Tras la llegada de 100 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas, la Alcaldía de Medellín confirmó que activó una ruta de atención integral para estas familias.Entre los desplazados se encuentran 64 niñas, niños y adolescentes y 36 adultos, por lo que indicaron que la Gerencia Étnica dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que las autoridades mantienen comunicación con entidades nacionales y la Fuerza Pública para evaluar las condiciones de seguridad en el territorio de origen. El Ejército informó su disposición para brindar acompañamiento y protección en la zona, con miras a un eventual retorno cuando existan condiciones seguras y este sea voluntario."Venimos brindándole todas las garantías. Se va a hacer todo un diagnóstico y se está hablando con la con el ejército para saber la situación real de seguridad para un posible retorno, un posible regreso, brindándole toda la seguridad", destacó Arcila.La respuesta busca identificar requerimientos en salud, alimentación, protección y alojamiento, como lo explicó el gerente de Etnias, Johnatan David Hernández Serna."Desde acá estamos acompañando a los niños también en una atención integral con enfoque étnico y esperamos que se puedan resolver la esta contingencia lo más pronto posible para garantizar la vida, sobre todo, y la etnidad y los derechos de estos grupos étnicos", dijo.La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.
Una nueva emergencia de derechos humanos derivado de un hecho de orden público por el asedio de grupos armados en el departamento del Chocó golpeó en esta ocasión a la comunidad Emberá Katío ‘El 90’, cuando más de 100 integrantes de este grupo étnico, entre mujeres en estado de gestación, líderes comunitarios y niños, llegaron desplazados a MedellínEl arribo de la comunidad indígena compuesto por 35 familias y 130 personas se produjo a altas horas de la noche, exactamente a la Casa de Justicia por el Parque de los Deseos, luego de abandonar de manera abrupta su territorio ancestral localizado en la vereda Tutunendo, zona rural de Quibdó, por los frecuentes hostigamientos, amenazas e intimidaciones por parte del ELN.“La causa es, al parecer, un asesinato de un líder indígena en el Chocó, así como también hay una persona herida. Ya la alcaldía de la ciudad, con el Ministerio Público, recibió desde anoche a la comunidad, y hoy estamos aquí ya en la Casa de Etnias donde se les va a atender con todas las garantías”, explicó Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín.Del arribo a la capital de Antioquia de esta comunidad indígena ya había sido alertado el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Distrito de Medellín, y la causa hace referencia al homicidio del líder Luis Ángel Arce Borocuara el 2 de julio año 2026; líder de la comunidad, quien trabajaba en programas de infancia, así como el intento de asesinato de otro de sus líderes el pasado 19 de agosto, presuntamente a manos de integrantes del ELN.En su desplazamiento forzado, la comunidad llegó inicialmente a la Gobernación del Chocó, en dónde los líderes indígenas le explicaron a las autoridades el hostigamiento y confinamiento al que son sometidos producto de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, pero los miembros de esta etnia toman la decisión de trasladarse a Medellín con la tesis que no fueron escuchados frente al problema de orden público y las consecuencias.“Vamos a hacer un diagnóstico base, ayudas humanitarias y la caracterización con el Ministerio Público de acuerdo a la declaración que presenten, y ya miraremos qué evaluación podemos hacer, si es posible un regreso y revisar todos los temas de seguridad”, señaló el secretario Arcila.Esta emergencia de derechos humanos derivada de la crisis de orden público en esa zona del país y que azota a estas comunidades indígenas en Chocó es crítica, así lo señaló Diego Arce, gobernador de la comunidad, y a quién le fue asesinado su hermano Luis Ángel Arce, líder de comunidad.“Asesinaron a mi hermano, líder de la comunidad, fue hace dos meses y todavía no hemos recibido el apoyo de las instituciones. En la comunidad quedaron personas ancianas, quienes no quisieron dejar sus pertenencias”, dijo Arce.La comunidad indígena llegó inicialmente a la Casa de Justicia del Bosque, cerca del Parque de los Deseos, pero, posteriormente, fueron trasladados a la Casa de Etnia, una de las sedes de la Alcaldía de Medellín en el sector de Prado Centro.La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo del Ministerio Público, prestan un acompañamiento integral a estas familias de la comunidad Emebra Katío.
La Alcaldía de Bogotá denunció que desde hace cinco días los equipos de las secretarías de Integración Social, Salud y de la Consejería de Víctimas no han podido ingresar al asentamiento UPI La Florida, donde permanece un grupo de la comunidad Emberá, debido a un bloqueo promovido, según el Distrito, por voceros de esa población.De acuerdo con la administración distrital, la restricción de acceso surgió después de que algunos representantes de la comunidad exigieran la contratación directa de personas Emberá en entidades del Distrito como condición para permitir el ingreso de los funcionarios. La Alcaldía calificó esta situación como una presión indebida que afecta la continuidad de los servicios públicos.La Alcaldía aseguró que la suspensión de la atención impacta especialmente a cerca de 70 niños, niñas y adolescentes, quienes han dejado de recibir acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como actividades orientadas a su reparación integral.Entre los programas afectados se encuentra Atrapasueños, una estrategia dirigida a menores de edad víctimas o afectados por el conflicto armado. También permanecen suspendidas las jornadas de promoción y prevención en salud que normalmente se desarrollan dentro del asentamiento.El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, hizo un llamado a los voceros de la comunidad para que permitan el ingreso de los equipos distritales. El funcionario afirmó que la Alcaldía no accederá a negociar la prestación de servicios para la niñez a cambio de contratos o cargos públicos y sostuvo que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otra consideración.Por su parte, el Distrito reiteró que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionada a ningún tipo de negociación y recordó que el artículo 44 de la Constitución establece el carácter prevalente de sus derechos, así como la responsabilidad conjunta del Estado, las familias y la sociedad para garantizar su bienestar y desarrollo integral.Hasta el momento, la administración distrital mantiene su llamado para que se levante el bloqueo y pueda restablecerse la prestación de los servicios sociales y de salud en el asentamiento La Florida.
La Secretaría Distrital de Integración Social informó que activó un plan de contingencia para proteger a niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá durante una celebración del Día de la Madre realizada en la UPI La Rioja, en Bogotá, luego de identificar varias situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y posibles hechos de violencia intrafamiliar.Según la entidad, durante la jornada se evidenciaron altos niveles de alicoramiento tanto en algunos adultos, como en menores de edad, además de riñas al interior del lugar. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de una adolescente de 13 años que, de acuerdo con el Distrito, se encontraba en alto estado de embriaguez.La Secretaría señaló que, al intentar contactar a la familia de la menor, la madre también presentaba aparente estado de alicoramiento y no autorizó la valoración médica correspondiente para su hija.“Señores de la comunidad emberá en La Rioja, es su obligación constitucional cuidar a los niños y a las niñas. El art. 44 de la Constitución nos ordena que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás”, señaló el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, por medio de su cuenta de X.Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá señaló que activó las rutas de atención junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como resultado, 52 niños, niñas y adolescentes fueron trasladados a entornos protectores y seguros, es decir, los centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II, como parte del acompañamiento institucional para garantizar la protección integral de los menoresFinalmente, la entidad hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias y de la comunidad Emberá para evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad y bienestar de niños y adolescentes, especialmente durante este tipo de celebraciones.
La Secretaría Distrital de Integración Social activó rutas institucionales de protección, luego de que se registraran agresiones por parte de la comunidad embera contra funcionarias durante el desarrollo de actividades en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá.De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron durante el empalme de turno del equipo profesional de infancia. Según informaron, una funcionaria fue víctima de un presunto tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad embera, quien al parecer se encontraba en estado de alicoramiento. Tras lo ocurrido, la profesional rechazó este incidente y el equipo decidió retirarse del lugar para proteger su integridad.Posteriormente, mientras se desplazaban fuera de la unidad, otro individuo, quien también estaba en aparente estado de embriaguez, adoptó una actitud agresiva contra el equipo, insultándolos e intentando agredir físicamente a uno de los profesionales. En medio de esta situación, una funcionaria resultó con lesiones leves.Ante la gravedad de los hechos, el equipo solicitó apoyo de la Policía, que intervino para controlar la situación y restablecer el orden. Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y continuaron su jornada desde otro espacio institucional.Desde la Alcaldía de Bogotá rechazaron estos hechos y reiteraron su compromiso con la protección tanto de sus funcionarios como de las personas atendidas por el Distrito, frente a esto el secretario general, Miguel Silva señaló que ya han hecho más de 20 denuncias ante la Fiscalía por instrumentalización de menores y agresiones a sus equipos.“Protegemos los derechos de los más vulnerables, pero necesitamos que la justicia haga cumplir los deberes”, señaló el secretario, por medio de su cuenta de X.Finalmente, el Distrito informó que continuará fortaleciendo las acciones de acompañamiento en territorio, en articulación con las autoridades competentes, con el fin de prevenir este tipo de situaciones y garantizar entornos seguros para la atención social.
En el documento enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la Procuraduría advierte que niños, niñas y adolescentes habrían sido expuestos a situaciones de riesgo en medio de bloqueos viales y manifestaciones, siendo presuntamente utilizados por adultos como mecanismos de presión.Todo esto, tras esa polémico vídeo que ha generado gran indignación en donde se ve a los indígenas Emberá usando como escudos humanos a niños durante las manifestaciones de este miércoles frente a las instalaciones del Ministerio del Interior.En la comunicación, firmada por el procurador Gregorio Eljach, se le pide a la Fiscalía adelantar con máxima celeridad las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables.La directora del ICBF, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.
Las recientes imágenes de las protestas en el centro de Bogotá, específicamente en la calle 12 con carrera octava, han generado una profunda indignación nacional al revelarse cómo menores de edad, de apenas 4 o 5 años, fueron utilizados como escudos humanos para frenar el avance de la fuerza pública. Instrumentalización de menores y denuncias estancadasIsabelita Mercado, consejera de paz de Bogotá, manifestó su preocupación no solo por la violencia vista en las calles, sino por la falta de acción judicial frente a estos casos. Mercado reveló que el Distrito ha radicado 24 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra voceros de la comunidad Emberá por delitos que van más allá de la protesta social. “No solamente han instrumentalizado a niños en el marco de la protesta, sino que han bloqueado su acceso a servicios fundamentales como educación, salud y protección”, afirmó Mercado, añadiendo que también se han reportado casos de violencia intrafamiliar y sexual que no presentan avances judiciales. La consejera fue enfática al señalar: “Llevamos 2 años y medio de administración, 24 denuncias radicadas y ninguna se ha movido”. El papel del Gobierno nacional frente a la crisisLa problemática desborda la capacidad de la Alcaldía, ya que el fondo del conflicto radica en el incumplimiento de los planes de retorno liderados por el Gobierno Nacional. Mercado señaló que, aunque el Distrito ha invertido recursos en territorio para sostener a las familias retornadas, los proyectos de mediano y largo plazo —como vivienda, agricultura, vías y acueducto— presentan rezagos significativos.La situación en los resguardos es crítica: “La población que salió del Parque Nacional en 2024, cinco niños han fallecido en territorio porque no pudieron recibir atención en salud oportuna”. Escalada de violencia y secuestro de funcionariosLos hechos del pasado miércoles fueron el clímax de tres semanas de tensiones. Los manifestantes se tomaron tres edificios del Ministerio del Interior, reteniendo a más de 100 personas en su interior, entre ellas mujeres gestantes y ciudadanos con condiciones médicas. La intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) se dio únicamente para asegurar un corredor humanitario que permitiera la evacuación de los trabajadores. Finalmente, tras la jornada de disturbios, los indígenas regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en el noroccidente de la ciudad, mientras el Distrito insiste en que sin una solución de fondo por parte de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, la crisis seguirá repitiéndose. Escuche aquí la entrevista:
Este miércoles se registraron protestas de la comunidad indígena embera katío en el centro de Bogotá. En algunos vídeos que se conocieron hace algunas horas se ve cómo se habrían utilizado a niños como escudo para enfrentarse al UNDMO. Ante esta situación, la Procuraduría se pronunció rechazando la utilización de menores en estas protestas."La autonomía no debe superar los derechos fundamentales de los menores de edad en el marco de sus protestas contra las instituciones, afectando el restablecimiento de derechos y exponiéndolos a todo tipo de vulneraciones”, señaló el Procurador, Gregorio Eljach.Eljach también pidió la intervención de algunos organismos internacionales, como la Cruz Roja y Unicef. Además, aseguró que estos hechos serán denunciados ante las autoridades."La Procuraduría seguirá velando por la defensa de los derechos de los menores de edad a la vida, calidad de vida, ambiente sano, educación, salud, riesgos físicos y emocionales, especialmente frente a las evidencias de mendicidad y trabajo infantil, exposición al alcohol, a las sustancias psicoactivas e instrumentalización", agregó Eljach.
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, compartió un video que evidencia cómo algunos de los integrantes de las comunidades indígenas que protestaron esta tarde en Bogotá usaron a menores de edad como escudos mientras se enfrentaban a agentes del Undmo o antiguo Esmad.El video, que dura aproximadamente 1:35 segundos, fue grabado desde uno de los pisos altos del edificio del ministerio cuya entrada fue bloqueada por cerca de 100 personas impidiendo la salida de funcionarios. Esto ocurrió en la carrera Octava con la calle 12.Allí se ve a varios adultos con capuchas, palos y machetes enfrentándose a la Policía y, para defenderse, tenían tomado de las manos a los niños y a algunos los arrastraban evadiendo a los agentes.Incluso, los niños seguían allí pese a que estaban lanzando bombas de humo aturdidoras y gases lacrimógenos.Ante esto, la directora Cáceres confirmó que fue radicada la denuncia correspondiente por la instrumentalización de menores y lamentó que, pese las mesas de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo.“Con el pueblo embera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado, pero lo de hoy realizado en las inmediaciones de MinInterior es de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño es un DELITO y ya hemos puesto la denuncia”, aseguró la funcionarios reiterando que no hay ninguna justificación.Cáceres pidió a las autoridades identificar pronto a los responsables para que respondan ante las comisarías de familia.“Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron”, agregó Cáceres.Más temprano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había calificado la protesta como un secuestro de cerca de 1.200 funcionarios de esta entidad, Bancolombia y el Icetex, que no lograron salir por las manifestaciones.“Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los embera en un edificio del Ministerio del Interior, retuvo, podría hablar hasta de secuestro, a unas personas que trabajan en el ministerio. Ellos reclaman recursos para el retorno pero eso se les ha dado. Lo de hoy ha sido grave, se tuvo que usar el UNDEMO, ameritaba hacerlo y no hubo heridos, nadie perdió el ojo”, puntualizó.
Una tensa situación de orden público se registra en el centro de Bogotá, donde un grupo de comunidades indígenas impide la salida de trabajadores de la sede Bancol del Ministerio del Interior, ubicada en la Carrera 8ª con Calle 12. La protesta, que comenzó en horas de la tarde, ha generado bloqueos y dificultades en la movilidad de la zona.De acuerdo con la información conocida, al menos 100 personas hacen parte de esta manifestación, en la que denuncian presuntos incumplimientos por parte del Gobierno. Los manifestantes se han ubicado en los accesos del edificio, restringiendo tanto la entrada como la salida de funcionarios y visitantes.Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cerca de 800 trabajadores estarían afectados por esta situación, sin poder abandonar las instalaciones. En el lugar también operan otras entidades y oficinas, lo que ha ampliado el impacto del bloqueo.Las imágenes que circulan en plataformas digitales muestran cómo los manifestantes permanecen en los ingresos del edificio, mientras algunos trabajadores intentan salir sin éxito. La situación ha generado preocupación entre quienes laboran en la zona, así como entre ciudadanos que transitan por este sector del centro de la capital.Además del impacto en el acceso al edificio, la protesta ha provocado complicaciones en la movilidad en este punto de la ciudad. Autoridades hacen seguimiento a la situación para evitar que escale y garantizar tanto el orden público como la seguridad de los presentes.De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, este edificio no tiene una salida alterna y por eso los trabajadores permanecen en las instalaciones.
Un primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado sin vida en su domicilio después de que sus vecinos alertaran que hacía varias semanas que no lo veían, según reportaron este domingo 13 de septiembre medios locales.El fallecido es Ysidro Kagami Fujimori, de 67 años, hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) y, por ende, primo hermano de la actual mandataria, que desempeña el cargo desde el pasado 28 de julio.De acuerdo con los medios que tuvieron acceso al reporte policial, el cuerpo del familiar de la gobernante peruana no presentaba signos de violencia cuando el sábado ingresaron a la vivienda agentes de Policía.Kagami Fujimori vivía solo en un barrio del distrito limeño de La Molina, donde los vecinos relataron a medios locales que no lo habían visto desde hacía al menos 15 días.Los vecinos alertaron a la exesposa del difunto, que autorizó a la Policía para que accediera al inmueble a inspeccionar, momento en el que encontraron el cuerpo.Un vigilante de seguridad de la zona, que solía conversar con él, aseguró que le había contado que estaba yendo al hospital porque se encontraba " mal" de salud.En un breve mensaje en redes sociales, Fujimori lamentó el fallecimiento de su primo y elevó "una oración por su eterno descanso"."Pido al Señor que lo acoja a su lado. Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de preocupación, las condolencias y el respeto en estos momentos difíciles", expresó Fujimori.Este hecho recordó lo sucedido con Juana Fujimori y su hermana Rosa Fujimori cuando fueron acusadas del delito de asociación ilícita en el caso del desvío de las donaciones recibidas de Japón en los años 90 para la organización no gubernamental Apenkai, hasta que en 2019 los hechos prescribieron y se eliminó la orden de captura que pesaba contra ellas.
La fecha 10 de la Liga BetPlay II dejó una nueva serie de resultados importantes en el campeonato, con partidos que modificaron la situación de varios equipos y otros que mantienen la expectativa en la parte alta de la clasificación.Lo jornada finalizó con el triunfo de Millonarios 2-1 frente a Cúcuta Deportivo en condición de visitante. Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras fueron los encargados de marcar para el conjunto capitalino, que se trepó a la segunda posición del campeonato.El compromiso también tuvo como protagonista una fuerte acción sobre Samuel Martín. Tamayo del Cúcuta golpeó con el codo al jugador de Millonarios, quien tuvo que ser retirado del terreno de juego por los servicios médicos.Bismark Santiago mostró inicialmente la tarjeta amarilla por la acción. Sin embargo, en la repetición se pudo observar la violencia de la entrada del jugador de Cúcuta. La jugada generó cuestionamientos sobre la decisión tomada durante el partido y sobre la intervención del VAR, a cargo de Leonard Mosquera.¿Qué otros resultados dejó la fecha 10 de la Liga BetPlay?La jornada comenzó el viernes con dos compromisos. Jaguares y Fortaleza terminaron igualados 2-2, mientras que Santa Fe derrotó 1-0 al Tolima.El sábado también hubo tres encuentros. Internacional de Bogotá superó 3-2 a Llaneros, Boyacá Chicó derrotó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín y Alianza consiguió una victoria 1-0 sobre Junior.El resultado de Alianza volvió a dejar al conjunto barranquillero sin conseguir una victoria en el campeonato.Este domingo, además del duelo entre Cúcuta y Millonarios, se disputaron otros tres partidos. Bucaramanga derrotó 3-1 a Deportivo Pereira, Deportivo Cali venció 2-1 a Once Caldas y Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre Águilas.El encuentro de Nacional tuvo un ingrediente especial: fue la presentación oficial de James Rodríguez con el equipo antioqueño.La décima jornada todavía tiene un partido pendiente. América de Cali, líder del campeonato, recibirá este lunes al Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero.Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 10América de Cali — 20 pts | DG: +16Millonarios — 16 pts | DG: +4Tolima — 16 pts | DG: +3Atlético Nacional — 15 pts | DG: +10Medellín — 15 pts | DG: +5Bucaramanga — 13 pts | DG: +4Santa Fe — 13 pts | DG: +3Deportivo Cali — 12 pts | DG: +3Llaneros — 11 pts | DG: -1Internacional — 11 pts | DG: -1Águilas Doradas — 10 pts | DG: 0Once Caldas — 9 pts | DG: +1Cúcuta — 9 pts | DG: -6Fortaleza — 8 pts | DG: -2Boyacá Chicó — 8 pts | DG: -7Jaguares — 7 pts | DG: -5Deportivo Pereira — 6 pts | DG: -5Alianza — 5 pts | DG: -9Junior — 3 pts | DG: -5Pasto — 2 pts | DG: -8
Luego de ocho días de intenso trabajo, los organismos de socorro dieron por finalizada la emergencia generada por el incendio forestal en Cerro Gordo, Dapa y La Buitrera, en zona rural del municipio de Yumbo, Valle, que dejó una afectación estimada de 587 hectáreas.Las autoridades destacaron el trabajo articulado entre las instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como el apoyo de la Fuerza Aérea y de la comunidad de la zona.“Hoy, domingo 13 de septiembre, sobre las seis de la tarde, estamos haciendo el cierre de estos ocho días de intenso trabajo en el incendio forestal de Cerro Gordo, Dapa, La Buitrera, con una afectación de 587 hectáreas. Un agradecimiento total a toda la labor en equipo, tanto de las instituciones a nivel municipal de Yumbo como departamental y nacional”, señaló el capitán Alberto Valencia, comandante de Bomberos Yumbo.Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en el sector sur de Cerro Gordo, donde realizaron labores de liquidación para controlar puntos de calor y columnas de humo que aún representaban riesgo.“Se hizo un despliegue pudiendo aplicar agua, haciendo una descarga de 2.000 galones por tierra y, en horas de la tarde, complementando estas labores con operaciones aéreas del Bambi Bucket, que pudo aplicar un promedio de 5.500 galones de agua desde la parte superior”, explicó el subteniente Julián Ramos, comandante del incidente.Con estas labores, los organismos de socorro esperan haber completado la fase de liquidación y dar por superada esta emergencia, que durante los últimos días generó un importante impacto ambiental y preocupación entre las comunidades cercanas. Entre tanto es zona rural del Bolívar, Valle, las autoridades también lograron controlar un incendio forestal en zona rural.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 13 de septiembre que su gobierno acudirá a los mecanismos jurídicos disponibles para controvertir las recientes decisiones judiciales que han establecido límites a las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas y a la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Putumayo.Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que las decisiones de los jueces serán respetadas y las órdenes que se encuentren vigentes serán cumplidas. No obstante, sostuvo que esto no impide que el Ejecutivo use las herramientas contempladas en la Constitución y la ley para defender las atribuciones que, según explicó, corresponden al presidente de la República.“Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, afirmó De La Espriella, al tiempo que señaló que su administración cree en la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho.El pronunciamiento se produjo en medio de dos asuntos que el jefe de Estado calificó como fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. El primero está relacionado con las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre la posible presencia de menores de edad. El segundo corresponde a una decisión que ordenó provisionalmente suspender las actividades de aspersión aérea en Putumayo, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.De La Espriella defiende competencias constitucionalesEl mandatario sostuvo que las facultades del presidente para dirigir la fuerza pública y adoptar decisiones relacionadas con el orden público tienen respaldo constitucional, aunque reconoció que estas deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.En ese sentido, marcó una diferencia entre la función de control de los jueces y la conducción de las operaciones estatales.El mandatario agregó que, por esa razón, impartió instrucciones para que la defensa jurídica del Estado intervenga en el caso y anunció que se utilizarán los recursos correspondientes.“Vamos a ejercer todos los mecanismos jurídicos que correspondan para defender esas competencias que la Constitución me ha entregado a mí como presidente de la República”, manifestó.Reclutamiento de menores y operaciones contra grupos armadosUno de los principales argumentos expuestos por el presidente estuvo relacionado con el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.De La Espriella afirmó que el Estado tiene una obligación reforzada de protección frente a los menores reclutados y que cualquier actuación de la fuerza pública debe desarrollarse con inteligencia, precisión y precaución, además de cumplir los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en el derecho internacional humanitario.Sin embargo, advirtió que la presencia de menores en campamentos de grupos armados no debería convertirse, en su opinión, en un mecanismo para impedir de manera automática las acciones estatales contra los responsables de esas estructuras.El presidente insistió en que la respuesta debe combinar la protección de los menores con una estrategia militar basada en una mejor inteligencia, una mayor precisión operacional y una evaluación rigurosa de cada objetivo.Aspersión aérea en Putumayo y lucha contra los cultivos ilícitosEl segundo punto abordado durante la alocución fue la suspensión provisional de las actividades de aspersión aérea en Putumayo, una medida relacionada con la política de lucha contra los cultivos ilícitos.Sobre este asunto, De La Espriella aseguró que cualquier decisión del Gobierno deberá contar con los respectivos soportes técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales, además de cumplir los procedimientos establecidos por la legislación.“Cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”, afirmó.De esta manera, el mandatario defendió la capacidad del Ejecutivo para definir su estrategia contra los cultivos de uso ilícito, aunque señaló que las actuaciones deberán ajustarse a los requisitos legales y técnicos correspondientes.“No voy a convertir esto en pelea del presidente contra los jueces”Pese a su decisión de controvertir jurídicamente las medidas, De La Espriella descartó que su Gobierno pretenda convertir el asunto en una confrontación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.El jefe de Estado insistió en que la discusión, desde su perspectiva, es institucional y no personal. También reconoció la importancia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales y aseguró que esa garantía será respetada por su administración.Finalmente, De La Espriella sostuvo que el Estado de Derecho exige tanto la protección de los derechos fundamentales como el respeto por las competencias asignadas a cada rama del poder público.“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas”, concluyó el presidente, al reiterar que su gobierno mantendrá una defensa jurídica de las facultades del Ejecutivo para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y enfrentar a las organizaciones criminales.
La música, las danzas y los personajes de la fiesta serán parte de una experiencia que busca llevar la identidad del Caribe a miles de espectadores. El recorrido comenzó meses antes entre ensayos, vestuarios, instrumentos, nervios y la responsabilidad de representar una fiesta que hace parte de la identidad del Caribe colombiano.La residencia que Shakira realiza en Madrid como cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá lugar en un estadio construido especialmente para la ocasión, con capacidad para más de 50.000 personas por noche. Y para de verdad demostrar el sabor del Caribe, Shakira y su equipo decidieron que cada noche cerrará con un carnaval inspirado en distintas tradiciones y, entre ellas, estará Barranquilla, su ciudad natal.“Completamente lo que se espera durante todo este evento es un intercambio cultural, donde nosotros, a partir de nuestras danzas patrimoniales, representemos con mucho orgullo todo lo que tiene que ver con el Carnaval de Barranquilla en la ciudad de Madrid”, explica José David Cervantes, representante de la danza del Congo Grande de Barranquilla. “Es un honor para nosotros estar al lado de Shakira, haber sido escogidos para estar allá en Madrid representando el Carnaval de Barranquilla”, agregó Breiner Sala, representante del mismo grupo. La comitiva reúne a miembros de los grupos Nativos, Marimonda, Garabato, Son Calimba, Congo Grande de Barranquilla, Cumbiamba y Fuerza Negra.En Madrid, ese patrimonio tendrá además un significado particular. Shakira lleva décadas siendo una de las grandes embajadoras internacionales de la identidad barranquillera. En 1998 compartió escenario con Joe Arroyo durante el Festival de Orquestas y, años después, Hips Don’t Lie incorporó referencias a las danzas y personajes del Carnaval. La frase “En Barranquilla se baila así” terminó convertida en una especie de declaración universal de identidad barranquillera.Para William Espejo, músico de la delegación, lo que ocurrirá en Madrid tendrá una dimensión mucho mayor que una presentación folclórica. “Tengo entendido que vamos a hacer un desfile allá, mejor dicho, un carnaval allá. O sea, no es solamente una muestra, es un carnaval completo”, dice.“Eso va a ser como una entrega cultural y es la puesta de Colombia en esas tierras extranjeras, en donde van a haber muchos madrileños y europeos conociendo nuestras músicas tradicionales”, agregó.Con esto, se busca llevar mucho más allá que una postal o muestra de Barranquilla, sino mostrar toda una celebración que nació del encuentro de culturas indígenas, africanas y europeas y que encontró en la ciudad del Caribe una manera propia de expresarse a través de la música, el baile, los disfraces y los personajes.“No es solamente música, sino también van a estar las expresiones dancísticas aquí, como el al garabato, paloteo, mapalé, samba, cumbia, etc", dijo. Miguel Costa, integrante de la cumbiamba La Gigantona, lo resume sin demasiadas palabras: “La verdad no sé si reír, llorar de la emoción”.“Principalmente estamos muy comprometidos, muy responsables, porque desde el Carnaval de Barranquilla vamos a llevar esto a otro nivel, porque venimos ya preparándonos, no descansamos y estamos dispuestos a dar lo mejor de sí", señaló.La delegación tendrá varios días de preparación en España antes de las presentaciones, con ensayos y ensambles junto a los demás artistas que harán parte de la residencia. El objetivo es que las distintas expresiones encajen en una puesta en escena concebida para un público internacional. Y mientras Madrid recibe a Shakira, Barranquilla se reconoce en quienes viajan. “Nosotras somos una representación y sobre todo vamos con responsabilidad para dejar el nombre de Barranquilla en alto y también a disfrutar”, dice Yuliana Muñoz, integrante de Son Calimba.