La crisis financiera del sistema de salud colombiano continúa generando dificultades para clínicas y hospitales. De acuerdo con el informe de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), las cuentas por cobrar de estas instituciones superaron los 27,8 billones de pesos al cierre del primer semestre de 2026, con más del 60 % de las obligaciones en mora.
A este escenario se suman los riesgos legales, operativos y financieros que enfrentan las instituciones. Según Alejandro Gaviria, líder de cuentas corporativas de Solutio, firma colombiana de asesoría en riesgos y seguros, algunas clínicas y hospitales están considerando reducir sus costos mediante recortes en las pólizas, incrementos en los deducibles o eliminación de coberturas. Sin embargo, advierte que estas decisiones pueden agravar su situación ante una eventual emergencia.
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“En una clínica que ya opera con la cartera vencida, un siniestro que no se transfirió termina convertido en una crisis corporativa”, explicó.
Frente a este panorama, Solutio implementó un modelo denominado Gestión Integral de Riesgos en Salud (GIRS), que ya ha sido adoptado por más de 80 instituciones en el país, entre clínicas privadas, hospitales públicos, empresas sociales del Estado e IPS especializadas. La metodología no consiste simplemente en ofrecer pólizas predeterminadas, sino en realizar una auditoría de la operación para identificar vulnerabilidades en áreas como urgencias, obstetricia y oncología, así como en los equipos médicos y los sistemas de información. También contempla amenazas como los ciberataques y los fenómenos sísmicos, estos últimos evidenciados en agosto de 2026, cuando un terremoto generó reclamaciones nacionales por 1,2 billones de pesos.
“El mayor riesgo que vemos en las clínicas no está en el quirófano, sino en el clausulado”, señaló. Como ejemplo, explicó que algunas pólizas de responsabilidad civil médica establecen límites globales compartidos entre todos los servicios de una institución, lo que significa que una reclamación de alto valor puede reducir los recursos disponibles para responder ante otros eventos.
La gestión de estos riesgos también tiene consecuencias sobre la prestación de los servicios médicos. Una falla en un equipo de radioterapia, el cierre temporal de una sede por un evento sísmico o un ataque informático pueden provocar retrasos en tratamientos, remisiones e interrupciones en la atención. Por eso, el especialista considera que la protección institucional debe ir más allá de contratar seguros e incluir la revisión de contratos, la actualización de los valores asegurados, la documentación de eventos adversos, la protección de datos sensibles y la creación de protocolos de contingencia. Estas medidas buscan reducir la exposición financiera de las instituciones y evitar que las dificultades operativas terminen afectando directamente a los pacientes.