Tras la llegada de 100 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas, la Alcaldía de Medellín confirmó que activó una ruta de atención integral para estas familias.Entre los desplazados se encuentran 64 niñas, niños y adolescentes y 36 adultos, por lo que indicaron que la Gerencia Étnica dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que las autoridades mantienen comunicación con entidades nacionales y la Fuerza Pública para evaluar las condiciones de seguridad en el territorio de origen. El Ejército informó su disposición para brindar acompañamiento y protección en la zona, con miras a un eventual retorno cuando existan condiciones seguras y este sea voluntario."Venimos brindándole todas las garantías. Se va a hacer todo un diagnóstico y se está hablando con la con el ejército para saber la situación real de seguridad para un posible retorno, un posible regreso, brindándole toda la seguridad", destacó Arcila.La respuesta busca identificar requerimientos en salud, alimentación, protección y alojamiento, como lo explicó el gerente de Etnias, Johnatan David Hernández Serna."Desde acá estamos acompañando a los niños también en una atención integral con enfoque étnico y esperamos que se puedan resolver la esta contingencia lo más pronto posible para garantizar la vida, sobre todo, y la etnidad y los derechos de estos grupos étnicos", dijo.La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.
Una nueva emergencia de derechos humanos derivado de un hecho de orden público por el asedio de grupos armados en el departamento del Chocó golpeó en esta ocasión a la comunidad Emberá Katío ‘El 90’, cuando más de 100 integrantes de este grupo étnico, entre mujeres en estado de gestación, líderes comunitarios y niños, llegaron desplazados a MedellínEl arribo de la comunidad indígena compuesto por 35 familias y 130 personas se produjo a altas horas de la noche, exactamente a la Casa de Justicia por el Parque de los Deseos, luego de abandonar de manera abrupta su territorio ancestral localizado en la vereda Tutunendo, zona rural de Quibdó, por los frecuentes hostigamientos, amenazas e intimidaciones por parte del ELN.“La causa es, al parecer, un asesinato de un líder indígena en el Chocó, así como también hay una persona herida. Ya la alcaldía de la ciudad, con el Ministerio Público, recibió desde anoche a la comunidad, y hoy estamos aquí ya en la Casa de Etnias donde se les va a atender con todas las garantías”, explicó Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín.Del arribo a la capital de Antioquia de esta comunidad indígena ya había sido alertado el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Distrito de Medellín, y la causa hace referencia al homicidio del líder Luis Ángel Arce Borocuara el 2 de julio año 2026; líder de la comunidad, quien trabajaba en programas de infancia, así como el intento de asesinato de otro de sus líderes el pasado 19 de agosto, presuntamente a manos de integrantes del ELN.En su desplazamiento forzado, la comunidad llegó inicialmente a la Gobernación del Chocó, en dónde los líderes indígenas le explicaron a las autoridades el hostigamiento y confinamiento al que son sometidos producto de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, pero los miembros de esta etnia toman la decisión de trasladarse a Medellín con la tesis que no fueron escuchados frente al problema de orden público y las consecuencias.“Vamos a hacer un diagnóstico base, ayudas humanitarias y la caracterización con el Ministerio Público de acuerdo a la declaración que presenten, y ya miraremos qué evaluación podemos hacer, si es posible un regreso y revisar todos los temas de seguridad”, señaló el secretario Arcila.Esta emergencia de derechos humanos derivada de la crisis de orden público en esa zona del país y que azota a estas comunidades indígenas en Chocó es crítica, así lo señaló Diego Arce, gobernador de la comunidad, y a quién le fue asesinado su hermano Luis Ángel Arce, líder de comunidad.“Asesinaron a mi hermano, líder de la comunidad, fue hace dos meses y todavía no hemos recibido el apoyo de las instituciones. En la comunidad quedaron personas ancianas, quienes no quisieron dejar sus pertenencias”, dijo Arce.La comunidad indígena llegó inicialmente a la Casa de Justicia del Bosque, cerca del Parque de los Deseos, pero, posteriormente, fueron trasladados a la Casa de Etnia, una de las sedes de la Alcaldía de Medellín en el sector de Prado Centro.La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo del Ministerio Público, prestan un acompañamiento integral a estas familias de la comunidad Emebra Katío.
La Alcaldía de Bogotá denunció que desde hace cinco días los equipos de las secretarías de Integración Social, Salud y de la Consejería de Víctimas no han podido ingresar al asentamiento UPI La Florida, donde permanece un grupo de la comunidad Emberá, debido a un bloqueo promovido, según el Distrito, por voceros de esa población.De acuerdo con la administración distrital, la restricción de acceso surgió después de que algunos representantes de la comunidad exigieran la contratación directa de personas Emberá en entidades del Distrito como condición para permitir el ingreso de los funcionarios. La Alcaldía calificó esta situación como una presión indebida que afecta la continuidad de los servicios públicos.La Alcaldía aseguró que la suspensión de la atención impacta especialmente a cerca de 70 niños, niñas y adolescentes, quienes han dejado de recibir acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como actividades orientadas a su reparación integral.Entre los programas afectados se encuentra Atrapasueños, una estrategia dirigida a menores de edad víctimas o afectados por el conflicto armado. También permanecen suspendidas las jornadas de promoción y prevención en salud que normalmente se desarrollan dentro del asentamiento.El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, hizo un llamado a los voceros de la comunidad para que permitan el ingreso de los equipos distritales. El funcionario afirmó que la Alcaldía no accederá a negociar la prestación de servicios para la niñez a cambio de contratos o cargos públicos y sostuvo que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otra consideración.Por su parte, el Distrito reiteró que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionada a ningún tipo de negociación y recordó que el artículo 44 de la Constitución establece el carácter prevalente de sus derechos, así como la responsabilidad conjunta del Estado, las familias y la sociedad para garantizar su bienestar y desarrollo integral.Hasta el momento, la administración distrital mantiene su llamado para que se levante el bloqueo y pueda restablecerse la prestación de los servicios sociales y de salud en el asentamiento La Florida.
La Secretaría Distrital de Integración Social informó que activó un plan de contingencia para proteger a niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá durante una celebración del Día de la Madre realizada en la UPI La Rioja, en Bogotá, luego de identificar varias situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y posibles hechos de violencia intrafamiliar.Según la entidad, durante la jornada se evidenciaron altos niveles de alicoramiento tanto en algunos adultos, como en menores de edad, además de riñas al interior del lugar. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de una adolescente de 13 años que, de acuerdo con el Distrito, se encontraba en alto estado de embriaguez.La Secretaría señaló que, al intentar contactar a la familia de la menor, la madre también presentaba aparente estado de alicoramiento y no autorizó la valoración médica correspondiente para su hija.“Señores de la comunidad emberá en La Rioja, es su obligación constitucional cuidar a los niños y a las niñas. El art. 44 de la Constitución nos ordena que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás”, señaló el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, por medio de su cuenta de X.Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá señaló que activó las rutas de atención junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como resultado, 52 niños, niñas y adolescentes fueron trasladados a entornos protectores y seguros, es decir, los centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II, como parte del acompañamiento institucional para garantizar la protección integral de los menoresFinalmente, la entidad hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias y de la comunidad Emberá para evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad y bienestar de niños y adolescentes, especialmente durante este tipo de celebraciones.
La Secretaría Distrital de Integración Social activó rutas institucionales de protección, luego de que se registraran agresiones por parte de la comunidad embera contra funcionarias durante el desarrollo de actividades en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá.De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron durante el empalme de turno del equipo profesional de infancia. Según informaron, una funcionaria fue víctima de un presunto tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad embera, quien al parecer se encontraba en estado de alicoramiento. Tras lo ocurrido, la profesional rechazó este incidente y el equipo decidió retirarse del lugar para proteger su integridad.Posteriormente, mientras se desplazaban fuera de la unidad, otro individuo, quien también estaba en aparente estado de embriaguez, adoptó una actitud agresiva contra el equipo, insultándolos e intentando agredir físicamente a uno de los profesionales. En medio de esta situación, una funcionaria resultó con lesiones leves.Ante la gravedad de los hechos, el equipo solicitó apoyo de la Policía, que intervino para controlar la situación y restablecer el orden. Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y continuaron su jornada desde otro espacio institucional.Desde la Alcaldía de Bogotá rechazaron estos hechos y reiteraron su compromiso con la protección tanto de sus funcionarios como de las personas atendidas por el Distrito, frente a esto el secretario general, Miguel Silva señaló que ya han hecho más de 20 denuncias ante la Fiscalía por instrumentalización de menores y agresiones a sus equipos.“Protegemos los derechos de los más vulnerables, pero necesitamos que la justicia haga cumplir los deberes”, señaló el secretario, por medio de su cuenta de X.Finalmente, el Distrito informó que continuará fortaleciendo las acciones de acompañamiento en territorio, en articulación con las autoridades competentes, con el fin de prevenir este tipo de situaciones y garantizar entornos seguros para la atención social.
En el documento enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la Procuraduría advierte que niños, niñas y adolescentes habrían sido expuestos a situaciones de riesgo en medio de bloqueos viales y manifestaciones, siendo presuntamente utilizados por adultos como mecanismos de presión.Todo esto, tras esa polémico vídeo que ha generado gran indignación en donde se ve a los indígenas Emberá usando como escudos humanos a niños durante las manifestaciones de este miércoles frente a las instalaciones del Ministerio del Interior.En la comunicación, firmada por el procurador Gregorio Eljach, se le pide a la Fiscalía adelantar con máxima celeridad las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.La directora del ICBF, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.
Las recientes imágenes de las protestas en el centro de Bogotá, específicamente en la calle 12 con carrera octava, han generado una profunda indignación nacional al revelarse cómo menores de edad, de apenas 4 o 5 años, fueron utilizados como escudos humanos para frenar el avance de la fuerza pública. Instrumentalización de menores y denuncias estancadasIsabelita Mercado, consejera de paz de Bogotá, manifestó su preocupación no solo por la violencia vista en las calles, sino por la falta de acción judicial frente a estos casos. Mercado reveló que el Distrito ha radicado 24 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra voceros de la comunidad Emberá por delitos que van más allá de la protesta social. “No solamente han instrumentalizado a niños en el marco de la protesta, sino que han bloqueado su acceso a servicios fundamentales como educación, salud y protección”, afirmó Mercado, añadiendo que también se han reportado casos de violencia intrafamiliar y sexual que no presentan avances judiciales. La consejera fue enfática al señalar: “Llevamos 2 años y medio de administración, 24 denuncias radicadas y ninguna se ha movido”. El papel del Gobierno nacional frente a la crisisLa problemática desborda la capacidad de la Alcaldía, ya que el fondo del conflicto radica en el incumplimiento de los planes de retorno liderados por el Gobierno Nacional. Mercado señaló que, aunque el Distrito ha invertido recursos en territorio para sostener a las familias retornadas, los proyectos de mediano y largo plazo —como vivienda, agricultura, vías y acueducto— presentan rezagos significativos.La situación en los resguardos es crítica: “La población que salió del Parque Nacional en 2024, cinco niños han fallecido en territorio porque no pudieron recibir atención en salud oportuna”. Escalada de violencia y secuestro de funcionariosLos hechos del pasado miércoles fueron el clímax de tres semanas de tensiones. Los manifestantes se tomaron tres edificios del Ministerio del Interior, reteniendo a más de 100 personas en su interior, entre ellas mujeres gestantes y ciudadanos con condiciones médicas. La intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) se dio únicamente para asegurar un corredor humanitario que permitiera la evacuación de los trabajadores. Finalmente, tras la jornada de disturbios, los indígenas regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en el noroccidente de la ciudad, mientras el Distrito insiste en que sin una solución de fondo por parte de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, la crisis seguirá repitiéndose. Escuche aquí la entrevista:
Este miércoles se registraron protestas de la comunidad indígena embera katío en el centro de Bogotá. En algunos vídeos que se conocieron hace algunas horas se ve cómo se habrían utilizado a niños como escudo para enfrentarse al UNDMO. Ante esta situación, la Procuraduría se pronunció rechazando la utilización de menores en estas protestas."La autonomía no debe superar los derechos fundamentales de los menores de edad en el marco de sus protestas contra las instituciones, afectando el restablecimiento de derechos y exponiéndolos a todo tipo de vulneraciones”, señaló el Procurador, Gregorio Eljach.Eljach también pidió la intervención de algunos organismos internacionales, como la Cruz Roja y Unicef. Además, aseguró que estos hechos serán denunciados ante las autoridades."La Procuraduría seguirá velando por la defensa de los derechos de los menores de edad a la vida, calidad de vida, ambiente sano, educación, salud, riesgos físicos y emocionales, especialmente frente a las evidencias de mendicidad y trabajo infantil, exposición al alcohol, a las sustancias psicoactivas e instrumentalización", agregó Eljach.
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.Ante esto, la directora Cáceres confirmó que fue radicada la denuncia correspondiente por la instrumentalización de menores y lamentó que, pese las mesas de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo.“Con el pueblo embera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia”, aseguró la funcionarios reiterando que no hay ninguna justificación.Cáceres pidió a las autoridades identificar pronto a los responsables para que respondan ante las comisarías de familia.“Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron”, agregó Cáceres.Más temprano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había calificado la protesta como un secuestro de cerca de 1.200 funcionarios de esta entidad, Bancolombia y el Icetex, que no lograron salir por las manifestaciones.“Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los embera en un edificio del Ministerio del Interior, retuvo, podría hablar hasta de secuestro, a unas personas que trabajan en el ministerio. Ellos reclaman recursos para el retorno pero eso se les ha dado. Lo de hoy ha sido grave, se tuvo que usar el UNDEMO, ameritaba hacerlo y no hubo heridos, nadie perdió el ojo”, puntualizó.
Una tensa situación de orden público se registra en el centro de Bogotá, donde un grupo de comunidades indígenas impide la salida de trabajadores de la sede Bancol del Ministerio del Interior, ubicada en la Carrera 8ª con Calle 12. La protesta, que comenzó en horas de la tarde, ha generado bloqueos y dificultades en la movilidad de la zona.De acuerdo con la información conocida, al menos 100 personas hacen parte de esta manifestación, en la que denuncian presuntos incumplimientos por parte del Gobierno. Los manifestantes se han ubicado en los accesos del edificio, restringiendo tanto la entrada como la salida de funcionarios y visitantes.Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cerca de 800 trabajadores estarían afectados por esta situación, sin poder abandonar las instalaciones. En el lugar también operan otras entidades y oficinas, lo que ha ampliado el impacto del bloqueo.Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran cómo los manifestantes permanecen en los ingresos del edificio, mientras algunos trabajadores intentan salir sin éxito. La situación ha generado preocupación entre quienes laboran en la zona, así como entre ciudadanos que transitan por este sector del centro de la capital.Además del impacto en el acceso al edificio, la protesta ha provocado complicaciones en la movilidad en este punto de la ciudad. Autoridades hacen seguimiento a la situación para evitar que escale y garantizar tanto el orden público como la seguridad de los presentes.De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, este edificio no tiene una salida alterna y por eso los trabajadores permanecen en las instalaciones.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.