La tensión política que vive Colombia tras la primera vuelta presidencial llevó al padre Francisco De Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, a enviar un mensaje directo al candidato Iván Cepeda. En una charla en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el sacerdote reveló que le escribió en la madrugada posterior a las elecciones para pedirle que reconociera los resultados y ayudara a evitar una escalada de confrontación en el país.“Lo conozco personalmente para invitarlo a dos cosas y es reconocer directamente el resultado de las urnas, no complicar eso”, afirmó De Roux al explicar las razones que lo llevaron a comunicarse con el aspirante presidencial.La reflexión del sacerdote se conoció en medio de un ambiente político marcado por la polarización y las discusiones sobre el resultado electoral que dejó instalados en la segunda vuelta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Más allá de las diferencias ideológicas, De Roux insistió en que el momento exige responsabilidad y respeto entre quienes piensan distinto.Padre Francisco De Roux llama a bajar el tono de la campañaDurante la conversación, el sacerdote explicó que su mensaje no se limitó al reconocimiento de los resultados. También buscó invitar a que la etapa final de la contienda electoral transcurra sin agresiones ni discursos que profundicen las divisiones.“Invitar a que la campaña que siguiera no fuera una campaña agresiva”, señaló.De Roux reconoció que Colombia llega a esta segunda vuelta con profundas heridas históricas y con visiones opuestas sobre el rumbo que debe tomar el país. Sin embargo, insistió en que ninguna de esas diferencias puede justificar el odio o la descalificación del adversario político.Según explicó, durante décadas distintos sectores han cometido errores y protagonizado episodios que dejaron dolor y violencia. Por eso, considera que el país debe asumir este momento con serenidad y entendiendo que las decisiones electorales responden a realidades y preocupaciones legítimas de millones de ciudadanos.“Dentro de 20 días tenemos que construir el país juntos”Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista fue el llamado a pensar en el día después de las elecciones. Para De Roux, la campaña terminará pronto, pero la convivencia nacional deberá continuar.“Dentro de 20 días tenemos que construir el país juntos. Juntos”, enfatizó.El sacerdote también advirtió sobre los riesgos de los discursos que presentan la elección como una batalla definitiva entre el bien y el mal. En su opinión, afirmar que el país no tiene futuro si gana uno u otro candidato solo alimenta el miedo y dificulta la reconciliación.“Cuando en 20 días los colombianos tenemos que aceptar, con todo respeto, al presidente que la mayoría eligió, sea el que fuera”, sostuvo.El llamado a respetar la diferencia y rechazar la violenciaDe Roux aprovechó la entrevista para insistir en la importancia del respeto mutuo y del cuidado del lenguaje público. A su juicio, las palabras pueden terminar alimentando actos de violencia, especialmente en un contexto tan polarizado.“Hemos decidido que no nos vamos a odiar”, expresó al pedir que la ciudadanía rechace las agresiones y entienda que la democracia implica convivir con posiciones distintas.Finalmente, recordó que la búsqueda de la verdad y la construcción de país requieren escuchar a quienes piensan diferente. Por eso, reiteró que el próximo presidente, independientemente de quién resulte elegido, tendrá la responsabilidad de convocar a todos los sectores y gobernar para una nación diversa.Para el exjefe de la Comisión de la Verdad, el principal desafío no está únicamente en las urnas, sino en la capacidad de los colombianos para seguir compartiendo un mismo proyecto de país después de que termine la campaña.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad, se ha convertido en la voz de miles de colombianos en el exilio, un hecho que, según él, ha sido "sistemáticamente ignorado por el Estado". Tras ser víctima de un robo en su apartamento, donde le hurtaron elementos de trabajo, Celis se vio obligado a salir del país. Su experiencia personal, compartida en una carta pública, refleja "frustración, decepción, desesperanza", sentimientos que, a su juicio, son comunes entre la diáspora colombiana forzada.Celis habló sobre la magnitud histórica del problema, indicando que, según el informe de la Comisión de la Verdad, el exilio es el segundo hecho victimizante en Colombia después del desplazamiento forzado. El caso archivado por la FiscalíaUno de los puntos centrales de la denuncia de Celis es la forma en que la justicia manejó su caso, una situación que, afirma, representa la norma para los exiliados.Celis reveló que la Fiscalía General de la Nación archivó su caso en marzo de este año. La razón esgrimida fue que, a pesar de una "diligente investigación", no se encontró a la persona que ingresó al apartamento ni se pudo hacer seguimiento al vehículo que se llevó los objetos robados.Le puede interesar: ¿Qué pasó con Andrés Celis tras el robo de entrevistas de ‘Otoniel’?Esta decisión contrasta con la gran cantidad de evidencia que él mismo presenció y que la Fiscalía había recolectado:"Debo ser enfático y es que en marzo de este año la Fiscalía archiva mi caso". Todo está registrado, la misma Fiscalía es la que recopila las pruebas. Hay más de 50 huellas dactilares tomadas por la propia Fiscalía. Hay fotografías, hay videos, hay retratos hablados, hay dos interceptaciones a celulares y pues todo este mismo material que ellos mismos recogieron fue desechado. Hay negligencia por parte de la Fiscalía y aquí hay que decirlo, que también es una generalidad con todas las personas que están en el exilio", indicó Celis.Andrés reveló que el 90% de casos de personas que "se tienen que exiliar terminan en la impunidad"."A través de lo que a mí me ha ocurrido, podemos señalar lo que ocurre a los colombianos y colombianas del común que, quizás, sus casos no fueron conocidos ni mediáticos, pero que sí están en unas situaciones muy tristes y y en unas condiciones de verdad inhumanas", aseveró. Llamado urgente al presidente PetroAnte la falta de políticas públicas efectivas, Andrés Celis aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, recordando que él mismo fue un exiliado "privilegiado" en sus dos exilios."El presidente Petro, en sus dos exilios, también fue un privilegiado en su primer exilio en Bélgica. Él trabajó dentro de la embajada, después en Estados Unidos. En el año 2002 estuvo haciendo una gira, que es la auspicio de la embajada norteamericana, pero como él y yo son muy pocos los colombianos que accedemos a este tipo de ayudas, ¿no?", dijo.Escuche la entrevista aquí:
Un niño de 15 años fue asesinado por las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. El menor recibió cuatro disparos por negarse a ingresar a sus filas.Asimismo, las fuerzas militares confirmaron que integrantes de la estructura Carlos Patiño, una de las más violentas disidencias de las Farc, asesinaron al adolescente.Sobre este lamentable hecho habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el jefe negociador de paz del Gobierno con ese grupo que se fraccionó del Estado Mayor Central, Camilo González Posso.Según dijo, citando cifras de la Comisión de la Verdad, más de 30.000 menores han sido reclutados a lo largo de los años por diferentes grupos armados.Esta problemática se presenta especialmente en regiones como el Cauca, donde el caso del fusilamiento de un menor ha hecho eco en la ciudadanía, generando indignación y urgencia por buscar una solución.Posso indicó que los grupos armados han comenzado a utilizar a los niños y adolescentes no solo como combatientes, sino también como espías, dado que su juventud los dota de una supuesta capacidad de “temeridad"."La Comisión de la Verdad estableció un registro de más de 30.000 niños y niñas reclutados en el horizonte, que ellos consideraron es una práctica vieja. Generalmente los grupos armados utilizan a los niños o los vinculan porque el niño tiene, por su configuración mental todavía una capacidad de temeridad y entonces son utilizados para de espionaje o para, incluso, acciones de combate. Es una práctica atroz que viene atrás y que ahora se está incrementando", explicó.Esto ha llevado a situaciones desgarradoras, incluyendo el uso de los menores como escudos humanos y la creación de redes de capturas y secuestros.Los efectos de la guerra en la población civilEl impacto de estas prácticas sobre la sociedad es devastador; no solo castiga a los menores, sino que también traumatiza a las comunidades, de acuerdo con el jefe negociador.La preocupación es evidente, especialmente cuando se considera que muchos de estos jóvenes retornan a hogares en los que el ciclo de violencia continúa presente.Perspectivas sobre el proceso de paz en ColombiaA pesar de las dificultades y el contexto complicado, mantuvo la esperanza sobre la posibilidad de acuerdos significativos. Señaló que, aunque existen obstáculos claros relacionados con el reclutamiento y la violencia, las conversaciones en marcha pueden llevar a resultados positivos.Escuche la entrevista completa aquí:
Amnistía Internacional presenta este martes en el Teatro Colón de Bogotá, el informe “Transformar los dolores en derechos: Riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia”, que documenta la realidad que viven las mujeres que dedican su vida a buscar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y la importancia de que la sociedad las reconozca y las autoridades garanticen sus derechos, ante los graves obstáculos que enfrentan al exigir verdad y justicia.En diálogo con Mañanas Blu, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre lo que sería el informe y destacó por qué resulta ser un día crucial en materia de derechos humanos. Asegura que el principal avance que hay hoy y uno de los elementos fundamentales del informe es la aprobación de la Ley de Mujeres buscadoras, que se aprobó hace unos meses en Colombia. "Esa ley, a nuestro juicio, avanza en la dirección correcta, establece protecciones de derechos tanto para su labor de búsqueda como sus derechos económicos y sociales. También para impedir que los ataques de las que ellas son víctimas queden en la impunidad. Pero pasa todavía que es una ley muy reciente y que la implementación de la ley es lo que va a ser fundamental para ver si realmente ayuda y protege a las mujeres buscadoras de la manera que en el papel dice que lo va a hacer", señaló. El fenómeno de mujeres buscadoras en Colombia es alarmante. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, se estima que alrededor de 210,000 personas están desaparecidas en Colombia, y muchas de ellas son buscadas por sus madres, hermanas e hijas. El informe no solo busca visibilizar esta problemática, sino también ofrecer un marco legal que ayude a proteger a estas mujeres y a restablecer sus derechos. "Es importante que se reconozca la labor de búsqueda, ya que no solo se trata de encontrar a un ser querido, sino de buscar justicia y reparación", afirmó Ana Piquer. La realidad de las madres buscadorasA menudo, estas mujeres son vistas como excesivas o exageradas en sus demandas por parte de la sociedad, lo que expone una clara misoginia en la narración. La falta de reconocimiento de su papel como defensoras de derechos humanos complica aún más su situación.
En una audiencia, convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, 19 miembros retirados del Batallón de Infantería No. 04 detallaron la verdad sobre hechos cometidos en zonas rurales del municipio de Granada, en Antioquia.Estos comparecientes se refirieron particularmente sobre cinco hechos de violencia cometidos entre noviembre de 2002 y mayo de 2005, en las veredas Galilea, San Francisco, La Arenosa y Los Medios, de Granada, por los cuales están registradas al menos 7 víctimas. Los comparecientes hablaron sobre el modo en que operaban, los falsos positivos y los beneficios recibidos por bajas. Según el exmilitar Gerardo Martínez Calderón, en aquella época, al parecer, los falsos positivos eran conocidos como una forma de operar dentro del batallón."En ese momento no se conocía como el falso positivo, no, sino que uno en la perspectiva en la que uno estaba, uno decía, ah bueno aquí trabajan es así, y ahí fue cuando uno se empieza a dar cuenta de que las cosas no todas estuvieron bien hechas, como esos casos donde presentaban gente con ejecuciones extrajudiciales como combates y como positivos", indicó Calderón.Además, mencionó que entre por cada baja que un soldado efectuara se les daba al menos 5 días de permiso: "El único beneficio era el permiso. Después de siete, ocho meses, dependiendo los resultados que usted tuviera, en el que transcurrió ese tiempo, le daban a uno una cierta cantidad de días más, aparte del permiso ordenado. Si no eran bajas, no daban días, o sea, tenían que ser bajas. Capturas, munición o cosas así, nada", explicó el exmilitar.Vale la pena aclarar que estos comparecientes, que no han sido seleccionados como máximos responsables, transitan la Ruta no Sancionatoria de la JEP, a través de la cual deben hacer aportes de verdad, hacer compromisos para la restauración de las víctimas y, en dado caso, reconocer su responsabilidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva y poder reintegrarse a la sociedad.
El comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad eligió a Wilson Castañeda como su nuevo presidente para el periodo 2024 a 2025. Castañeda es politólogo y tiene un doctorado en Filosofía. Recientemente, desde la organización Caribe Afirmativo ha liderado varias iniciativas en favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+."Desde esta nueva posición, Castañeda reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones pedagógicas y comunicativas derivadas de las recomendaciones, en aras de avanzar hacia una sociedad más justa y reconciliada. Para ello, ha establecido cinco prioridades estratégicas para garantizar el seguimiento y la apropiación de estas recomendaciones, las cuales guiarán el trabajo del Comité en los próximos años", explicaron en un comunicado desde el Comité.En esta etapa el comité va a trabajar en cinco temas principalmente: el primero, será poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y monitoreo que se ha desarrollado en conjunto con el equipo técnico para hacer un análisis en tiempo real del estado de implementación de las recomendaciones; el segundo, será el de la preparación de los informes que hacen desde el comité; el tercero, será promover el reconocimiento de la verdad como un bien público; el cuarto, será el de llevar los territorios las recomendaciones; y el último, coordinador una articulación con el Sistema Integral para la Paz."También, Castañeda ha subrayado la importancia de una acción pública de rendición de cuentas, en la cual el Comité informará de manera transparente y periódica sobre los avances logrados, asegurando que la sociedad civil tenga un papel activo y vigilante en este proceso", agregó el comité en su comunicado.
Este martes 16 de julio, se conoció que la Procuraduría General de la Nación sancionó con una suspensión de quince meses a Rolando Rodríguez Cruz, quien es analista de la macroterritorial Bogotá- Soacha de la Comisión de la Verdad, por presuntamente haber acosado sexualmente a una de sus compañeras de trabajo.En este caso, la Procuraduría logró constatar que este funcionario ejerció coacción en contra de una de las funcionarias de la Comisión de la Verdad, además también se pudo comprobar que Rodríguez utilizó los correos electrónicos de la entidad para presionarla, insultarla, agredirla y perseguirla con el único fin de enviarle mensajes de índole sexual de manera reiterativa.Incluso la Procuraduría, en medio de sus investigaciones, pudo corroborar que, este funcionario transgredió la dignidad de la víctima, persiguiéndola hasta el baño de mujeres durante un evento laboral del año 2020, donde habría utilizado términos desobligantes y violentos en su contra.Finalmente, en un fallo de primera instancia, el distrito de Juzgamiento determinó la falta del funcionario de la Comisión de la Verdad como grave; lo que resultó en la suspensión de 15 meses por parte de la Procuraduría.Respecto a las suspensiones por parte de la Procuraduría a los servidores públicos, hay toda una polémica, ya que en el último mes el Ministerio Público ha sancionado a figuras de la política como es el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue sancionado para ejercer cargos públicos por 6 meses además de una multa por más de 100 millones de pesos, y más recientemente se conoció que la Procuraduría confirmó la suspensión del exalcalde de Cartagena William Dau por tratos irrespetuosos a directivos de la universidad de esa ciudad.La polémica radica en que el propio presidente Gustavo Petro se ha pronunciado enérgicamente cuando la Procuraduría emite sus sanciones, diciendo que “es un abuso de poder y que ninguna autoridad administrativa debe suspender los derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia”.
La muestra, instalada en febrero en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, donde estará hasta diciembre, es una iniciativa que abre los hallazgos de la Comisión de la Verdad a toda la población y está pensada como una herramienta de aprendizaje que ayude a esclarecer qué fue lo que pasó en 60 años de conflicto.Paneles ambientados con música y fotografías de la biodiversidad colombiana acompañan las dos horas de recorrido que incomodan y emocionan a las personas que visitan la muestra, que en los primeros tres meses fueron más de 13.000.Sufrimiento en primera personaLos muros recogen los anhelos y los gritos de un país desangrado por un conflicto que dejó unas 450.000 personas asesinadas entre 1985 y 2018, según estableció la Comisión, aunque si se tienen en cuenta los subregistros, la estimación de homicidios puede llegar a duplicar el número.En total, la Comisión de la Verdad registró 8.775.884 víctimas de todo tipo por el conflicto armado en esos 33 años abarcados por su informe.La coordinadora de comunicaciones de la exposición, Paula Velásquez, cuenta que las personas que la recorren una vez suelen salir muy impactadas, pero aquellas a las que les interesa el tema, "vuelven y en cada visita recorren rutas diferentes de la muestra".La exposición está organizada en seis momentos que recorren la guerra y sus consecuencias y rescatan las resistencias de la sociedad civil para llevar al público a comprender las conclusiones y recomendaciones de la Comisión.Los recuerdos de guerrilleros, exmilitares y comandantes se combinan con las declaraciones de mujeres que buscaron sin cesar a hijos y amigos que fueron víctimas de los 'falsos positivos' -como se conoce en el país las ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército- con la finalidad de "contar toda la verdad, no solo la de unos pocos", dice Velásquez.Un arcoíris de diez líneas de colores da la bienvenida a los visitantes. Cada una hace referencia a un hallazgo de la Comisión con la oportunidad de hacer inmersiones en los cuatro periodos para comprender cómo afectaron al país en fechas diferentes.Así, algunos de los hallazgos se refieren a violaciones de derechos humanos, el narcotráfico, la impunidad o la relación entre la cultura y el conflicto.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.17 años de silencioEl año pasado, la Comisión de la Verdad, que surgió del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla FARC, entregó el informe final de la reconstrucción de la memoria del conflicto armado y del resumen de 11.000 páginas se tomaron las bases de esta exposición."Es el resumen de 11.000 páginas y aún así faltaron demasiadas cosas", dijo Velásquez, quien recalcó que la idea inicial era que la exposición estuviera de manera permanente en el Museo de Memoria de Colombia antes de que el edificio fuese abandonado sin terminar la obra.Según la coordinadora, "se dice que si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado en el país serían 17 años de silencio", y de manera simbólica a los grupos de estudiantes que llegan a hacer el recorrido les piden hacer 17 segundos de silencio.La exposición fue una iniciativa incluida en el informe de la Comisión de la Verdad y trata de resumir las miles de páginas de sus conclusiones sobre el auge y la persistencia del conflicto armado, así como su comportamiento regional, sus efectos y recomendaciones para la no repetición.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
A través del cine, el arte y la palabra siete comunidades de distintas regiones del país cuentan sus experiencias de resistencia frente al conflicto en “Somos historias”, la serie documental liderada por el laboratorio de cine comunitario Historias en Kilómetros.El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá fue el escenario en el que Historias en Kilómetros presentó el 11 de abril esta serie documental de siete episodios en el marco de la exposición “Hay futuro si hay Verdad. De la Colombia herida a la Colombia posible”. Esta exposición, al igual que la serie documental, le apuesta a la construcción de memoria y a narrar desde el arte las vivencias de las víctimas del conflicto armado en Colombia y a difundir el mensaje del informe final de la Comisión de la Verdad. “Es importante la redignificación de los relatos, de las víctimas, contadas en sus palabras, en sus formas, en sus principios y no desde una mirada ajena, eso es lo más valioso”, explicó Paola Andrea Díaz Gómez, codirectora de Historias en Kilómetros, sobre la importancia que tiene el cine comunitario y el rol de las comunidades al momento de identificar, producir y contar sus historias.Cada narración es tan diversa como potente, llena símbolos, tradiciones y expresiones artísticas que buscan honrar a sus comunidad y resistir ante el conflicto, o en sus palabras, “dispararle a la guerra a través del arte”.Cada uno de los siete capítulos es un relato sobre el impacto de la guerra en su territorio. Por ejemplo, en un viaje por el río Mitú los espectadores conocerán la vida de dos mujeres que vivieron dos lados opuestos de la guerra y terminan juntas sus estudios de bachillerato.También se cuentan historias como la de la décima cimarrona llena de memoria y resistencia en la ciudad de Tumaco o los recuerdos de infancia de adultos cargados de historias de la violencia paramilitar en San Martín, Cesar quienes entre salones escolares y huertas comunitarias tejen posibilidades de paz.“El alma de la serie son resistencias pacíficas culturales y artísticas frente al conflicto armado y sobre eso cada equipo tenía una libertad creativa para proponer desde el lugar que quería su historia”, comenta Díaz sobre el proceso de producción de cada episodio.Aliados a Historias en Kilómetros, siete productoras de cine comunitario trabajaron durante un año en procesos de formación con cineastas de varios países dispuestos a escuchar sus historias e ideas y darles las herramientas técnicas y conceptuales que los llevaran a hacer cine.Así, en este proceso de cocreación entre los equipos, las ideas, las comunidades y HEK, se concibió otra de las entregas que hace parte de esta serie, la de una familia indígena coreguaje desplazada en Florencia, Caquetá, que a través del cine comunitario pretende preservar su lenguaje, su cultura y sus tradiciones.Este episodio, narrado en su totalidad en el lenguaje coreguaje, detalla las tradiciones de la comida como elemento fundamental de la medicina ancestral. También expone el riesgo en el que se encuentran sus saberes a causa del desplazamiento y el desarraigo que ha generado entre generaciones.Díaz contó que la misión de este capítulo es reconectar con esa cultura y su cosmovisión, entre otras, mediante el lenguaje. “Su apuesta con el cine comunitario es poder mantener la cultura y todo el saber ancestral coreguaje vivo. Usaron esta herramienta del cine y este capítulo para poder mantener viva la historia y la sabiduría alrededor de la medicina ancestral, que es la misma comida, que es un espacio de sanación”, puntualizó.Las experiencias de resistencia, que destacan y hacen eco de las voces de quienes han sufrido el conflicto en primera persona y hasta ahora permanecían fuera de las historias, se centran en Tumaco, Nariño; Tierra Grata, Cesar; Mitú, Vaupés; Florencia, Caquetá; San Martín, Cesar; Ibagué, Tolima; y Cereté, Córdoba.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“Resilire, entre la vida y el arte”La presentación de Somos historias estuvo acompañada de la proyección del capítulo Resilire, entre la vida y el arte, realizado por la productora de cine comunitario de Ibagué, Tolima, Cocosur.En medio de conversaciones entre amigos, graffitis, música y hip hop, este capítulo cuenta la detalles de la vida de “Sombras”, un joven del municipio de Girardot víctima de la violencia policial. Con su historia y los recuerdos que su mamá, su hermana y sus amigos comparten, la vida y la muerte de “Sombras” se presenta como el relato de miles de jóvenes que han sido víctimas de la violencia estatal y policial.En un sentido homenaje al joven artista, su madre y sus familiares asistieron a la proyección en Bogotá para ser aplaudidos por su valor y decisión de contar su vida. Cocosur, por su parte, hizo de la presentación un performance de danza y rap para homenajear a los jóvenes asesinados, a “Sombras” y su legado que hoy reúne a un grupo de jóvenes gestores culturales en su municipio. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Historias en Kilómetros (@historiasenkm) “Creo que lo que ‘Sombras’ quería, y lo que todos queremos es que se dignifique al artista, que se respete, que hayan espacios donde realmente el arte esté salvando vidas, en territorios marginados, gente que sufre la violencia, las drogas, que el arte, el rap y el hip hop pueda llegar a todos esos rincones a salvar vidas”, cuenta Lore, miembro de Cocosur y directora de este capítulo.Lore, junto a CrisMaster y otro colega, cineasta y rapero, unieron sus voces tras la presentación de la historia de “Sombras”, en una serie de canciones que rechazan la violencia de azota las regiones del país y que reclaman memoria, justicia y la, tan anhelada, paz.“Esto es una muestra de lo que viven los jóvenes en Colombia: discriminación, estigmatiación, racismo [...] y pues el artista responde con lo que sabe hacer. Esta es una respuesta al conflicto también. Es una bala que le disparamos a la guerra”, señaló CrisMaster.Aunque el objetivo es lograr que esta iniciativa y cada capítulo sean conocidas masivamente, el proceso de distribución de la serie está en su fase inicial y en busca de espacios para ser proyectada.“Empezamos la fase de difusión del cine comunitario, teniendo siempre como principio dentro del laboratorio de formación que los primeros que ven esto son los miembros de la comunidad”, agregó Díaz.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.