La Corte Suprema puso punto final a uno de los casos de corrupción que durante años afectó recursos destinados a la salud. El alto tribunal confirmó condenas de hasta 24 años de prisión contra dos exfuncionarios involucrados en un esquema que permitió el pago irregular de recobros al antiguo Fosyga, y ordenó su captura inmediata.
Se trata de Claudia Patricia Rojas Puerta, quien fue coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimiento de Recobros, y Luis Andrés Ruiz Martínez, ingeniero de sistemas de esa misma área. Rojas fue condenada a 288 meses de prisión, es decir, 24 años, además de una multa superior a 16 mil millones de pesos. Luis Andrés Ruiz recibió una pena de 270 meses, equivalentes a 22 años y seis meses, y una multa de más de 11 mil 400 millones de pesos.
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El caso se remonta al periodo entre 2006 y 2011 y está relacionado con el Consorcio Fidufosyga 2005, encargado de administrar y pagar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga. Las EPS podían reclamar al fondo el pago de medicamentos, procedimientos y tecnologías que no estaban incluidos en el plan de beneficios, pero miles de esos recobros habían sido rechazados por no cumplir los requisitos o no tener los soportes necesarios.
Según la sentencia, fue entonces cuando se puso en marcha el mecanismo irregular. Pues los dos procesados habrían utilizado sus cargos dentro del Ministerio de la Protección Social para facilitar que recobros que habían sido rechazados volvieran a ser aprobados. Para esto, se utilizaron memorandos, notas internas y archivos que permitían presentar las inconsistencias como si ya hubieran sido corregidas.
Con esa información, se facilitaba que la Dirección General de Financiamiento ordenara el pago de millonarias sumas a las EPS, sin que los recobros pasaran nuevamente por una revisión física.
La investigación estableció que esas empresas cobraban comisiones de entre el 4 % y el 6 % de los recursos que lograban recuperar. De acuerdo con la Corte, parte de ese dinero era posteriormente distribuido entre los intermediarios y funcionarios involucrados, con porcentajes de participación que podían llegar hasta el 40 % y el 60 %.
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En total, se realizó la revisión de 14.852 recobros incluidos en 19 paquetes. De ese total, 10.910, equivalentes al 75 %, presentaban irregularidades. Entre ellas estaban la falta de tutelas o actas de los Comités Técnico Científicos, cobros duplicados, documentos sin fechas o sellos de pago y modificaciones en las fechas de radicación.
El proceso judicial comenzó hace más de 15 años y tuvo varias decisiones. En 2020, un juzgado había absuelto a los acusados, pero en 2021 el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y los condenó.