de justicia en el caso del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.
Montealegre afirmó que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es vinculante y ya hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que ordena acatar, en este caso, las medidas cautelares que protegen al alcalde de Bogotá de la destitución proferida por la Procuraduría.
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