La Alcaldía de Bogotá denunció que desde hace cinco días los equipos de las secretarías de Integración Social, Salud y de la Consejería de Víctimas no han podido ingresar al asentamiento UPI La Florida, donde permanece un grupo de la comunidad Emberá, debido a un bloqueo promovido, según el Distrito, por voceros de esa población.De acuerdo con la administración distrital, la restricción de acceso surgió después de que algunos representantes de la comunidad exigieran la contratación directa de personas Emberá en entidades del Distrito como condición para permitir el ingreso de los funcionarios. La Alcaldía calificó esta situación como una presión indebida que afecta la continuidad de los servicios públicos.La Alcaldía aseguró que la suspensión de la atención impacta especialmente a cerca de 70 niños, niñas y adolescentes, quienes han dejado de recibir acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como actividades orientadas a su reparación integral.Entre los programas afectados se encuentra Atrapasueños, una estrategia dirigida a menores de edad víctimas o afectados por el conflicto armado. También permanecen suspendidas las jornadas de promoción y prevención en salud que normalmente se desarrollan dentro del asentamiento.El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, hizo un llamado a los voceros de la comunidad para que permitan el ingreso de los equipos distritales. El funcionario afirmó que la Alcaldía no accederá a negociar la prestación de servicios para la niñez a cambio de contratos o cargos públicos y sostuvo que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otra consideración.Por su parte, el Distrito reiteró que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionada a ningún tipo de negociación y recordó que el artículo 44 de la Constitución establece el carácter prevalente de sus derechos, así como la responsabilidad conjunta del Estado, las familias y la sociedad para garantizar su bienestar y desarrollo integral.Hasta el momento, la administración distrital mantiene su llamado para que se levante el bloqueo y pueda restablecerse la prestación de los servicios sociales y de salud en el asentamiento La Florida.
La Secretaría Distrital de Integración Social informó que activó un plan de contingencia para proteger a niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá durante una celebración del Día de la Madre realizada en la UPI La Rioja, en Bogotá, luego de identificar varias situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y posibles hechos de violencia intrafamiliar.Según la entidad, durante la jornada se evidenciaron altos niveles de alicoramiento tanto en algunos adultos, como en menores de edad, además de riñas al interior del lugar. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de una adolescente de 13 años que, de acuerdo con el Distrito, se encontraba en alto estado de embriaguez.La Secretaría señaló que, al intentar contactar a la familia de la menor, la madre también presentaba aparente estado de alicoramiento y no autorizó la valoración médica correspondiente para su hija.“Señores de la comunidad emberá en La Rioja, es su obligación constitucional cuidar a los niños y a las niñas. El art. 44 de la Constitución nos ordena que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás”, señaló el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, por medio de su cuenta de X.Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá señaló que activó las rutas de atención junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como resultado, 52 niños, niñas y adolescentes fueron trasladados a entornos protectores y seguros, es decir, los centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II, como parte del acompañamiento institucional para garantizar la protección integral de los menoresFinalmente, la entidad hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias y de la comunidad Emberá para evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad y bienestar de niños y adolescentes, especialmente durante este tipo de celebraciones.
La Secretaría Distrital de Integración Social activó rutas institucionales de protección, luego de que se registraran agresiones por parte de la comunidad embera contra funcionarias durante el desarrollo de actividades en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá.De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron durante el empalme de turno del equipo profesional de infancia. Según informaron, una funcionaria fue víctima de un presunto tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad embera, quien al parecer se encontraba en estado de alicoramiento. Tras lo ocurrido, la profesional rechazó este incidente y el equipo decidió retirarse del lugar para proteger su integridad.Posteriormente, mientras se desplazaban fuera de la unidad, otro individuo, quien también estaba en aparente estado de embriaguez, adoptó una actitud agresiva contra el equipo, insultándolos e intentando agredir físicamente a uno de los profesionales. En medio de esta situación, una funcionaria resultó con lesiones leves.Ante la gravedad de los hechos, el equipo solicitó apoyo de la Policía, que intervino para controlar la situación y restablecer el orden. Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y continuaron su jornada desde otro espacio institucional.Desde la Alcaldía de Bogotá rechazaron estos hechos y reiteraron su compromiso con la protección tanto de sus funcionarios como de las personas atendidas por el Distrito, frente a esto el secretario general, Miguel Silva señaló que ya han hecho más de 20 denuncias ante la Fiscalía por instrumentalización de menores y agresiones a sus equipos.“Protegemos los derechos de los más vulnerables, pero necesitamos que la justicia haga cumplir los deberes”, señaló el secretario, por medio de su cuenta de X.Finalmente, el Distrito informó que continuará fortaleciendo las acciones de acompañamiento en territorio, en articulación con las autoridades competentes, con el fin de prevenir este tipo de situaciones y garantizar entornos seguros para la atención social.
En el documento enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la Procuraduría advierte que niños, niñas y adolescentes habrían sido expuestos a situaciones de riesgo en medio de bloqueos viales y manifestaciones, siendo presuntamente utilizados por adultos como mecanismos de presión.Todo esto, tras esa polémico vídeo que ha generado gran indignación en donde se ve a los indígenas Emberá usando como escudos humanos a niños durante las manifestaciones de este miércoles frente a las instalaciones del Ministerio del Interior.En la comunicación, firmada por el procurador Gregorio Eljach, se le pide a la Fiscalía adelantar con máxima celeridad las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.La directora del ICBF, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.
Las recientes imágenes de las protestas en el centro de Bogotá, específicamente en la calle 12 con carrera octava, han generado una profunda indignación nacional al revelarse cómo menores de edad, de apenas 4 o 5 años, fueron utilizados como escudos humanos para frenar el avance de la fuerza pública. Instrumentalización de menores y denuncias estancadasIsabelita Mercado, consejera de paz de Bogotá, manifestó su preocupación no solo por la violencia vista en las calles, sino por la falta de acción judicial frente a estos casos. Mercado reveló que el Distrito ha radicado 24 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra voceros de la comunidad Emberá por delitos que van más allá de la protesta social. “No solamente han instrumentalizado a niños en el marco de la protesta, sino que han bloqueado su acceso a servicios fundamentales como educación, salud y protección”, afirmó Mercado, añadiendo que también se han reportado casos de violencia intrafamiliar y sexual que no presentan avances judiciales. La consejera fue enfática al señalar: “Llevamos 2 años y medio de administración, 24 denuncias radicadas y ninguna se ha movido”. El papel del Gobierno nacional frente a la crisisLa problemática desborda la capacidad de la Alcaldía, ya que el fondo del conflicto radica en el incumplimiento de los planes de retorno liderados por el Gobierno Nacional. Mercado señaló que, aunque el Distrito ha invertido recursos en territorio para sostener a las familias retornadas, los proyectos de mediano y largo plazo —como vivienda, agricultura, vías y acueducto— presentan rezagos significativos.La situación en los resguardos es crítica: “La población que salió del Parque Nacional en 2024, cinco niños han fallecido en territorio porque no pudieron recibir atención en salud oportuna”. Escalada de violencia y secuestro de funcionariosLos hechos del pasado miércoles fueron el clímax de tres semanas de tensiones. Los manifestantes se tomaron tres edificios del Ministerio del Interior, reteniendo a más de 100 personas en su interior, entre ellas mujeres gestantes y ciudadanos con condiciones médicas. La intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) se dio únicamente para asegurar un corredor humanitario que permitiera la evacuación de los trabajadores. Finalmente, tras la jornada de disturbios, los indígenas regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en el noroccidente de la ciudad, mientras el Distrito insiste en que sin una solución de fondo por parte de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, la crisis seguirá repitiéndose. Escuche aquí la entrevista:
Este miércoles se registraron protestas de la comunidad indígena embera katío en el centro de Bogotá. En algunos vídeos que se conocieron hace algunas horas se ve cómo se habrían utilizado a niños como escudo para enfrentarse al UNDMO. Ante esta situación, la Procuraduría se pronunció rechazando la utilización de menores en estas protestas."La autonomía no debe superar los derechos fundamentales de los menores de edad en el marco de sus protestas contra las instituciones, afectando el restablecimiento de derechos y exponiéndolos a todo tipo de vulneraciones”, señaló el Procurador, Gregorio Eljach.Eljach también pidió la intervención de algunos organismos internacionales, como la Cruz Roja y Unicef. Además, aseguró que estos hechos serán denunciados ante las autoridades."La Procuraduría seguirá velando por la defensa de los derechos de los menores de edad a la vida, calidad de vida, ambiente sano, educación, salud, riesgos físicos y emocionales, especialmente frente a las evidencias de mendicidad y trabajo infantil, exposición al alcohol, a las sustancias psicoactivas e instrumentalización", agregó Eljach.
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.Ante esto, la directora Cáceres confirmó que fue radicada la denuncia correspondiente por la instrumentalización de menores y lamentó que, pese las mesas de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo.“Con el pueblo embera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia”, aseguró la funcionarios reiterando que no hay ninguna justificación.Cáceres pidió a las autoridades identificar pronto a los responsables para que respondan ante las comisarías de familia.“Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron”, agregó Cáceres.Más temprano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había calificado la protesta como un secuestro de cerca de 1.200 funcionarios de esta entidad, Bancolombia y el Icetex, que no lograron salir por las manifestaciones.“Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los embera en un edificio del Ministerio del Interior, retuvo, podría hablar hasta de secuestro, a unas personas que trabajan en el ministerio. Ellos reclaman recursos para el retorno pero eso se les ha dado. Lo de hoy ha sido grave, se tuvo que usar el UNDEMO, ameritaba hacerlo y no hubo heridos, nadie perdió el ojo”, puntualizó.
Una tensa situación de orden público se registra en el centro de Bogotá, donde un grupo de comunidades indígenas impide la salida de trabajadores de la sede Bancol del Ministerio del Interior, ubicada en la Carrera 8ª con Calle 12. La protesta, que comenzó en horas de la tarde, ha generado bloqueos y dificultades en la movilidad de la zona.De acuerdo con la información conocida, al menos 100 personas hacen parte de esta manifestación, en la que denuncian presuntos incumplimientos por parte del Gobierno. Los manifestantes se han ubicado en los accesos del edificio, restringiendo tanto la entrada como la salida de funcionarios y visitantes.Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cerca de 800 trabajadores estarían afectados por esta situación, sin poder abandonar las instalaciones. En el lugar también operan otras entidades y oficinas, lo que ha ampliado el impacto del bloqueo.Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran cómo los manifestantes permanecen en los ingresos del edificio, mientras algunos trabajadores intentan salir sin éxito. La situación ha generado preocupación entre quienes laboran en la zona, así como entre ciudadanos que transitan por este sector del centro de la capital.Además del impacto en el acceso al edificio, la protesta ha provocado complicaciones en la movilidad en este punto de la ciudad. Autoridades hacen seguimiento a la situación para evitar que escale y garantizar tanto el orden público como la seguridad de los presentes.De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, este edificio no tiene una salida alterna y por eso los trabajadores permanecen en las instalaciones.
La Alcaldía de Bogotá anunció acciones legales tras un grave incidente ocurrido en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, donde integrantes de la comunidad Embera Katío habrían retenido durante varias horas a un motociclista luego de un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del predio.Según informó el Distrito, además de impedirle la salida, presuntamente le exigieron una suma de dinero a cambio de su liberación y retuvieron su motocicleta.De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron en la noche del 25 de marzo y fueron conocidos por los equipos institucionales que hacen presencia permanente en el lugar. La Administración Distrital señaló que intentó mediar la situación mediante el diálogo para evitar una escalada del conflicto y proteger la integridad de todos los involucrados. También intervinieron la Policía de Funza, la Alcaldía del municipio y la Defensoría del Pueblo.Aunque finalmente el motociclista fue dejado en libertad, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán rechazó públicamente lo ocurrido y advirtió que estos hechos pusieron en riesgo no solo al conductor, sino también a la comunidad asentada en el lugar, especialmente a los niños y niñas embera, quienes representan cerca de la mitad de la población que habita en La Florida.Además, el Distrito denunció que desde la tarde del miércoles la comunidad ha impedido el ingreso de los equipos distritales al predio.En su pronunciamiento, la administración distrital reiteró que La Florida es un bien público perteneciente al IDIPRON y que, por lo tanto, está bajo la jurisdicción ordinaria y no bajo la jurisdicción indígena. Asimismo, recordó que este espacio fue originalmente una infraestructura del sector Integración Social y que desde 2021 permanece ocupado por población embera como asentamiento.
Aunque siguen en negociaciones con la Gobernación de Antioquia, en las últimas horas se han registrado bloqueos intermitentes en la calle San Juan y en el soterrado en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra de Medellín, por parte de los indígenas que completan 33 horas de protestas.Jaime Andrés Rivera, cacique mayor del resguardo indígena Zenú, aseguró que ha habido avances limitados y denunció desinformación alrededor de la minga, pero admitió que se esperan finiquitar algunos detalles con miras a que puedan retornar este martes en la noche a los municipios de San Pedro de Urabá y Mutatá, de donde provienen."Se ha tildado a muchos dirigentes de que estamos instrumentalizando niños. Aquí está el movimiento indígena, el movimiento indígena vive y resiste del trabajo colectivo y organizado. Se ha dicho de que hay personas de Córdoba, aquí hay dos municipios, está San Pedro Durabá, Antioquia, y está Mutatá, Antioquia. Se ha dicho de que esta minga es patrocinada por los políticos del gobierno, por Petro o por Cepeda, eso es totalmente falso", expuso.El líder indígena también afirmó que la protesta ha sido estigmatizada y utilizada para “limpiarse las manos políticamente”, mientras las comunidades enfrentan condiciones precarias, sin acceso a agua potable, baños ni apoyo logístico adecuado.Rivera Donado explicó que existen confusiones sobre las exigencias planteadas, como el supuesto pedido de recursos para transporte por 130 millones de pesos o el nombramiento de 20 docentes, aclarando que estos temas han sido malinterpretados por la administración departamental, por ejemplo porque indicó que esto no ocurre en el resguardo Río Alto San Juan y que incluso hace año y medio el mínimo Rendón visitó el sitio, para entregar una escuela rural."Nosotros aquí no venimos a confrontarnos con nadie, vamos a aclarar eso públicamente. El gobernador hizo su comunicado, bueno, entonces que lo corrija, o que en la mesa técnica se pueda hacer una publicación donde donde se corrija la información, porque me puede poner en riesgo a mí como persona, y eso no está bien", concluyó.Indicó que la solicitud de apoyo en transporte fue planteada como una necesidad logística y no como una condición para negociar, incluso en las últimas horas el gobernador Andrés Julián Rendón accedió a subsidiar este rubro, que pagaría “una vez lleguen a sus territorios”. Mientras tanto, el gobernador le insistió al ICBF indagar las condiciones en las que están 200 menores de edad en estas protestas. Eso sí, le bajó el tono al discurso, indicando que el ente departamental ofrece una comisión para verificar el cumplimiento de acuerdos que se habían pactado en 2024."El mejor sitio para estar los indígenas es en sus propios resguardos. Que no abandonen su tierra, que regresen. La gobernación de Antioquia está dispuesta a enviar los delegados que sean necesarios enviar para hacer una revisión estricta", señaló.Las entidades públicas en La Alpujarra evalúan retornar los servicios ciudadanos desde este miércoles.
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.