y cuando colapso la torre 6 que dejó 12 personas muertas y más de 160 familias sin hogar. La del 12 de octubre de 2015 la recordaron con una celebración litúrgica
De las doce personas muertas, 11 eran obreros que trabajaban en la repotenciación de la estructura. La otra víctima fatal era un estudiante de periodismo, residente de la unidad.
Los familiares de los once trabajadores, quienes llegaron a un acuerdo económico con la constructora Lérida CDO, manifestaron que ese dinero no repara el dolor de haber perdido a un ser querido en un hecho que se hubiera podido prevenir.
Publicidad
La única familia de las víctimas fatales que no llegó a un acuerdo con la constructora fue la del joven Juan Esteban Cantor. Su hermana, Ángela Cantor, aseguró que continuarán con el proceso por homicidio culposo contra los representantes de CDO, Pablo Villegas y María Cecilia Posada, y el ingeniero calculista Jorge Aristizábal, pese a que la audiencia ya ha sido aplazada en 4 ocasiones.
Aunque la constructora debía indemnizar a los dueños de los apartamentos, que finalmente fueron demolidos, aún hay 14 propietarios que no han llegado a un acuerdo y no han recibido el dinero que costaron sus propiedades.
Publicidad
Además, afectados de otras unidades residenciales aledañas, que también debieron evacuar sus casas por fallas estructurales, aseguraron que la constructora les debe 4 meses de subsidio de arrendamiento.
La constructora indicó que a las familias afectadas se les entregará el dinero por sus apartamentos luego de que sea vendido el lote donde estaba ubicado el edificio.
Debido a que la administración municipal no tiene interés en adquirirlo, el liquidador de Lérida CDO, Marco Tulio Zapata, continúa adelantando gestiones para encontrar un comprador.
Publicidad
El alcalde Aníbal Gaviria indicó que durante los dos años la administración municipal ha estado acompañando a las familias damnificadas de Space y enfatizó en que continuarán pendientes de la investigación que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría. Además insistió en que el país carece de normas que permitan realizar controles de seguridad en los proyectos urbanísticos, por lo que desde hace más de un año presentó una propuesta sobre el tema ante el Congreso, pero no ha obtenido una respuesta.
Publicidad