Senado dice “no” a solicitud de Roy Barreras para revivir curules de paz

El controvertido acto legislativo que buscaba la creación de 16 curules en la Cámara de Representantes para que fueran ocupadas por víctimas del conflicto y que terminó convertido en motivo de discordia entre el Congreso de la República y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, no será promulgado, o al menos por ahora.

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Y es que luego del reciente fallo de la Corte Constitucional relacionado con el estudio de la ley estatutaria que reglamentó la Jurisdicción Especial de Paz, el senador Roy Barreras, del Partido de la U, elevó una solicitud al presidente del Senado, Ernesto Macías, para que promulgara dicha reforma constitucional, partiendo del supuesto carácter vinculante que, a su juicio, establecía esa sentencia.

En resumidas cuentas, Barreras señalaba que partiendo de lo dispuesto por la Corte se debía enviar a sanción presidencial esa iniciativa, pese a que en noviembre pasado el Senado decretó su archivo.

“La sentencia de la Corte deja claro que el quórum para aprobar una norma, incluyendo un acto legislativo, se conforma descontando los votos de quienes han estado ausentes por sillas vacías obligatorias y de quienes se declararon impedidos, de esta manera los 50 votos obtenidos en diciembre aprobaron el acto legislativo legal y constitucionalmente”, dijo en su momento el congresista.

Sin embargo, a través de una comunicación escrita, Ernesto Macías respondió señalando que esa petición “no puede ser atendida de manera favorable”, respaldando así la actuación de la anterior mesa directiva. El sustento principal de esa decisión es que el fallo de la Corte no hace referencia a los actos legislativos, pues las reformas a la Constitución tienen un tratamiento distinto, como ha defendido el secretario general del Senado, Gregorio Eljach.

Adicionalmente, se trata de un caso completamente distinto que no tendría por qué ser aplicado a una iniciativa sobre la cual la Corte ni siquiera ha asumido competencia. De hecho, el alto tribunal ha establecido que para que eso ocurra se deben cumplir dos requisitos: que se resuelva un problema jurídico semejante al propuesto y que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos.

Ninguna de esas dos condiciones se cumple en este asunto, por lo cual los defensores de esta propuesta, que busca dar representación en el Congreso a las víctimas partiendo de que los victimarios tienen hoy asiento en el Capitolio, tienen dos alternativas. La primera de ellas es esperar a que se resuelva un proceso que está hoy en manos del Consejo de Estado y, la segunda, buscar la aprobación del nuevo proyecto que está siendo tramitado en este momento.