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Actores del sistema de salud adeudan unos 2.7 billones de pesos a clínicas y hospitales en Antioquia

Obligaciones del sistema de salud que superan los dos meses de retraso en pago son más de la mitad de ese total.

Dinero.
Dinero.
Foto: Blu Radio, referencia

Actores del sistema de salud adeudan más de 2.7 billones de pesos a clínicas y hospitales en Antioquia.

Obligaciones que superan los dos meses de retraso en pago son más de la mitad de ese total.

El reciente anuncio de Sura para retirarse del sistema de salud del país es solo un síntoma de la compleja situación financiera que atraviesan diferentes instituciones, especialmente los hospitales y clínicas que prestan sus servicios con diferentes especialistas.

Esta fue una de las principales preocupaciones que desde estos centros de salud se expresaron en la más reciente reunión de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en su capítulo en el departamento.

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Según Juan Carlos Giraldo, director de la asociación, entre diferentes actores como el Estado, el régimen contributivo, subsidiado, las aseguradoras, particulares, empresas, IPS, entre otros que suman 77, adeudan a estos centros 2.7 billones de pesos.

El régimen contributivo con 1.2 billones y el subsidiado con 808.000 millones son los que registran mayores valores. Giraldo manifestó que la falta de liquidez es uno de los asuntos clave a discutir y mejorar con una nueva reforma a la salud que está en trámite.

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“Hay una gran preocupación sobre cómo poder seguir haciendo esto, cómo poder seguir actualizando oportunamente la tecnología y que infortunadamente se deriva mucho en el tema de cartera de quién es buen pagador, cuál es el efecto de savia salud e intervenida? ¿Cómo estaba antes? y cómo está ahora lo mismo que va a pasar con Sura si se llega a ir, quién lo va a reemplazar”, aseguró.

Del total de monto adeudado 1.4 billones de pesos corresponde a una cartera superior a los dos meses, una situación que, para muchos hospitales, se torna insostenible, razón por la cual piden desde la asociación hay una discusión amplia, pero ágil a lo que sería un nuevo modelo que pueda desde el Gobierno nacional incrementar progresivamente cada vez más recursos para este derecho fundamental.

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