Más de 25 pueblos indígenas de diferentes regiones de Colombia llegarán a Bogotá para participar en el IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala, una programación cultural que se realizará del 6 al 9 de agosto en el Centro Nacional de las Artes.El evento se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, y contará con cerca de 30 actividades de entrada libre para el público. La agenda incluirá música, danza, talleres, saberes ancestrales y expresiones artísticas.Durante cuatro días, los asistentes podrán acercarse a la diversidad cultural de las comunidades indígenas a través de sus tejidos, lenguas, tradiciones orales, ceremonias y diferentes manifestaciones artísticas. También habrá espacios de diálogo con artistas, sabedores y portadores de tradición.El IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala es resultado de un proceso de construcción colectiva entre el Centro Nacional de las Artes y las comunidades indígenas, mediante una minga cultural que participa en la definición de sus contenidos y orientaciones.La cuarta edición tiene como eje la narrativa "Semillas de Memoria, Cultura y Resistencia", con la que se busca destacar la transmisión de conocimientos, el fortalecimiento de la palabra ancestral y la permanencia de las prácticas culturales y la relación espiritual con el territorio.La programación artística contempla presentaciones musicales de agrupaciones como Runa Taky, el pueblo Wiwa, Jashnán, Luspa paløpa y Evanjuanoy, con propuestas que recorren las sonoridades ancestrales de diferentes regiones del país y abordan la relación entre música, territorio, espiritualidad y memoria.La danza también tendrá un lugar central con propuestas de los pueblos Kichwa, Cubeo, Embera Eyabida y Emberá Dobidá. Las obras abordarán temas como el ciclo de la vida, la identidad, la espiritualidad, la relación con la naturaleza y la memoria de los territorios indígenas.Entre las actividades se destaca además Dai Werakaura. Resistencia Voz Voz Mujeres, una exposición interactiva creada por lideresas de los pueblos Embera Katío, Chamí y Dóbida. La muestra reúne fotografías y tejidos para visibilizar las experiencias, memorias y resistencias de mujeres indígenas afectadas, entre otros fenómenos, por el desplazamiento forzado.El encuentro tendrá también una feria de emprendimientos, talleres, conversatorios, actividades de creación colectiva y espacios dedicados a los saberes ancestrales. Las familias podrán participar en actividades de lectura y creación para niños, talleres de oralidad y memoria, además de conocer el tejido tradicional Tsombiách del pueblo kamëntšá.La agenda se complementará con una muestra audiovisual, un conversatorio sobre comunicación y creación audiovisual indígena y diálogos relacionados con la memoria, el territorio, la espiritualidad y el pensamiento propio como elementos fundamentales para la pervivencia de las comunidades.De esta manera, el IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala busca convertirse en un espacio de reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia y acercar a la ciudadanía a otras formas de comprender y habitar el mundo, con una programación que permitirá recorrer distintas expresiones de los pueblos indígenas sin salir de Bogotá.
La ONU Derechos Humanos en Colombia condenó la masacre ocurrida el pasado 01 de agosto en Florida, Valle del Cauca, en la que fueron asesinados tres integrantes del pueblo Nasa y una cuarta persona resultó herida.Entre las víctimas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, líder del pueblo Nasa y defensor de derechos humanos. Además, fueron asesinados Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, guardia indígena que trabajaba en labores de protección colectiva y diferencial del resguardo, y Hamilton Daniel Dagua, integrante y comunero del pueblo Nasa.También en el ataque resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, guardia indígena vinculado a las labores de protección colectiva y diferencial del resguardo.Frente a esto, la organización hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la coordinación entre las instituciones del orden nacional y territorial, así como el diálogo intercultural, con el propósito de garantizar la protección del pueblo Nasa del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, sus autoridades, líderes, comunidad y territorio.“Llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural”, aseguró la organización en su comunicado.Asimismo, la ONU también pidió avanzar en la prevención y garantías de no repetición de las vulneraciones a los derechos individuales y colectivos de esta comunidad, además de fortalecer las acciones para combatir la impunidad.“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe'sx Yu Kiwe, el Pueblo Nasa y sus estructuras de gobierno y organizativas y reiteramos nuestra disposición en seguir acompañando a este Pueblo Indígena y a las autoridades competentes en pro del respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos”, agregó.En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia pidió garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y que las personas responsables, tanto autores materiales como intelectuales, sean identificadas, juzgadas y sancionadas, para que hechos como estos no se repitan.
Después de superar cuatro debates en el Congreso y finalizar su trámite en el Senado, fue sancionada la ley que busca ponerle fin a la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica que ha afectado principalmente a niñas recién nacidas y menores de un año.La iniciativa, impulsada por la senadora Jennifer Pedraza; las excongresistas Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, junto con la exsenadora Angélica Lozano, busca responder a una problemática que aún se presenta en el país y que puede generar graves consecuencias como hemorragias, infecciones, dolor extremo, afectaciones psicológicas e incluso la muerte.Colombia es actualmente el único país de América Latina donde se han documentado casos de mutilación genital femenina. Aunque las cifras han disminuido, en 2025 se registraron 39 casos, la mayoría en el departamento de Risaralda. Las autoras de la ley explican que esta práctica no corresponde a una tradición propia del pueblo Emberá, sino que, según estudios antropológicos, llegó al territorio colombiano durante la época de la colonia.La senadora Jennifer Pedraza destacó que la construcción de esta ley se realizó junto a mujeres lideresas de comunidades donde se han identificado casos, y aseguró que la estrategia no debe estar basada en la estigmatización, sino en la prevención, la educación y la presencia institucional en los territorios.“Estamos muy contentas de que por fin se haya sancionado nuestra ley en contra de la mutilación genital femenina. La mejor forma de hacerlo es con prevención, con educación, sin racismo, sin estigmatización y con presupuesto”, afirmó Pedraza, quien además señaló que en muchas de las zonas donde ocurre esta práctica aún existen dificultades de acceso a servicios de salud y justicia.Ahora, tras la sanción de la ley, el Gobierno y las entidades encargadas deberán avanzar en su reglamentación e implementación para garantizar que las medidas no se queden únicamente en el papel y permitan prevenir nuevos casos, proteger a las niñas y avanzar hacia la erradicación definitiva de esta práctica en Colombia.
La Alcaldía de Bogotá denunció que desde hace cinco días los equipos de las secretarías de Integración Social, Salud y de la Consejería de Víctimas no han podido ingresar al asentamiento UPI La Florida, donde permanece un grupo de la comunidad Emberá, debido a un bloqueo promovido, según el Distrito, por voceros de esa población.De acuerdo con la administración distrital, la restricción de acceso surgió después de que algunos representantes de la comunidad exigieran la contratación directa de personas Emberá en entidades del Distrito como condición para permitir el ingreso de los funcionarios. La Alcaldía calificó esta situación como una presión indebida que afecta la continuidad de los servicios públicos.La Alcaldía aseguró que la suspensión de la atención impacta especialmente a cerca de 70 niños, niñas y adolescentes, quienes han dejado de recibir acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como actividades orientadas a su reparación integral.Entre los programas afectados se encuentra Atrapasueños, una estrategia dirigida a menores de edad víctimas o afectados por el conflicto armado. También permanecen suspendidas las jornadas de promoción y prevención en salud que normalmente se desarrollan dentro del asentamiento.El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, hizo un llamado a los voceros de la comunidad para que permitan el ingreso de los equipos distritales. El funcionario afirmó que la Alcaldía no accederá a negociar la prestación de servicios para la niñez a cambio de contratos o cargos públicos y sostuvo que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otra consideración.Por su parte, el Distrito reiteró que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionada a ningún tipo de negociación y recordó que el artículo 44 de la Constitución establece el carácter prevalente de sus derechos, así como la responsabilidad conjunta del Estado, las familias y la sociedad para garantizar su bienestar y desarrollo integral.Hasta el momento, la administración distrital mantiene su llamado para que se levante el bloqueo y pueda restablecerse la prestación de los servicios sociales y de salud en el asentamiento La Florida.
Tras una intervención urgente solicitada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las autoridades del municipio de Apartadó lograron el traslado del bebé indígena de nueve meses a un centro asistencial para recibir atención médica especializada por un cuadro de desnutrición aguda.El bebé de nueve meses, habitante del resguardo indígena Las Playas, fue identificado mediante el programa "Arrullos" de la Gobernación de Antioquia, el cual permitió detectar que su estado de salud ponía en riesgo su vida.Previo al traslado, las autoridades locales, incluyendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Secretaría de Salud de Apartadó, realizaron al menos cuatro intentos fallidos para concretar la atención, debido a la negativa inicial del padre del menor."Hoy este niño de 9 meses está siendo atendido en la entidad hospitalaria y estamos trabajando para que de manera conjunta entre Gobernación y los municipios sigamos salvando las vidas de los niños y las niñas de Antioquia", afirmó Cristina Londoño Gómez, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la GobernaciónSegún informes oficiales, la subregión de Urabá registra históricamente los niveles más altos de desnutrición en el departamento, superando de manera significativa el indicador departamental.
Tras identificarse que está en desnutrición aguda, la Gobernación de Antioquia alertó que no logran dar con el paradero de un bebé indígena de 9 meses. Solicitaron a las comisarías de familia del municipio de Apartadó que inicien la búsqueda de su padre, quien no autorizó su remisión a un centro asistencialPreocupación mostró la Gobernación de Antioquia por el estado de salud de un bebé que no tiene ni un año de nacido y pertenece al resguardo indígena La Playas del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, pues se identificó que está en condiciones que ponen en riesgo su vida.Durante una jornada de tamizaje del programa Arrullos Antioquia, profesionales de la Secretaria de Salud identificaron que el bebé indígena tenía desnutrición aguda, por que ordenaron su traslado a un centro asistencial, decisión con la que no estuvo de acuerdo su padre.Según alertó el propio gobernador Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en la red social X, es urgente que las dos comisarías de familia con las que cuenta esa localidad inicien la búsqueda del menor de edad, para que le sean restablecidos sus derechos. “Es su misión emprender esa tarea y, además, un mandato”, indicó el mandatario.Ante la negativa de la familia del menor de edad, las autoridades departamentales pidieron que se activen las rutas de protección para que finalmente pueda recibir la atención médica que requiere, esto para evitar que su estado de salud continúe deteriorándose.“La secretaria de salud del municipio también instó al resguardo y recibió la misma respuesta. Urge encontrar el bebé, salvarle la vida y protegerle sus derechos. También es menester del gobernador indígena acompañar este proceso”, expuso Rendón.
La atención a mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo continúa creciendo en Colombia, pero las barreras para ejercer este derecho siguen presentes. Así lo evidencia el más reciente informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que analizó los casos atendidos entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.Durante ese periodo, la organización acompañó 2.532 casos, de los cuales el 19,2 % requirió asesoría y acciones legales debido a obstáculos impuestos por instituciones o prestadores de salud. Según el informe, aunque el acceso ha mejorado desde la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24, todavía persisten dificultades que retrasan la atención o vulneran los derechos de las mujeres.Los datos muestran que el 44 % de las mujeres accedió al procedimiento durante las primeras 12 semanas de gestación, mientras que aún se registran casos que llegan a realizarse después de las 24 semanas, principalmente por demoras y barreras en el sistema. La organización destaca, sin embargo, que los tiempos de respuesta han disminuido en comparación con los primeros años de implementación del fallo.El informe también evidencia que el 48 % de las mujeres logró acceder al procedimiento por medio de su EPS, lo que representa 1.360 casos en los que el servicio fue garantizado directamente por estas entidades.En cuanto al perfil de las personas atendidas, la Mesa reportó que 35 correspondieron a niñas menores de 14 años, equivalentes al 1,38 % del total. Para la organización, estos casos reflejan que continúan existiendo situaciones de especial vulnerabilidad y retrasos que afectan a niñas y adolescentes.Otro de los grupos que enfrenta mayores dificultades es el de las mujeres migrantes. El informe señala que el 7,66 % de las mujeres atendidas eran migrantes, y de ellas el 90,4 % eran venezolanas, quienes enfrentan obstáculos relacionados con la afiliación al sistema de salud y el acceso oportuno a los servicios.Por regiones, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de atenciones, mientras que Meta, Guainía y Guaviare fueron identificados como los territorios con mayor impacto por las barreras de acceso.La Mesa también reportó un incremento sostenido en la demanda de acompañamiento. Mientras en 2022 atendió 252 mujeres, al cierre de 2025 la cifra ascendió a 971, lo que, según la organización, refleja un mayor conocimiento del derecho, pero también la persistencia de obstáculos que llevan a las mujeres a buscar apoyo jurídico.En diálogo con Blu Radio, Sara Méndez, asesora jurídica de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó que las barreras más frecuentes afectan a niñas y adolescentes, cuyas decisiones reproductivas muchas veces son desconocidas y cuya información clínica llega a ser divulgada de forma indebida. También señaló dificultades para mujeres indígenas, a quienes algunas EPS exigen autorizaciones de autoridades indígenas antes de acceder al procedimiento, y para mujeres migrantes, quienes continúan enfrentando problemas para recibir una atención oportuna y en condiciones de calidad.La organización recordó que cualquier mujer que encuentre barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo o considere vulnerado su derecho a la intimidad puede solicitar acompañamiento jurídico gratuito, con el fin de promover acciones legales que permitan eliminar esas restricciones y garantizar el acceso al servicio.
Nuevamente en Bogotá hace presencia una comunidad indígena del departamento del Cauca, que llegó en aproximadamente 10 vehículos entre ellos chivas tipo escalera al mediodía del martes 23 de junio. Sin embargo, con el pasar del día, decidieron pasar la noche en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional y la Agencia Nacional de Tierras donde en reiteradas ocasiones la han utilizado como epicentro de plantón y reuniones. De acuerdo con los líderes indígenas, la razón de haber llegado a Bogotá es la falta de cumplimientos en los acuerdos escritos con el gobierno en mesas de diálogo anteriores; conclusiones que tienen que ver con formalización, ampliación y compra de tierras en el departamento.“Los acuerdos que hemos venido realizando desde hace varios años, que los procesos han sido muy lentos, y ya termina el gobierno Petro y esos compromisos sentimos que no que no han avanzado. Entonces, por eso hoy estamos aquí. Jurídicamente hemos dado la batalla como pueblo Misak, pero no ha avanzado en los temas de acuerdos que hemos tenido con el gobierno. La agencia nacional ha puesto muchos requisitos. Por ende, nosotros hemos tratado de, desde las comunidades, buscar toda la documentación requerida por el ANT, pero, desafortunadamente han sido muy lentas.“ concluye Luis Eduardo Tunubala, gobernador del resguardo.Entra tanto, de acuerdo con lo mencionado por los líderes indígenas, para las 9:00 a.m. del martes 24 de junio está programada una reunión en la ANT con delegados del gobierno nacional y el pueblo indígena para entablar una nueva mesa de diálogo para exponer todas las inquietudes.Por ahora, es incierto el tiempo de estadía en Bogotá, puesto que aseguran que de no concretar o tener respuestas el gobierno, no se devolverán a los territorios. Así mismo, confirman que por ahora, previo a la reunión, no tiene planeado hacer manifestaciones o recorridos por las calles de la capital que pueda afectar la movilidad.Por su parte, con la llegada del nuevo gobierno del presidente Electo, Abelardo De La Espriella, aseguran que esperan tener el mismo respeto a la manifestación pacífica como lo han hecho. Por lo que están a la expectativa de cómo manejará los temas agro del país.
La Corte Suprema de Justicia puso fin a un año de conflicto de competencias entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía y las autoridades indígenas de la comunidad Gitó Dokabú de Pueblo Rico, Risaralda. El alto tribunal determinó que la justicia ordinaria será la encargada de procesar a cuatro hombres acusados de tortura agravada y acceso carnal abusivo contra una menor de 12 años. Los procesados en este caso son Luis Eduardo González Arce, Eliécer Valencia González, Caliche Restrepo Botoma y Fernando Queragama Restrepo. Las autoridades indígenas exigían su derecho a juzgarlos bajo su propia jurisdicción, lo que había frenado el avance del proceso.El caso se conoció públicamente tras la denuncia de la Gobernación de Risaralda, motivada por la difusión en redes sociales de un video donde se observaba a la víctima amarrada de manos, suspendida de una guadua y siendo azotada en diferentes partes de su cuerpo.Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía 36 Seccional de Apía, tomaron un rumbo aún más grave tras las entrevistas forenses realizadas a la menor. Según el ente acusador, la niña relató que sufrió actos de tortura y abusos sexuales en múltiples ocasiones y que, además, fue entregada a terceros con fines de explotación sexual a cambio de bebidas alcohólicas. Asimismo, reconoció directamente a tres de sus agresores, incluidos miembros de su familia paterna.Con el conflicto de competencias ya resuelto por la Corte Suprema, las autoridades judiciales buscan agilizar la ejecución de las órdenes de captura vigentes contra los cuatro señalados. El proceso enfrenta el reto de la localización de los implicados, quienes se encuentran dispersos en diferentes resguardos indígenas de la zona. Por su parte, el padre de la menor abandonó la comunidad tras conocerse las denuncias y actualmente se desconoce su paradero.
En medio de la recta final de la campaña presidencial, voceros de la comunidad indígena colombiana expresaron su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué, al tiempo que hicieron un llamado a la defensa de la soberanía nacional y rechazaron cualquier tipo de intervención externa en los asuntos políticos del país. Durante un pronunciamiento público, los líderes indígenas insistieron en la necesidad de preservar la decisión democrática de los ciudadanos y fortalecer la unidad nacional.Los representantes indígenas aseguraron que permanecen en alerta permanente frente a diferentes situaciones que, según señalaron, pueden afectar la estabilidad democrática. De esta forma, manifestaron que “el intervencionismo extranjero no puede cortar la decisión democrática de la ciudadanía colombiana” y agregaron que “rechazamos contundentemente la intromisión de otros países que quieren hoy desestabilizar la democracia colombiana”.Durante su intervención, los líderes también hicieron un llamado a la participación ciudadana: “Debemos defender la soberanía y el territorio. Y eso es un compromiso de todos y todas”, señalaron, al insistir en la importancia de la unidad como herramienta para enfrentar los desafíos políticos y sociales que atraviesa el país.En materia de paz, la comunidad indígena destacó la decisión de frenar las iniciativas para convocar una nueva Asamblea Constituyente.“Creemos firmemente y saludamos que se hayan detenido las firmas para una nueva constituyente porque creemos que la Constituyente del 91 tiene las garantías suficientes para que ese camino hacia la paz pueda ser posible”, afirmó la comunidad. Sin embargo, advirtieron que la paz no puede reducirse únicamente al silenciamiento de las armas, sino que debe estar acompañada de transformaciones sociales profundas.Los voceros indígenas afirmaron que la construcción de una paz duradera en Colombia requiere avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional, basada en la eliminación del racismo, la discriminación y las prácticas de exclusión social.En su pronunciamiento, destacaron la importancia de promover el respeto por la diversidad y las diferencias que caracterizan al país, al tiempo que insistieron en que las garantías en los territorios y la implementación efectiva de los derechos son condiciones fundamentales para el bienestar de toda la población colombiana y no únicamente de los pueblos indígenas.Con este pronunciamiento, la comunidad indígena no solo reiteró sus posiciones frente a la defensa de la democracia y la soberanía nacional, sino que oficializó su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué.Los líderes consideraron que la experiencia de Cepeda en temas relacionados con la paz y su conocimiento de la realidad colombiana son factores determinantes para asumir la Presidencia, razón por la cual expresaron públicamente su apoyo a esta fórmula de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.
