La Secretaría Distrital de Integración Social informó que activó un plan de contingencia para proteger a niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá durante una celebración del Día de la Madre realizada en la UPI La Rioja, en Bogotá, luego de identificar varias situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y posibles hechos de violencia intrafamiliar.Según la entidad, durante la jornada se evidenciaron altos niveles de alicoramiento tanto en algunos adultos, como en menores de edad, además de riñas al interior del lugar. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de una adolescente de 13 años que, de acuerdo con el Distrito, se encontraba en alto estado de embriaguez.La Secretaría señaló que, al intentar contactar a la familia de la menor, la madre también presentaba aparente estado de alicoramiento y no autorizó la valoración médica correspondiente para su hija.“Señores de la comunidad emberá en La Rioja, es su obligación constitucional cuidar a los niños y a las niñas. El art. 44 de la Constitución nos ordena que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás”, señaló el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, por medio de su cuenta de X.Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá señaló que activó las rutas de atención junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como resultado, 52 niños, niñas y adolescentes fueron trasladados a entornos protectores y seguros, es decir, los centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II, como parte del acompañamiento institucional para garantizar la protección integral de los menoresFinalmente, la entidad hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias y de la comunidad Emberá para evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad y bienestar de niños y adolescentes, especialmente durante este tipo de celebraciones.
La Secretaría Distrital de Integración Social activó rutas institucionales de protección, luego de que se registraran agresiones por parte de la comunidad embera contra funcionarias durante el desarrollo de actividades en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá.De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron durante el empalme de turno del equipo profesional de infancia. Según informaron, una funcionaria fue víctima de un presunto tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad embera, quien al parecer se encontraba en estado de alicoramiento. Tras lo ocurrido, la profesional rechazó este incidente y el equipo decidió retirarse del lugar para proteger su integridad.Posteriormente, mientras se desplazaban fuera de la unidad, otro individuo, quien también estaba en aparente estado de embriaguez, adoptó una actitud agresiva contra el equipo, insultándolos e intentando agredir físicamente a uno de los profesionales. En medio de esta situación, una funcionaria resultó con lesiones leves.Ante la gravedad de los hechos, el equipo solicitó apoyo de la Policía, que intervino para controlar la situación y restablecer el orden. Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y continuaron su jornada desde otro espacio institucional.Desde la Alcaldía de Bogotá rechazaron estos hechos y reiteraron su compromiso con la protección tanto de sus funcionarios como de las personas atendidas por el Distrito, frente a esto el secretario general, Miguel Silva señaló que ya han hecho más de 20 denuncias ante la Fiscalía por instrumentalización de menores y agresiones a sus equipos.“Protegemos los derechos de los más vulnerables, pero necesitamos que la justicia haga cumplir los deberes”, señaló el secretario, por medio de su cuenta de X.Finalmente, el Distrito informó que continuará fortaleciendo las acciones de acompañamiento en territorio, en articulación con las autoridades competentes, con el fin de prevenir este tipo de situaciones y garantizar entornos seguros para la atención social.
En el documento enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la Procuraduría advierte que niños, niñas y adolescentes habrían sido expuestos a situaciones de riesgo en medio de bloqueos viales y manifestaciones, siendo presuntamente utilizados por adultos como mecanismos de presión.Todo esto, tras esa polémico vídeo que ha generado gran indignación en donde se ve a los indígenas Emberá usando como escudos humanos a niños durante las manifestaciones de este miércoles frente a las instalaciones del Ministerio del Interior.En la comunicación, firmada por el procurador Gregorio Eljach, se le pide a la Fiscalía adelantar con máxima celeridad las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.La directora del ICBF, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.
Las recientes imágenes de las protestas en el centro de Bogotá, específicamente en la calle 12 con carrera octava, han generado una profunda indignación nacional al revelarse cómo menores de edad, de apenas 4 o 5 años, fueron utilizados como escudos humanos para frenar el avance de la fuerza pública. Instrumentalización de menores y denuncias estancadasIsabelita Mercado, consejera de paz de Bogotá, manifestó su preocupación no solo por la violencia vista en las calles, sino por la falta de acción judicial frente a estos casos. Mercado reveló que el Distrito ha radicado 24 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra voceros de la comunidad Emberá por delitos que van más allá de la protesta social. “No solamente han instrumentalizado a niños en el marco de la protesta, sino que han bloqueado su acceso a servicios fundamentales como educación, salud y protección”, afirmó Mercado, añadiendo que también se han reportado casos de violencia intrafamiliar y sexual que no presentan avances judiciales. La consejera fue enfática al señalar: “Llevamos 2 años y medio de administración, 24 denuncias radicadas y ninguna se ha movido”. El papel del Gobierno nacional frente a la crisisLa problemática desborda la capacidad de la Alcaldía, ya que el fondo del conflicto radica en el incumplimiento de los planes de retorno liderados por el Gobierno Nacional. Mercado señaló que, aunque el Distrito ha invertido recursos en territorio para sostener a las familias retornadas, los proyectos de mediano y largo plazo —como vivienda, agricultura, vías y acueducto— presentan rezagos significativos.La situación en los resguardos es crítica: “La población que salió del Parque Nacional en 2024, cinco niños han fallecido en territorio porque no pudieron recibir atención en salud oportuna”. Escalada de violencia y secuestro de funcionariosLos hechos del pasado miércoles fueron el clímax de tres semanas de tensiones. Los manifestantes se tomaron tres edificios del Ministerio del Interior, reteniendo a más de 100 personas en su interior, entre ellas mujeres gestantes y ciudadanos con condiciones médicas. La intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) se dio únicamente para asegurar un corredor humanitario que permitiera la evacuación de los trabajadores. Finalmente, tras la jornada de disturbios, los indígenas regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en el noroccidente de la ciudad, mientras el Distrito insiste en que sin una solución de fondo por parte de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, la crisis seguirá repitiéndose. Escuche aquí la entrevista:
Este miércoles se registraron protestas de la comunidad indígena embera katío en el centro de Bogotá. En algunos vídeos que se conocieron hace algunas horas se ve cómo se habrían utilizado a niños como escudo para enfrentarse al UNDMO. Ante esta situación, la Procuraduría se pronunció rechazando la utilización de menores en estas protestas."La autonomía no debe superar los derechos fundamentales de los menores de edad en el marco de sus protestas contra las instituciones, afectando el restablecimiento de derechos y exponiéndolos a todo tipo de vulneraciones”, señaló el Procurador, Gregorio Eljach.Eljach también pidió la intervención de algunos organismos internacionales, como la Cruz Roja y Unicef. Además, aseguró que estos hechos serán denunciados ante las autoridades."La Procuraduría seguirá velando por la defensa de los derechos de los menores de edad a la vida, calidad de vida, ambiente sano, educación, salud, riesgos físicos y emocionales, especialmente frente a las evidencias de mendicidad y trabajo infantil, exposición al alcohol, a las sustancias psicoactivas e instrumentalización", agregó Eljach.
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.Ante esto, la directora Cáceres confirmó que fue radicada la denuncia correspondiente por la instrumentalización de menores y lamentó que, pese las mesas de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo.“Con el pueblo embera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia”, aseguró la funcionarios reiterando que no hay ninguna justificación.Cáceres pidió a las autoridades identificar pronto a los responsables para que respondan ante las comisarías de familia.“Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron”, agregó Cáceres.Más temprano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había calificado la protesta como un secuestro de cerca de 1.200 funcionarios de esta entidad, Bancolombia y el Icetex, que no lograron salir por las manifestaciones.“Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los embera en un edificio del Ministerio del Interior, retuvo, podría hablar hasta de secuestro, a unas personas que trabajan en el ministerio. Ellos reclaman recursos para el retorno pero eso se les ha dado. Lo de hoy ha sido grave, se tuvo que usar el UNDEMO, ameritaba hacerlo y no hubo heridos, nadie perdió el ojo”, puntualizó.
Una tensa situación de orden público se registra en el centro de Bogotá, donde un grupo de comunidades indígenas impide la salida de trabajadores de la sede Bancol del Ministerio del Interior, ubicada en la Carrera 8ª con Calle 12. La protesta, que comenzó en horas de la tarde, ha generado bloqueos y dificultades en la movilidad de la zona.De acuerdo con la información conocida, al menos 100 personas hacen parte de esta manifestación, en la que denuncian presuntos incumplimientos por parte del Gobierno. Los manifestantes se han ubicado en los accesos del edificio, restringiendo tanto la entrada como la salida de funcionarios y visitantes.Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cerca de 800 trabajadores estarían afectados por esta situación, sin poder abandonar las instalaciones. En el lugar también operan otras entidades y oficinas, lo que ha ampliado el impacto del bloqueo.Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran cómo los manifestantes permanecen en los ingresos del edificio, mientras algunos trabajadores intentan salir sin éxito. La situación ha generado preocupación entre quienes laboran en la zona, así como entre ciudadanos que transitan por este sector del centro de la capital.Además del impacto en el acceso al edificio, la protesta ha provocado complicaciones en la movilidad en este punto de la ciudad. Autoridades hacen seguimiento a la situación para evitar que escale y garantizar tanto el orden público como la seguridad de los presentes.De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, este edificio no tiene una salida alterna y por eso los trabajadores permanecen en las instalaciones.
La Alcaldía de Bogotá anunció acciones legales tras un grave incidente ocurrido en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, donde integrantes de la comunidad Embera Katío habrían retenido durante varias horas a un motociclista luego de un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del predio.Según informó el Distrito, además de impedirle la salida, presuntamente le exigieron una suma de dinero a cambio de su liberación y retuvieron su motocicleta.De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron en la noche del 25 de marzo y fueron conocidos por los equipos institucionales que hacen presencia permanente en el lugar. La Administración Distrital señaló que intentó mediar la situación mediante el diálogo para evitar una escalada del conflicto y proteger la integridad de todos los involucrados. También intervinieron la Policía de Funza, la Alcaldía del municipio y la Defensoría del Pueblo.Aunque finalmente el motociclista fue dejado en libertad, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán rechazó públicamente lo ocurrido y advirtió que estos hechos pusieron en riesgo no solo al conductor, sino también a la comunidad asentada en el lugar, especialmente a los niños y niñas embera, quienes representan cerca de la mitad de la población que habita en La Florida.Además, el Distrito denunció que desde la tarde del miércoles la comunidad ha impedido el ingreso de los equipos distritales al predio.En su pronunciamiento, la administración distrital reiteró que La Florida es un bien público perteneciente al IDIPRON y que, por lo tanto, está bajo la jurisdicción ordinaria y no bajo la jurisdicción indígena. Asimismo, recordó que este espacio fue originalmente una infraestructura del sector Integración Social y que desde 2021 permanece ocupado por población embera como asentamiento.
Aunque siguen en negociaciones con la Gobernación de Antioquia, en las últimas horas se han registrado bloqueos intermitentes en la calle San Juan y en el soterrado en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra de Medellín, por parte de los indígenas que completan 33 horas de protestas.Jaime Andrés Rivera, cacique mayor del resguardo indígena Zenú, aseguró que ha habido avances limitados y denunció desinformación alrededor de la minga, pero admitió que se esperan finiquitar algunos detalles con miras a que puedan retornar este martes en la noche a los municipios de San Pedro de Urabá y Mutatá, de donde provienen."Se ha tildado a muchos dirigentes de que estamos instrumentalizando niños. Aquí está el movimiento indígena, el movimiento indígena vive y resiste del trabajo colectivo y organizado. Se ha dicho de que hay personas de Córdoba, aquí hay dos municipios, está San Pedro Durabá, Antioquia, y está Mutatá, Antioquia. Se ha dicho de que esta minga es patrocinada por los políticos del gobierno, por Petro o por Cepeda, eso es totalmente falso", expuso.El líder indígena también afirmó que la protesta ha sido estigmatizada y utilizada para “limpiarse las manos políticamente”, mientras las comunidades enfrentan condiciones precarias, sin acceso a agua potable, baños ni apoyo logístico adecuado.Rivera Donado explicó que existen confusiones sobre las exigencias planteadas, como el supuesto pedido de recursos para transporte por 130 millones de pesos o el nombramiento de 20 docentes, aclarando que estos temas han sido malinterpretados por la administración departamental, por ejemplo porque indicó que esto no ocurre en el resguardo Río Alto San Juan y que incluso hace año y medio el mínimo Rendón visitó el sitio, para entregar una escuela rural."Nosotros aquí no venimos a confrontarnos con nadie, vamos a aclarar eso públicamente. El gobernador hizo su comunicado, bueno, entonces que lo corrija, o que en la mesa técnica se pueda hacer una publicación donde donde se corrija la información, porque me puede poner en riesgo a mí como persona, y eso no está bien", concluyó.Indicó que la solicitud de apoyo en transporte fue planteada como una necesidad logística y no como una condición para negociar, incluso en las últimas horas el gobernador Andrés Julián Rendón accedió a subsidiar este rubro, que pagaría “una vez lleguen a sus territorios”. Mientras tanto, el gobernador le insistió al ICBF indagar las condiciones en las que están 200 menores de edad en estas protestas. Eso sí, le bajó el tono al discurso, indicando que el ente departamental ofrece una comisión para verificar el cumplimiento de acuerdos que se habían pactado en 2024."El mejor sitio para estar los indígenas es en sus propios resguardos. Que no abandonen su tierra, que regresen. La gobernación de Antioquia está dispuesta a enviar los delegados que sean necesarios enviar para hacer una revisión estricta", señaló.Las entidades públicas en La Alpujarra evalúan retornar los servicios ciudadanos desde este miércoles.
La Alcaldía de Bogotá rechazó los hechos de violencia registrados el pasado 14 de marzo dentro de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde se encuentran alojadas familias de la comunidad Emberá. Según informó la Administración Distrital, los incidentes dejaron cuatro personas heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad.Los hechos se habrían originado en medio de riñas ocurridas al interior de este espacio, en las que estuvieron involucrados integrantes de la comunidad Emberá que permanece allí mientras se gestionan soluciones institucionales a su situación.La Alcaldía señaló que estas confrontaciones alteraron la convivencia dentro de la UPI y pusieron en riesgo la integridad de quienes habitan el lugar, en especial de niños, niñas y adolescentes.Tras conocerse la situación, el Distrito activó de inmediato las rutas institucionales correspondientes para atender a las personas afectadas, con acciones que incluyeron la atención médica a los heridos y la activación de las rutas de protección integral para menores de edad.A través de un comunicado, la Alcaldía indicó que los equipos institucionales mantienen presencia permanente en la UPI La Rioja, lo que permitió detectar rápidamente lo ocurrido y brindar atención a los afectados.Según el Distrito, este episodio se suma a otros casos reportados previamente dentro del alojamiento temporal. Entre ellos se han documentado riñas, consumo problemático de alcohol y celebraciones festivas que, en algunos casos, han derivado en consecuencias graves e incluso fatales.Como parte de la estrategia de monitoreo implementada en la UPI La Rioja, las autoridades han identificado 178 situaciones de riesgo relacionadas con conflictos de convivencia. De estas, en el 87 % de los casos se activaron acciones preventivas o rutas de acompañamiento institucional para mitigar los problemas.Ante este panorama, el Distrito hizo un llamado a la corresponsabilidad de la comunidad Emberá para garantizar la protección de los derechos de sus integrantes, especialmente de los menores de edad que permanecen en el lugar.La Administración también informó que evaluará la presentación de denuncias ante las autoridades competentes por los hechos ocurridos.
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó radicalmente el destino judicial del exrepresentante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca Chaux. En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal determinó que la Fiscalía General de la Nación no logró recopilar las pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del político. Bajo este argumento constitucional, la corporación ordenó su absolución definitiva y archivó el expediente que lo vinculaba con el delito de corrupción de sufragante, conocido comúnmente como compra de votos.Con esta nueva resolución se cae por completo el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte. En esa primera etapa del proceso, el excongresista, quien consolidó su fortín político en el sur del país desde el año 2010, había recibido una dura condena de 92 meses y un día de prisión (equivalente a más de siete años de cárcel).Además, la justicia le había impuesto en su momento una millonaria multa superior a los 588 salarios mínimos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena.La investigación penal se centraba en las presuntas irregularidades cometidas durante su campaña en el municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía. La hipótesis acusatoria señalaba a Cuenca Chaux como el supuesto determinador de un esquema de corrupción electoral enfocado en la comunidad indígena de la "Y", de la etnia Piapoco.Según los cargos originales, la campaña habría distribuido dádivas materiales que incluían dinero en efectivo, bultos de cemento y láminas de zinc, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes a cambio de su respaldo en las urnas.Sin embargo, al revisar la apelación interpuesta por la defensa, la Sala de Casación Penal halló profundas grietas en los testimonios que sostenían el caso. El detonante clave de la absolución fue el desplome del denunciante principal, Miller Garrido Pacheco, quien terminó confesando bajo juramento que la acusación original fue un montaje inducido, presionado y financiado por la oposición local, puntualmente por el exgobernador de Guainía, Iván Vargas Silva.En el documento citado en la sentencia, Garrido manifestó de forma explícita: "me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado, he recibido prevenda alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre".Los investigadores del caso también descubrieron que Garrido armó el grupo de testigos con sus propios familiares directos e intentó pagar a otros pobladores para que mintieran sobre reuniones políticas a las que jamás asistieron.A la par con la desacreditación de los testigos, el tribunal encontró que los supuestos comprobantes de la entrega de tejas y cemento eran completamente inválidos. Los dueños de las ferreterías locales negaron cualquier pacto comercial con el político y explicaron que el documento usado como "prueba reina" era solo una cotización sin valor legal, la cual pertenecía a unos talonarios que habían sido robados previamente de sus locales.Finalmente, la corporación judicial desestimó el material audiovisual aportado por los denunciantes, coincidiendo con análisis técnicos previos que ya había realizado el Consejo de Estado. Las grabaciones contenían cortes de edición sospechosos y un libreto de preguntas altamente sugestivas que aunaban la falta de espontaneidad en las declaraciones.Al contrastar estas anomalías con los testimonios de asistentes a esas reuniones, que confirmaron que solo se debatieron propuestas de electrificación y presupuestos a las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que mantener la condena era insostenible, devolviéndole la libertad jurídica plena al exparlamentario.
La Cancillería realizó en Cali el encuentro “Diplomacia cultural: Encuentro de Café y Cacao colombiano”, un espacio en el que presentó los avances de la estrategia “La Ruta del Café y Cacao”, que busca promover estos productos en mercados internacionales y fortalecer las oportunidades comerciales para asociaciones de productores.Según la entidad, entre 2025 y 2026 la iniciativa ha desarrollado ocho eventos en Asia, América y Europa con la participación de 76 asociaciones y cooperativas. La Cancillería aseguró que estas actividades han permitido representar a más de 5.000 productores, generar más de 1.300 contactos comerciales y concretar exportaciones superiores a 100 toneladas. También informó sobre la apertura de mercados en China y un preacuerdo comercial con Rumanía, además de acciones de promoción en países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, Chile, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Durante el evento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la estrategia busca reducir la intermediación, fortalecer la asociatividad y facilitar el acceso de los productores a mercados de mayor valor agregado. Además, reiteró que el café puede convertirse en una alternativa económica para comunidades vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.La instalación contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como representantes del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional. En dos paneles se discutió el papel del café y el cacao en la internacionalización de la economía rural y su aporte a procesos de desarrollo en distintas regiones del país.
Ante la proyección de ingreso de más de 310.000 vehículos por el corredor de la Autopista Sur durante el puente festivo, la Alcaldía de Soacha activó un plan especial de movilidad. La estrategia busca mitigar la congestión vial en este acceso clave a Bogotá, considerando que desde la capital se estima la salida de más de un millón de automotores.El contraflujo y los controles operativos especiales se concentrarán en las jornadas de éxodo y retorno para garantizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento de los viajeros.Las autoridades locales advirtieron que la movilidad en el municipio se encuentra impactada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio, las cuales generan reducciones de carril en la Autopista Sur. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación.Horarios del pico y placa regional en Soacha (lunes festivo)La medida de restricción vehicular se aplicará durante la operación retorno del lunes festivo 29 de junio de 2026 en los siguientes horarios:Placas PARES (0, 2, 4, 6, 8): Ingreso autorizado de 12:00 m. a 4:00 p.m.Placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9): Ingreso autorizado de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.Fuera de horario: antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m. no aplica la restricción de placas.Reversible en vía Indumil y medidas operativasPara aumentar la capacidad vial del corredor, la Secretaría de Movilidad de Soacha confirmó que se habilitará un reversible por la vía Indumil entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. del lunes festivo. Esta alternativa agilizará el desvío y tránsito de los vehículos que buscan conectar con el sur de Bogotá.El dispositivo en vía contará con un contingente de más de 200 personas, integrado por:Agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad de Soacha.Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.Agentes de tránsito de la Gobernación de Cundinamarca.Uso del carril de TransMilenio y contingenciasLa Alcaldía de Soacha, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, acordó la adopción de contingencias operativas. Entre ellas, se contempla el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio si se presentan escenarios de alta congestión o represamiento crítico sobre la Autopista Sur.Asimismo, durante el Plan Éxodo se instalará un Punto Seguro en el corredor vial para realizar campañas pedagógicas y de sensibilización técnica con conductores y motociclistas.
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.La indagación llega luego de la revelación de Noticias Caracol sobre los ofrecimientos que habría hecho el Gobierno, a través de Danilo Rueda, a delegados del grupo ilegal a cambio de que estos siguieran en el proyecto de la Paz Total.El informe incluyó documentos, grabaciones y testimonios que darían cuenta de reuniones sostenidas entre representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.Danilo Rueda, según la investigación, es el principal encargado de los acercamientos con el Clan del Golfo. Según los audios revelados, habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la Fuerza Pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.En diálogo con BLU Radio, Danilo Rueda rechazó que hubiera pactado concesiones ilegales con el Clan del Golfo y sostuvo que las conversaciones reveladas correspondían únicamente a una fase exploratoria, previa al inicio de una negociación formal. Aseguró además que nunca hubo una orden del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones militares contra esa organización.Sobre la frase "juguemos a los congelados", que aparece en los audios, Rueda lo calificó como una metáfora con la que buscaba explicar que para poder dialogar era necesario generar un espacio de confianza y reducir temporalmente las tensiones, pero no significaba que el Estado fuera a detener su acción contra el Clan del Golfo ni que existiera un acuerdo para paralizar a las Fuerzas Militares.En cuanto al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, este fue mencionado por Rueda como la persona con la que se coordinarían decisiones relacionadas con operaciones militares. Aunque Velásquez no aparece participando directamente en las reuniones reveladas y ha negado haber autorizado compromisos con el grupo armado, la Procuraduría decidió incluirlo en la indagación para establecer si tuvo algún conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos descritos.Por su parte, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el exsubdirector Ricardo Rey Rosanía fueron vinculados porque habrían participado en una reunión con un intermediario relacionado con el Clan del Golfo para discutir asuntos vinculados a un eventual proceso de sometimiento.En este caso, la Procuraduría busca determinar si estas reuniones se desarrollaron dentro del marco legal de sus funciones o si pudieron constituir actuaciones disciplinariamente relevantes.Pruebas ordenadas por la ProcuraduríaPara avanzar con la investigación, el Ministerio Público ordenó una serie de pruebas que permitan recopilar nuevas pruebas y testimonios.Por ello, solicitó documentación al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las reuniones, acercamientos y actuaciones relacionadas con el Clan del Golfo durante el periodo mencionado.A estas entidades, también les requirió informes oficiales que permitan establecer si existieron instrucciones, autorizaciones o decisiones relacionadas con la suspensión de operaciones militares, bombardeos, movimientos de oficiales o cualquier otro compromiso mencionado en el reportaje.Así mismo, la Procuraduría abrió el espacio para que el general (r ) Henry Sanabria, director de la Policía entre 2022 y 2023, rinda bajo declaración juramentada su testimonio sobre todo lo denunciado.