Tras la llegada de 100 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas, la Alcaldía de Medellín confirmó que activó una ruta de atención integral para estas familias.Entre los desplazados se encuentran 64 niñas, niños y adolescentes y 36 adultos, por lo que indicaron que la Gerencia Étnica dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que las autoridades mantienen comunicación con entidades nacionales y la Fuerza Pública para evaluar las condiciones de seguridad en el territorio de origen. El Ejército informó su disposición para brindar acompañamiento y protección en la zona, con miras a un eventual retorno cuando existan condiciones seguras y este sea voluntario."Venimos brindándole todas las garantías. Se va a hacer todo un diagnóstico y se está hablando con la con el ejército para saber la situación real de seguridad para un posible retorno, un posible regreso, brindándole toda la seguridad", destacó Arcila.La respuesta busca identificar requerimientos en salud, alimentación, protección y alojamiento, como lo explicó el gerente de Etnias, Johnatan David Hernández Serna."Desde acá estamos acompañando a los niños también en una atención integral con enfoque étnico y esperamos que se puedan resolver la esta contingencia lo más pronto posible para garantizar la vida, sobre todo, y la etnidad y los derechos de estos grupos étnicos", dijo.La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.
Una nueva emergencia de derechos humanos derivado de un hecho de orden público por el asedio de grupos armados en el departamento del Chocó golpeó en esta ocasión a la comunidad Emberá Katío ‘El 90’, cuando más de 100 integrantes de este grupo étnico, entre mujeres en estado de gestación, líderes comunitarios y niños, llegaron desplazados a MedellínEl arribo de la comunidad indígena compuesto por 35 familias y 130 personas se produjo a altas horas de la noche, exactamente a la Casa de Justicia por el Parque de los Deseos, luego de abandonar de manera abrupta su territorio ancestral localizado en la vereda Tutunendo, zona rural de Quibdó, por los frecuentes hostigamientos, amenazas e intimidaciones por parte del ELN.“La causa es, al parecer, un asesinato de un líder indígena en el Chocó, así como también hay una persona herida. Ya la alcaldía de la ciudad, con el Ministerio Público, recibió desde anoche a la comunidad, y hoy estamos aquí ya en la Casa de Etnias donde se les va a atender con todas las garantías”, explicó Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín.Del arribo a la capital de Antioquia de esta comunidad indígena ya había sido alertado el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Distrito de Medellín, y la causa hace referencia al homicidio del líder Luis Ángel Arce Borocuara el 2 de julio año 2026; líder de la comunidad, quien trabajaba en programas de infancia, así como el intento de asesinato de otro de sus líderes el pasado 19 de agosto, presuntamente a manos de integrantes del ELN.En su desplazamiento forzado, la comunidad llegó inicialmente a la Gobernación del Chocó, en dónde los líderes indígenas le explicaron a las autoridades el hostigamiento y confinamiento al que son sometidos producto de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, pero los miembros de esta etnia toman la decisión de trasladarse a Medellín con la tesis que no fueron escuchados frente al problema de orden público y las consecuencias.“Vamos a hacer un diagnóstico base, ayudas humanitarias y la caracterización con el Ministerio Público de acuerdo a la declaración que presenten, y ya miraremos qué evaluación podemos hacer, si es posible un regreso y revisar todos los temas de seguridad”, señaló el secretario Arcila.Esta emergencia de derechos humanos derivada de la crisis de orden público en esa zona del país y que azota a estas comunidades indígenas en Chocó es crítica, así lo señaló Diego Arce, gobernador de la comunidad, y a quién le fue asesinado su hermano Luis Ángel Arce, líder de comunidad.“Asesinaron a mi hermano, líder de la comunidad, fue hace dos meses y todavía no hemos recibido el apoyo de las instituciones. En la comunidad quedaron personas ancianas, quienes no quisieron dejar sus pertenencias”, dijo Arce.La comunidad indígena llegó inicialmente a la Casa de Justicia del Bosque, cerca del Parque de los Deseos, pero, posteriormente, fueron trasladados a la Casa de Etnia, una de las sedes de la Alcaldía de Medellín en el sector de Prado Centro.La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo del Ministerio Público, prestan un acompañamiento integral a estas familias de la comunidad Emebra Katío.
La Alcaldía de Bogotá denunció que desde hace cinco días los equipos de las secretarías de Integración Social, Salud y de la Consejería de Víctimas no han podido ingresar al asentamiento UPI La Florida, donde permanece un grupo de la comunidad Emberá, debido a un bloqueo promovido, según el Distrito, por voceros de esa población.De acuerdo con la administración distrital, la restricción de acceso surgió después de que algunos representantes de la comunidad exigieran la contratación directa de personas Emberá en entidades del Distrito como condición para permitir el ingreso de los funcionarios. La Alcaldía calificó esta situación como una presión indebida que afecta la continuidad de los servicios públicos.La Alcaldía aseguró que la suspensión de la atención impacta especialmente a cerca de 70 niños, niñas y adolescentes, quienes han dejado de recibir acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como actividades orientadas a su reparación integral.Entre los programas afectados se encuentra Atrapasueños, una estrategia dirigida a menores de edad víctimas o afectados por el conflicto armado. También permanecen suspendidas las jornadas de promoción y prevención en salud que normalmente se desarrollan dentro del asentamiento.El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, hizo un llamado a los voceros de la comunidad para que permitan el ingreso de los equipos distritales. El funcionario afirmó que la Alcaldía no accederá a negociar la prestación de servicios para la niñez a cambio de contratos o cargos públicos y sostuvo que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otra consideración.Por su parte, el Distrito reiteró que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionada a ningún tipo de negociación y recordó que el artículo 44 de la Constitución establece el carácter prevalente de sus derechos, así como la responsabilidad conjunta del Estado, las familias y la sociedad para garantizar su bienestar y desarrollo integral.Hasta el momento, la administración distrital mantiene su llamado para que se levante el bloqueo y pueda restablecerse la prestación de los servicios sociales y de salud en el asentamiento La Florida.
La Secretaría Distrital de Integración Social informó que activó un plan de contingencia para proteger a niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá durante una celebración del Día de la Madre realizada en la UPI La Rioja, en Bogotá, luego de identificar varias situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y posibles hechos de violencia intrafamiliar.Según la entidad, durante la jornada se evidenciaron altos niveles de alicoramiento tanto en algunos adultos, como en menores de edad, además de riñas al interior del lugar. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de una adolescente de 13 años que, de acuerdo con el Distrito, se encontraba en alto estado de embriaguez.La Secretaría señaló que, al intentar contactar a la familia de la menor, la madre también presentaba aparente estado de alicoramiento y no autorizó la valoración médica correspondiente para su hija.“Señores de la comunidad emberá en La Rioja, es su obligación constitucional cuidar a los niños y a las niñas. El art. 44 de la Constitución nos ordena que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás”, señaló el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, por medio de su cuenta de X.Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá señaló que activó las rutas de atención junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como resultado, 52 niños, niñas y adolescentes fueron trasladados a entornos protectores y seguros, es decir, los centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II, como parte del acompañamiento institucional para garantizar la protección integral de los menoresFinalmente, la entidad hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias y de la comunidad Emberá para evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad y bienestar de niños y adolescentes, especialmente durante este tipo de celebraciones.
La Secretaría Distrital de Integración Social activó rutas institucionales de protección, luego de que se registraran agresiones por parte de la comunidad embera contra funcionarias durante el desarrollo de actividades en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá.De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron durante el empalme de turno del equipo profesional de infancia. Según informaron, una funcionaria fue víctima de un presunto tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad embera, quien al parecer se encontraba en estado de alicoramiento. Tras lo ocurrido, la profesional rechazó este incidente y el equipo decidió retirarse del lugar para proteger su integridad.Posteriormente, mientras se desplazaban fuera de la unidad, otro individuo, quien también estaba en aparente estado de embriaguez, adoptó una actitud agresiva contra el equipo, insultándolos e intentando agredir físicamente a uno de los profesionales. En medio de esta situación, una funcionaria resultó con lesiones leves.Ante la gravedad de los hechos, el equipo solicitó apoyo de la Policía, que intervino para controlar la situación y restablecer el orden. Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y continuaron su jornada desde otro espacio institucional.Desde la Alcaldía de Bogotá rechazaron estos hechos y reiteraron su compromiso con la protección tanto de sus funcionarios como de las personas atendidas por el Distrito, frente a esto el secretario general, Miguel Silva señaló que ya han hecho más de 20 denuncias ante la Fiscalía por instrumentalización de menores y agresiones a sus equipos.“Protegemos los derechos de los más vulnerables, pero necesitamos que la justicia haga cumplir los deberes”, señaló el secretario, por medio de su cuenta de X.Finalmente, el Distrito informó que continuará fortaleciendo las acciones de acompañamiento en territorio, en articulación con las autoridades competentes, con el fin de prevenir este tipo de situaciones y garantizar entornos seguros para la atención social.
En el documento enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la Procuraduría advierte que niños, niñas y adolescentes habrían sido expuestos a situaciones de riesgo en medio de bloqueos viales y manifestaciones, siendo presuntamente utilizados por adultos como mecanismos de presión.Todo esto, tras esa polémico vídeo que ha generado gran indignación en donde se ve a los indígenas Emberá usando como escudos humanos a niños durante las manifestaciones de este miércoles frente a las instalaciones del Ministerio del Interior.En la comunicación, firmada por el procurador Gregorio Eljach, se le pide a la Fiscalía adelantar con máxima celeridad las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.La directora del ICBF, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.
Las recientes imágenes de las protestas en el centro de Bogotá, específicamente en la calle 12 con carrera octava, han generado una profunda indignación nacional al revelarse cómo menores de edad, de apenas 4 o 5 años, fueron utilizados como escudos humanos para frenar el avance de la fuerza pública. Instrumentalización de menores y denuncias estancadasIsabelita Mercado, consejera de paz de Bogotá, manifestó su preocupación no solo por la violencia vista en las calles, sino por la falta de acción judicial frente a estos casos. Mercado reveló que el Distrito ha radicado 24 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra voceros de la comunidad Emberá por delitos que van más allá de la protesta social. “No solamente han instrumentalizado a niños en el marco de la protesta, sino que han bloqueado su acceso a servicios fundamentales como educación, salud y protección”, afirmó Mercado, añadiendo que también se han reportado casos de violencia intrafamiliar y sexual que no presentan avances judiciales. La consejera fue enfática al señalar: “Llevamos 2 años y medio de administración, 24 denuncias radicadas y ninguna se ha movido”. El papel del Gobierno nacional frente a la crisisLa problemática desborda la capacidad de la Alcaldía, ya que el fondo del conflicto radica en el incumplimiento de los planes de retorno liderados por el Gobierno Nacional. Mercado señaló que, aunque el Distrito ha invertido recursos en territorio para sostener a las familias retornadas, los proyectos de mediano y largo plazo —como vivienda, agricultura, vías y acueducto— presentan rezagos significativos.La situación en los resguardos es crítica: “La población que salió del Parque Nacional en 2024, cinco niños han fallecido en territorio porque no pudieron recibir atención en salud oportuna”. Escalada de violencia y secuestro de funcionariosLos hechos del pasado miércoles fueron el clímax de tres semanas de tensiones. Los manifestantes se tomaron tres edificios del Ministerio del Interior, reteniendo a más de 100 personas en su interior, entre ellas mujeres gestantes y ciudadanos con condiciones médicas. La intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) se dio únicamente para asegurar un corredor humanitario que permitiera la evacuación de los trabajadores. Finalmente, tras la jornada de disturbios, los indígenas regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en el noroccidente de la ciudad, mientras el Distrito insiste en que sin una solución de fondo por parte de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, la crisis seguirá repitiéndose. Escuche aquí la entrevista:
Este miércoles se registraron protestas de la comunidad indígena embera katío en el centro de Bogotá. En algunos vídeos que se conocieron hace algunas horas se ve cómo se habrían utilizado a niños como escudo para enfrentarse al UNDMO. Ante esta situación, la Procuraduría se pronunció rechazando la utilización de menores en estas protestas."La autonomía no debe superar los derechos fundamentales de los menores de edad en el marco de sus protestas contra las instituciones, afectando el restablecimiento de derechos y exponiéndolos a todo tipo de vulneraciones”, señaló el Procurador, Gregorio Eljach.Eljach también pidió la intervención de algunos organismos internacionales, como la Cruz Roja y Unicef. Además, aseguró que estos hechos serán denunciados ante las autoridades."La Procuraduría seguirá velando por la defensa de los derechos de los menores de edad a la vida, calidad de vida, ambiente sano, educación, salud, riesgos físicos y emocionales, especialmente frente a las evidencias de mendicidad y trabajo infantil, exposición al alcohol, a las sustancias psicoactivas e instrumentalización", agregó Eljach.
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.Ante esto, la directora Cáceres confirmó que fue radicada la denuncia correspondiente por la instrumentalización de menores y lamentó que, pese las mesas de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo.“Con el pueblo embera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia”, aseguró la funcionarios reiterando que no hay ninguna justificación.Cáceres pidió a las autoridades identificar pronto a los responsables para que respondan ante las comisarías de familia.“Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron”, agregó Cáceres.Más temprano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había calificado la protesta como un secuestro de cerca de 1.200 funcionarios de esta entidad, Bancolombia y el Icetex, que no lograron salir por las manifestaciones.“Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los embera en un edificio del Ministerio del Interior, retuvo, podría hablar hasta de secuestro, a unas personas que trabajan en el ministerio. Ellos reclaman recursos para el retorno pero eso se les ha dado. Lo de hoy ha sido grave, se tuvo que usar el UNDEMO, ameritaba hacerlo y no hubo heridos, nadie perdió el ojo”, puntualizó.
Una tensa situación de orden público se registra en el centro de Bogotá, donde un grupo de comunidades indígenas impide la salida de trabajadores de la sede Bancol del Ministerio del Interior, ubicada en la Carrera 8ª con Calle 12. La protesta, que comenzó en horas de la tarde, ha generado bloqueos y dificultades en la movilidad de la zona.De acuerdo con la información conocida, al menos 100 personas hacen parte de esta manifestación, en la que denuncian presuntos incumplimientos por parte del Gobierno. Los manifestantes se han ubicado en los accesos del edificio, restringiendo tanto la entrada como la salida de funcionarios y visitantes.Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cerca de 800 trabajadores estarían afectados por esta situación, sin poder abandonar las instalaciones. En el lugar también operan otras entidades y oficinas, lo que ha ampliado el impacto del bloqueo.Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran cómo los manifestantes permanecen en los ingresos del edificio, mientras algunos trabajadores intentan salir sin éxito. La situación ha generado preocupación entre quienes laboran en la zona, así como entre ciudadanos que transitan por este sector del centro de la capital.Además del impacto en el acceso al edificio, la protesta ha provocado complicaciones en la movilidad en este punto de la ciudad. Autoridades hacen seguimiento a la situación para evitar que escale y garantizar tanto el orden público como la seguridad de los presentes.De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, este edificio no tiene una salida alterna y por eso los trabajadores permanecen en las instalaciones.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.