La atención a mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo continúa creciendo en Colombia, pero las barreras para ejercer este derecho siguen presentes. Así lo evidencia el más reciente informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que analizó los casos atendidos entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.Durante ese periodo, la organización acompañó 2.532 casos, de los cuales el 19,2 % requirió asesoría y acciones legales debido a obstáculos impuestos por instituciones o prestadores de salud. Según el informe, aunque el acceso ha mejorado desde la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24, todavía persisten dificultades que retrasan la atención o vulneran los derechos de las mujeres.Los datos muestran que el 44 % de las mujeres accedió al procedimiento durante las primeras 12 semanas de gestación, mientras que aún se registran casos que llegan a realizarse después de las 24 semanas, principalmente por demoras y barreras en el sistema. La organización destaca, sin embargo, que los tiempos de respuesta han disminuido en comparación con los primeros años de implementación del fallo.El informe también evidencia que el 48 % de las mujeres logró acceder al procedimiento por medio de su EPS, lo que representa 1.360 casos en los que el servicio fue garantizado directamente por estas entidades.En cuanto al perfil de las personas atendidas, la Mesa reportó que 35 correspondieron a niñas menores de 14 años, equivalentes al 1,38 % del total. Para la organización, estos casos reflejan que continúan existiendo situaciones de especial vulnerabilidad y retrasos que afectan a niñas y adolescentes.Otro de los grupos que enfrenta mayores dificultades es el de las mujeres migrantes. El informe señala que el 7,66 % de las mujeres atendidas eran migrantes, y de ellas el 90,4 % eran venezolanas, quienes enfrentan obstáculos relacionados con la afiliación al sistema de salud y el acceso oportuno a los servicios.Por regiones, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de atenciones, mientras que Meta, Guainía y Guaviare fueron identificados como los territorios con mayor impacto por las barreras de acceso.La Mesa también reportó un incremento sostenido en la demanda de acompañamiento. Mientras en 2022 atendió 252 mujeres, al cierre de 2025 la cifra ascendió a 971, lo que, según la organización, refleja un mayor conocimiento del derecho, pero también la persistencia de obstáculos que llevan a las mujeres a buscar apoyo jurídico.En diálogo con Blu Radio, Sara Méndez, asesora jurídica de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó que las barreras más frecuentes afectan a niñas y adolescentes, cuyas decisiones reproductivas muchas veces son desconocidas y cuya información clínica llega a ser divulgada de forma indebida. También señaló dificultades para mujeres indígenas, a quienes algunas EPS exigen autorizaciones de autoridades indígenas antes de acceder al procedimiento, y para mujeres migrantes, quienes continúan enfrentando problemas para recibir una atención oportuna y en condiciones de calidad.La organización recordó que cualquier mujer que encuentre barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo o considere vulnerado su derecho a la intimidad puede solicitar acompañamiento jurídico gratuito, con el fin de promover acciones legales que permitan eliminar esas restricciones y garantizar el acceso al servicio.
Nuevamente en Bogotá hace presencia una comunidad indígena del departamento del Cauca, que llegó en aproximadamente 10 vehículos entre ellos chivas tipo escalera al mediodía del martes 23 de junio. Sin embargo, con el pasar del día, decidieron pasar la noche en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional y la Agencia Nacional de Tierras donde en reiteradas ocasiones la han utilizado como epicentro de plantón y reuniones. De acuerdo con los líderes indígenas, la razón de haber llegado a Bogotá es la falta de cumplimientos en los acuerdos escritos con el gobierno en mesas de diálogo anteriores; conclusiones que tienen que ver con formalización, ampliación y compra de tierras en el departamento.“Los acuerdos que hemos venido realizando desde hace varios años, que los procesos han sido muy lentos, y ya termina el gobierno Petro y esos compromisos sentimos que no que no han avanzado. Entonces, por eso hoy estamos aquí. Jurídicamente hemos dado la batalla como pueblo Misak, pero no ha avanzado en los temas de acuerdos que hemos tenido con el gobierno. La agencia nacional ha puesto muchos requisitos. Por ende, nosotros hemos tratado de, desde las comunidades, buscar toda la documentación requerida por el ANT, pero, desafortunadamente han sido muy lentas.“ concluye Luis Eduardo Tunubala, gobernador del resguardo.Entra tanto, de acuerdo con lo mencionado por los líderes indígenas, para las 9:00 a.m. del martes 24 de junio está programada una reunión en la ANT con delegados del gobierno nacional y el pueblo indígena para entablar una nueva mesa de diálogo para exponer todas las inquietudes.Por ahora, es incierto el tiempo de estadía en Bogotá, puesto que aseguran que de no concretar o tener respuestas el gobierno, no se devolverán a los territorios. Así mismo, confirman que por ahora, previo a la reunión, no tiene planeado hacer manifestaciones o recorridos por las calles de la capital que pueda afectar la movilidad.Por su parte, con la llegada del nuevo gobierno del presidente Electo, Abelardo De La Espriella, aseguran que esperan tener el mismo respeto a la manifestación pacífica como lo han hecho. Por lo que están a la expectativa de cómo manejará los temas agro del país.
La Corte Suprema de Justicia puso fin a un año de conflicto de competencias entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía y las autoridades indígenas de la comunidad Gitó Dokabú de Pueblo Rico, Risaralda. El alto tribunal determinó que la justicia ordinaria será la encargada de procesar a cuatro hombres acusados de tortura agravada y acceso carnal abusivo contra una menor de 12 años. Los procesados en este caso son Luis Eduardo González Arce, Eliécer Valencia González, Caliche Restrepo Botoma y Fernando Queragama Restrepo. Las autoridades indígenas exigían su derecho a juzgarlos bajo su propia jurisdicción, lo que había frenado el avance del proceso.El caso se conoció públicamente tras la denuncia de la Gobernación de Risaralda, motivada por la difusión en redes sociales de un video donde se observaba a la víctima amarrada de manos, suspendida de una guadua y siendo azotada en diferentes partes de su cuerpo.Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía 36 Seccional de Apía, tomaron un rumbo aún más grave tras las entrevistas forenses realizadas a la menor. Según el ente acusador, la niña relató que sufrió actos de tortura y abusos sexuales en múltiples ocasiones y que, además, fue entregada a terceros con fines de explotación sexual a cambio de bebidas alcohólicas. Asimismo, reconoció directamente a tres de sus agresores, incluidos miembros de su familia paterna.Con el conflicto de competencias ya resuelto por la Corte Suprema, las autoridades judiciales buscan agilizar la ejecución de las órdenes de captura vigentes contra los cuatro señalados. El proceso enfrenta el reto de la localización de los implicados, quienes se encuentran dispersos en diferentes resguardos indígenas de la zona. Por su parte, el padre de la menor abandonó la comunidad tras conocerse las denuncias y actualmente se desconoce su paradero.
En medio de la recta final de la campaña presidencial, voceros de la comunidad indígena colombiana expresaron su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué, al tiempo que hicieron un llamado a la defensa de la soberanía nacional y rechazaron cualquier tipo de intervención externa en los asuntos políticos del país. Durante un pronunciamiento público, los líderes indígenas insistieron en la necesidad de preservar la decisión democrática de los ciudadanos y fortalecer la unidad nacional.Los representantes indígenas aseguraron que permanecen en alerta permanente frente a diferentes situaciones que, según señalaron, pueden afectar la estabilidad democrática. De esta forma, manifestaron que “el intervencionismo extranjero no puede cortar la decisión democrática de la ciudadanía colombiana” y agregaron que “rechazamos contundentemente la intromisión de otros países que quieren hoy desestabilizar la democracia colombiana”.Durante su intervención, los líderes también hicieron un llamado a la participación ciudadana: “Debemos defender la soberanía y el territorio. Y eso es un compromiso de todos y todas”, señalaron, al insistir en la importancia de la unidad como herramienta para enfrentar los desafíos políticos y sociales que atraviesa el país.En materia de paz, la comunidad indígena destacó la decisión de frenar las iniciativas para convocar una nueva Asamblea Constituyente.“Creemos firmemente y saludamos que se hayan detenido las firmas para una nueva constituyente porque creemos que la Constituyente del 91 tiene las garantías suficientes para que ese camino hacia la paz pueda ser posible”, afirmó la comunidad. Sin embargo, advirtieron que la paz no puede reducirse únicamente al silenciamiento de las armas, sino que debe estar acompañada de transformaciones sociales profundas.Los voceros indígenas afirmaron que la construcción de una paz duradera en Colombia requiere avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional, basada en la eliminación del racismo, la discriminación y las prácticas de exclusión social.En su pronunciamiento, destacaron la importancia de promover el respeto por la diversidad y las diferencias que caracterizan al país, al tiempo que insistieron en que las garantías en los territorios y la implementación efectiva de los derechos son condiciones fundamentales para el bienestar de toda la población colombiana y no únicamente de los pueblos indígenas.Con este pronunciamiento, la comunidad indígena no solo reiteró sus posiciones frente a la defensa de la democracia y la soberanía nacional, sino que oficializó su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué.Los líderes consideraron que la experiencia de Cepeda en temas relacionados con la paz y su conocimiento de la realidad colombiana son factores determinantes para asumir la Presidencia, razón por la cual expresaron públicamente su apoyo a esta fórmula de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.
Un enérgico reclamo por la falta de resultados y el temor de que el asesinato del coordinador de la asociación Camawari, Luis Aurelio Araujo, quede en la impunidad hicieron autoridades indígenas de diez resguardos y familiares del líder indígena, quienes alzaron su voz ante las nulas capturas un año después de su crimen.La desconfianza es total y se podía ver en sus rostros. Por eso, solo piden que la Fiscalía agilice las investigaciones que permitan establecer los móviles y los responsables materiales e intelectuales de este atroz crimen.El asesinato del coordinador de Camawari, Luis Aurelio Araujo, se produjo el 3 de junio de 2025, cuando el líder indígena, junto a sus dos escoltas, fue interceptado en zona rural del municipio de Ricaurte, en Nariño, por varios hombres armados que, sin mediar palabra, les dispararon en varias oportunidades y posteriormente incineraron el vehículo en el que se transportaban Araujo y los dos integrantes de su esquema de seguridad de la UNP.Esneirder García, coordinador de Camawari, aseguró que un año después nadie dice ni hace nada y que lo peor es que las autoridades guardan silencio sobre este asesinato, dijo el líder indígena.Durante la celebración de la homilía que se realizó en el municipio de Ricaurte, tras cumplirse un año del crimen, el coordinador de Camawari, García, afirmó con voz entrecortada: “Rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia que atente contra la autonomía de nuestros pueblos, la vida, la dignidad y nuestra cultura ancestral”.García dijo que matar a un líder social es intentar silenciar una voz, borrar una historia y quebrar un territorio, pero que jamás podrán callar a toda una comunidad que sigue esperando respuestas de la Fiscalía General de la Nación, aseguró el coordinador de Camawari.“El pueblo Awá no puede seguir contando muertos. La violencia no es el camino y la vida se respeta”, manifestó García, quien afirmó que las autoridades indígenas estudian la posibilidad de elevar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Cristian Nastacuás, concejal del municipio de Ricaurte, en el piedemonte costero nariñense, fue más allá y aseguró que la llamada paz total territorial no ha sido positiva para la región porque los homicidios continúan y de esto nadie habla por temor a los grupos armados ilegales.Las mujeres del piedemonte costero nariñense y las gobernadoras de los resguardos indígenas de la comunidad Awá dicen que sigue intacto el dolor profundo y la indignación porque afirman que el asesinato del líder indígena no solo fue una pérdida irreparable para su comunidad, sino que dejó una herida abierta para todo el departamento.Las autoridades indígenas emitieron un comunicado para pedir que la Fiscalía acelere las investigaciones.
El Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, junto con organismos de control e instancias internacionales, anunciaron una hoja de ruta para atender la crisis registrada en el municipio de Silvia, Cauca, luego de los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de mayo entre integrantes de los pueblos indígenas Misak de Guambía y Nasa de Pitayó, que dejaron seis personas fallecidas y 121 heridas.La decisión se dio tras una reunión realizada este 23 de mayo en Popayán, en la que participaron representantes del Gobierno nacional, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Silvia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y organismos internacionales como la ONU Derechos Humanos, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la MAPP-OEA.En un comunicado conjunto, las entidades expresaron su solidaridad con las víctimas y reiteraron el llamado a resolver los conflictos comunitarios, interétnicos y territoriales por medio del diálogo social y político, evitando cualquier manifestación de violencia que afecte la convivencia y la paz en la región.Las autoridades también destacaron las decisiones adoptadas por ambos pueblos indígenas para facilitar acciones humanitarias en medio de la emergencia, entre ellas el ingreso de personal médico, el traslado de heridos a centros asistenciales y la entrega de personas retenidas por parte de las dos comunidades. Estas acciones fueron coordinadas con autoridades locales, entidades del Gobierno y organismos humanitarios, bajo protocolos previamente acordados.Según lo informado, tanto las autoridades Misak de Guambía como las Nasa de Pitayó expresaron su disposición para avanzar en una ruta de solución al conflicto una vez superen el periodo inmediato de duelo y se garantice la atención humanitaria integral a las comunidades afectadas.Durante el encuentro en Popayán también se plantearon propuestas relacionadas con tierras, seguridad, atención psicosocial, protección de niños, niñas y adolescentes, además del esclarecimiento de los hechos ocurridos. Estas iniciativas serán evaluadas por las autoridades indígenas dentro del proceso de concertación que definan las comunidades.El Gobierno nacional, junto con autoridades departamentales y municipales, aseguró que mantendrá acciones para garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de las comunidades involucradas, en coordinación con sus autoridades tradicionales.Asimismo, las instituciones hicieron un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía caucana para promover un manejo responsable de la información, con el fin de evitar la estigmatización de las comunidades indígenas y prevenir una mayor escalada de la violencia.El Gobierno también reiteró la disposición del presidente Gustavo Petro de reunirse con las autoridades indígenas de ambos pueblos para contribuir a una solución pacífica del conflicto que atraviesa el municipio de Silvia, en el oriente del Cauca.
La disputa territorial entre comunidades indígenas en el Cauca volvió a escalar en las últimas horas y deja un saldo de al menos siete personas fallecidas y más de 100 heridas. Los enfrentamientos entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa se concentran en el resguardo de Pitayó, donde ambas comunidades sostienen reclamaciones históricas sobre la posesión de tierras ancestrales.El conflicto, según explicaron autoridades y líderes indígenas, tiene raíces que se remontan a la época de la colonia española. La controversia gira alrededor de predios ubicados entre los resguardos de Guambía y Pitayó, territorios sobre los que existen títulos coloniales y republicanos que cada comunidad interpreta como respaldo a sus derechos históricos. Los Misak sostienen que esas tierras les pertenecen ancestralmente y denuncian una ocupación ilegal, mientras que los Nasa defienden que su presencia está amparada en procesos adelantados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).La tensión aumentó tras recientes decisiones relacionadas con la delimitación y formalización territorial. De acuerdo con la ANT, se emitieron resoluciones que reconocieron la vigencia legal de títulos coloniales y republicanos asociados al resguardo indígena de Pitayó. Sin embargo, desde el pueblo Misak consideran que esas determinaciones afectan sus derechos territoriales ancestrales y favorecen las reclamaciones de la comunidad Nasa.El director de la Agencia Nacional de Tierras explicó que el resguardo de Guambía tiene reconocimiento legal y pertenece al pueblo Misak, pero precisó que existe un proceso administrativo pendiente relacionado con la clarificación de títulos coloniales de los años 1740 y 1750. Según indicó, esa aclaración jurídica sobre el título colonial Nasa de Pitayó no elimina ni limita los derechos territoriales del resguardo Misak. El funcionario insistió en que la confrontación “es un conflicto político” relacionado con el uso de cerca de 800 hectáreas y rechazó el recrudecimiento violento de la situación.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que detrás de la confrontación no solo existiría una disputa por la tierra, sino también posibles influencias de estructuras criminales y factores políticos que estarían profundizando la tensión en la región.En medio de la crisis, organizaciones de derechos humanos iniciaron acercamientos en la zona para atender a las víctimas y promover canales de diálogo entre ambas comunidades. La prioridad, señalaron, es contener los enfrentamientos y avanzar hacia mecanismos de concertación que permitan resolver una disputa histórica que durante décadas ha permanecido latente en el territorio caucano.
Una misión humanitaria promovida por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y varios garantes adelanta acciones para atender la emergencia derivada de los enfrentamientos entre integrantes de los pueblos indígenas Misak y Nasa en el municipio de Silvia, Cauca.En medio de la tensión que deja hasta el momento siete personas fallecidas y más de 100 heridos, organizaciones de derechos humanos comenzaron un primer acercamiento en la zona con el objetivo de atender a las víctimas y facilitar canales de comunicación.El coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Eduin Mauricio Capaz, explicó a Blu Radio que las acciones que se están desarrollando tienen un carácter humanitario y buscan priorizar la atención de las personas afectadas por los enfrentamientos.“Esto es un primer acercamiento alrededor de esto que ha sucedido. Y nuestras acciones van a estar alrededor exclusivamente de lo humanitario, de poder brindar acompañamiento a los heridos, extraer los cuerpos de personas que están todavía en el sector de esta confrontación, y poder establecer un canal de comunicación directo que nos ayude a superar esta difícil situación”, señaló Capaz.La misión humanitaria busca ingresar a las zonas donde se han concentrado los enfrentamientos para facilitar el traslado de heridos, recuperar cuerpos que permanecen en medio de la confrontación.Los choques entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa se registraron en medio de una disputa territorial en el resguardo de Pitayó, una situación que en las últimas horas ha generado fuertes enfrentamientos.Finalmente, Capaz hizo un llamado para que se permita el desarrollo de las acciones humanitarias y de derechos humanos en medio de la crisis. “Seguimos pidiendo a tod@s que permitan la acción de DDHH y humanitaria así sean muy difíciles los momentos”, señaló el coordinador del CRIC.
Un grave enfrentamiento entre las comunidades indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca, dejó seis personas fallecidas y más de 100 heridos. El Ministerio de Defensa movilizó tropas al sector para controlar la situación humanitaria derivada de una histórica disputa por 800 hectáreas de páramo en la cordillera central.¿Por qué se enfrentaron los indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca?La escalada de violencia se originó por la interpretación de un proceso de clarificación de vigencia de un título colonial iniciado en 2022. Tatiana Bachiller, exautoridad del cabildo Misak de Guambía, señaló en Mañanas Blu 10:30AM que "unas dirigencias muy jóvenes del cabildo Nasa de Pitayó decidieron hacer valer ese título" para ingresar al territorio, lo que derivó en la instalación de tres puntos de control que restringieron la movilidad de los Misak desde diciembre pasado.Bachiller denunció el uso de armamento de alta potencia en las confrontaciones de las últimas horas: "Existe una frontera muy delgada entre los conflictos interétnicos y el conflicto armado por el lugar y la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Vimos a gente armada, tenemos de hecho la mayoría de las personas, pues todas las personas que murieron de nuestro pueblo son con heridas de fusil".Asimismo, cuestionó el rol de la dirigencia Nasa y de figuras políticas como Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, afirmando que los agresores "se sienten demasiado poderosos e inmunes ante la ley".Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), explicó que la clarificación del título colonial es un procedimiento administrativo que determina la vigencia de documentos de los años 1700, pero aclaró que "eso no significa por sí que ni autorice a desconocer los títulos actuales".El funcionario fue enfático en respaldar la legalidad territorial de los afectados: "No existe duda ni traza de que se pueda poner en consideración o en debate el peso jurídico que tiene el título de Guambía. Ahí hay un conflicto, es político, no legal". Harman desvirtuó las acusaciones de Bachiller sobre supuestos favorecimientos políticos hacia el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): "Esa es la apreciación de la señora Bachiller... Aquí no podemos plantear abiertamente que se haya tenido la prevalencia de una sobre otra".Escuche la entrevista completa aquí:
La vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado al diálogo frente al conflicto que enfrentan las comunidades indígenas Misak y Nasa en el departamento del Cauca, esto luego de un enfrentamiento que dejó cuatro personas muertas y más de 44 heridas en el sector de La Ensillada, zona rural del municipio de Silvia, este jueves 21 de mayo.Francia Márquez aseguró que está dispuesta a mediar para buscar caminos de reconciliación entre ambas comunidades.“Me dispongo como lideresa, como mujer caucana y como Vicepresidenta para ayudar a construir caminos de diálogo social. Caminos que, en medio de la diferencia, nos permitan cuidar la vida entre pueblos hermanos”, aseguró Márquez.La vicepresidenta lamentó la situación que atraviesa el Cauca y señaló que no puede ser la violencia la que resuelva las diferencias entre comunidades históricamente afectadas por el conflicto y el abandono estatal.“No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias. Como pueblos hermanos, con memoria, con raíces y con derechos, me duele el alma ver lo que pasa en nuestro territorio”, afirmó.Además, hizo un llamado a los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores populares a unirse alrededor de la paz y la defensa de la vida en el departamento.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el presidente Gustavo Petro convocó para el próximo lunes una reunión urgente con las máximas autoridades de los pueblos Misak y Nasa para intentar destrabar esta situación.“El próximo lunes el presidente ha convocado a las máximas autoridades de los Misak y los Nasa para hablar de gobierno a gobierno sobre la problemática que hay sobre unas 800 hectáreas que hay allá en tierras”, señaló el ministro.El ministro Benedetti confirmó además que el Ejército ingresó a la zona durante la tarde de este jueves para evitar nuevos enfrentamientos entre ambas comunidades, aunque fue enfático en que la intervención busca contener la situación y no combatir a los grupos indígenas.“Insisto, no es una manera para combatir con el Estado, niños están combatiendo. Están peleando dos autoridades, dos pueblos indígenas, que el Estado lo que trata de hacer es que eso no siga pasando, porque ha habido muertos y ha habido muchos heridos.”, explicó.El ministro indicó que aunque no hay un balance oficial sobre los hechos violentos del jueves 21 de mayo, las comunidades actualmente permanecen replegadas y las autoridades esperan que el encuentro convocado por el Gobierno permita frenar la violencia en esta región del país.“No sabemos si es estrategia para descansar y seguir, o por lo tanto parar. Ojalá que la cita con el presidente sirva para mitigar el dolor y parar, entonces, la violencia que está sucediendo”, señaló.
La polémica que rodea el Mundial 2026 ya no solo se vive dentro de la cancha. Las declaraciones de una senadora paraguaya y una de las principales figuras del fútbol mundial escalaron al plano judicial y ahora abren un escenario que pocos esperaban.Y es que Kylian Mbappé, quien respondió el mensaje de la senadora tras los comentarios considerados racistas, podría enfrentar serios problemas. Si bien no existe una orden de captura contra el francés, la defensa de la senadora paraguaya Celeste Amarilla estudia la posibilidad de presentar una denuncia por presunta calumnia y difamación. De prosperar la demanda y cumplirse determinadas condiciones legales, el caso podría derivar en una solicitud de extradición hacia el país sudamericano, de acuerdo con lo señalado por el abogado.¿Mbappé podría ser extraditado a Paraguay? Esto dice la defensa de la senadoraLa controversia comenzó después del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Luego del compromiso, Celeste Amarilla lanzó una serie de comentarios que fueron considerados racistas contra el delantero francés, a quien calificó con expresiones ofensivas relacionadas con su origen.El delantero del Real Madrid respondió calificando a la congresista como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", palabras que ahora podrían convertirse en el centro de una disputa judicial mucho mayor.Según reveló Marca Estados Unidos, Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de Amarilla, la intención es denunciar al futbolista por calumnia y difamación.El jurista explica que, si ambas acusaciones son admitidas por la justicia paraguaya, la pena máxima que enfrentaría Mbappé podría alcanzar los tres años de prisión, requisito que, en teoría, permitiría estudiar una eventual posibilidad de extradición según el tratado vigente entre Francia y Paraguay.Fiscalía francesa investiga insultos racistasLa estrategia de la defensa dependerá del avance de otro proceso judicial que ya está en marcha.De acuerdo con la Fiscalía francesa, se abrió una investigación contra la senadora por presuntas injurias públicas agravadas por motivos de origen, etnia, nación, raza o religión. De ser hallada responsable, Amarilla podría enfrentar una condena de hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros.A pesar de ese escenario, la congresista mantiene su postura y, de acuerdo con su abogado, no tiene previsto retractarse, argumentando que sus declaraciones fueron realizadas a título personal como aficionada de la selección paraguaya y no como representante del Estado.Choques entre Francia y Paraguay por caso MbappéEl presidente francés, Emmanuel Macron, expresó públicamente su respaldo a Mbappé frente a los ataques racistas, mientras que el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró que las palabras de la senadora no representan los valores del país.Lejos de disminuir la tensión, Amarilla volvió a lanzar nuevos insultos contra el futbolista durante una sesión del Senado, en la que criticó su actitud tras el partido y aseguró que el delantero actuó con prepotencia al, presuntamente, negarle el saludo al arquero paraguayo Orlando Gill.
La Torre Eiffel y otros sitios emblemáticos de París anunciaron cierres anticipados este fin de semana por las altas temperaturas, mientras una cuarta parte de Francia está bajo alerta roja en medio de la tercera ola de calor desde mayo.El operador de la Torre Eiffel informó que el monumento "cerrará excepcionalmente" este sábado y domingo a las 16H00 (14H00 GMT) debido a las "altas temperaturas pronosticadas".La torre, que atrae a unos 7 millones de turistas cada año, suele permanecer abierta hasta pasada la medianoche durante el verano boreal.Los dos museos más famosos de la capital francesa, el Louvre y el Orsay, han tomado medidas similares.El primero cerrará a las 16H00 (14H00 GMT) hasta el lunes inclusive, mientras que el segundo lo hará a las 17H00 (15H00 GMT) hasta el miércoles.Veinticuatro departamentos, donde viven 22,2 millones de personas según un cálculo de la AFP, se encontraban el sábado bajo el nivel máximo de alerta emitido por el servicio meteorológico nacional Méteo-France. Entre ellos, figuran París y su región metropolitana.Otros 59 departamentos estaban bajo alerta naranja, mientras la gente abarrotaba trenes y carreteras en el inicio de un fin de semana largo, previo al feriado del 14 de julio.En toda Francia, muchas ciudades han renunciado a los típicos fuegos artificiales de la fiesta nacional debido al aumento de incendios y a las condiciones de sequía.En este contexto, los incendios se multiplican. Más de 25.000 hectáreas han ardido desde principios de año, casi el doble de lo que se registraba en el mismo período de 2025, según la Seguridad Civil.El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la vigilancia este sábado, advirtiendo que nueve de cada diez incendios se deben a la actividad humana."Un solo segundo de distracción puede poner en riesgo a las familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestro campo", escribió en X.La nación europea enfrenta su tercera ola de calor en dos meses, mientras la previa ocurrida el mes pasado batió récords.En junio, el país registró más de 2.000 muertos atribuibles a la ola de calor y 300 durante las altas temperaturas a finales de mayo, según cifras oficiales.El Ejecutivo ha recibido numerosas críticas por su "falta de preparación" ante el calor extremo, cuya creciente frecuencia los científicos atribuyen al cambio climático causado por el ser humano.
Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que el reciente pronunciamiento de Estados Unidos y los demás países miembros del Escudo de las Américas representa un respaldo a la voluntad expresada por los colombianos en las urnas y a la necesidad de garantizar una transición institucional respetuosa del orden constitucional.El equipo del presidente electo afirmó, en un comunicado, que la decisión de los ciudadanos "debe ser respetada sin ambigüedades, sin maniobras y sin intentos de desconocer el mandato democrático". Además, sostuvo que el apoyo de la comunidad internacional reafirma la importancia de preservar el orden constitucional y de desarrollar el proceso de empalme con pleno respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales.El Gobierno entrante reiteró que el proceso de empalme entre administraciones no constituye una concesión política, sino una obligación prevista en la Constitución para garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones.El pronunciamiento llega un día después de que Estados Unidos y otros doce países integrantes del Escudo de las Américas emitieran una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por declaraciones que, según señalaron, ponen en duda la integridad del proceso electoral colombiano y generan incertidumbre sobre la transición presidencial.En dicho documento, los gobiernos firmantes hicieron un llamado a respetar los resultados oficiales de las elecciones, rechazaron cualquier intento de desacreditar a las autoridades electorales o de obstaculizar el proceso de empalme e instaron a que la transición se desarrolle de manera pacífica, ordenada y transparente, conforme a la Constitución y la ley.La declaración internacional se produjo en medio de la controversia generada tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no reconocería la victoria electoral de De La Espriella al denunciar un supuesto fraude sin presentar pruebas. Declaraciones por las que el presidente electo ha acusado al mandatario y al excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de intentar impedir la transición de gobierno.
La muerte de Adriana Manotas, una mujer de 52 años, volvió a encender el tema sobre los riesgos de acudir a establecimientos clandestinos para realizarse procedimientos estéticos. El caso ocurrió en la localidad de Puente Aranda, donde, según las autoridades, el lugar en el que recibió atención no contaba con permisos para prestar servicios de salud ni con personal acreditado para este tipo de intervenciones.Tras la tragedia, la Secretaría Distrital de Salud reforzó el llamado a la ciudadanía para que verifique la legalidad de los centros médicos antes de someterse a cualquier procedimiento. La directora de Calidad de Servicios de Salud de la entidad, Katia Vaquero, lanzó una advertencia contundente: "Lo barato no es seguro", una frase con la que busca evitar que se repitan casos similares en la capital.¿Cómo avanza el control contra los centros estéticos clandestinos en Bogotá?La funcionaria explicó que la administración distrital mantiene operativos permanentes junto con la Policía, la Fiscalía y las alcaldías locales para combatir la prestación ilegal de servicios estéticos.Solo en lo corrido del año, la Secretaría de Salud ha realizado 104 visitas derivadas de denuncias ciudadanas, de las cuales 34 terminaron con medidas sanitarias contra establecimientos con y sin habilitación.Además, desde 2025 y hasta el 5 de julio de este año se han efectuado 1.296 visitas relacionadas con actividades estéticas, que dieron paso a 590 operativos y a la imposición de 155 medidas de seguridad** por incumplimientos a la normativa."Es imperativo hacer el llamado a toda la comunidad para que antes de realizarse un procedimiento estético validen que el establecimiento cumpla con todas las condiciones", enfatizó Vaquero.¿Qué deben revisar los pacientes antes de un procedimiento estético?La directora insistió en que los ciudadanos deben verificar que tanto el establecimiento como el profesional de la salud estén registrados oficialmente en las plataformas REPS y ReTHUS, herramientas habilitadas para consultar la idoneidad de clínicas y especialistas.También recordó que la Secretaría de Salud mantiene habilitados canales de atención para resolver dudas y recibir denuncias sobre posibles centros clandestinos.¿Por qué siguen apareciendo estos establecimientos ilegales?Aunque las autoridades han intensificado los controles, Vaquero reconoció que muchos de estos lugares cambian constantemente de dirección para evadir la vigilancia."Una casa, un apartamento, un espacio chiquito no es el lugar idóneo ni es un lugar habilitado para realizar procedimientos estéticos", advirtió.Según explicó, las localidades donde más se han identificado este tipo de establecimientos son Puente Aranda, Usaquén y Chapinero, aunque los operativos se desarrollan en toda Bogotá.Finalmente, la funcionaria pidió el apoyo de la ciudadanía para denunciar estos sitios, ya que la información de la comunidad resulta clave para detectar establecimientos ilegales y evitar nuevas tragedias como la que cobró la vida de Adriana Manotas.
A menos de un mes para el inicio del mandato, autoridades en Antioquia hicieron una nueva solicitud al Gobierno nacional entrante, encabezado por Abelardo De La Espriella, para que adopte de manera anticipada un paquete de medidas que reduzca el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño sobre el sistema energético del país.El gobernador Andrés Julián Rendón advirtió que los pronósticos apuntan a un evento con altas probabilidades de alcanzar una intensidad extrema, por lo que insistió en la necesidad de actuar antes de que se materialicen riesgos de desabastecimiento.Entre las propuestas planteadas por el mandatario está la evaluación de un aumento en el nivel máximo de almacenamiento de los embalses, una medida que también ya había sido mencionada por el gerente de Hidroituango, Alejandro Álvarez, con el propósito de incrementar las reservas de agua disponibles para la generación de energía durante los meses de mayor sequía.Asimismo, solicitó estudiar la implementación de la denominada "hora Gaviria", estrategia aplicada en la década de los noventa que consistió en modificar los horarios oficiales para aprovechar mejor la luz natural y reducir la demanda de energía en los momentos de mayor consumo."Adelantar los relojes es una medida muy sencilla, pero que suaviza el consumo en las horas pico. Solo adelantar los relojes nos permite un ahorro de energía que puede ser superior al 2 %, y eso ya comienza a hacer la diferencia", aseguró el mandatario.Rendón también se mostró a la expectativa de la instalación de una mesa antiapagón, escenario en el que participarían el Gobierno nacional, autoridades energéticas, generadores y demás actores del sector para definir un plan de contingencia que minimice el riesgo de racionamientos y sus efectos sobre la economía y la prestación de servicios esenciales.Las solicitudes se producen en un momento en el que los pronósticos advierten un episodio severo de El Niño durante el último trimestre del año, algo que podría reducir significativamente los aportes hídricos a los embalses y comprometer la generación hidroeléctrica.En ese contexto, desde Antioquia han insistido en que las decisiones preventivas deben adoptarse con suficiente anticipación para evitar que el país enfrente las consecuencias de una crisis energética en medio de una sequía prolongada.
