La recuperación de Isla Fiesta, en las islas del Rosario, abrió un nuevo interrogante para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre qué pasó con el inmueble después de que volvió a manos del Estado. La actual directora de la entidad, Lina María Garrido, denunció que el predio presenta daños y espacios desmantelados, pese a que fue recuperado en enero de 2026, cuando la institución estaba bajo la dirección de Felipe Harman.
Durante una visita a las islas, Garrido comparó las condiciones actuales de la propiedad con fotografías anteriores y escuchó a habitantes de la zona, quienes aseguraron que el inmueble se encontraba en buen estado antes de la recuperación. La funcionaria cuestionó que la administración anterior no hubiera garantizado su protección.
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“Aquí trajeron cámaras, hicieron el show como estaba acostumbrado él, pero sin ningún plan B. La ANT nunca tuvo posesión para salvaguardar o proteger lo que había aquí, y hoy está totalmente desmantelado”, afirmó. La directora también reprochó que el procedimiento no estuviera acompañado de medidas para conservar los bienes que había en el lugar.
“Lo que no se puede admitir es que la autoridad de tierras haya llevado a cabo un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto, al punto de que encontramos un total desastre”. En ese sentido, cuestionó que la actuación de la entidad se hubiera quedado en el anuncio de la recuperación.
La Corte Constitucional revisa el caso
El estado del inmueble no es el único asunto pendiente. La Corte Constitucional estudia el procedimiento mediante el cual la ANT recuperó Isla Fiesta para determinar si se respetó el debido proceso. Garrido advirtió que una decisión contraria a los intereses de la entidad podría tener consecuencias económicas para el Estado. “El riesgo jurídico que se va a dar con una decisión, si se da en contra de la Agencia Nacional de Tierras, obviamente va a ser de la plata de los colombianos”.
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La recuperación se enmarca en un plan de mejoramiento de la ANT, establecido después de que la Contraloría General de la República identificara problemas en la administración de terrenos baldíos de la Nación en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. La revisión incluyó propiedades cuyos contratos de arrendamiento habían vencido.
En Isla Fiesta, el empresario que ocupaba el predio pagaba inicialmente $255.000 mensuales por el arriendo. Con los incrementos anuales del índice de precios al consumidor (IPC), el valor llegó a $427.000. Según la ANT, el ocupante recibió tres invitaciones para presentar una oferta y regularizar su situación, pero no respondió.