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Una aportante de 10 millones de pesos a la campaña de Édgar Augusto Gallego Arias, actual alcalde del municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, en Antioquia, tiene en aprietos al mandatario, pero además a Lorena Torres Montoya y Rogelio Córdoba Hoyos, secretarios de Gobierno y Servicios Administrativos, respectivamente.
En segunda instancia, un juez decidió dictar medida de aseguramiento en sus domicilios contra estos servidores por presuntamente haber incurrido en los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Y es que según las investigaciones de la Fiscalía los procesados habrían celebrado por lo menos cinco contratos por un valor superior a los 165 millones de pesos para suministrar la alimentación en diferentes capacitaciones y para la fuerza pública con Silvia Ruth Gómez García, una mujer que estaría inhabilitada para la firma de cualquier contrato o convenio ya que había entregado recursos para la campaña del alcalde Gallego.
De acuerdo con el ente acusador, el mandatario tiene otras dos investigaciones en etapa de juicio por contratos suscritos durante la pandemia por el Covid-19. Uno de ellos por presuntas irregularidades en la atención de la emergencia sanitaria y otro por la adquisición de alimentos para la población más vulnerable de la localidad, que se firmó con la misma aportante a campaña.
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