Una semana después del asesinato del diputado del Partido de la U en Chocó, Alison Mosquera y tres de sus acompañantes: Alexander Mosquera, Stivenson Mosquera y Andrés Calvo, los cuerpos, con signos de tortura y violencia con arma blanca y de fuego, ya están sepultados.
Mientras políticos, familiares y conocidos en Quibdó hacían el sepelio, la Fiscalía y la Policía intentaban recoger pruebas de lo ocurrido.
En los cuerpos, tirados al río en la provincia del San Juan, quedaron pocas evidencias de quién o quiénes cometieron el crimen, por eso las autoridades se concentraron en buscar pruebas en la camioneta en la que se movilizan los tres hombres, un carro abandonado en la vía Istmina – Condoto. También allanaron viviendas y rastreando comunicaciones.
“Este caso está en investigación judicial, los responsables son la Policía judicial y la Fiscalía general de la Nación”, dijo el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez.
El diputado fue asesinado en una región donde muchos creen saber quién cometió los crímenes, pero son incapaces de nombrarlos. Los narcos, de carteles del Pacífico y México serían los culpables, aunque el secretario de Gobierno de Chocó, Yesid Machado, prefiere esperar la versión oficial.
“Todo el mundo ya sacó conjeturas y versiones, pero nosotros estamos esperando las versiones oficiales de la Policía y la Fiscalía. Estamos esperando que como nos dicen los generales, esas investigaciones den resultados y se dé con los responsables de este hecho”, dijo el secretario.
“El Chocó es el departamento de Colombia que tiene salida al Océano Pacifico y en el norte, al mar Caribe. Por eso, es un área de interés criminal de esos bandidos para narcotráfico y minería ilegal”, dice el comandante de la Séptima División quien, además, reconoce que en Chocó hay carteles internacionales dedicados al narcotráfico.
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El diputado no estaba amarrado, como sus otros compañeros, pero todos los cuerpos tenían lesiones con armas blancas y signos de tortura.
“Ya hay un grupo especial haciendo la investigación de estos homicidios. El estado de descomposición de los cuerpos, especialmente por haberlos arrojado al río San Juan, obligan a tener que esperar dictámenes más profundos de Medicina Legal para que determinemos claramente cómo fueron asesinados”, le explicó a Blu Radio el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía, quien fue designado para este caso.
Precisamente, ese grupo de investigadores allanó el apartamento donde vivía el diputado e interrogó a amigos y familiares. Producto de esos actos judiciales en la ecuación de lo ocurrido ese sábado 2 de marzo apareció una supuesta llamada en la que hombres desconocidos les exigieron a familiares del diputado 50 millones de pesos para liberarlo. La Policía cree que el dinero se pagó, pero no es claro de dónde salió la plata para el pago ni quién lo hizo.
En el allanamiento a la vivienda del diputado, la familia esperaba encontrar un dinero en efectivo, cerca de 500 millones, sin embargo, la plata no aparece y no es claro su origen.
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