La Procuraduría absolvió a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por el caso Odebrecht. Según el Ministerio Público, las exfuncionarias no infringieron la ley y no existió un conflicto de intereses en la participación de las entonces ministras de Comercio y Educación en esa obra particular del Conpes, el proyecto Ruta del Sol, que fue aprobado en 2013.Y es que, en 2018, la Procuraduría citó a juicio disciplinario a las exministras por presunto conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto Ruta del Sol sector 2 y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.En su momento, el Ministerio Público cuestionó a las exministras de estar, presuntamente, con un impedimento porque, con la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias. Por ejemplo, se comprobó que miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban.La entidad comprobó que los hermanos Parody fueron representantes legales de una sociedad que era minoritaria y accionista de otra que, finalmente, fue escogida por Cormagdalena para otorgarle la concesión sobre el puerto fluvial, meses después de haberse desarrollados las sesiones Conpes en que participaron las exministras.Finalmente, la Procuraduría emitió un concepto en el que señala que no había conflicto de intereses a partir de un repaso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Concluyó que el interés que podía existir no era directo y, por tanto, no se cumplían las condiciones para determinar un conflicto de intereses y la comisión de una eventual falta disciplinaria.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
Gina Parody, exministra de Educación, habló en Mañanas BLU sobre su retiro de la vida política y aseguró que ella tanto como su pareja Cecilia Álvarez han obrado con total rectitud y honestidad. "A los colombianos que nos están escuchando, quiero ratificarles que siempre, tanto Cecilia como yo, hemos actuado con total honradez en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, y espero en esas instancias judiciales poder confirmar esa inocencia." afirmó Parody "Dejamos la política muchísimo antes que un grupo de senadores del uribismo nos denunciaran por conflicto de intereses. Decidimos cerrar ese capítulo de la política cuando ocurrió todo ese asunto que se inventaron de la 'ideología de género', que ocurrió en varios países de América Latina, pero que en Colombia tuvo repercusión especial porque era ministra de Educación", sostuvo la exministra. "Fue dramático personalmente, muy doloroso dentro de mi vida personal. Fueron al Ministerio de Educación a hacer un exorcismo. Fue dolorosísimo. En ese momento decidí que no quería seguir en la política, que todo tenía momentos. Que hay capítulos que se abren y se cierran", agregó. La exfuncionaria habló, además, de su incursión en la literatura con la presentación de su novela 'Mujer amurallada', y afirmó por ahora prefiere escribir y que no tiene pensado volver a la política en el país."Con este libro abro un nuevo capítulo de mi vida. Estoy escribiendo, sigo escribiendo, y además estoy escribiendo mi tesis de grado del doctorado de economía, así que, ese capitulo quedó cerrado y esta es una novela que ojalá aprovechen y la lean."La novela cuenta la historia de Magdalena Corso, una mujer que a través de su vida está dándose cuenta que tiene una serie de murallas que no la dejan ser ella misma. El libro tiene como escenario la ciudad de Cartagena, con algunos episodios en Bogotá. "Parte de mi vida que me marcó, es una historia personal muy linda con mi mamá, y parte de esta historia y ese acontecimiento de mi vida, lo quise trasladar a propósito en unas líneas en Magdalena."Por ahora la exfuncionaria se encuentra trabajando en una segunda novela y espera tener el borrador muy pronto. Paralelo a esto, actualmente se encuentra trabajando en su tesis de grado que es sobre economí y donde requiere de mucha concentración y disciplina. Escuche a la exministra de Educación, Gina Parody:
El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, siguió insistiendo a través de su cuenta de Twitter de llegar a acuerdos con los manifestantes del paro nacional a través del diálogo.Precisó que en ese municipio del sur del Valle del Cauca había 14 barricadas, de las cuales se han levantado 13 sin el uso de la violencia.“En Jamundí teníamos 14 barricadas, hoy solo hay una. Fueron retiradas de manera voluntaria y pacífica”, dijo el mandatario.Entre los bloqueos más fuertes estaba el del sector del puente de Tecnoquímicas y el de la avenida Cañasgordas donde actualmente hay libre movilidad.No obstante, el alcalde Ramírez criticó la última decisión del presidente Iván Duque de utilizar la fuerza pública para reabrir las vías afectadas por bloqueos.“Con las últimas declaraciones del Gobierno Nacional, me ‘paro’ nuevamente en los principios: insistir en el diálogo y la vida hasta que prevalezcan”, puntualizó.Finalmente, el mandatario indicó que este martes, 18 de mayo, espera que su equipo facilitador avance en las negociaciones que permitan levantar el último bloqueo.
El exfiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, entregó un informe sobre su gestión durante cinco meses a cargo de tres líneas de investigación sobre el escándalo de corrupción. Una de las revelaciones tiene que ver con la Ruta del Sol II y se relaciona con las exministras del gobierno Santos Gina Parody y Cecilia Álvarez. Le puede interesar: Fiscalía no procedió como debía en el caso Odebrecht: Jorge Robledo“Nosotros teníamos dentro de nuestro curso la opción muy seria de llegar a la audiencia de formulación de imputación”, indicó Espinosa. Las exministras habían sido investigadas inicialmente por la administración de Néstor Humberto Martínez, pero el proceso se archivó. Espinosa reactivó el proceso y consideró que había elementos suficientes para mantenerlo vivo. Según el exfiscal ad hoc, las exministras no solo tendrían que responder por interés indebido en la celebración de contratos. Álvarez, además, podría afrontar un proceso por el delito, aparente, de prevaricato. Escuche este informe:
En los últimos días varias investigaciones periodísticas dan cuenta de la existencia de un presunto carrusel contratos para la construcción de colegios en el país, por hechos ocurridos durante la gestión de Gina Parody en el Ministerio de Educación. El caso, que podría significar un nuevo y muy grave escándalo de corrupción en Colombia, ha llamado la atención por varios elementos. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, explicó que se podrían perder 2,5 billones de pesos de los impuestos que pagan los colombianos por cuenta de los hechos, que involucran nada más y nada menos que a Odebrecht. Le puede interesar: Fiscal ad hoc reabre proceso contra exministras Álvarez y Parody por caso Odebrecht En esta historia aparecen nombres como el de Eleuberto Martorelli, quien fue presidente de la multinacional brasileña en Colombia, así como Graña y Montero y Mota Engil, dos importantes constructoras del Perú acusadas por Odebrecht ante las autoridades de Estados Unidos de pertenecer al “Club de la Construcción”. “El señor Martorelli estuvo seis horas haciendo gestiones ante el Ministerio de Educación durante la dirección de Gina Parody en esa cartera ¿Qué gestiones hizo Martorelli?”, cuestionó Robledo. Al parecer, esas compañías se habrían visto beneficiadas en la adjudicación de contratos para la construcción de 30 mil aulas en varios municipios, los cuales presentarían serios retrasos, pues el cumplimiento apenas alcanzaría el 0,7%. Teniendo en cuenta la decisión del fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, de reabrir la investigación contra Parody y la también exministra Cecilia Álvarez, Robledo le pidió indagar también sobre estos hechos. Además, el parlamentario solicitó que se vuelva a revisar la responsabilidad del fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht. “El fiscal Espinosa reabrió la investigación con razón. A mi juicio hay pruebas sobre la responsabilidad de las exministras, que aprobaron un Conpes que benefició al hermano de Gina Parody. También se debe pedir a la Comisión de Acusación investigar a Martínez”, concluyó.
Esta es la decisión más transcendental que ha tomado el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa: reabrir la investigación en contra de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por su supuesta participación en la adición del tramo Ocaña- Gamarra a la multinacional Odebrecht.Esta investigación inicialmente estaba a cargo de la vicefiscal María Paulina Riveros y en junio del año pasado se había archivado porque los investigadores no encontraron elementos suficientes para vincular a las exfuncionarias en estos actos de corrupción.Le puede interesar: Condenado José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, por caso OdebrechtAmbas eran indagadas por supuestos beneficios que habían recibido por cuenta de la ampliación de la ruta Ocaña-Gamarra en la Ruta del Sol 2.Específicamente, lo que investigaban era un posible conflicto de intereses o un impedimento por parte de Parody para actuar en la suscripción del Conpes 3817 de 2014, que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol 2.“Teniendo en cuenta que la aprobación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A”, aseguró en su momento la Procuraduría.Los argumentos del fiscal ah doc para tomar la decisiónSe basan en “nuevos elementos de convicción emanados de órganos de control, tales como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República, sumados a otros emitidos por Corporaciones Judiciales como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y finalmente, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Superintendencia de Industria y Comercio”.Añade el documento que las decisiones que tomaron los órganos de control mencionados fueron con posterioridad a la orden de archivo del año pasado y que por eso el fiscal ah doc decide desarchivar el proceso.
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico estuvo sesionando en las últimas horas por los problemas financieros de la institución y concluyó que no va a continuar con el rector Félix Suárez Reyes, quien estuvo inmerso en una batalla jurídica por el control de la Universidad con la exministra Gina Parody. Según los miembros del Consejo Superior, la universidad tiene un retroceso del 9 % con respecto a un plan de mejoramiento que se ordenó el 25 de mayo de 2015. Además, la Universidad se encuentra en medida de vigilancia especial in situ impuesta por el Ministerio de Educación desde agosto de 2018. Vea también: Alcaldía de Bogotá solicita pruebas psicológicas para aspirantes a docentesLas cuentas hablan de $ 5.750 millones de déficit por lo que hubo incumplimientos a los pagos de los maestros y de otros funcionarios del claustro. Los miembros del Consejo también se quejan de falta de respuesta ante información solicitada a los directivos y por todos estos problemas ordenaron la remoción del rector Suárez, elegido en 2017 y cuyo periodo terminaba a finales de 2019. Jairo Torres, el presidente del Sistema Universitario, habló con Blu Radio sobre la decisión y dijo que se trata de un problema de gran calado por ausencia estatal y falta de estabilidad y gobernabilidad en las regiones. Por ahora no se sabe cómo será elegido el nuevo rector. En la Universidad hay cerca de 5,000 estudiantes en varias carreras y todavía no se ha definido si el paro continúa o los estudiantes regresan a clases con plenas garantías.
Sin la presencia de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, la Procuraduría General de la Nación expuso el pliego de cargos que formuló contra ellas por las presuntas faltas que cometieron frente a convenios y contratos relacionados con tramos de la Ruta del Sol II y la navegabilidad del río Magdalena que estaban a cargo de Odebrecht. En el documento de 78 páginas, la Procuraduría describió las razones por las cuales las exministras incurrieron en falta grave al participar en la aprobación de dos Conpes del corredor Ocaña Río de Oro – Agua Clara- Gamarra y conexiones fluviales en el proyecto de inversión Ruta del Sol sector II.Vea también: Odebrecht: ¿cuándo sabremos la verdad verdadera? Columna de Óscar Montes Para la Procuraduría, la exministra Cecilia Álvarez incurrió en la causal de conflicto de intereses “porque sus parientes en segundo grado de afinidad Luis Carlos y Manuel Parody tenían intereses particular y directo en dichas negociaciones”. El Ministerio Público advirtió que el conflicto de interés se configuró tras la existencia de la unión marital de hecho entre Gina Parody y Cecilia Álvarez porque los interesados de dichos contratos eran los hermanos de la entonces ministra de Educación. Según el escrito, aunque la exministra manifestó que nunca tuvo alguna intención de violar la normatividad, sí incurrió en dicha falta y tuvo elementos para actuar de forma prudente frente a contratos que eran de gran importancia para el desarrollo vial y fluvial del país. En el extenso documento, la Procuraduría argumentó que en el caso de la entonces ministra Parody, participó y conoció el documento Conpes que estaba previsto y que relacionaba obras que guardaban intereses para sus familiares directos. “El interés en la aprobación del Conpes 3817 del 2 de octubre de 2014 que tenían los parientes de la doctora Gina Parody D' Echeona se derivó de la solicitud de concesión portuaria que se estaba tramitando ante Cormagdalena”, señala el documento. Al término de la diligencia, la defensa de la exministra Parody, la abogada Angela María Buitrago, explicó que el próximo 27 de agosto harán las peticiones sobre las pruebas que tiene la Procuraduría en este caso y advirtió que para estos procesos no es necesario la presencia de las exministras. “Seguimos trabajando en términos de defensa y nos presentaremos a ejercer el derecho de defensa con la convicción de que no tiene ninguna responsabilidad y menos en el planteamiento que está haciendo la Procuraduría”, señaló la jurista. Este es el documento completo de la Procuraduría sobre el pliego de cargos:
A diferencia de la Fiscalía, que no encontró elementos que vincularan a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody con delitos relacionados con una multimillonaria adición de la vía Ocaña - Gamarra, la Procuraduría sí halló méritos para iniciarles un juicio disciplinario.La historia se remonta a una denuncia entablada por el abogado Jaime Lombana y por el senador Ernesto Macías, que llevó a la investigación del Ministerio Público contra Álvarez Correa-Glen como Ministra de Comercio y luego de Transporte y contra Parody como ministra de Educación, al no declararse impedidas para dar su voto favorable a dos documento Conpes que autorizaban la creación de dos peajes en la misma vía construida en sociedad con Odebrecht, los peajes Gamarra y Platanal, y luego aumentaba las tarifas.Dice el documento de la Procuraduría que el conflicto de intereses de Cecilia Álvarez tiene que ver con Luis Carlos y Manuel Parody, "quienes al ser hermanos de su pareja y compañera permanente, doctora Gina Parody, tiene respecto de la primera parentesco en segundo grado de afinidad".Los hermanos Parody tenían participación en las sociedades que conformaban la sociedad Terminal Fluvial Andalucía, que pidió una concesión fluvial "para la construcción, administración, operación y explotación en forma temporal y exclusiva de un terminal portuario fluvial de carácter multipropósito, localizado en la margen derecha del Rio Magdalena, en el municipio de Gamarra - Cesar".Sobre Gina Parody dice la Procuraduría: "afectó su deber funcional sin justificación alguna, pues era su deber como ministra del Gobierno nacional, no actuar en caso de estar incursa en una causal de impedimento, declarándose impedida para ejercer las funciones que le eran propias, como miembro permanente del CONPES con voz y voto".Sobre Cecilia Alvarez dice: la Sala Disciplinaria sostuvo que hay" la posible presencia de beneficio particular y directo respecto de las sociedades en las que tenía participación los miembros de la familia de la compañera de la doctora Álvarez -Correa".Escuche completa esta columna de opinión:
El órgano de control cuestionó a las exministras por la aprobación del Conpes 3817 que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña - Gamarra y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol sector 2 pese a estar incursas, presuntamente, en causal de impedimento porque con la decisión pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias.Vea también: Archivan investigación contra exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez El Conpes 3817 fue aprobado el 2 de octubre de 2014 por la exministra Álvarez en su condición de ministra de Comercio y por la exministra Parody quien se encontraba al frente de la cartera de Educación.Dicho Compes trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte, logístico e intermodal, y las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.La Procuraduría le reprochó a Álvarez, en su calidad de ministra de Transporte, por no declararse impedida para la aprobación del Conpes, así como en la suscripción de la Resolución 2127 del 22 de julio de 2014, que ordenó la creación de dos peajes en la ruta Ocaña – Gamarra y aumentó la tarifa en las estaciones existentes.
El OCAD - Paz es un órgano que designa a quien va a ejecutar los proyectos que se desarrollan en los municipios PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Estos territorios son los más afectados por la violencia durante el conflicto y por eso en el acuerdo de paz se estipuló que debían desarrollarse proyectos de educación, salud y otros, con el fin de lograr el desarrollo en dichas zonas.Sin embargo, en Blu Radio se presentó una denuncia según la cual algunos mandatarios locales y contratistas habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con una parte de los recursos que aprueba el OCAD - Paz.Tras las revelaciones, desde el movimiento Defendamos la Paz, el cual está compuesto por políticos, activistas y académicos, entre otros, están haciendo un llamado al presidente Iván Duque y al fiscal general, Francisco Barbosa, para que rechacen públicamente estos hechos. Al ente de control, además, le piden investigue lo sucedido."No hemos conocido ningún pronunciamiento por parte de ustedes. Esperamos el rechazo del jefe de Estado a estos hechos y la inmediata solicitud de investigación de los mismos. De parte del jefe del ente acusador, esperaríamos, al menos, un anunció de la apertura de una investigación", se lee en la carta.Según las investigaciones y denuncias presentadas, algunos funcionarios que hacían parte del OCAD - Paz estarían cobrando unas coimas para que los proyectos que presentan los alcaldes puedan ser considerados en una sesión del organismo, asimismo se estarían pidiendo dádivas para adjudicar dichos proyectos.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
A causa de una ocupación superior al 110%, la Clínica Las Américas de la 80 de Medellín se declaró en alerta en sus servicios de urgencias, situación que se presenta también en otras instituciones de salud de alta complejidad de Medellín y el Valle de Aburrá.De acuerdo con la institución, la situación ha obligado a habilitar nuevas zonas del centro médico y ha aumentado el número de profesionales disponibles para la atención de los usuarios.Juan Pablo López, subdirector médico de la Clínica Las Américas, manifestó que ya se activó un plan de contingencia e invitó a la ciudadanía a hacer buen uso de los servicios ante alerta.“Hacemos un llamado para el uso adecuado de los servicios de urgencias, apoyándose en los servicios de atención de mayor complejidad de sus aseguradoras, o apoyándose en la consulta prioritaria o consulta externa para poder dar la mejor atención a los pacientes que actualmente tenemos”, sostuvo el médico.El subdirector recordó que solo se están atendiendo emergencias nivel 1, y la recomendación para las demás personas es asistir a otras clínicas.Recientemente, el Hospital Mental de Antioquia y servicios pediátricos de otros hospitales también se han declarado en contingencia.
El exsenador Luis Alfredo Ramos fue trasladado por el Inpec al Batallón Juan del Corral de Rionegro luego de pasar una noche en la estación de Policía del municipio de El Retiro, en donde se entregó para cumplir lo restante de su condena de la Corte Suprema por nexos con el paramilitarismo.Esta reclusión nuevamente tiene consternada a la familia Ramos Maya, que en un comunicado calificó nuevamente este proceso como una “persecución política de 12 años a un hombre que ha entregado su pasión al servicio público de manera transparente y con las mejores calificaciones ciudadanas”.Asegura la familia que la vuelven a separar de su esposo, padre y abuelo.“Luis Alfredo vuelve a estar injustamente privado de su libertad tras ser procesado por ser quien es y no por sus actos”.También reafirman que defenderán el buen nombre y la inocencia de Luis Alfredo Ramos.“Se ignoró su limpia trayectoria pública y privada y al contrario, se dio credibilidad a delincuentes conseguidos en las cárceles por tenebrosas manos”, indicaron.Las víctimas del paramilitarismo celebraron su entrega para que haya justicia.“Valoramos su entrega, valoramos el sometimiento a la justicia, de acuerdo al proceso judicial. No tenemos palabras para cuestionar este procedimiento judicial, creemos que se hizo justicia en derecho”, señaló Carlos Arcila, de la Corporación de Justicia y el Derecho.Cabe recordar que la condena del exsenador se dio por un caso de 2005 cuando se reunió con algunos exjefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Baez, y Pablo Hernán Sierra para buscar beneficios que se le aplicaran a los "paras" dentro de la Ley de Justicia y Paz a cambio de ayuda a su campaña a la Gobernación.Las reuniones se habrían realizado en la finca Bellanita del municipio de Bello, propiedad de Hugo Albeiro Quintero Restrepo, alias el Patrón de Bello, condenado también por nexos con las autodefensas.Por esta condena, Luis Alfredo Ramos ya pasó casi tres años de cárcel de los 7 años y 11 meses a los que fue condenado, por lo que le restarían cinco años.Sin embargo, la familia y su defensa estiman que en algo más de un año podrían solicitar la libertad condicional por el cumplimiento de las tres quintas partes de la sentencia.
El delantero Luis Sinisterra, quien viene de militar en el Feyenoord, fue confirmado como nuevo jugador del Leeds United de Inglaterra, según anunció el equipo a través de su cuenta oficial de Twitter.El delantero se despidió del equipo de los Países Bajos, dejando un mensaje en sus redes sociales: "Es muy difícil escribir estas palabras. Cuando, en 2018, llegué a esta hermosa ciudad, Róterdam, solo tenía en mente un sueño, jugar al fútbol en Europa", escribió.Además, el colombiano expresó que cumplió sus sueños tras pasar por el club, por lo que recalcó su agradecimiento con quienes siempre lo apoyaron."Al día de hoy, tengo archivado mucho más que un solo sueño y quiero agradecerles por ayudarme en esto. Quiero agradecer especialmente al club, a los entrenadores, a mis compañeros y a la gente que trabaja cada día para hacer del Feyenoord un gran club. Un agradecimiento especial a Frank Arnesen que siempre me apoyó".Sinisterra nació en Santander de Quilichao, el 17 de junio de 1999. Hizo parte de la selección sub 20 de Colombia, donde disputó el mundial de Polonia y, actualmente, ha sido convocado en la de mayores.En 2016 debutó con el Once Caldas y permaneció hasta allí 2018, luego llegó al Feyenoord, en el que hizo destacadas actuaciones.
La Procuraduría General de la Nación adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) – Paz.Además, revela que investiga el posible uso irregular de 250.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías en proyectos en municipios PDET en Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle.Le puede interesar:Adicionalmente, priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD – Paz, por más de 437.000 millones de pesos, y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.Hay otras 12 irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD – Paz por parte de funcionarios del Fondo Colombia en Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita, en La Guajira.Escuche el podcast El Camerino:
