La Justicia Especial para la Paz, JEP, ordenó medidas cautelares para el cementerio La Dolorosa, del municipio de Puerto Berrío, pues presume que allí hay cuerpos enterrados de personas dadas por desaparecidas y víctimas de la violencia y que están en riesgo de perderse.
Con esta medida cautelar, expedida por la sección de ausencia de reconocimiento de verdad, a través del auto 023, se prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos catalogados como de interés forense, la intervención de cinco osarios comunes y una celda de custodia donde se encuentran “al menos, 42 cuerpos exhumados ilegalmente por la parroquia Nuestra Señora de los Dolores”.
Según la JEP, las prácticas de exhumaciones irregulares, la adopción de cuerpos no identificados por parte de la comunidad y los factores ambientales, son un riesgo para la recuperación y entrega de los restos óseos a las familias.
La orden de la justicia especial también implica el cerramiento del cementerio y que el personero municipal adelante campañas para evitar las adopciones de cuerpos no identificados.
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La medida cautelar, solicitada por Movice y el colectivo Orlando Fals Borda, se mantendrá al menos hasta que la JEP o la Fiscalía adelante una inspección en todas las áreas del cementerio para identificar los restos que están en mayor riesgo y las intervenciones necesarias.
La sección, por su parte, realizará una inspección judicial con el fin de recibir los cuerpos que presentan el mayor nivel de amenaza y que fueron ubicados por la parroquia en una “celda de custodia” que no reúne los requerimientos técnicos para la conservación y cuidado de restos óseos.
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