El Ministerio Público investiga si la entonces ministra de Educación al suscribir el Conpes 3817 de 2014, que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol sector 2, se encontraba en un conflicto de intereses o estaba impedida para actuar, teniendo en cuenta que la aprobación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.
La exministra podrá solicitar ser escuchada en versión libre y espontánea sobre los hechos que son materia de investigación, lo que deberá notificar al despacho del procurador general de la Nación para definir la fecha y hora de la diligencia.
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El Ministerio Público, además, ordenó la práctica de varias pruebas en la Presidencia, la Cámara de Comercio de Cartagena y el Ministerio de Educación, al que se le pidió abstenerse se iniciar alguna acción disciplinaria por los mismos hechos.
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