Gobierno desmiente rumores sobre cambios en la mesa de diálogos

de negociación en La Habana y desmintió rumores malintencionados que hablan de que se esté negociando la reducción de las fuerzas armadas de Colombia y la desmilitarización de las zonas de reserva campesina.

"Categóricamente afirmo que nada de esto es cierto", enfatizó De la Calle y agregó: "No hemos discutido ni negociado, ni vamos a hacerlo en el futuro, la reducción de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, ni vamos a desmilitarizar las zonas de reserva campesina. Quien está afirmando esto, le está haciendo eco a versiones interesadas en falsear la verdad".

Durante una declaración desde la Presidencia de la República, también desmintió que se haya pensado en cambiar al negociador plenipotenciario, general (r) Jorge Enrique Mora Rangel.

"Es mi deber alertar a los colombianos sobre falsas versiones que circulan en los medios de comunicación, versiones que tienen el propósito de crear un clima de opinión negativo en torno a estas conversaciones y asustar, sí, asustar, a los colombianos sobre la marcha de estos diálogos y sus consecuencias sobre el futuro del país".

De la Calle reiteró que las conversaciones con las Farc tienen una agenda establecida y explicó cómo los acuerdos logrados hasta el momentosobre Desarrollo Agrario Integral y Participación Política, han sido ampliamente difundidos en informes en donde se da cuenta del enfoque, componentes y orientación de los temas acordados. Así mismo recordó que el acuerdo final será sometido a consideración de todos los colombianos para su refrendación.

Finalmente el jefe de la delegación señaló que la crítica y las opiniones diversas son bienvenidas, pero siempre y cuando no busquen desinformar.

"Respetamos el disenso. Pero una cosa son las legítimas opiniones y posiciones de cada quién, y otra muy distinta inventar versiones delirantes para confundir y preocupar al ciudadano del común", enfatizó.

También l manifestar que en diversas sentencias de la Corte Constitucional ha manifestado el carácter vinculante que tienen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).