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¿Imputarán cargos en contra de tres funcionarios de la Alcaldía de Medellín por Buen Comienzo?

La imputación de cargos es sobre irregularidades en un contrato de 20.692 millones de pesos para la atención de los niños y donde se habrían malversado $1.300 millones.

283511_BLU Radio. Referencia/ Foto Contraloría General de la República
Referencia
Foto: Contraloría General

Aunque en principio se habló de un aplazamiento, por error, se había solicitado de nuevo su aplazamiento, sin embargo, para evitar que pasara lo que ocurrió en diciembre de 2022 y el pasado 23 de enero, el Juzgado 39 Penal Municipal con función de Control de garantías, anunció que si habrá la audiencia donde la Fiscalía General de la Nación iba a imputará cargos y solicitar medida de aseguramiento en contra de la secretaria de educación de Medellín, Alexandra Agudelo, a la exdirectora de Buen Comienzo Lina María Gil, y al representante legal de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.

Según se pudo establecer que revisaron que el contrato no está liquidado al día de hoy, por lo que no tenían mérito para hacer la audiencia, sin embargo, una nueva verificación, aseguraron que se podía continuar con el proceso judicial.

Eso pese a que la secretaria Agudelo, quien dijo que durante la ejecución del contrato se recibieron varias alertas, razón por la cual el contrato no ha sido pagado en su totalidad y tampoco ha sido liquidado, hasta tanto se resuelvan todos los procesos legales.

Lo que tiene en el ojo del huracán a los funcionarios de Daniel Quintero es un contrato que firmó la secretaria Agudelo con la Corporación Colombia Avanza en marzo de 2020, por un valor de 20.692 millones de pesos para la atención de los niños y las madres gestantes, y la entrega de paquetes alimentario, donde se habían malversado 1.300 millones de pesos.

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El ente de investigador ha reiterado que este contrato de prestación de servicios, mediante la modalidad de contratación directa, habría sido asignado a dedo, cuando la ley exigía que se realizara una licitación pública, pues la contratación directa sólo puede usarse para contratos específicos que requieran los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo que el suministro de alimentos no entra en esa categoría.

La Fiscalía advierte que se perdieron o desviaron 1.300 millones de pesos de este contrato y entre algunos de los motivos se encontrarían una serie de sobrecostos que tuvieron los paquetes alimentarios en los que, por ejemplo, se había presupuestado entregar un aceite de 1.000 centímetros cúbicos, pero se facturaron de 500 centímetros a la mitad de ese valor, con el agravante de que los costos de logística se elevaron a su tope más alto.

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