La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud, a la Gobernación de Vaupés y a varias de las alcaldías del departamento adoptar una serie de medidas necesarias para garantizar la atención en salud a las comunidades indígenas de la región.
Dicha orden se da tras una demanda instaurada por el Defensor del Pueblo de Vaupés, Carlos Javier Bojacá, en 2015, por considerar que había ausencia de "centros de salud o unidades básicas de atención y una deficiente prestación del servicio, lo que afecta los derechos fundamentales de la población".
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Así mismo, se consideró que existía una vulneración a la dignidad humana, a la igualdad, a la integridad personal, al derecho a la salud y a la seguridad social.
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Frente a esto, la Sala Quinta de revisión de tutelas de la Corte pidió el amparo de los derechos a la salud e identidad cultural de 255 comunidades del departamento. Además, ordenó al Ministerio de Salud y al de Protección Social, que, en conjunto con la Gobernación y las alcaldías, se implemente el diseño de un modelo para el cuidado de la salud con carácter intercultural, que se deberá hacer en el término de un año.
El alto tribunal señaló que se debe elaborar una política para abordar problemas de salud mental de estas comunidades y la prestación de los servicios de salud, atención de enfermedades y fortalecimiento al modelo de aseguramiento.
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