Doce organizaciones de víctimas del Oriente antioqueño denuncian que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) comenzó un proceso de desalojo del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (Care), un espacio que hace parte de los 28 sitios de la Red Colombiana de Lugares de Memoria.
Este inmueble, que funcionó como un hotel pero que los paramilitares usaron para las mayores barbaries de la violencia, fue entregado por la Alcaldía de San Carlos para guardar archivos, elementos, dibujos y demás artículos que representan la memoria de las víctimas del conflicto armado en esa región del departamento. Sin embargo, este lugar estaba en extinción de dominio y la SAE empezó su reclamo.
Pastora Mira, reconocida líder de víctimas en ese municipio, sostuvo que desde hace años han estado ubicados sin líos ahí, hasta este 18 de enero, cuando fueron notificados del desalojo voluntario o se procedería con un operativo.
"Nos encontramos con que el 18 hay una notificación que dicen que hay que desalojar por las buenas el 26 o sino el lanzamiento el 31 de enero; y eso es lo que nos tiene preocupados hoy", alertó Mira.
Sin embargo, la SAE indicó en un comunicado que esta orden de desalojo se emitió porque es un inmueble que estaba en extinción de dominio, pero fue ocupado de manera irregular. Por eso desde agosto de 2021 se hizo una visita técnica, pero los ocupantes impidieron cumplir con esa actividad.
Este desalojo cayó como un baldado de agua fría para la Comisión de la Verdad y exhortó a la SAE a que suspenda este procedimiento. Según Marta Villa, coordinadora territorial Antioquía de la comisión, se deben buscar acuerdos para que este espacio se mantenga para las víctimas.
"Lo que decimos desde la Comisión de la Verdad es que hay que buscar una salida institucional, que el país está frente a esto, de cuáles son las garantías de no repetición, cuál es el deber de memoria del Estado y claramente un deber de memoria del Estado es preservar estos lugares", sostuvo Villa.
La Alcaldía de San Carlos rechazó ese procedimiento y pidió, de manera pública, que se entregue la propiedad a la comunidad. Sin embargo, la SAE aseguró que a la fecha, “no ha recibido una solicitud de destinación provisional por parte de la Alcaldía Municipal para el uso y disfrute del inmueble”.
La organizaciones señalan que este inmueble fue vendido antes de ordenar el desalojo, pero la SAE no confirmó este cuestionamiento a pesar de la consulta y señaló que se debe hacer un derecho de petición para esa consulta puntual.