Una denuncia por presuntos abusos de integrantes del Ejército Nacional en territorio de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo fue puesta en conocimiento de las autoridades en Ituango, Antioquia. Los habitantes señalaron a soldados de la Séptima División de haber ingresado sin autorización a una vivienda, ocasionado daños materiales y, presuntamente, hurtado varios elementos.Según el relato de los afectados, los hechos ocurrieron cuando los ocupantes de la casa estaban ausentes. En ese momento, los uniformados habrían derribado las puertas, ingresado al inmueble y establecido un campamento en su interior, al parecer como si se tratara de un allanamiento.La comunidad denunció que durante la incursión fueron destruidos un televisor y un colchón, además de reportar el presunto hurto de dinero en efectivo, un reloj y una estufa. También señalaron que los militares registraron sus pertenencias y llegaron a cocinar en el patio delantero de la vivienda.Los líderes indígenas rechazaron lo ocurrido y lo calificaron como una vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Además, informaron que pusieron el caso en conocimiento de la Personería Municipal para solicitar que se investiguen los hechos.Frente a esta denuncia, la Cuarta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División, confirmó a través de un comunicado que tuvo conocimiento de los señalamientos relacionados con el presunto ingreso no autorizado de soldados del Batallón de Infantería número 10 Coronel Atanasio Girardot a una vivienda rural de Ituango, el pasado 4 de noviembre.La institución informó que el comando dispuso adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes y poner los hechos en conocimiento de otras autoridades competentes para esclarecer las circunstancias y determinar posibles responsabilidades.El Ejército aseguró que no tolera "conductas contrarias a sus principios institucionales" y que adoptará las medidas correspondientes, de acuerdo con los resultados de las investigaciones.
Agentes de la Policía de infancia, junto con el ICBF y Migración Colombia, llegaron hasta la carrera 46 con la calle 100, en pleno norte de Barranquilla, donde desde hace meses un grupo de indígenas Yukpa, entre ellos niños y bebés de brazos, a diario se ubican sobre bulevar del sector para pedir limonosa.Las autoridades intervinieron ante las denuncias de ciudadanos que, a diario, ven cómo los menores eran instrumentalizados para que pidieran dinero a los ocupantes de los vehículos que transitan por este importante corredor vial.Pero la intervención de las autoridades terminó en un fuerte enfrentamiento con la comunidad indigena. En videos grabados por ciudadanos quedó evidenciado el momento en que uniformados de la Policía sujetaban a algunos hombres, quienes lanzaban puños, y arrojaron palos y hasta piedras para evitar ser llevados, mientras que las mujeres abrazaban con fuerza a los niños buscando que no se los quitaran.Como resultado, dos menores fueron rescatados y remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo, los policías y tres funcionarios de la Alcaldía fueron agredidos, informó el secretario de Gestión Social de Barranquilla, Iván Marín, declaró que además de los uniformados. "Los funcionarios hemos sido agredidos. A mí me acaban de dar un golpe fuerte ahora mismo, pero esto se hace por los niñitos. La ley los protege y la ley está en el proceso con nosotros, porque son medidas de protección para los niñitos,"El llamado más grande a la ciudadanía es no dar dinero, no dar limosna a esta etnia, porque es un negocio lo que tienen ahí y los adultos viven de los niñitos y eso no se va a permitir aquí".Esta comunidad Yukpa ha venido migrando a Barranquilla en los últimos 10 años provenientes de la Serranía del Perijá, en el municipio de Machiques en Venezuela.De acuerdo con el último censo de caracterización realizado en junio de 2026, el Distrito identificó a 119 miembros de esta comunidad indígena en la capital del Atlántico, asentadas principalmente en el barrio La Loma y en el sector de Las Terrazas.Por el momento el Distrito atiende a 31 niños y mujeres gestantes Yukpa en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de La Loma, ofreciendo educación inicial, seguimiento nutricional y un acompañamiento familiar adaptado a sus usos y costumbres ancestrales.
Dos mujeres indígenas que requerían atención médica urgente en el municipio de Urrao, en el Suroeste antioqueño, fueron trasladadas por vía aérea hacia Medellín para ser atendidas en centros de mayor complejidad, debido a las difíciles condiciones de acceso geográfico en sus territorios.El primer caso corresponde a una joven de 19 años con 29 semanas de gestación, quien presentó signos de alarma asociados a un riesgo de parto prematuro, situación que obligó a su remisión prioritaria para valoración por las especialidades de ginecología y obstetricia.El segundo hecho involucró a una mujer de 62 años, integrante de la comunidad Manza en el resguardo Valle de Pérdidas, quien sufrió una mordedura de serpiente en uno de sus brazos, presentando inflamación y dolor severo que requerían tratamiento especializado.De acuerdo con el gerente de la entidad, Mauricio Martínez, la coordinación de ambos traslados en helicóptero estuvo a cargo de la EPS Savia Salud, entidad que gestionó la logística aérea desde las áreas rurales del municipio para garantizar la atención oportuna de ambas pacientes en la capital antioqueña."En este caso, dos pacientes de comunidades indígenas del municipio de Urrao, una madre muy joven con un embarazo de alto riesgo que fue trasladada al municipio de Medellín y otra una mujer más adulta que tuvo un accidente con una mordedura de serpiente. Ambos casos fueron trasladados en helicóptero a la ciudad. Hoy se encuentran estables", manifestó Martínez.Ambas mujeres permanecen bajo observación y valoración médica en la red hospitalaria de Medellín, mientras las autoridades de salud reiteran la importancia de activar las rutas de evacuación aérea en zonas de difícil acceso geográfico.
El 65 % de las activaciones de ruta por Código Fucsia en la ciudad corresponden a niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas, una realidad que evidencia una crisis profunda de salud mental y vulneraciones que requiere atención urgente y diferencial.El panorama fue advertido tras un seguimiento de la Personarería de Medellín, que deja al descubierto graves problemáticas como conductas suicidas, violencia sexual, violencia basada en género, explotación sexual comercial, mendicidad y trabajo infantil.Según Elkin Gallego, personero delegado, estas situaciones se ven agravadas por el desplazamiento, el confinamiento y la constante movilidad territorial de las familias."De acuerdo con lo documentado por esta Personería distrital, persisten una serie de vulneraciones a los derechos de los niños, niñas, adolescentes indígenas en el distrito relacionados con casos de violencias sexuales, violencias basadas en género, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, habitanza de calle, mendicidad forzada, así como un aumento de los casos de intento de suicidio", agregó Gallego.Además, el informe señala que existen profundas barreras que invisibilizan parte de la problemática, entre ellas la falta de traductores, el temor a las autoridades y las dificultades culturales para denunciar, sumado a la escasez de atención psicológica especializada, la discontinuidad en los contratos de los profesionales y la fragmentación entre las entidades encargadas de proteger a las comunidades.Por esto, la Personería Distrital emitió una Alerta Institucional dirigida a la Alcaldía de Medellín, las diferentes secretarías del Distrito, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación.La solicitud de los organismos de control exige que la respuesta estatal no se limite a atender las emergencias puntuales, sino que implemente modelos de salud intercultural, garantice seguimiento real a cada caso y articule el trabajo con las propias autoridades indígenas para frenar la vulneración de derechos de la niñez.
La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, realizar una nueva valoración del riesgo de dos líderes indígenas, luego de determinar que la entidad no aplicó de manera efectiva el enfoque étnico al analizar las amenazas en su contra.La decisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, amparó los derechos fundamentales de los dos lideres y concluyó que la UNP incurrió en fallas por la insuficiente motivación de sus decisiones y por no tener en cuenta de manera concreta sus condiciones como integrantes de pueblos indígenas.Uno de los casos corresponde a un integrante del pueblo Nasa y rector de una institución educativa indígena. Aunque su labor como líder y educador estaba relacionada con el riesgo que enfrentaba en su territorio, la UNP calificó su situación como de riesgo ordinario y negó la asignación de medidas de protección.El segundo caso es de un integrante del pueblo Awá y concejal municipal. En su situación, la UNP sí reconoció un riesgo extraordinario, pero le asignó un esquema de seguridad que resultó insuficiente frente a las nuevas amenazas que había recibido en su región.Al estudiar ambos casos, la Corte aclaró que el enfoque diferencial no puede quedarse en mencionar que una persona pertenece a una comunidad indígena. Según el fallo, esa condición debe ser tenida en cuenta de manera concreta durante todo el proceso de evaluación del riesgo y al momento de definir las medidas de protección.Por esta razón, la primera regla que fijó la Corte es que la UNP debe partir de una presunción de riesgo a favor de los líderes y lideresas de comunidades étnicas. Esto significa que la entidad debe asumir inicialmente la existencia del peligro y, si considera que no existe, debe demostrarlo, sin trasladar toda la carga de la prueba a la persona amenazada.La segunda obligación es realizar una valoración con el contexto requerido y motivar de manera cualificada las decisiones. La UNP no podrá disminuir o negar la protección argumentando simplemente que la presencia de grupos armados es habitual en determinada región.Por lo que deberá analizar las condiciones geográficas, culturales y de violencia que pueden afectar tanto al líder como a la supervivencia de su comunidad.Como tercera medida, la Corte ordenó que los esquemas de seguridad sean idóneos, eficaces y acordes con la realidad territorial y cultural de cada protegido. Esto incluye la posibilidad de incorporar personas de confianza o integrantes de la propia comunidad cuando esa alternativa resulte necesaria para garantizar una protección adecuada.El cuarto principio establece que la protección no debe concentrarse únicamente en la persona amenazada. La UNP también debe reconocer al pueblo étnico como un sujeto colectivo de protección. Además, la entidad no puede restarle importancia al riesgo porque las investigaciones penales relacionadas con las amenazas estén estancadas o no hayan avanzado.Con este fallo, la Corte ordenó rehacer los estudios de seguridad los dos líderes bajo estas condiciones y estableció reglas que deberán ser tenidas en cuenta por la UNP en la protección de líderes y comunidades étnicas.
La Corte Constitucional fijó límites para los jueces de la justicia ordinaria cuando deben decidir dónde debe permanecer recluida una persona indígena: no pueden desconocer su identidad cultural ni decidir de manera unilateral sobre su traslado, sino que deben abrir un diálogo intercultural con las autoridades del resguardo y analizar las condiciones de seguridad, los derechos de las víctimas y la autonomía indígena.La decisión quedó establecida al resolver el caso de Erinson Carabalí Orobio, comunero del Resguardo Indígena El Gran Mallama, en Nariño. La Corte revocó los fallos que habían negado su tutela y protegió sus derechos fundamentales al debido proceso y a la identidad cultural. La Corte estableció que este diálogo debe buscar un equilibrio entre la autonomía de los pueblos indígenas y los derechos de otras personas involucradas en el proceso, especialmente las víctimas.Además, el alto tribunal dejó sin efectos la orden que disponía su traslado a la Cárcel Judicial de Pasto y ordenó al Juzgado 005 Penal del Circuito de Pasto iniciar, en un plazo de cinco días, un diálogo horizontal con las autoridades tradicionales del resguardo para definir las condiciones de su medida de aseguramiento.Mientras se desarrolla este procedimiento, Carabalí Orobio continuará cumpliendo la medida de aseguramiento en la Casa de Sanación Kumal Mallamaka. El proceso de diálogo y la recolección de pruebas deberá durar máximo un mes y quedar documentado.La Corte también estableció qué debe ocurrir si no se logra un acuerdo o no se demuestra que el resguardo cuenta con las condiciones necesarias para garantizar una reclusión segura. En ese caso, el juez deberá ordenar que la medida se cumpla en pabellones especiales del INPEC con enfoque étnico-diferencial. El caso comenzó en 2024, cuando el procesado fue capturado por su presunta participación en delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y desaparición forzada. Inicialmente, un juez había autorizado que permaneciera en la casa de sanación, teniendo en cuenta su pertenencia indígena, la solicitud del gobernador y las condiciones de vigilancia de la comunidad.Sin embargo, en abril de 2025 otro juez revocó esa decisión y ordenó enviarlo a la cárcel ordinaria. Al revisar el expediente, la Corte concluyó que el juez que ordenó el traslado a la cárcel ordinaria no realizó el diálogo intercultural exigido, valoró de manera parcial algunas pruebas y utilizó argumentos que desconocieron la presunción de inocencia.
Representantes del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén, ubicado en Santander de Quilichao, Cauca, expusieron ante el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) varias situaciones que, según denuncian, afectan a su comunidad y estarían relacionadas con la persistencia del conflicto armado en la región.La reunión estuvo encabezada por el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca, quien recibió a la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, junto con otros representantes del cabildo.Uno de los principales temas abordados fue el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales. Perafán aseguró que más de 15.000 menores pertenecientes a comunidades indígenas que representa estarían actualmente en riesgo de ser incorporados a estos grupos.La lideresa también relató que, días antes del encuentro, la comunidad tuvo que recibir el cuerpo de uno de los jóvenes que murieron en combate en Guaviare y que, según su denuncia, había sido reclutado en Cauca por estructuras asociadas a las disidencias de las Farc.Perafán insistió en que estos menores no serían combatientes voluntarios y sostuvo que el fenómeno ya había sido advertido ante la Defensoría del Pueblo.Durante el encuentro también fueron expuestas denuncias relacionadas con amenazas contra líderes de la comunidad y una presunta persecución contra indígenas que profesan la fe cristiana y evangélica.De acuerdo con Perafán, integrantes de estas comunidades religiosas serían señalados por los grupos armados de tener posiciones políticas contrarias a sus intereses. La lideresa aseguró además que existen amenazas de muerte y órdenes de arresto en su contra y contra otros dirigentes.Según su testimonio, más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroccidente del país estarían en riesgo de quedar involucrados en una confrontación armada que, sostuvo, no les corresponde.En la reunión también intervino el abogado y asesor legal José Jairo Collazos, quien recordó que ha recibido amenazas contra su vida desde 1986 y aseguró que existen fosas comunes en el resguardo de Vilachí.El gobernador del cabildo, Julián Mensa, defendió el plan de vida de la comunidad, sustentado en principios religiosos y alejado de los cultivos ilícitos, y denunció presiones contra maestros y líderes comunitarios.Frente a las denuncias, el director del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca, señaló que uno de los retos de la entidad durante esta vigencia será fortalecer la documentación de la memoria histórica directamente en los territorios.El funcionario indicó que fenómenos como el reclutamiento forzado, la persecución religiosa y las dificultades de acceso a la tierra hacen parte de los asuntos que requieren atención, especialmente por su impacto sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto.La reunión permitió así que los representantes del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén presentaran ante el CNMH sus testimonios y preocupaciones sobre la situación de seguridad y las condiciones sociales de su comunidad, mientras la entidad se comprometió a avanzar en la documentación de estas problemáticas como parte de su trabajo de memoria histórica.
La Procuraduría General de la Nación pidió información a las autoridades administrativas y de salud del Guaviare sobre la atención que están recibiendo los integrantes de la comunidad indígena Nukak Baka. La entidad busca conocer, entre otros aspectos, si toda la población está afiliada al sistema de salud y qué acciones se están realizando para atender sus principales necesidades médicas y sociales.Además, la Procuraduría quiere establecer si los servicios de salud que recibe la comunidad Nukak tienen un enfoque diferencial, es decir, si la atención tiene en cuenta su cultura, sus costumbres y las condiciones particulares de su territorio. La solicitud también incluye información sobre programas de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, la explotación sexual y las enfermedades de transmisión sexual.Uno de los puntos con mayor cuidado corresponde a los niños indígenas. Las autoridades deberán informar cuántos menores han sido atendidos por desnutrición, infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, así como los tratamientos recibidos y el seguimiento realizado en cada caso.De esta forma se busca verificar que los niños no solo sean atendidos cuando presentan una enfermedad, sino que también tengan controles y acompañamiento para evitar que su estado de salud empeore.La Procuraduría también pidió conocer si la totalidad de la comunidad Nukak Baka está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En caso de encontrar personas sin cobertura, las entidades deberán explicar qué medidas adoptaron durante 2026 para garantizar su afiliación y facilitarles el acceso a médicos, tratamientos y demás servicios de salud.La solicitud fue dirigida a la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía de San José del Guaviare, las secretarías de Salud departamental y municipal, Nueva EPS y las entidades prestadoras de servicios de salud del departamento. La Regional de Instrucción de Guaviare adelanta esta acción preventiva con el propósito de verificar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad Nukak Baka, considerada un pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural.
La Alcaldía de Medellín coordinó el retorno de 120 integrantes de la comunidad indígena Emberá Katío que tuvieron que desplazarse a la ciudad desde el sector El 90, en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, debido a las confrontaciones armadas.Dos buses partieron desde el sector de Prado, donde se encontraban albergados, acompañados del Ejército y con varios compromisos en términos de seguridad ante la zozobra que vienen generando el ELN y los enfrentamientos recientes.Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, indicó que aunque el alcalde Federico Gfutiérrez estuvo en contacto con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, es crucial que haya un consejo de seguridad en la capital chocoana."Ellos dicen que es por los enfrentamientos de los grupos armados, entonces, sienten temor y riesgo, y por eso se le va a remitir a la UNP para que inicie a los líderes, más que todo, un análisis de riesgo y proceso. Tratan de que los actores armados, los, vincularlos al conflicto, ellos sean resistidos, no quieren estar en el conflicto, y que esto, pues, les ha generado riesgo y vulneración de derechos humanos", destacó el funcionario.Arcila sostuvo que varios líderes indígenas manifestaron sentirse en riesgo, ante la presión de los ilegales, por lo que se remitió esta información a la Unidad Nacional de Protección. "Evaluó con el Ejército, la Policía, ellos planteaban que les brindaban todas las garantías de seguridad. Se habló, entonces, de ayudas humanitarias, y se quedó también con el municipio de Quidó para poder articular acciones de prevención. Igualmente, una al Gobierno nacional que haga un consejo de seguridad y con la defectoría del pueblo para que no se genere una cadena de desplazamiento por la situación de enfrentamientos de los grupos armados", añadió Arcila.Entre los desplazados se encontraban 64 niñas, niños y adolescentes, por lo que la Gerencia Étnica de la Alcaldía dispuso un espacio para recibir a la comunidad, acompañar su declaración y avanzar en la caracterización de las familias para establecer sus principales necesidades.La situación ocurre en medio de una emergencia humanitaria en Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó sobre desplazamientos y confinamientos derivados de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Sipí y Nóvita. El organismo señaló que seis comunidades étnicas, con unas 405 familias y 1.366 personas, están en riesgo.Frente a ello, el Ministerio Público pidió activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes abandonan las zonas afectadas y reforzar la protección de niños, adultos mayores y población étnica.
Un hallazgo que ahora es materia de investigación se registró en la vereda Granadillo, sector San Luis, zona rural de Piedecuesta, donde trabajadores que adelantaban excavaciones para la instalación de redes de gas encontraron restos óseos que, preliminarmente, corresponderían a dos personas.El descubrimiento ocurrió el 13 de agosto de 2026, hacia las 3:00 de la tarde, cuando los obreros realizaban trabajos de excavación y localizaron una cavidad profunda en el terreno. En su interior fueron encontrados los restos óseos, aparentemente de dos individuos, que se encontraban enterrados directamente sobre la tierra y dentro de una pequeña cueva.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el topógrafo Sebastián Caicedo fue informado del hallazgo al día siguiente, cuando inició su jornada laboral, y procedió a comunicar la situación a la empresa responsable de las obras y a la Policía Nacional.La propietaria del predio explicó que no pudo realizar el reporte de manera inmediata debido a que en el sector no había señal telefónica. Además, entregó un dato que abrió una de las principales hipótesis alrededor del hallazgo: hace aproximadamente 20 años también se habrían encontrado restos óseos en ese mismo lugar, por lo que algunos habitantes consideran que podría tratarse de un antiguo cementerio indígena.Por ahora, no existe confirmación de que los restos pertenezcan a población indígena. La Policía informó que se trata de restos óseos sin identificar y que las circunstancias de la muerte, posibles lesiones y demás características deberán ser establecidas mediante los estudios correspondientes.El grupo de criminalística de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó la inspección técnica, fijación fotográfica y recolección de los restos, además de adelantar labores de verificación y entrevistas en el sector.Los vecinos señalaron que, hasta donde conocen, no se han reportado personas desaparecidas recientemente en esa zona rural de Piedecuesta, por lo que tampoco se descarta que los restos tengan una antigüedad considerable.¿Podrían ser restos arqueológicos?La posibilidad de que se trate de un antiguo contexto funerario indígena deberá ser determinada por especialistas. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) establece que los restos óseos pueden hacer parte del patrimonio arqueológico y que los hallazgos fortuitos durante obras deben ser reportados y evaluados técnicamente.De hecho, durante 2026 el ICANH atendió un caso similar en San Agustín, Huila, donde trabajadores encontraron evidencias de posibles contextos funerarios prehispánicos durante obras de instalación de tubería. En ese caso se recomendó suspender excavaciones pendientes y aplicar medidas de manejo arqueológico.En el caso de Piedecuesta, será la investigación forense y, de ser necesario, la valoración arqueológica especializada la que permita establecer quiénes fueron las personas cuyos restos fueron encontrados, cuándo murieron y si el lugar corresponde efectivamente a un antiguo sitio funerario indígena.Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades de Santander mantienen el hallazgo como restos óseos sin identificar y con móviles por establecer.
La Lotería de Cundinamarca prepara una nueva jornada de juegos de suerte y azar este lunes 9 de noviembre de 2026. La entidad realizará el sorteo 4828, que tendrá un premio mayor de $10.000 millones. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el 0474, de la serie 015.El sorteo está programado para las 11:15 p. m. y los resultados se conocerán una vez finalice la transmisión oficial.Premios secos de la Lotería de CundinamarcaAdemás del premio principal, la jornada entregó diferentes premios secos, con valores entre $10 millones y $500 millones.1 Balsa Millonaria ($500 Millones)Número: 4963 | Serie: 0861 Tunjo de Oro ($300 Millones)Número: 6294 | Serie: 0691 Guaca Secreta ($100 Millones)Número: 6810 | Serie: 0323 Tesoros ($50 Millones)Número: 0349 | Serie: 197Número: 5144 | Serie: 033Número: 7816 | Serie: 19820 Tesoros de $20 MillonesNúmero: 4300 | Serie: 253Número: 9320 | Serie: 017Número: 8804 | Serie: 221Número: 2224 | Serie: 337Número: 1228 | Serie: 237Número: 7023 | Serie: 229Número: 8505 | Serie: 176Número: 2200 | Serie: 192Número: 5860 | Serie: 264Número: 4707 | Serie: 245Número: 1566 | Serie: 076Número: 5177 | Serie: 262Número: 1530 | Serie: 312Número: 4830 | Serie: 098Número: 6790 | Serie: 304Número: 2422 | Serie: 070Número: 2563 | Serie: 292Número: 2365 | Serie: 164Número: 8662 | Serie: 217Número: 6598 | Serie: 00735 Tesoros de $10 MillonesNúmero: 7212 | Serie: 025Número: 9406 | Serie: 298Número: 6937 | Serie: 237Número: 3777 | Serie: 017Número: 0113 | Serie: 342Número: 8020 | Serie: 143Número: 2076 | Serie: 043Número: 6376 | Serie: 134Número: 8595 | Serie: 013Número: 1228 | Serie: 257Número: 1270 | Serie: 000Número: 6982 | Serie: 322Número: 8494 | Serie: 156Número: 1085 | Serie: 079Número: 5747 | Serie: 046Número: 1843 | Serie: 213Número: 9847 | Serie: 289Número: 1235 | Serie: 218Número: 7807 | Serie: 056Número: 3036 | Serie: 168Número: 0455 | Serie: 031Número: 2373 | Serie: 260Número: 3247 | Serie: 152Número: 3090 | Serie: 099Número: 0651 | Serie: 039Número: 2457 | Serie: 229Número: 3549 | Serie: 149Número: 0791 | Serie: 276Número: 6834 | Serie: 262Número: 0531 | Serie: 023Número: 8064 | Serie: 216Número: 6609 | Serie: 318Número: 0750 | Serie: 275Número: 5006 | Serie: 283Número: 1351 | Serie: 333Los participantes pueden consultar la imagen oficial publicada por la Lotería de Cundinamarca para verificar los resultados y comprobar si alguno de sus números obtuvo un premio.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca realiza habitualmente sus sorteos los lunes a las 11:15 p. m. (hora colombiana). Cuando la fecha coincide con un día festivo, la jornada se traslada al siguiente día hábil, por lo que algunos sorteos se llevan a cabo los martesLa transmisión se puede seguir a través de Canal 1 y de los canales oficiales habilitados por la entidad.Los billetes se comercializan mediante distribuidores autorizados, entre ellos Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, tanto en puntos físicos como en sus canales de venta disponibles.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con los requisitos establecidos para solicitar el pago de sus premios. De acuerdo con las condiciones informadas, el plazo máximo para reclamar es de 30 días contados a partir de la fecha del sorteo.Para realizar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos:Billete original: debe conservarse en buen estado, sin alteraciones, deterioros o rayones que impidan verificar su autenticidad.Documento de identidad: el ganador debe presentar su identificación para adelantar el procedimiento de cobro.Los premios también están sujetos a los impuestos y retenciones establecidos por la normativa vigente. Estos descuentos se aplican durante el proceso de pago.Antes de iniciar la reclamación, se recomienda consultar con la Lotería de Cundinamarca los requisitos y procedimientos actualizados.Historia de la Lotería de CundinamarcaLa historia de esta entidad se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.Desde entonces, ha formado parte de la tradición de los juegos de suerte y azar en Colombia y se ha mantenido como una de las entidades históricas del sector.¿Cuáles son los premios de la Lotería de Cundinamarca?El plan de premios vigente contempla un premio mayor de $10.000 millones, además de diferentes categorías de premios secos.Entre las principales modalidades se encuentran:Premio mayor: $10.000 millones.Balsa Millonaria: $500 millones.Tunjo de Oro: $300 millones.Guaca Secreta: $100 millones.Tres premios secos: $50 millones cada uno.20 premios secos: $20 millones cada uno.35 premios secos: $10 millones cada uno.Los valores corresponden a los premios brutos anunciados. El dinero que recibe cada ganador puede variar por los impuestos y las retenciones aplicables.Para conocer los resultados, verificar los números ganadores y consultar las condiciones de pago, los participantes pueden ingresar a la página oficial de la Lotería de Cundinamarca.
El premio mayor de MiLoto volvió a caer en Colombia. En el sorteo número 0638, realizado el lunes 9 de noviembre de 2026, un jugador de Barranquilla acertó los cinco números de la combinación ganadora y obtuvo el acumulado de $600 millones, según informó el operador del juego.Con este resultado, el premio mayor de MiLoto completa 31 caídas en lo corrido de 2026. Además, es la cuarta vez en la historia del juego que el gran acumulado se entrega en la capital del Atlántico.Números ganadores de MiLoto del sorteo 0638La combinación que dio el premio mayor en el sorteo del 9 de noviembre fue la siguiente: 04 – 21 – 30 – 31 – 32Los jugadores que conserven su tiquete pueden verificar si obtuvieron alguno de los premios de las categorías inferiores, que se entregan desde dos aciertos.Así se jugó el tiquete ganadorDe acuerdo con la información oficial, el ganador realizó su apuesta en un punto físico de SuperGIROS, uno de los aliados comerciales del juego, y eligió la modalidad automática, en la que el sistema genera los números de manera aleatoria.Resultados completos y premiación del sorteo 638El sorteo dejó un total de 18.523 ganadores y una premiación total de $742.256.850, distribuida así entre las distintas categorías:5 aciertos: 1 ganador, que recibió $600.000.000.4 aciertos: 43 ganadores, con un premio de $661.150 cada uno, para un total de $28.429.450.3 aciertos: 1.556 ganadores, con un premio de $29.650 cada uno, para un total de $46.135.400.2 aciertos: 16.923 ganadores, con un premio de $4.000 cada uno, para un total de $67.692.000.La categoría con mayor número de ganadores fue la de dos aciertos, con 16.923 apostadores premiados, mientras que el premio mayor fue para un único jugador.Nuevo acumulado de MiLotoTras la entrega del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia en $120 millones para el próximo sorteo.Cifras de MiLoto desde su lanzamientoSegún los datos entregados por el operador, entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de noviembre de 2026, MiLoto ha pagado más de $65.698 millones en premios, que corresponden a 3.989.853 premios entregados. Con estas cifras, el juego se presenta como el de mayor frecuencia de premiación en el país.En ese mismo periodo, el juego de suerte y azar ha transferido más de $26.827 millones al sistema de salud colombiano, recursos que hacen parte de las contribuciones que por ley generan los juegos de este tipo.¿Cómo cobrar el premio de MiLoto?El ganador del acumulado deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o revisar los pasos y condiciones para reclamar el premio en el sitio web oficial, www.baloto.com.Premios de hasta $2 millones se cobran en líneaEl operador recordó que los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse directamente a través de la página web oficial, sin necesidad de acudir a un punto físico.Dónde comprar MiLotoLos interesados en participar en los próximos sorteos pueden adquirir su tiquete de las siguientes formas:En línea, desde el celular o el computador, a través de www.baloto.com.En puntos físicos, en los más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país.En grandes superficies, en las principales cadenas comerciales del territorio nacional.Los resultados oficiales de cada sorteo, así como la información sobre acumulados y premiación, se publican en la página web y en las redes sociales oficiales del juego: Facebook (Baloto_Colombia), Instagram y X (@Baloto_Colombia) y YouTube (@BalotoCo).
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.