De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las deudas acumuladas entre EPS, IPS y proveedores se ubican entre $24 y $33 billones, dependiendo de la fuente. La entidad señala que aproximadamente el 73% de estas obligaciones corresponde a deudas con clínicas, hospitales y prestadores privados, mientras que el 27% restante afecta a la red pública. A esto se suman alrededor de $3 billones adeudados a operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
Además, alertan que, según datos de la Contraloría, la Nueva EPS acumula más de $9 billones, lo que representa cerca del 28 % del total, y aproximadamente el 74 % de las obligaciones corresponde a EPS que actualmente se encuentran intervenidas.
“La falta de claridad en las cuentas genera efectos críticos, como el deterioro de la liquidez y operación del sistema, dificultad para la planeación de largo plazo, limitaciones en la regulación y formulación de políticas públicas, mayor incertidumbre y tensiones entre actores, y debilitamiento de la legitimidad del sistema y del derecho a la salud”.
A este panorama se suma el incremento del gasto de bolsillo de los hogares, que pasó del 15,8 % en 2019 al 17,2% en 2024, e incluso supera el 30 % en regiones como Guaviare y Arauca. Estos pagos corresponden a servicios que los usuarios deben cubrir directamente debido a demoras, negaciones o fallas en la atención.
“Esto se debe, en parte, a que, debido al atasco de recursos, los proveedores privados han cambiado las condiciones financieras de la operación, condicionando la entrega a pagos anticipados y/o reduciendo las cantidades cedidas en cada despacho. El gasto de bolsillo es el dinero que pagaron las y los usuarios por demoras o negaciones en la atención, cobros indebidos por servicios ya autorizados, tratamientos y trámites que obliguen a acudir a servicios particulares”, subrayó la Defensora.
La Defensoría también explicó que el sistema cuenta con un alto nivel de financiación, con más del 65% de los recursos provenientes de fuentes públicas y cerca del 86 % del gasto concentrado en el aseguramiento a través de la UPC. Sin embargo, persisten desigualdades en la distribución, ya que el régimen contributivo concentra el 51 % de los recursos, pese a cubrir a una menor proporción de la población, mientras el subsidiado recibe el 49%.
“En 2025, el país destinó cerca de $100 billones al sistema de salud, equivalente al 8,2% del PIB, una de las proporciones más altas de la región que no se tradujo plenamente en acceso efectivo ni en calidad en la atención”, señaló Iris Marín.
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Pese a las medidas adoptadas, como auditorías y propuestas para usar recursos de la UPC para cubrir deudas, la Defensoría advierte que las respuestas han sido insuficientes y de corto alcance.
“Las medidas han sido fragmentadas y de corto alcance: conceptos sobre uso de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para pagar deudas pasadas, auditorías forenses sin resultados concluyentes, estados contables pendientes, especialmente en Nueva EPS, embargos de cuentas maestras que agravan la crisis”.
En ese contexto, la entidad insistió en la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud, basada en mayor transparencia, control de recursos, enfoque territorial y una participación ciudadana efectiva que permita recuperar la confianza en el sistema.
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“La nueva gobernanza debe incluir mecanismos que reduzcan la incertidumbre en el sector desde el ente rector y, al mismo tiempo, dejar claramente definidas las responsabilidades y obligaciones de los actores privados en la garantía del derecho fundamental a la salud”, señaló Marín.
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