El cobarde asesinato de tres agentes de Policía en Miranda, Cauca, cuando realizaban una inspección relacionada con las nuevas funciones asignadas en el posconflicto, muestra lo lejos que estamos de alcanzar una verdadera paz en Colombia.
Voceros del ELN negaron su participación en la acción criminal, mientras que las autoridades responsabilizaron a un "grupo residual de las Farc", es decir a una disidencia de esa organización guerrillera que negoció su desmovilización y reinserción a la sociedad con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
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Los voceros de las Farc, por su parte, no se ha pronunciado sobre el atentado, ni sobre la responsabilidad de los presuntos disidentes. Pero deberían hacerlo, puesto que el atentado ocurrió en una zona donde ese grupo guerrillero hizo presencia durante muchos años.
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Las imágenes que muestran a quienes serían cómplices de los autores de la masacre, saqueando las pertenencias de los uniformados y llevándose sus armas muestran la sevicia y la crueldad con la actuaron. Uno de ellos, inclusive, sonríe mientras hurta las pertenencias de las víctimas. Difícil imaginar algo más ruin y perverso.
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El ELN debe aclarar con absoluta precisión su no participación en el asesinato de los policías en Miranda, Cauca, pues se trata de un grupo guerrillero que negocia con el Gobierno y que comenzó hace pocas horas un cese bilateral del fuego. De igual forma, debe suspender de inmediato sus atentados a los oleoductos nacionales, otra de sus prácticas terroristas.
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El Gobierno debe ir mucho más allá de la condena de los hechos y de la manifestación de condolencias a los familiares de las víctimas, lo que no pasa de ser un simple formalismo.
Si fue el ELN, entonces los diálogos deben suspenderse de inmediato hasta tanto los autores del atentado sean capturados y marginados de los beneficios de la negociación. Y si fue un grupo "residual" de las Farc, entonces que sus antiguos jefes entreguen toda la información que tienen en su poder para que nuestras autoridades procedan a capturarlos y juzgarlos.
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La comunidad indígena del Cauca, por su parte, debe dejar de ser complaciente y hasta cómplice con quienes asumen conductas criminales. Los llamados "resguardos indígenas" no pueden ser refugio de delincuentes, ni zonas vedadas para las autoridades. Si los criminales están en sus territorios, pues deben ser expulsados y entregados para su juzgamiento. Lo que no puede ocurrir, como ha sucedido tantas veces, es que el asesinato de nuestros soldados y policías quede impune.
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