Medimás solicitó medida cautelar a tribunal por “poca objetividad” de Procuraduría

El Tribunal de Cundinamarca solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia, a Medimás y a la agente liquidadora un informe en detalle de planes de contingencia y las acciones a tomar luego del anuncio de la revocatoria de venta del contrato de CafeSalud.

Medimás ya entregó el informe pero asegura que hasta ahora no ha sido notificada de ningún tipo de “resolución del contrato” por lo que no tiene establecido ningún plan de contingencia y seguirá atendiendo a los pacientes.

“Medimás no ha sido notificado en los términos contractuales o legales de la resolución del negocio jurídico o como lo denominó la misma liquidadora, “revocatoria” de la venta. Por lo anterior y para todos los efectos legales, esta entidad se encuentra en la misma situación jurídica respecto del contenido del contrato y su ejecución anterior a la fecha de la mencionada rueda de prensa”, señala el documento.

La EPS asegura que, en este momento, se encuentra revisando una serie de acciones jurídicas para evitar mayores perjuicios a su actividad.

“Es de advertir que esta entidad a pesar de la errónea y equivoca información divulgada, que atenta contra la estabilidad administrativa y financiera, continua con la prestación de los servicios de salud en la forma y tiempo exigidos por el marco normativo, todo lo anterior bajo la premisa de la mejora continua”, agrega.

No se entiende por qué, luego de una semana del anuncio de la revocatoria la agente liquidadora Ángela María Echeverry no ha materializado la decisión de revocar el contrato ante Medimás. La EPS más adelante argumenta que las declaraciones del procurador Fernando Carrillo causaron un momento de inestabilidad en la aseguradora, además de “daños irremediables”.

Los abogados de la EPS insisten en que la agente liquidadora no tiene ningún tipo de competencia para revocar el contrato, porque una cláusula del contrato dejó claro que esa decisión le correspondía a un tribunal de arbitramiento, y no al vendedor.

“Se desconoce entonces cual fue la motivación o argumento jurídico, que tuvo en cuenta la liquidadora de Saludcoop EPS, como el Procurador General de la Nación, para realizar las declaraciones efectuadas, cuando las mismas, como se puede observar carecen de fundamentos jurídico, pero es más preocupante aún, que se realizó por parte de funcionarios que carecían de cualquier grado de competencia”, argumentan.

Y aseveran también que Carrillo se extralimitó en sus funciones al solicitar y mediar en representación de la Procuraduría en la solicitud de revocatoria del contrato. Los abogados señalan que el procurador no puede direccionar controversias entre particulares, ni tampoco sobre la posible distribución de los afiliados de Medimás. Aunque hay que decir que el procurador aclaró desde el momento de la rueda de prensa que cualquier decisión al respecto debía quedar en mano de la Superintendencia de Salud.

“La Procuraduría General de la Nación, desconociendo las específicas condiciones contractuales entre privados, se abrogó unas facultades que el ordenamiento jurídico, otorgó por naturaleza a otras entidades administrativas o judiciales. Por el contrario, con dicha actuación, se desconoció de bulto los derechos fundamentales de nuestra representada” señala el informe.

Medimás solicitó al Tribunal una medida cautelar para evitar, desde su argumentación, que se sigan produciendo daños en la atención por cuenta del “pánico” que se creó en el sector luego de las declaraciones a los medios. Y para darle fuerza a su exposición afirman los abogados que el pánico desatado en el sector ha puesto en veremos la continuidad de la red, la estabilidad de más de 17.000 empleados y la seguridad de los pacientes.

El documento está firmado por el abogado Christian Cortez Daza y el Tribunal deberá revisarlo para decidir si da o no trámite en favor de Medimás la medida cautelar para proteger el derecho de sus pacientes. Este es un round más entre Carrillo y Los Altos directiva de Medimás, esta vez ante la justicia.