Representantes del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén, ubicado en Santander de Quilichao, Cauca, expusieron ante el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) varias situaciones que, según denuncian, afectan a su comunidad y estarían relacionadas con la persistencia del conflicto armado en la región.
La reunión estuvo encabezada por el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca, quien recibió a la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, junto con otros representantes del cabildo.
Uno de los principales temas abordados fue el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales. Perafán aseguró que más de 15.000 menores pertenecientes a comunidades indígenas que representa estarían actualmente en riesgo de ser incorporados a estos grupos.
La lideresa también relató que, días antes del encuentro, la comunidad tuvo que recibir el cuerpo de uno de los jóvenes que murieron en combate en Guaviare y que, según su denuncia, había sido reclutado en Cauca por estructuras asociadas a las disidencias de las Farc.
Perafán insistió en que estos menores no serían combatientes voluntarios y sostuvo que el fenómeno ya había sido advertido ante la Defensoría del Pueblo.
Recibimos en el @CentroMemoriaH a líderes indígenas del Cabildo Páez Jerusalén del Cauca.
— D´Mar Córdoba (@dmarcordoba) September 5, 2026
Denuncian reclutamiento de sus niños a manos de la guerrilla, venta de menores de edad por $15 millones.
Aquí tendrán voz los que no tenían voz. La historia se construye con sus voces. pic.twitter.com/HMm6KDRv54
Durante el encuentro también fueron expuestas denuncias relacionadas con amenazas contra líderes de la comunidad y una presunta persecución contra indígenas que profesan la fe cristiana y evangélica.
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De acuerdo con Perafán, integrantes de estas comunidades religiosas serían señalados por los grupos armados de tener posiciones políticas contrarias a sus intereses. La lideresa aseguró además que existen amenazas de muerte y órdenes de arresto en su contra y contra otros dirigentes.
Según su testimonio, más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroccidente del país estarían en riesgo de quedar involucrados en una confrontación armada que, sostuvo, no les corresponde.
En la reunión también intervino el abogado y asesor legal José Jairo Collazos, quien recordó que ha recibido amenazas contra su vida desde 1986 y aseguró que existen fosas comunes en el resguardo de Vilachí.
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El gobernador del cabildo, Julián Mensa, defendió el plan de vida de la comunidad, sustentado en principios religiosos y alejado de los cultivos ilícitos, y denunció presiones contra maestros y líderes comunitarios.
Frente a las denuncias, el director del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca, señaló que uno de los retos de la entidad durante esta vigencia será fortalecer la documentación de la memoria histórica directamente en los territorios.
El funcionario indicó que fenómenos como el reclutamiento forzado, la persecución religiosa y las dificultades de acceso a la tierra hacen parte de los asuntos que requieren atención, especialmente por su impacto sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto.
La reunión permitió así que los representantes del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén presentaran ante el CNMH sus testimonios y preocupaciones sobre la situación de seguridad y las condiciones sociales de su comunidad, mientras la entidad se comprometió a avanzar en la documentación de estas problemáticas como parte de su trabajo de memoria histórica.