Con una votación de 60 votos a favor, el proyecto de ley fue aprobado en su cuarto debate. Su objetivo es defender a más de 40 mil ciudadanos que han sido perjudicados por deudas injustas y reportes en las centrales de riesgo debido a la suplantación digital en préstamos bancarios, líneas telefónicas y otros casos similares.
La finalidad es evitar que sea necesaria la intervención de una entidad administrativa o judicial para tomar las medidas necesarias y evitar el cobro indebido.
"La persona debe informar a la entidad con la que tiene la deuda, que no eligió y de la cual fue víctima, y la compañía debe suspender cualquier cobro de la deuda, incluyendo intereses. Además, si esa deuda ha llevado a que la persona sea reportada en una central de riesgo, debe ser eliminada de dicha central. La responsabilidad recae ahora en la compañía, que debe mejorar sus mecanismos o, con la evidencia que posea, contribuir al proceso administrativo o judicial para esclarecer el asunto", explicó el representante Duvalier Sánchez.
La principal obligación del ciudadano es presentar una denuncia ante la Fiscalía en un plazo de 20 días a partir de la notificación de la suplantación. Si no se realiza esta denuncia, la compañía está obligada a continuar con el cobro de la deuda.
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"Según una investigación de Microsoft en 23 países de América Latina y el Caribe, Colombia ocupa el puesto 21 en términos de ciberseguridad y seguridad digital. Por lo tanto, creo que a partir de esta ley habrá una mayor colaboración y se mejorarán los mecanismos para prevenir este tipo de fraudes", agregó el representante Sánchez.
Esta iniciativa solo requiere la conciliación en el Congreso y luego la sanción presidencial para convertirse en ley.
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