La Contraloría General de la República emitió falló con responsabilidad fiscal solidaria por $89.828 millones, contra Medimás EPS S.A.S., hoy en liquidación, siete de sus directivos y Century Farma S.A.S, hoy en liquidación, por el detrimento al patrimonio público generado por el manejo irregular dado a los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).Procuraduría llamó a juicio a Néstor Arenas, expresidente de EPS MedimásEntre las irregularidades que dieron lugar a este fallo con responsabilidad por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, están:Aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras y/o en procesos de liquidación en curso, que finalmente no fueron amortizados o legalizados, en cuantía indexada de $85.656.905.945.Multas pagadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en cuantía indexada de $4.106.500.292.Pago de servicios médicos a personas fallecidas (en el periodo auditado 01-01-2018 a 30-06-2019 y 01-07-2019 a 30-06-2020), en cuantía indexada de $65.111.318.Por estas irregularidades, la Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal por valor total indexado de $89.828.517.557. Entre los declarados responsables figuran Medimás EPS S.A.S. y dos de sus presidentes, tres vicepresidentes administrativos y financieros, la vicepresidente jurídica y la gerente de tesorería de la época de los hechos. Los responsables fiscales tendrán oportunidad de presentar los recursos correspondientes.SuperSalud prorroga liquidación de EPS Medimás por seis meses más
La Superintendencia Nacional de Salud decidió extender el proceso de liquidación de la EPS Medimás hasta el próximo 31 de octubre, marcando así dos años desde su inicio. Esta prórroga le da al agente liquidador un plazo adicional de seis meses y 23 días para completar todas las actividades necesarias que conduzcan a la terminación legal de Medimás, mientras se mantiene un enfoque en la reducción del gasto administrativo durante este proceso.El informe de seguimiento realizado por la SuperSalud destaca los avances en áreas como acreencias, determinación de activos y cobro de cartera, gracias a las gestiones llevadas a cabo con entidades territoriales y con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).Según datos proporcionados por la entidad en liquidación, hasta el corte del 31 de diciembre de 2023, el proceso de liquidación de Medimás ha alcanzado un avance del 51 % en el cronograma establecido. Sin embargo, aún queda pendiente una fase que implica la determinación del pasivo y su correspondiente pago. Esta tarea es clave para establecer con precisión el valor adeudado por la EPS.Es importante recordar que el proceso de liquidación de Medimás ha estado marcado por cambios en la dirección. Inicialmente, Faruk Urrutia fue designado como agente liquidador en marzo de 2022. Sin embargo, fue removido de su cargo el 18 de mayo de 2013, siendo sucedido por Miguel Ángel Humánez, quien actualmente lidera este proceso.
La Procuraduría confirmó que le va a formular cargos a Néstor Arenas, expresidente de EPS Medimás, porque habría omitido la ley sobre la destinación específica que tiene los recursos de la salud.El directivo Arenas, que también ejercía como representante legal de la empresa, según la Procuraduría, habría sobrepasado el porcentaje de los regímenes contributivos y subsidiarios de 2018, por lo que habría cometido una falta disciplinaria.Según las pruebas del Ministerio Público, el expresidente de Medimás entre los años 2017 y 2019, registró costos como gastos de tipo administrativo, entre los que estarían servicios de call center y auditorías externas, lo que se convierte en una omisión de sus deberes funcionales.Para el ente de control, el comportamiento del expresidente de la EPS pudo vulnerar los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y economía, por lo que calificó la conducta como “falta gravísima cometida a título de culpa grave”.Le puede interesar
La Superintendencia de Salud, SuperSalud, sancionó a la EPS Medimás con dos multas que suman 6.960 millones de pesos. El ente de control explicó que la razón es la desprotección a sus afiliados y mal desempeño.La mayor multa que impuso la SuperSalud a la EPS Medimás fue de 5.220 millones el pasado primero de marzo debido a la negligencia con una menor de edad diagnosticada con déficit de creatina cerebral, pues la EPS no garantizó la entrega de los medicamentos requeridos.La segunda multa impuesta fue por 1.740 millones de pesos y está relacionada con el mal desempeño que demostró la EPS en el segundo trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 2021.En la investigación se logró establecer que la EPS Medimás, hoy en liquidación, presentó falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas de consulta médica especializada y consulta médica general, en la autorización de insumos, en la negación de la prestación del servicio de laboratorio clínico, así como demora en trámite de referencia o contrarreferencia.“La atención en salud no se prestó con las características de accesibilidad, calidad, y oportunidad pues los usuarios debieron acudir a los mecanismos de peticiones, quejas, reclamos y denuncias para que Medimás, garantizara la prestación de los servicios de salud”, señaló el superintendente delegado para investigaciones administrativas, Cesar Meza Mercado, en la resolución sancionatoria del 21 de marzo de 2023.Le puede interesar
Un juez de control de garantías imputó al expresidente de Medimás EPS – SAS, Néstor Orlando Arenas Fonseca; a la contratista Mercedes Barrera Botia; y al propietario de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), José Leonidas Olaya Forero, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceitados por ninguno de los procesados.Según La Fiscalía, al parecer, desviaron ilegalmente más de 7.105 millones de pesos, que debían destinarse a la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.Dentro de la investigación se estableció que dos contratos fueron entregados a una empresa de la señora Barrera Botia, la cual fue constituida 15 días antes de la celebración de los contratos, no contaba con la capacidad financiera ni experiencia técnica, tampoco tenía las pólizas de garantía para respaldar el cumplimiento de lo acordado y registraba como dirección de funcionamiento la de la sede principal de Medimás en Bogotá.La EPS entregó un anticipo por 263.000 millones de pesos a la empresa que mencionó el director contra la corrupción y presuntamente utilizó cerca de 7.105 millones en pagos de arriendos y varias actividades distintas a las que fueron pactadas, a través de dos compañías de las que formaba parte el señor Olaya Forero, también integrante del consorcio propietario de Medimás EPS.Le puede interesar:
Después de que la Superintendencia de Salud liquidara, en este 2022, a las EPS Coomeva y Medimás, dejando a cerca de tres millones de usuarios perjudicados en manos de otras prestadoras de salud, el balance ha sido positivo.Son en total nueve EPS que pertenecen al régimen contributivo que ya están en contacto y prestando atención al 74 % de los pacientes trasladados, que habían interpuesto tutelas o que cursaban un tratamiento de alto costo. Se trata de las EPS Aliansalud, Comfenalco Valle, Compensar, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura.Según Acemi (asociación que agremia a las EPS del régimen contributivo en el país), el 17 %, en promedio (446.472), cursa un tratamiento y el 21 % tiene eventos de alto costo (525.052), que son enfermedades que tienen gastos muy altos por tratamientos y medicamentos, debido a su grado de complejidad. Además, el 0,9 % de esos pacientes, es decir un poco más de 23 mil, habían interpuesto previamente acciones de tutela para garantizar la prestación de servicios.Según el reporte de las EPS receptoras agremiadas, el número total de procedimientos efectuados o autorizados asciende a 4.452.604.“Aunque es una cifra importante, hacemos un llamado a los usuarios, en especial a aquellos que están en tratamientos, para que contacten a la EPS que les fue asignada, si aún no lo han hecho, y actualicen sus datos a través de los canales que cada entidad receptora ha definido”, dijo Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.De acuerdo con las EPS, buena parte de la información recibida está desactualizada e incompleta, especialmente, lo que tiene que ver con la ubicación del paciente. Algunos datos no corresponden con el afiliado asignado, lo que complica la atención oportuna de los usuarios.Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
El Gobierno en los últimos días mencionó que, a 31 de diciembre de 2021, se han girado a prestadores, proveedores y EPS $6.1 billones para sanear las deudas que tiene el sistema de Salud. Sin embargo, según la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) ya hay auditadas deudas por encima de los 13 billones por lo que es importante utilizar otros recursos para cumplir con ese borrón y cuenta nueva que propuso el gobierno de Iván Duque.En las próximas horas, el Ministerio de Salud expedirá un decreto que reglamenta el uso obligatorio de las reservas técnicas para poder cubrir todas las obligaciones que se tienen con los prestadores en salud.“Los recursos que dimos desde el acuerdo de punto final terminan siendo flujo de caja porque son una inyección de dinero que están recibiendo las EPS e IPS. Adicionalmente, para las deudas ordinarias que se han ido acumulando entre el sistema de salud se está expidiendo un decreto en el cuál se le va a obligar a las EPS que tienen acumuladas carteras por más de 180 días a que usen las inversiones de reservas técnicas para poder sanear todas las deudas”, explicó la viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy.Vea también: El propósito principal de las reservas técnicas es mantener una provisión en las EPS para garantizar el pago de la prestación de servicios de salud en cuanto a los servicios que hagan parte del plan obligatorio de salud y las incapacidades por enfermedad general. El problema es que estas reservas se utilizan sobre todo previendo la deuda a futuro que pueda tener una prestadora de salud para garantizar el servicio.Según el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, se debe buscar una forma menos riesgosa de garantizar el saneamiento de deudas en salud que no perjudique el funcionamiento a futuro de hospitales y clínicas. Con la liquidación de dos de las EPS más grandes en el país, existe un vacío económico en los pagos de trabajadores y atención de pacientes.“Si yo utilizó la reserva técnica de las autorizaciones que hago para pagar deudas anteriores, la pregunta es cómo garantizo mis gastos a futuro con las autorizaciones si utilice ese dinero en deudas del pasado. No estamos pensando en el sostenimiento del sistema de salud del futuro”, le dijo a BLU Radio Enrique Peñaloza Quintero, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.En un estudio del Instituto se entregan recomendaciones para que las EPS sean las verdaderas aseguradoras en salud, para manejar la prevención y no disponer de todos los recursos para la enfermedad.Dentro de sus recomendaciones se encuentra unificar los regímenes contributivo y subsidiado, contar con un rol de asegurador único con exclusiones en salud, generar eficiencias para fortalecer las fuentes financieras y apalancar el aseguramiento voluntario para disminuir costos.El gobierno incluso ha dispuesto de otras medidas para evitar que la deuda en salud siga creciendo: Una de ellas es la actualización de las reglas de contratación entre aseguradores y prestadores unificando las reglas de validación de la factura electrónica y sus soportes.Además, se están habilitando recursos a través de una línea de redescuento de tasa compensada de Findeter por $450 mil millones para efectos de los hospitales y clínicas que se han visto impactadas por las liquidaciones de EPS.
El Ministerio de Salud publicó la tabla de las EPS que recibirán a los casi 1,5 millones afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado de la EPS Medimás, después que la Superintendencia de Salud ordenara su liquidación de manera inmediata."Son catorce aseguradoras las que reciben a estos usuarios en 15 departamentos del país, dando prioridad al derecho fundamental a la salud de los colombianos, garantizando la calidad, oportunidad, continuidad y atención en salud de los afiliados y sus familias", explicó, Iván Mesa, director de Aseguramiento del Ministerio de Salud.La Superintendencia había programado como plazo máximo el 14 de marzo para el traslado de todos los usuarios, pero el Ministerio de Salud especificó que hasta el 16 de de marzo de 2022, Medimás deberá seguir ejecutando la gestión del aseguramiento a todos sus usuarios y a partir del 17 de marzo, las EPS receptoras deberán empezar a garantizar este derecho a cada uno de ellos.Las EPS que más recibieron usuarios son la Nueva EPS con cerca de 480.000 usuarios, EPS Sanitas con 357.000 y Salud Total con 245.000. A los usuarios se les ubicó en la prestadora de salud que estuviera cerca a su lugar de residencia.Tras esta distribución, los usuarios podrán conocer a qué EPS fueron asignados ingresando a la página del Ministerio de Salud AQUÍ.Escuche el podcast El Camerino:
El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, habló en Mañanas BLU acerca de la decisión del Gobierno de liquidar Medimás y lo que sucederá con aproximadamente 1.500.000 afiliados. Según el funcionario, más del 90% de los usuarios está feliz con la noticia. "Acá era donde no los estaban atendiendo. Hubo más de 6.000 tutelas, por eso tomamos la decisión. Las EPS receptoras no solo tienen los indicadores y solvencia, sino que tienen buenas prácticas y una buena red. Entre menos días permanezcan en la EPS que estamos liquidando, mejor. En las anteriores liquidaciones, cuando nos demoramos una semana, muchas de estas EPS utilizan algunas artimaña para evitar que los saquemos del mercado", sostuvo. "Son cuatro años y medio que tuvimos a esta EPS en medida de vigilancia oficial. Prácticamente, a los muy pocos meses de haberles autorizado el funcionamiento, ya la habíamos puesto en medida. Se hicieron nueve prórrogas, reiterados llamados, incumplieron todas las órdenes que emitió la Superintendencia. Por todos estos incumplimientos tuvimos que tomar la decisión de scar a Medimás del mercado", agregó el encargado del ente de vigilancia. Acerca de la suerte de los pacientes de Medimás, el superintendente de Salud aseguró que la repartición garantiza la prestación de los servicios médicos y que nadie quedará "en vilo o en el aire". "Los pacientes nunca han quedado en vilo. La buena noticia es para 1.500.000 colombianos que hoy van a ser trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS. Con esta, ya son 13 las que llevamos liquidadas y 9.300.000 los que hemos trasladado. Muchas veces las personas creen que quedan en vilo o en el aire, al contrario, la noticia buena es para ellos. El traslado lo hace el Ministerio, el Ministerio tiene una fórmula que evita la concentración de afiliados en algunas EPS", declaró Aristizábal.
La Superintendencia de Salud ordenó la liquidación inmediata de la EPS Medimás después de evidenciar que no se pudo garantizar una mejor atención a los más de 1.5 millones de afiliados en 14 departamentos y 232 municipios. De igual forma, la cantidad de quejas y reclamos superan las 57.000 y 6.489 tutelas.Ya la EPS Medimás respondió a la decisión de la SuperSalud y acató la medida. Sin embargo, garantizará la atención de sus usuarios hasta que el Ministerio de Salud traslade a los usuarios a otras EPS de acuerdo con su ubicación geográfica.“La entidad aclara que mientras se efectúe el proceso de transferencia de usuarios a otras EPS, por cuenta del Ministerio de Salud y Protección Social, se continuará garantizando la prestación de los servicios, así como también se responderá a las solicitudes a través de los canales de atención, presenciales y no presenciales”, explicó Medimás.La fecha límite es el 14 de marzo, fecha para la cual todos los usuarios de Medimás deberán tener una nueva EPS y durarán allí 3 meses más para luego tener la elección de cambio. La EPS hizo un llamado a la red prestadora para que continúe garantizando de manera oportuna la prestación de los servicios en salud, en los 14 territorios en donde la EPS hace presencia.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció su compromiso de recuperar y poner nuevamente en funcionamiento la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander, luego de los recientes ataques perpetrados por el ELN contra esta infraestructura.El anuncio se realizó durante un consejo de seguridad en el que participaron alcaldes de los municipios del Catatumbo, el gobernador de Norte de Santander y los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Defensa, Jorge Mora.De acuerdo con lo planteado durante la reunión, una vez sea recuperada la infraestructura, la Fuerza Pública regresará a Guamalito, mediante un trabajo articulado entre el Ejército Nacional y la Policía, como parte de la continuidad y el fortalecimiento del Plan de Campaña Militar y Policial Esparta.Durante el consejo de seguridad también se abordaron otras medidas para reforzar la seguridad en la región, entre ellas, el fortalecimiento de diferentes estaciones de Policía del Catatumbo, así como la construcción del Segundo Distrito de Policía en Ocaña.A esto se suma la implementación de más cámaras de seguridad y la adquisición de sistemas antidrones, que serían distribuidos en estaciones de Policía de la región, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta ante ataques con aeronaves no tripuladas.Las autoridades señalaron que estas acciones buscan enfrentar de manera directa y contundente las acciones terroristas de los grupos armados ilegales, principalmente del ELN, y recuperar las condiciones de seguridad para las comunidades del Catatumbo.
Al menos 44 personas resultaron heridas este viernes, entre ellas una mujer de 18 años en estado muy grave, al descarrilar el tren regional en el que viajaban y que circulaba entre las ciudades de Ruán y Caen, en el norte de Francia, informaron las autoridades.La Fiscalía de Ruán anunció que la pasajera de 18 años tuvo que ser evacuada en urgencia absoluta, mientras que los otros 43 heridos fueron atendidos en un estado de urgencia relativa.También según la Fiscalía, los primeros policías que intervinieron realizaron las pruebas de detección de sustancias prohibidas al maquinista del tren. Todas dieron resultado negativo.La policía judicial de Rouen se ha hecho cargo de una investigación para determinar las causas de las lesiones graves.El tren regional TER que transportaba a 186 pasajeros y cubría el trayecto Ruán-Caen descarriló, en torno a las 19:45 horas (18:45 GMT), entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime.En un testimonio al canal público Ici, Louis, de 24 años, contó que, al principio, sintió unas sacudidas que sintió como normales, pero "a los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte"."Ya no me sostenía en mi asiento, tuve que agarrarme al asiento de adelante. Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera del vagón. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón. Había cristales rotos por todas partes (...) Todavía estoy temblando", relató.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que los pantallazos de la aplicación WhatsApp aportados en copia física impresa dentro de un juicio laboral tienen la naturaleza de prueba documental.Mediante la sentencia SL702-2026, el alto tribunal fundamentó esta calificación en el artículo 243 del Código General del Proceso (CGP), indicando que, aunque carezcan de firma, si no son desconocidos por la parte contra la que se aducen, adquieren valor probatorio en el expediente.El pronunciamiento se dio al estudiar el recurso de casación interpuesto por una excolaboradora dentro de una demanda contra la empresa Crediágil Ya S.A.S. y otras firmas, donde se discutía la culpa patronal en un accidente de trabajo.Documento impreso vs. mensaje de datos digitalEl fallo trazó una distinción entre las capturas impresas en papel y los archivos digitales originales.La Corte explicó que al entregar hojas físicas no se aplica el régimen de mensajes de datos de la Ley 527 de 1999, sino las reglas ordinarias de la prueba documental previstas en el CGP."Respecto de los pantallazos de WhatsApp, no cabe duda de que tienen naturaleza documental en los términos del inciso primero del artículo 243 del CGP, y no se trata en este caso de una emisión de datos digital o electrónica, pues fueron aportados en copia física impresa", puntualizó la Sala.El máximo tribunal del fuero ordinario enfatizó que el reconocimiento del pantallazo como documento no implica que la pretensión del demandante quede acreditada de forma automática. La eficacia demostrativa depende del contenido específico del texto.En el caso analizado, la demandante presentó la captura de un mensaje enviado a su superior el 23 de mayo de 2019 a las 1:59 p. m., argumentando que allí solicitaba transporte para cumplir una diligencia laboral previa al accidente.Sin embargo, la corporación confirmó que la imagen solo probaba el envío de la solicitud, pero no la respuesta o autorización formal por parte del empleador."El pantallazo prueba la solicitud; no prueba la autorización", concluyó la corporación al ratificar que no existió un error en la valoración hecha por el tribunal de instancia.
La consulta de los resultados de Chontico Noche se ha convertido en una rutina frecuente para miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este chance, reconocido por su fuerte identidad regional inspirada en el chontaduro, mantiene una alta participación diaria gracias a su variedad de modalidades y a las oportunidades de premio que ofrece.Número ganador del Chontico Noche del 11 de septiembre de 2026Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes: (en minutos)Número ganador: Dos últimas cifras:Tres últimas cifras: Quinta balota: Desde 2025, el juego incorporó ajustes en su dinámica, incluyendo nuevas alternativas como la “quinta balota”, una opción adicional que amplía las combinaciones disponibles para los apostadores.Horarios oficiales del sorteo Chontico NocheEl sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, con horarios que varían según el día de la semana:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.La marca también cuenta con otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.Modalidades de apuesta disponiblesEl juego ofrece diferentes formas de participación según la cantidad de cifras que el usuario decida jugar.Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: la apuesta se centra en acertar las dos últimas cifras exactas del sorteo.Una cifra o uña: se obtiene premio al coincidir únicamente la última cifra del número ganador.Cuánto cuesta jugar Chontico NocheLas apuestas tienen un rango flexible que permite la participación de distintos tipos de jugadores:Valor mínimo del tiquete: $500Valor máximo por apuesta: $10.000Estas condiciones facilitan que cada persona ajuste su jugada según su presupuesto y modalidad elegida.Requisitos para reclamar premios de Chontico NochePara cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados.Los requisitos básicos son:Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVTSolo se exige la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVTEs obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVTSe debe presentar además una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.
El Ministerio de Transporte estableció nuevas reglas para el uso de vehículos equipados con cámaras y dispositivos electrónicos en las vías del país. La medida busca impedir que estos carros generen comparendos de manera automática sin la presencia de un agente de tránsito.La decisión quedó consignada en la Resolución 20263040036655, expedida por el Ministerio de Transporte, que además deroga la Circular 867 del 24 de diciembre de 2025.Desde la entidad aclararon que cuando un vehículo con cámaras sea utilizado como apoyo al control en vía, deberá estar presente un agente de tránsito, quien tendrá que estar visible e identificado, operar directamente el dispositivo y expedir el comparendo correspondiente.En ese sentido, un carro equipado con cámaras no podrá simplemente circular, registrar una infracción y posteriormente generar un comparendo sin que exista un agente de tránsito presente.La resolución diferencia esta modalidad de los sistemas automáticos de fotodetección. Cuando una cámara opere de manera automática y sin un agente presente, deberá contar con la autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de sistemas, entre ellos la justificación técnica, la operación en puntos autorizados y la señalización correspondiente.El Ministerio de Transporte instruyó además al SIMIT para que no registre órdenes de comparendo generadas mediante estos vehículos cuando no se cumplan las condiciones establecidas.Además, la Superintendencia de Transporte realizará vigilancia sobre el cumplimiento de las nuevas reglas y podrá investigar a las autoridades de tránsito que utilicen estos mecanismos de manera irregular.Cabe destacar que el Gobierno aclaró que la decisión no elimina las cámaras de fotodetección que funcionan legalmente.
