Ratifican que puente de la AutoNorte de Bogotá está en propiedad privada: podrían cerrarlo

El polémico pleito jurídico ligado al caso DMG podría llegar a su fin. Blu Radio conoció la resolución con la que se ratifica que el puente de la Autopista Norte (autonorte) con calle 191 en Bogotá quedaría totalmente cerrado por cuenta de un hecho de corrupción.Antes que nada, es necesario entender que el centro del caso es el puente peatonal que conecta la Terminal de transportes del norte de Bogotá con la última estación de Transmilenio que se encuentra en esa zona de la ciudad. El pleito, que ya completa más de 15 años, se debe a que parte dicha infraestructura (1.050 mts2) fue construida en un lote privado conocido como “Las Mercedes”.En su momento, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) desembolsó más de 500 millones de pesos a María Mercedes Perry, liquidadora de los bienes de DMG, y quien aseguraba que era dueña del predio. Sin embargo, el terreno pertenecía en realidad al empresario colombiano Carlos López, por lo que el Distrito le habría pagado a la persona equivocada y ese puente se habría construido bajo propiedad privada.Ahora bien, tras años de lío jurídico, la Superintendencia de Notariado, mediante la resolución 11968 del 30 de octubre del 2024, negó la apelación de DMG con la que se pretendía expropiar esa franja del terreno para que quedara a nombre del Distrito. Es decir, la entidad consideró que el IDU no les pagó a los legítimos dueños, por lo que en estos momentos hay una invasión a la propiedad privada.Blu Radio tuvo la oportunidad de hablar con el abogado de la defensa, Roberto Charris, quien aseguró que sobre la decisión no cabe ningún recurso.“¿En estos momentos qué pasa? El IDU tendrá que cobrarle a la señora Perry, con intereses, y no amparar ni proteger una expropiación que ellos sabían que era ilegal (...) Yo les ofrecí, les dije: ‘Siéntense con mis clientes y arreglen’, pero no, la soberbia administrativa, pensando que todo estaba bien, cuando todo estaba mal”, dijo Charris.¿Cuál es la salida que se propone?Con toda esta situación, y para evitar que miles de ciudadanos terminen afectados en materia de movilidad, el abogado afirmó que los perjudicados se encuentran en total disposición para recibir el dinero que nunca percibieron. Además, reiteró que la entidad debe exigirle a la señora Perry, quien se hizo pasar como dueña del predio, que devuelva la cantidad desembolsada.“En estos momentos, ellos (el Distrito) no son propietarios, eso es propiedad privada y los particulares no pueden invadirla. Por eso, vamos a pedir que se cierre el puente peatonal. Invito al IDU, el martes les mando una carta diciéndoles que nos sentemos a negociar. La ciudadanía no puede ser víctima de actos de corrupción como los que hizo la señora Perry”, dijo el abogado Charris.El defensor advirtió que, en caso de que la entidad se mantenga firme en la decisión, tendrá que formular denuncias penales contra esos mismos funcionarios por invadir el territorio. De igual forma, Charris enfatizó que el cierre del puente de la Autopista Norte podría ser cuestión de semanas en lo que se adelante la tutela para proteger el derecho a la propiedad privada.¿Qué dice el IDU?Frente a lo recién mencionado, desde el Distrito le respondieron directamente Blu Radio y aseguraron que ellos cumplieron con los requisitos legales. De acuerdo con la entidad, fue la Superintendencia de Sociedades quien le indicó, el 21 de febrero de 2013, que mientras la Fiscalía decidiera a quién le pertenecía el predio, el pago debía realizarse a un depósito judicial de la Supersociedades. Una semana después, el 27 de febrero de 2023, el órgano de control ordenó que se entregara la zona del terreno para que se construyera el puente.“El IDU, al momento de realizar el trámite de expropiación del predio denominado “Las Mercedes”, cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 388 de 1997, pues se acataron las órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades, que a su vez daba cumplimiento al proceso de extinción de dominio, fundamentadas en las actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación”, afirmaron desde la entidad.Por último, el Distrito aseguró que se encuentra ejerciendo la defensa de sus intereses en el polémico caso, por lo que parece que la negociación entre las partes involucradas estaría lejos de concretarse y el bienestar de miles de ciudadanos aún se encuentra en veremos.