El Consejo de Estado admitió el estudio de la tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos, contra Gustavo Petro, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. La acción judicial está relacionada con varios señalamientos realizados por el exmandatario sobre un supuesto fraude y posibles irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026.
En la tutela, el registrador reclama la protección de sus derechos, solicita que se ampare el buen nombre de la Registraduría Nacional y se garantice su derecho a la rectificación en equidad frente a las afirmaciones que considera perjudiciales.
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El recurso cuestiona 14 publicaciones realizadas por Petro en la red social X y una intervención durante un consejo de ministros transmitido públicamente el 14 de julio de 2026. Según la acción, estos señalamientos fueron difundidos entre el 2 de junio y el 5 de agosto y estaban relacionados con supuestas irregularidades en el proceso electoral.
Entre las afirmaciones mencionadas en la tutela aparecen supuestos cambios en el censo electoral y en el número de puestos y mesas de votación, así como presuntas modificaciones en los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14. El registrador sostiene que estos señalamientos planteaban dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
También fueron cuestionadas las afirmaciones relacionadas con una supuesta alteración de las direcciones IP de los servidores de la Registraduría y con la existencia de “bloques matemáticos” que, según los señalamientos, reflejarían una posible manipulación de los resultados. Penagos asegura que ninguna de estas acusaciones tenía respaldo probatorio.
El registrador afirma, además, que las declaraciones fueron realizadas por una persona que, según su argumento, no tenía competencia para establecer la existencia de irregularidades electorales.
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Otro de los argumentos centrales de la tutela es que el registrador Penagos solicitó previamente una rectificación. Según su versión, después de presentar esa solicitud transcurrieron 15 días hábiles sin recibir respuesta ni una corrección de las afirmaciones, por lo que las publicaciones continuaron disponibles y accesibles en redes sociales.
Con la admisión de la tutela, el Consejo de Estado ordenó notificar a Gustavo Petro para que, dentro de un plazo de tres días, ejerza su derecho de defensa y presente un informe sobre los hechos expuestos en la acción.