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El pasado 22 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente a Coosalud EPS, la quinta entidad prestadora de salud más grande del país.
A tan solo 15 días de esa intervención, el superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano, ha revelado nuevos hallazgos que profundizan aún más las preocupaciones sobre la administración de Coosalud.
Entre los principales descubrimientos se destaca un contrato firmado en diciembre de 2022 entre el Banco GNB Sudameris S.A. y Coosalud Inversa S.A., en el que la EPS actuó como garante de un crédito, es decir, como fiador.
Según Rubiano, en noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito y activó las cláusulas de aceleración, debido a una deuda que superaba los 200.000 millones de pesos.
Este incumplimiento derivó en una medida por parte del banco que contempló la posibilidad de usar recursos relacionados con Coosalud EPS para cubrir la deuda. De hecho, el pasado 20 de noviembre, apenas dos días antes de la intervención, la deuda fue transferida en su totalidad, lo que generó una serie de interrogantes sobre la legalidad y la transparencia de la operación y, lo más importante, para qué se usaron los recursos.
El superintendente Giovanni Rubiano, en un pronunciamiento reciente, señaló que durante el proceso de intervención se descubrió que los dineros públicos de los afiliados a Coosalud fueron utilizados de manera irregular.
Esta situación, que ya está bajo investigación, ha llevado al funcionario a anunciar que se hará entrega del material recopilado a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se inicie una investigación sobre el manejo de los recursos y las posibles implicaciones legales de los involucrados.
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Se dejó de atender toda la gestión de la atención que está incluida en el Plan Obligatorio de Salud y especialmente los casos en las cohortes de alto costo: pacientes renales, VIH, enfermedades huérfanas, crónicas transmisibles y no transmisibles. Estas personas, seguramente, dejaron en su momento de recibir atención, medicamentos y tratamiento como producto de estos desvíos de dinero
Rubiano también señaló que lo más curioso de los hallazgos es que el representante legal de Coosalud EPS, Jaime González, durante la firma del contrato también ostentaba la representación legal de la empresa deudora.
“Este hallazgo nos demuestra que la intervención con fines de administración era más que necesaria. Este es el soporte que no conocíamos, pero que encontramos”, dijo Rubiano.
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La intervención a Coosalud y estos nuevos hallazgos reavivan las preocupaciones sobre la transparencia y el manejo de los recursos en las EPS del país, que tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de millones de colombianos.
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