Las recientes imágenes de las protestas en el centro de Bogotá, específicamente en la calle 12 con carrera octava, han generado una profunda indignación nacional al revelarse cómo menores de edad, de apenas 4 o 5 años, fueron utilizados como escudos humanos para frenar el avance de la fuerza pública.
Instrumentalización de menores y denuncias estancadas
Isabelita Mercado, consejera de paz de Bogotá, manifestó su preocupación no solo por la violencia vista en las calles, sino por la falta de acción judicial frente a estos casos. Mercado reveló que el Distrito ha radicado 24 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra voceros de la comunidad Emberá por delitos que van más allá de la protesta social.
“No solamente han instrumentalizado a niños en el marco de la protesta, sino que han bloqueado su acceso a servicios fundamentales como educación, salud y protección”, afirmó Mercado, añadiendo que también se han reportado casos de violencia intrafamiliar y sexual que no presentan avances judiciales.
La consejera fue enfática al señalar: “Llevamos 2 años y medio de administración, 24 denuncias radicadas y ninguna se ha movido”.
El papel del Gobierno nacional frente a la crisis
La problemática desborda la capacidad de la Alcaldía, ya que el fondo del conflicto radica en el incumplimiento de los planes de retorno liderados por el Gobierno Nacional. Mercado señaló que, aunque el Distrito ha invertido recursos en territorio para sostener a las familias retornadas, los proyectos de mediano y largo plazo —como vivienda, agricultura, vías y acueducto— presentan rezagos significativos.
La situación en los resguardos es crítica: “La población que salió del Parque Nacional en 2024, cinco niños han fallecido en territorio porque no pudieron recibir atención en salud oportuna”.
Escalada de violencia y secuestro de funcionarios
Los hechos del pasado miércoles fueron el clímax de tres semanas de tensiones. Los manifestantes se tomaron tres edificios del Ministerio del Interior, reteniendo a más de 100 personas en su interior, entre ellas mujeres gestantes y ciudadanos con condiciones médicas. La intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) se dio únicamente para asegurar un corredor humanitario que permitiera la evacuación de los trabajadores.
Finalmente, tras la jornada de disturbios, los indígenas regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en el noroccidente de la ciudad, mientras el Distrito insiste en que sin una solución de fondo por parte de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, la crisis seguirá repitiéndose.
Escuche aquí la entrevista:
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