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Fiscalía entregó bien de $17.000 millones ligado a condenados por nexos con las extintas AUC

Según la Fiscalía, las tierras posteriormente fueron utilizadas para impulsar proyectos agroindustriales de cultivos de palma de aceite.

Fiscalía entregó bien de $17.000 millones
Fiscalía entregó bien de $17.000 millones
Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación puso a disposición del Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta, Magdalena, avaluado preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, que estaría vinculado al patrimonio de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresarios condenados por nexos con antiguos cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos Vicente Castaño Gil.

De acuerdo con la investigación, el inmueble habría sido adquirido mediante acciones de intimidación armada y desplazamiento forzado de comunidades afrodescendientes e indígenas en la región del Bajo Atrato, en Chocó, donde estructuras paramilitares ejercían control territorial.

Según la Fiscalía, las tierras posteriormente fueron utilizadas para impulsar proyectos agroindustriales de cultivos de palma de aceite.

El ente acusador indicó que el predio estaba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero y que su origen tendría relación directa con las actividades ilícitas que les fueron atribuidas dentro de las investigaciones adelantadas en Justicia y Paz.

Las evidencias recopiladas señalan que grupos paramilitares con presencia en Chocó intimidaron y desplazaron forzosamente a comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, así como en otras zonas del Bajo Atrato.

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Según la Fiscalía, tras el despojo de las tierras, empresarios como los hermanos Zúñiga Caballero desarrollaron proyectos de explotación de palma africana en los territorios abandonados por las víctimas del desplazamiento.

Por estos hechos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble, atendiendo la solicitud presentada por el ente investigador.

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