Empresario brasileño confiesa pago de millonarios sobornos a Petrobras

El vicepresidente de la constructora brasileña Camargo Correa, Eduardo Hermelino Leite, confesó a la Justicia haber pagado el equivalente a 36 millones de dólares en sobornos a la petrolera estatal Petrobras, según un documento de la Fiscalía divulgado hoy por la prensa. Leite, detenido el pasado noviembre por su supuesta participación en las corruptelas y después puesto en libertad, se acogió a un acuerdo de colaboración judicial a cambio de una futura reducción de pena. Los pagos efectuados por Leite se realizaron entre 2007 y 2012 y se destinaban a dos directivas de Petrobras, la de Servicios y la de Abastecimiento, según la declaración divulgada por la televisión Globo. El directivo dijo que Camargo Correa subcontrataba a terceras empresas para que realizasen servicios en obras de Petrobras cuyo precio se elevaba para disfrazar el pago de las comisiones ilegales. El caso de corrupción de Petrobras se investiga hace más de un año y la Policía ha arrestado a cinco ex altos cargos de la petrolera, a decenas de empresarios de las mayores constructoras de Brasil y a varios políticos, entre ellos el ahora extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari. Según las investigaciones, decenas de constructoras amañaban las licitaciones de la petrolera y después elevaban artificialmente los precios de las obras para su propio beneficio y para pagar sobornos a los responsables de Petrobras y a decenas de políticos. Varios directivos detenidos se han acogido a acuerdos de colaboración judicial para delatar a los políticos implicados a cambio de reducciones de condena. La fiscalía, que trata el caso como el mayor escándalo de corrupción destapado en Brasil, informó que los sospechosos arrestados a lo largo de este año ya han devuelto a las arcas públicas cerca de 1.000 millones de reales (unos 329 millones de dólares). Las corruptelas, que desviaron una cantidad no precisada de miles de millones de dólares, se prolongaron por más de una década y tuvieron ramificaciones en otros organismos públicos en los investigados operaban de forma similar. EFE