Los representantes del Pacto Histórico Jorge Hernán Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro y David Alejandro Toro, integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, quedaron en medio de una controversia luego de que, según denunció el abogado Miguel Ángel del Río, habrían votado favorablemente una proposición relacionada con la autoridad que debe continuar las investigaciones por las masacres de La Granja y El Aro y el asesinato de Jesús María Valle.
La discusión gira alrededor de quién tiene la competencia para continuar con esos procesos: la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pues Del Río cuestionó que con esa actuación se avalaría que los casos fueran investigados en esa comisión.
“Esta es la lista de los 5 congresistas del Pacto histórico que avalaron que las masacres de la granja, del Aro y el asesinato de Jesús Maria Valle sean investigadas en la comisión de acusación. Un irrespeto para las víctimas”, escribió a través de su cuenta de X.
Tras los cuestionamientos, la bancada del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones negó que exista algún acuerdo político para favorecer la impunidad.
“No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones”, indicó la bancada.
En el comunicado, los congresistas explicaron que inicialmente consideraron “razonable y jurídicamente pertinente” clarificar cuál es la autoridad competente para adelantar la investigación. No obstante, aseguran que, “ante la controversia pública generada y los señalamientos que han pretendido presentar esta actuación como una forma de complicidad o favorecimiento a la impunidad, queremos despejar cualquier duda: respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”.
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Luego del comunicado, la representante María del Mar Pizarro señaló que pedir claridad sobre la autoridad competente “es legítimo y genera seguridad jurídica”, y sostuvo que la discusión no puede utilizarse como “pretexto” para frenar la investigación. “Por eso respaldamos que la Fiscalía continúe adelantando el proceso”, señaló.
En la misma línea, el representante David Alejandro Toro señaló que desde la bancada del Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación consideraron necesario aclarar el sentido de la decisión, y agregó que respaldan la decisión tomada por la Fiscalía y que la investigación debe continuar mientras la Corte Constitucional define la controversia sobre quién tiene la competencia.
