Los congresistas Erick Adrián Velasco y Kevin Gomez radicaron una recusación contra la ministra de Salud, Ana María Vesga, con la que buscan que sea apartada de las actuaciones relacionadas con el estudio, cálculo y definición de la Unidad de Pago por Capitación para 2027.
En el documento, los congresistas argumentan que Vesga ejerció hasta antes de su llegada al Gobierno como presidenta ejecutiva de ACEMI, gremio que agrupa a once EPS del régimen contributivo.
Según el escrito, la discusión se concentra específicamente en la UPC porque señalan que ACEMI ha participado en mesas técnicas y ha presentado observaciones ante el Ministerio sobre su metodología, suficiencia y cálculo.
“No se está, por tanto, frente a una relación simplemente temática o remota entre ACEMI y la UPC. Las entidades cuyo interés colectivo representa el gremio son precisamente organizaciones respecto de las cuales el valor de la UPC constituye uno de los elementos centrales de su financiación”, se lee en el documento.
Como parte de los argumentos, los congresistas hacen referencia, según afirman, a actuaciones de ACEMI durante el periodo en el que Vesga se desempeñaba como presidenta ejecutiva.
“En diciembre de 2025 ACEMI continuó formulando observaciones institucionales sobre la metodología y la información utilizada para la suficiencia y ajuste de la UPC 2026. A su vez, en diciembre de 2025 Ana María Vesga, todavía en condición de presidenta de ACEMI y vocera del gremio, cuestionó públicamente la exclusión de ACEMI de una mesa técnica sobre la financiación de la UPC y defendió la participación de los gremios de EPS en ese procedimiento”.
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Velasco y Gómez se refirieron además a la cercanía entre la salida de Vesga de ACEMI y su nombramiento como ministra.
“Independientemente de la fecha exacta en que se haya formalizado posteriormente su renuncia, retiro, terminación contractual o desvinculación del gremio, se encuentra documentalmente acreditado que ejerció la Presidencia Ejecutiva de ACEMI dentro del año inmediatamente anterior a las actuaciones administrativas que deberá conocer el Ministerio de Salud y Protección Social durante agosto de 2026 y los meses subsiguientes”.
Los congresistas afirman que su solicitud no pretende señalar que Vesga esté impedida para ejercer como ministra ni apartarla de todas las decisiones del sector salud, sino que la recusación está limitada al proceso relacionado con la UPC de 2027.
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Por eso, solicitan que Vesga no intervenga en el conocimiento, dirección, aprobación ni decisión de los componentes de la actuación sobre la UPC 2027 que correspondan a su despacho, incluida la expedición o firma del documento que finalmente establezca su valor. También piden que, si la recusación es aceptada, el presidente de la República asigne ese asunto a otro ministro.