispara contra otra persona, por ejemplo, porque simplemente pasó una cerca, cuando el muchacho va a coger frutas o a comerse los mangos o las manzanas de vecino”, indicó Lara.
El congresista también explicó que se habría podido presumir legítima defensa cuando, “un guarda de seguridad dispara contra una turba que entra a saquear o robar un supermercado”, agregando que esa figura sólo debe aplicar cuando están en proporcionalidad dos bienes jurídicos.
“No puedo equiparar la vida con el robo de unas latas de atún”, puntualizó el congresista.
Los otros temas que incluye el proyecto:
El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que esta ley complementará otras dos iniciativas aprobadas recientemente por el Congreso: el régimen de carrera para los miembros de la Policía Nacional y la expedición del nuevo régimen disciplinario.
Palacios también señaló que se establece la pena más alta para quien asesine a un menor de edad, un periodista, un defensor de Derechos Humanos, un líder social o un miembro de la Fuerza Pública.
Sobre la reincidencia, el jefe de la cartera política precisó que esa conducta, por primera vez, será un agravante en una conducta penal, siempre y cuando se convierta dentro de los cinco años anteriores
Además, también se tipifica el porte de armas blancas para la comisión de delitos y se establece la imposibilidad de excarcelación cuando haya afectación al transporte público.
Por su parte, la oposición abandonó el debate, insistiendo en sus preocupaciones por la supuesta afectación al derecho a la protesta y, de hecho, la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, y el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, suscribieron dos cartas dirigidas a congresistas de Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, expresando todas sus inquietudes.
La iniciativa pasa a conciliación y, posteriormente a sanción presidencial.
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