La Procuraduría General de la Nación desplegó una comisión especial en Chocó para hacer seguimiento a los acuerdos derivados de las mesas de trabajo instaladas en cumplimiento de la Sentencia T-080 de 2018 de la Corte Constitucional.
Este fallo tuteló los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vida en condiciones dignas y la especial protección de las niñas y niños indígenas del Chocó, y dispuso un mecanismo de concertación institucional con condiciones de tiempo, modo y lugar que permitiera avanzar en medidas verificables de protección efectiva.
En su decisión, la Corte confirmó el amparo otorgado por los jueces de instancia y ajustó las órdenes para consolidar ese mecanismo de articulación interinstitucional. Las medidas están dirigidas a garantizar derechos de la niñez indígena de los pueblos Emberá (Katío, Chamí y Dobidá), Wounaan y Tule, en municipios como Lloró, Bajo Baudó, Alto Baudó y su cabecera Pie de Pató, Riosucio, Bagadó, Pizarro y Bojayá, donde persisten graves afectaciones humanitarias.
Durante el segundo día de sesiones, enfocado en temas de salud, la Procuraduría Auxiliar Constitucional instó a las entidades del orden nacional y territorial a estructurar un plan de acción con términos precisos de corto, mediano y largo plazo. El Ministerio Público reiteró que no puede haber nuevas dilaciones en el cumplimiento de esta orden judicial dirigida a proteger a miles de niñas y niños indígenas que requieren atención urgente.
Asimismo, la Procuraduría hizo un llamado a las comunidades indígenas para que faciliten y contribuyan al avance de los compromisos asumidos en la mesa, destacando que la articulación entre instituciones y autoridades propias es indispensable para alcanzar resultados sostenibles.
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