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La Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado confirmó que se tienen dos denuncias penales en el proceso que se adelantó de la oferta pública para adquirir las acciones del Grupo Nutresa.
Con esta apertura de investigación, la disputa de los Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), se pasa desde lo económico a lo penal.
Se pudo establecer que se trata de dos demandas civiles, una interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana -Sura, al parecer, en contra de María Ximena Lombana, Angela María Tafur y Andrés Bernal, quienes habían supuestamente dado órdenes a la junta de la empresa y la otra, fue interpuesta por el Grupo Argos.
En la misiva se advierte que a raíz de posibles irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares, en el trámite de dichas demandas civiles, que podrían configurar hechos de corrupción judicial.
La Fiscalía señaló que dada la complejidad y la gravedad de los hechos, la investigación se hará desde la Dirección Especializada contra la Corrupción liderado por dos fiscales y un grupo interdisciplinario de Policía judicial entre los que se encuentran expertos en informática forense, administradores de empresas, contadores y abogados.
Se espera un pronunciamiento tanto desde el Grupo Sura, Argos e incluso, desde los afectados del grupo Gilinski.
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