La discusión sobre los llamados impuestos saludables volvió al Congreso luego de que los representantes Carol Borda y Daniel Briceño anunciaran un proyecto para eliminar estas medidas, implementadas en Colombia entre 2022 y 2023. Ante esta iniciativa, Asocepic pidió que antes de desmontar la política se realicen evaluaciones independientes que permitan medir sus resultados con datos nacionales.
La asociación señala que, aunque en Colombia todavía no existen estudios que permitan determinar un efecto directo del paquete regulatorio sobre la salud de la población, sí hay evidencia sobre cambios en el consumo y las decisiones de compra. Según el documento, en Chile, donde el impuesto y el etiquetado se aplican desde 2016, se registró una reducción del 8,3 % en las calorías y del 20 % en el azúcar adquiridos, además de procesos de reformulación de productos para evitar los sellos.
En México, cerca de cuatro de cada diez personas reportaron comprar menos productos considerados no saludables después de la implementación de los sellos de advertencia. En Perú, estudios han encontrado niveles de reconocimiento y comprensión del etiquetado frontal. Para Colombia, Asocepic cita investigaciones que muestran que los octágonos influyen en las decisiones de los consumidores frente a los productos que los llevan.
La asociación reconoce que los efectos sobre indicadores como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y mortalidad requieren más tiempo para ser medidos. Sin embargo, sostiene que existe una cadena de evidencia entre la reducción en la compra y consumo de estos productos y la disminución de factores de riesgo asociados con enfermedades crónicas.
Asocepic también plantea revisar el impacto de la política sobre los pequeños comerciantes. Según datos del Dane citados por la organización, el número de micronegocios aumentó 4,7 % entre 2024 y 2025, mientras que las ventas del comercio minorista formal pasaron de 5,7 a 10,6 billones de pesos entre 2019 y 2025. La asociación asegura que hasta ahora no se ha presentado una cifra oficial o un estudio académico que permita atribuir al impuesto una quiebra generalizada de tenderos.
Otro de los puntos señalados es la falta de información actualizada. Asocepic advierte que la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN, no se actualiza desde 2015, por lo que propone una nueva medición que incluya información específica sobre el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
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Finalmente, la asociación pidió al Ministerio de Salud hacer pública la información sobre la destinación de los recursos recaudados mediante el impuesto y propuso a los representantes Borda y Briceño participar en un espacio técnico para revisar la evidencia disponible antes de avanzar con el proyecto de eliminación.