Una importante decisión tomó la Corte Constitucional sobre las actas de defunción de los indígenas wayuu víctimas de muerte violenta. La decisión también vinculó a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entidades que deberán participar en la elaboración del protocolo.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior deberá convocar al pueblo wayuu para adelantar un proceso de consulta previa sobre el contenido del mismo, respetando sus formas de representación, y garantizar la divulgación de la sentencia en idioma wayuunaiki.
Las órdenes se dieron tras el estudio de una acción de tutela presentada por Marilenis Morrón Barrios contra la Fiscalía 2 Seccional de la Unidad de Vida de Maicao y la Notaría Única de ese municipio, luego de que ambas entidades se negaran a autorizar e inscribir la defunción de su hijo, Diomedez Manrique Morrón, fallecido de manera violenta.
Finalmente, la Corte Constitucional ordenó que, en un plazo de seis meses, las entidades involucradas elaboren un protocolo que incluya mecanismos de concertación intercultural con las familias, priorice medios probatorios menos invasivos, respete los rituales funerarios del pueblo wayuu y garantice acompañamiento lingüístico y cultural durante todo el trámite.