Representantes del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén, ubicado en Santander de Quilichao, Cauca, expusieron ante el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) varias situaciones que, según denuncian, afectan a su comunidad y estarían relacionadas con la persistencia del conflicto armado en la región.La reunión estuvo encabezada por el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca, quien recibió a la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, junto con otros representantes del cabildo.Uno de los principales temas abordados fue el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales. Perafán aseguró que más de 15.000 menores pertenecientes a comunidades indígenas que representa estarían actualmente en riesgo de ser incorporados a estos grupos.La lideresa también relató que, días antes del encuentro, la comunidad tuvo que recibir el cuerpo de uno de los jóvenes que murieron en combate en Guaviare y que, según su denuncia, había sido reclutado en Cauca por estructuras asociadas a las disidencias de las Farc.Perafán insistió en que estos menores no serían combatientes voluntarios y sostuvo que el fenómeno ya había sido advertido ante la Defensoría del Pueblo.Durante el encuentro también fueron expuestas denuncias relacionadas con amenazas contra líderes de la comunidad y una presunta persecución contra indígenas que profesan la fe cristiana y evangélica.De acuerdo con Perafán, integrantes de estas comunidades religiosas serían señalados por los grupos armados de tener posiciones políticas contrarias a sus intereses. La lideresa aseguró además que existen amenazas de muerte y órdenes de arresto en su contra y contra otros dirigentes.Según su testimonio, más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroccidente del país estarían en riesgo de quedar involucrados en una confrontación armada que, sostuvo, no les corresponde.En la reunión también intervino el abogado y asesor legal José Jairo Collazos, quien recordó que ha recibido amenazas contra su vida desde 1986 y aseguró que existen fosas comunes en el resguardo de Vilachí.El gobernador del cabildo, Julián Mensa, defendió el plan de vida de la comunidad, sustentado en principios religiosos y alejado de los cultivos ilícitos, y denunció presiones contra maestros y líderes comunitarios.Frente a las denuncias, el director del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca, señaló que uno de los retos de la entidad durante esta vigencia será fortalecer la documentación de la memoria histórica directamente en los territorios.El funcionario indicó que fenómenos como el reclutamiento forzado, la persecución religiosa y las dificultades de acceso a la tierra hacen parte de los asuntos que requieren atención, especialmente por su impacto sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto.La reunión permitió así que los representantes del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén presentaran ante el CNMH sus testimonios y preocupaciones sobre la situación de seguridad y las condiciones sociales de su comunidad, mientras la entidad se comprometió a avanzar en la documentación de estas problemáticas como parte de su trabajo de memoria histórica.
La Procuraduría General de la Nación pidió información a las autoridades administrativas y de salud del Guaviare sobre la atención que están recibiendo los integrantes de la comunidad indígena Nukak Baka. La entidad busca conocer, entre otros aspectos, si toda la población está afiliada al sistema de salud y qué acciones se están realizando para atender sus principales necesidades médicas y sociales.Además, la Procuraduría quiere establecer si los servicios de salud que recibe la comunidad Nukak tienen un enfoque diferencial, es decir, si la atención tiene en cuenta su cultura, sus costumbres y las condiciones particulares de su territorio. La solicitud también incluye información sobre programas de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, la explotación sexual y las enfermedades de transmisión sexual.Uno de los puntos con mayor cuidado corresponde a los niños indígenas. Las autoridades deberán informar cuántos menores han sido atendidos por desnutrición, infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, así como los tratamientos recibidos y el seguimiento realizado en cada caso.De esta forma se busca verificar que los niños no solo sean atendidos cuando presentan una enfermedad, sino que también tengan controles y acompañamiento para evitar que su estado de salud empeore.La Procuraduría también pidió conocer si la totalidad de la comunidad Nukak Baka está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En caso de encontrar personas sin cobertura, las entidades deberán explicar qué medidas adoptaron durante 2026 para garantizar su afiliación y facilitarles el acceso a médicos, tratamientos y demás servicios de salud.La solicitud fue dirigida a la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía de San José del Guaviare, las secretarías de Salud departamental y municipal, Nueva EPS y las entidades prestadoras de servicios de salud del departamento. La Regional de Instrucción de Guaviare adelanta esta acción preventiva con el propósito de verificar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad Nukak Baka, considerada un pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural.
La Alcaldía de Medellín coordinó el retorno de 120 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas.Dos buses partieron desde el sector de Prado, donde se encontraban albergados, acompañados del Ejército y con varios compromisos en términos de seguridad ante la zozobra que vienen generando el ELN y los enfrentamientos recientes.Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que aunque el alcalde Federico Gfutiérrez estuvo en contacto con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, es crucial que haya un consejo de seguridad en la capital chocoana."Ellos dicen que es por los enfrentamientos de los grupos armados, entonces, sienten temor y riesgo, y por eso se le va a remitir a la UNP para que inicie a los líderes, más que todo, un análisis de riesgo y proceso. Tratan de que los actores armados, los, vincularlos al conflicto, ellos sean resistidos, no quieren estar en el conflicto, y que esto, pues, les ha generado riesgo y vulneración de derechos humanos", destacó el funcionario.Arcila sostuvo que varios líderes indígenas manifestaron sentirse en riesgo, ante la presión de los ilegales, por lo que se remitió esta información a la Unidad Nacional de Protección. "Evaluó con el Ejército, la Policía, ellos planteaban que les brindaban todas las garantías de seguridad. Se habló, entonces, de ayudas humanitarias, y se quedó también con el municipio de Quidó para poder articular acciones de prevención. Igualmente, una al Gobierno nacional que haga un consejo de seguridad y con la defectoría del pueblo para que no se genere una cadena de desplazamiento por la situación de enfrentamientos de los grupos armados", añadió Arcila.Entre los desplazados se encontraban 64 niñas, niños y adolescentes, por lo que la Gerencia Étnica de la Alcaldía dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.
Un hallazgo que ahora es materia de investigación se registró en la vereda Granadillo, sector San Luis, zona rural de Piedecuesta, donde trabajadores que adelantaban excavaciones para la instalación de redes de gas encontraron restos óseos que, preliminarmente, corresponderían a dos personas.El descubrimiento ocurrió el 13 de agosto de 2026, hacia las 3:00 de la tarde, cuando los obreros realizaban trabajos de excavación y localizaron una cavidad profunda en el terreno. En su interior fueron encontrados los restos óseos, aparentemente de dos individuos, que se encontraban enterrados directamente sobre la tierra y dentro de una pequeña cueva.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el topógrafo Sebastián Caicedo fue informado del hallazgo al día siguiente, cuando inició su jornada laboral, y procedió a comunicar la situación a la empresa responsable de las obras y a la Policía Nacional.La propietaria del predio explicó que no pudo realizar el reporte de manera inmediata debido a que en el sector no había señal telefónica. Además, entregó un dato que abrió una de las principales hipótesis alrededor del hallazgo: hace aproximadamente 20 años también se habrían encontrado restos óseos en ese mismo lugar, por lo que algunos habitantes consideran que podría tratarse de un antiguo cementerio indígena.Por ahora, no existe confirmación de que los restos pertenezcan a población indígena. La Policía informó que se trata de restos óseos sin identificar y que las circunstancias de la muerte, posibles lesiones y demás características deberán ser establecidas mediante los estudios correspondientes.El grupo de criminalística de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó la inspección técnica, fijación fotográfica y recolección de los restos, además de adelantar labores de verificación y entrevistas en el sector.Los vecinos señalaron que, hasta donde conocen, no se han reportado personas desaparecidas recientemente en esa zona rural de Piedecuesta, por lo que tampoco se descarta que los restos tengan una antigüedad considerable.¿Podrían ser restos arqueológicos?La posibilidad de que se trate de un antiguo contexto funerario indígena deberá ser determinada por especialistas. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) establece que los restos óseos pueden hacer parte del patrimonio arqueológico y que los hallazgos fortuitos durante obras deben ser reportados y evaluados técnicamente.De hecho, durante 2026 el ICANH atendió un caso similar en San Agustín, Huila, donde trabajadores encontraron evidencias de posibles contextos funerarios prehispánicos durante obras de instalación de tubería. En ese caso se recomendó suspender excavaciones pendientes y aplicar medidas de manejo arqueológico.En el caso de Piedecuesta, será la investigación forense y, de ser necesario, la valoración arqueológica especializada la que permita establecer quiénes fueron las personas cuyos restos fueron encontrados, cuándo murieron y si el lugar corresponde efectivamente a un antiguo sitio funerario indígena.Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades de Santander mantienen el hallazgo como restos óseos sin identificar y con móviles por establecer.
La Corte Constitucional ordenó una protección inmediata para el pueblo indígena Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt, al concluir que la situación que enfrenta la comunidad constituye una forma de exterminio cultural que está ocurriendo en este momento. La decisión incluye garantizar agua potable, servicios sanitarios, atención humanitaria, salud, educación y seguridad, además de avanzar hacia un retorno voluntario a su territorio ancestral o una reubicación definitiva.La decisión se da luego de que la Corte estudiara una tutela presentada en nombre de esta comunidad, que se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad en San José del Guaviare. Los indígenas Jiw Zaragoza 7 – Naexal Lajt han sufrido cinco desplazamientos forzados sucesivos, provocados por el conflicto armado, enfrentamientos internos y, finalmente, inundaciones, que los han mantenido alejados de su territorio ancestral.Para la Corte, permanecer durante tanto tiempo fuera de ese territorio tiene consecuencias mucho más profundas que la falta de una vivienda o de un lugar donde vivir. El pueblo Jiw tiene una tradición seminómada y su movilidad hace parte fundamental de su forma de vida, de su economía, de sus prácticas espirituales y de su organización como comunidad. Por esta razón, mantenerlos de manera indefinida en un entorno urbano afecta directamente su identidad y sus formas tradicionales de subsistencia.La Corte señaló que esta situación ya no puede ser considerada únicamente como un riesgo de que el pueblo Jiw desaparezca física o culturalmente, que es llamado ‘sedentarismo forzado’, es decir, obligar a una comunidad que tradicionalmente se moviliza por su territorio a permanecer de manera indefinida en otro lugar, se convirtió en una forma de exterminio cultural que está en curso.La Corte recordó que ya había advertido sobre el riesgo que enfrentaba este pueblo desde 2009, pero las medidas adoptadas durante los años siguientes no habían permitido encontrar una solución definitiva.Además, el alto tribunal encontró que el problema no fue causado por una falla puntual de una sola entidad. Durante más de tres años, las autoridades se fueron pasando la responsabilidad entre ellas y su respuesta se concentró principalmente en reuniones, documentos y ayudas humanitarias ocasionales. Según la Corte, ninguna entidad asumió de manera conjunta y completa la tarea de proteger a la comunidad y encontrar una solución permanente.Por esta razón, interpuso varias medidas, entre ellas fijó plazos de entre cinco y 20 días hábiles para que las autoridades garanticen agua potable a la comunidad que actualmente está asentada en el Coliseo Azul, con un mínimo de 50 litros por persona al día. También deberán asegurar servicios sanitarios dignos, atención humanitaria, educación, atención en salud con brigadas médicas, jornadas para realizar registros civiles y una revisión de las condiciones de seguridad del lugar.La Corte dispuso que el Ministerio del Interior, junto con otras entidades nacionales y las gobernaciones del Meta y Guaviare, cree una mesa de trabajo que tendrá 90 días para diseñar un plan que permita el regreso voluntario de la comunidad a su territorio o, si esto no es posible, una reubicación definitiva. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General quedaron encargadas de vigilar permanentemente el cumplimiento de las órdenes y deberán presentar informes cada tres meses.También ordenó acelerar los trámites relacionados con el territorio indígena y presentar un informe sobre el cumplimiento de las medidas de protección para el pueblo Jiw.Finalmente, la Corte ordenó que la sentencia sea traducida a la lengua Jiw en un plazo de un mes y que se diseñe una estrategia para explicar la decisión a la comunidad, con participación de sus autoridades indígenas. Esta obligación de traducción deberá mantenerse para las futuras decisiones e informes relacionados con el caso.
Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, hizo un llamado para que la atención por el terremoto también llegue a las comunidades indígenas y rurales que permanecen afectadas en diferentes zonas del país.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Tobón aseguró que existen reportes de daños en comunidades de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cauca y Caldas, y advirtió que todavía no se conoce con precisión la magnitud de la emergencia en varias áreas rurales.“Creo que el país no ha dimensionado la magnitud del daño en las áreas rurales y las afectaciones a pueblos indígenas se encuentran muy invisibilizadas”, señaló.Según explicó, un primer informe preliminar identificó más de 100 comunidades afectadas en 13 municipios del Chocó, además de reportes en otras zonas del país. Entre las afectaciones aparecen daños en viviendas, infraestructura educativa y comunitaria, así como problemas en los medios de vida de las comunidades.Tobón agregó que en municipios como San José del Palmar y Nóvita todavía existe poca información sobre lo ocurrido fuera de las cabeceras urbanas y que varias comunidades permanecen incomunicadas.“Las comunidades han sido las primeras acudientes”La exdirectora sostuvo que en las zonas rurales han sido las propias autoridades y comunidades indígenas las primeras en atender la emergencia.“A las zonas rurales no [ha llegado el despliegue]. Han sido las autoridades y comunidades las primeras acudientes”, afirmó durante la entrevista.También indicó que buena parte de las ayudas se ha concentrado en las ciudades capitales, por lo que pidió a las instituciones ampliar la atención hacia las áreas rurales, fluviales y dispersas.Las necesidades, explicó, tampoco son iguales en todos los territorios, pues algunas comunidades ribereñas han solicitado herramientas para reconstruir viviendas temporales, mientras otras requieren alimentos, atención en salud y elementos específicos para movilizarse o recuperar su infraestructura.Tobón señaló que las autoridades indígenas sí mantienen canales de comunicación con el Gobierno nacional, pero están solicitando un trato diferencial para las zonas rurales debido a que no han tenido el mismo nivel de despliegue y verificación que las áreas urbanas.“Las comunidades están exigiendo un trato diferencial para estas áreas, porque aquí no hay un despliegue como se ha hecho en las áreas urbanas”, concluyó.Escuche la entrevista aquí:
Más de 25 pueblos indígenas de diferentes regiones de Colombia llegarán a Bogotá para participar en el IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala, una programación cultural que se realizará del 6 al 9 de agosto en el Centro Nacional de las Artes.El evento se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, y contará con cerca de 30 actividades de entrada libre para el público. La agenda incluirá música, danza, talleres, saberes ancestrales y expresiones artísticas.Durante cuatro días, los asistentes podrán acercarse a la diversidad cultural de las comunidades indígenas a través de sus tejidos, lenguas, tradiciones orales, ceremonias y diferentes manifestaciones artísticas. También habrá espacios de diálogo con artistas, sabedores y portadores de tradición.El IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala es resultado de un proceso de construcción colectiva entre el Centro Nacional de las Artes y las comunidades indígenas, mediante una minga cultural que participa en la definición de sus contenidos y orientaciones.La cuarta edición tiene como eje la narrativa "Semillas de Memoria, Cultura y Resistencia", con la que se busca destacar la transmisión de conocimientos, el fortalecimiento de la palabra ancestral y la permanencia de las prácticas culturales y la relación espiritual con el territorio.La programación artística contempla presentaciones musicales de agrupaciones como Runa Taky, el pueblo Wiwa, Jashnán, Luspa paløpa y Evanjuanoy, con propuestas que recorren las sonoridades ancestrales de diferentes regiones del país y abordan la relación entre música, territorio, espiritualidad y memoria.La danza también tendrá un lugar central con propuestas de los pueblos Kichwa, Cubeo, Embera Eyabida y Emberá Dobidá. Las obras abordarán temas como el ciclo de la vida, la identidad, la espiritualidad, la relación con la naturaleza y la memoria de los territorios indígenas.Entre las actividades se destaca además Dai Werakaura. Resistencia Voz Voz Mujeres, una exposición interactiva creada por lideresas de los pueblos Embera Katío, Chamí y Dóbida. La muestra reúne fotografías y tejidos para visibilizar las experiencias, memorias y resistencias de mujeres indígenas afectadas, entre otros fenómenos, por el desplazamiento forzado.El encuentro tendrá también una feria de emprendimientos, talleres, conversatorios, actividades de creación colectiva y espacios dedicados a los saberes ancestrales. Las familias podrán participar en actividades de lectura y creación para niños, talleres de oralidad y memoria, además de conocer el tejido tradicional Tsombiách del pueblo kamëntšá.La agenda se complementará con una muestra audiovisual, un conversatorio sobre comunicación y creación audiovisual indígena y diálogos relacionados con la memoria, el territorio, la espiritualidad y el pensamiento propio como elementos fundamentales para la pervivencia de las comunidades.De esta manera, el IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala busca convertirse en un espacio de reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia y acercar a la ciudadanía a otras formas de comprender y habitar el mundo, con una programación que permitirá recorrer distintas expresiones de los pueblos indígenas sin salir de Bogotá.
La ONU Derechos Humanos en Colombia condenó la masacre ocurrida el pasado 01 de agosto en Florida, Valle del Cauca, en la que fueron asesinados tres integrantes del pueblo Nasa y una cuarta persona resultó herida.Entre las víctimas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, líder del pueblo Nasa y defensor de derechos humanos. Además, fueron asesinados Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, guardia indígena que trabajaba en labores de protección colectiva y diferencial del resguardo, y Hamilton Daniel Dagua, integrante y comunero del pueblo Nasa.También en el ataque resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, guardia indígena vinculado a las labores de protección colectiva y diferencial del resguardo.Frente a esto, la organización hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la coordinación entre las instituciones del orden nacional y territorial, así como el diálogo intercultural, con el propósito de garantizar la protección del pueblo Nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, sus autoridades, líderes, comunidad y territorio.“Llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural”, aseguró la organización en su comunicado.Asimismo, la ONU también pidió avanzar en la prevención y garantías de no repetición de las vulneraciones a los derechos individuales y colectivos de esta comunidad, además de fortalecer las acciones para combatir la impunidad.“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe'sx Yu Kiwe, el Pueblo Nasa y sus estructuras de gobierno y organizativas y reiteramos nuestra disposición en seguir acompañando a este Pueblo Indígena y a las autoridades competentes en pro del respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos”, agregó.En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia pidió garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y que las personas responsables, tanto autores materiales como intelectuales, sean identificadas, juzgadas y sancionadas, para que hechos como estos no se repitan.
Después de superar cuatro debates en el Congreso y finalizar su trámite en el Senado, fue sancionada la ley que busca ponerle fin a la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica que ha afectado principalmente a niñas recién nacidas y menores de un año.La iniciativa, impulsada por la senadora Jennifer Pedraza; las excongresistas Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, junto con la exsenadora Angélica Lozano, busca responder a una problemática que aún se presenta en el país y que puede generar graves consecuencias como hemorragias, infecciones, dolor extremo, afectaciones psicológicas e incluso la muerte.Colombia es actualmente el único país de América Latina donde se han documentado casos de mutilación genital femenina. Aunque las cifras han disminuido, en 2025 se registraron 39 casos, la mayoría en el departamento de Risaralda. Las autoras de la ley explican que esta práctica no corresponde a una tradición propia del pueblo Emberá, sino que, según estudios antropológicos, llegó al territorio colombiano durante la época de la colonia.La senadora Jennifer Pedraza destacó que la construcción de esta ley se realizó junto a mujeres lideresas de comunidades donde se han identificado casos, y aseguró que la estrategia no debe estar basada en la estigmatización, sino en la prevención, la educación y la presencia institucional en los territorios.“Estamos muy contentas de que por fin se haya sancionado nuestra ley en contra de la mutilación genital femenina. La mejor forma de hacerlo es con prevención, con educación, sin racismo, sin estigmatización y con presupuesto”, afirmó Pedraza, quien además señaló que en muchas de las zonas donde ocurre esta práctica aún existen dificultades de acceso a servicios de salud y justicia.Ahora, tras la sanción de la ley, el Gobierno y las entidades encargadas deberán avanzar en su reglamentación e implementación para garantizar que las medidas no se queden únicamente en el papel y permitan prevenir nuevos casos, proteger a las niñas y avanzar hacia la erradicación definitiva de esta práctica en Colombia.
La Alcaldía de Bogotá denunció que desde hace cinco días los equipos de las secretarías de Integración Social, Salud y de la Consejería de Víctimas no han podido ingresar al asentamiento UPI La Florida, donde permanece un grupo de la comunidad Emberá, debido a un bloqueo promovido, según el Distrito, por voceros de esa población.De acuerdo con la administración distrital, la restricción de acceso surgió después de que algunos representantes de la comunidad exigieran la contratación directa de personas Emberá en entidades del Distrito como condición para permitir el ingreso de los funcionarios. La Alcaldía calificó esta situación como una presión indebida que afecta la continuidad de los servicios públicos.La Alcaldía aseguró que la suspensión de la atención impacta especialmente a cerca de 70 niños, niñas y adolescentes, quienes han dejado de recibir acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como actividades orientadas a su reparación integral.Entre los programas afectados se encuentra Atrapasueños, una estrategia dirigida a menores de edad víctimas o afectados por el conflicto armado. También permanecen suspendidas las jornadas de promoción y prevención en salud que normalmente se desarrollan dentro del asentamiento.El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, hizo un llamado a los voceros de la comunidad para que permitan el ingreso de los equipos distritales. El funcionario afirmó que la Alcaldía no accederá a negociar la prestación de servicios para la niñez a cambio de contratos o cargos públicos y sostuvo que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otra consideración.Por su parte, el Distrito reiteró que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionada a ningún tipo de negociación y recordó que el artículo 44 de la Constitución establece el carácter prevalente de sus derechos, así como la responsabilidad conjunta del Estado, las familias y la sociedad para garantizar su bienestar y desarrollo integral.Hasta el momento, la administración distrital mantiene su llamado para que se levante el bloqueo y pueda restablecerse la prestación de los servicios sociales y de salud en el asentamiento La Florida.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación de un Bloque de Seguridad Urbano para Santa Marta. El anuncio lo hizo tras un consejo de seguridad que se adelantó en la capital del Magdalena."Patrullaje, puestos de control, vigilancia aérea, controles, corredores estratégicos y presencia permanente de nuestra fuerza pública", dijo el mandatario.En el mismo sentido, aseguró que los miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que están en la cárcel de Santa Marta están siendo trasladados a otras zonas del país este viernes.“Pensaron que iban a arrodillar al Estado y al Gobierno, y somos nosotros los que los tenemos ‘cogiendo monte’”, agregó el mandatario.Además, designó a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol, como el padrino de Santa Marta para el cumplimiento de proyectos relacionados con seguridad, movilidad y economía.“Cada territorio necesita alguien dentro del Gobierno nacional que ayude a hacer seguimiento permanente a los compromisos, y que toque las puertas que haya que tocar, que apriete las tuercas que haya que apretar para que las decisiones se conviertan en resultados”, explicó el presidente.
La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) advirtió que la contingencia registrada en uno de los cuatro trenes de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación de SPEC LNG evidencia la necesidad de fortalecer el respaldo y la resiliencia del sistema de gas natural en Colombia.SPEC, la única terminal de importación de gas natural ubicada en Cartagena, informó que debido a actividades correctivas en su unidad de almacenamiento y regasificación operará durante unos días con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd). La operación continúa siendo segura y coordinada con los usuarios del sistema.Sin embargo, de acuerdo con la Resolución 40524 del Ministerio de Minas y Energía, la situación generó una restricción de 15 GBTUD en la demanda esencial contratada con gas importado. Ante este escenario, se estableció un racionamiento programado y un orden de prioridad para proteger la demanda esencial y la generación térmica.Para Naturgas, esta situación deja en evidencia que Colombia mantiene un margen de respaldo estrecho y necesita contar con más alternativas de suministro.“La seguridad energética significa contar con opciones antes de necesitarlas, y no las estamos desarrollando con la rapidez que se requiere”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.La dirigente señaló que, además de la contingencia operacional, el país enfrenta decisiones estructurales que requieren avanzar con mayor rapidez. Entre ellas, mencionó la construcción de nueva infraestructura para importación y transporte de gas, así como la reactivación de la actividad exploratoria para aumentar la producción nacional.Murgas también advirtió que la falta de respaldo puede tener efectos sobre distintos sectores de la economía y sobre los hogares que dependen del gas natural.“Detrás de cada decisión tardía hay familias que necesitan cocinar, empresas que necesitan producir, y un sistema eléctrico que necesita respaldo”, sostuvo.Naturgas insistió en que los proyectos para ampliar las alternativas de suministro ya están identificados y pidió acelerar su ejecución para fortalecer la seguridad energética del país.
La consulta de los resultados de Chontico Noche se ha convertido en una rutina frecuente para miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este chance, reconocido por su fuerte identidad regional inspirada en el chontaduro, mantiene una alta participación diaria gracias a su variedad de modalidades y a las oportunidades de premio que ofrece.Desde 2025, el juego incorporó ajustes en su dinámica, incluyendo nuevas alternativas como la “quinta balota”, una opción adicional que amplía las combinaciones disponibles para los apostadores.Número ganador del Chontico Noche del 25 de septiembre de 2026Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes: (en minutos)Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Quinta balota: Quinta balota en Chontico Noche: una nueva oportunidad de premioUna de las principales innovaciones del chance es la llamada quinta balota, un número extra que complementa el resultado oficial del sorteo. Esta modalidad permite que los jugadores accedan a premios adicionales cuando ese número coincide con alguna de las cifras jugadas.Con esta implementación, el sistema ofrece más opciones de acierto y amplía las posibilidades dentro de cada apuesta.Horarios oficiales del sorteo Chontico NocheEl sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, con horarios que varían según el día de la semana:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.La marca también cuenta con otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.Modalidades de apuesta disponiblesEl juego ofrece diferentes formas de participación según la cantidad de cifras que el usuario decida jugar.Cuatro cifras directo o superplenoEl jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directoConsiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifrasPremia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pataLa apuesta se centra en acertar las dos últimas cifras exactas del sorteo.Una cifra o uñaSe obtiene premio al coincidir únicamente la última cifra del número ganador.Cuánto cuesta jugar Chontico NocheLas apuestas tienen un rango flexible que permite la participación de distintos tipos de jugadores:Valor mínimo del tiquete: $500Valor máximo por apuesta: $10.000Estas condiciones facilitan que cada persona ajuste su jugada según su presupuesto y modalidad elegida.Requisitos para reclamar premios de Chontico NochePara cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados.Los requisitos básicos son:Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVTSolo se exige la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVTEs obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVTSe debe presentar además una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció que la construcción de la ALO Sur ya comenzó y con ella se pone en marcha uno de los proyectos viales que busca modificar la movilidad en el suroccidente de Bogotá. La obra conectará diferentes sectores de la capital con el sur del departamento y pretende mejorar el ingreso hacia el centro de la ciudad.De acuerdo con la entidad, el proyecto beneficiará directamente a más de 2 millones de habitantes de Bosa, Kennedy y Fontibón, tres localidades que tendrán una conexión vial que busca ayudar a descongestionar los accesos hacia el centro y el suroccidente de la capital del país. Además, la obra contempla la generación de más de 16.000 empleos directos.Así funcionará la ALO Sur y cuándo comenzará a operarLas obras comenzaron en la Unidad Funcional 2, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Bogotá y la proyección de la Avenida Américas. Según el IDU, la construcción de todo el proyecto tendrá un plazo estimado de cuatro años, pero los ciudadanos no tendrán que esperar hasta el final para que comiencen a habilitarse algunos tramos.De acuerdo con la información entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante los primeros dos años entrará en servicio la calzada oriental. En los dos años siguientes se habilitará la calzada occidental, con lo que el corredor quedará funcionando en doble calzada.En una primera etapa, la calzada oriental funcionará de manera bidireccional, es decir, permitirá circulación tanto en sentido sur-norte como norte-sur. Esta fase comprende las Unidades Funcionales 0, 1, 2 y 3. Posteriormente, con la culminación de las Unidades Funcionales 4, 5 y 6, entrará en operación la calzada occidental.El proyecto contempla la construcción de un nuevo corredor vial de 24,5 kilómetros, entre la intersección de Chusacá, en Sibaté, y la Calle 13, en Fontibón, además de la rehabilitación de parte del corredor existente. También incluye 46 puentes y dos grandes intersecciones a desnivel, una en la conexión de la ALO con la Calle 13 y otra en Canoas, Soacha.La primera fase de trabajos contempla intervenciones en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3. Allí se llevarán a cabo rehabilitaciones, construcción de nuevos tramos y obras de conexión hacia sectores como la avenida Bosa, la avenida Américas y la Calle 13.Con la puesta en marcha gradual de la ALO Sur, el objetivo del proyecto es ofrecer una nueva alternativa para los desplazamientos por el suroccidente de Bogotá y ayudar a descongestionar corredores como la Autopista Sur, por donde también ingresa una parte importante de la carga que abastece a la capital.En cuanto a espacio público, contará con una alameda de 9,5 kilómetros en la calzada oriental entre el puente sobre el río Bogotá y la Calle 13, con cerca de 153.000 metros cuadrados de andenes, zonas verdes y ciclorruta, y una ciclorruta de 3,2 kilómetros en el costado occidental entre Canoas y el parque arqueológico Canoas.Por último, el IDU explicó que el diseño deja espacio para la futura implementación de un sistema de transporte masivo como el TransMilenio, lo que garantiza que la obra se integre con el desarrollo urbano y de movilidad de Bogotá.
Un joven de 20 años fue asesinado a tiros este viernes en Floridablanca, Santander, después de salir de su vivienda para encontrarse con un hombre que, según el relato entregado a las autoridades, llevaba desde el día anterior insistiendo en que se reunieran para hablar. Tras el ataque, la Policía logró aprehender a un adolescente de 16 años, señalado preliminarmente de estar involucrado en el crimen.La víctima fue identificada como Yeison Damián Pérez Gómez, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, el homicidio ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en la carrera 45 con calle 146C, en vía pública.De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Pérez Gómez habría recibido varias llamadas y mensajes de un hombre conocido con el alias de ‘Japonés’, quien le pedía que saliera de su vivienda para encontrarse. Finalmente, el joven salió y aproximadamente 15 minutos después su compañera sentimental recibió una llamada en la que le informaron que había sido atacado.La reacción de los uniformados de la zona permitió ubicar y aprehender a un adolescente de 16 años, quien sería conocido con el mismo alias de ‘Japonés’ y quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso correspondiente.En la vía, investigadores de la Sijín encontraron 11 vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles, además de un teléfono celular. La inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios quedaron a cargo de Policía.Las autoridades manejan de manera preliminar las hipótesis de sicariato y ajuste de cuentas, aunque el móvil y las circunstancias que rodearon el homicidio hacen parte de la investigación.La Policía también adelanta la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque y determinar la responsabilidad del adolescente aprehendido.
