En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, este 9 de abril el Centro Nacional de Memoria Histórica realizó un acto conmemorativo en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde participaron cerca de 80 líderes y lideresas de distintas regiones afectadas por el conflicto armado.El evento arrancó con la presentación de las cantaoras del Pacífico, quienes abrieron la jornada. A lo largo del acto, el escenario recreó algunos de los espacios del futuro Museo de Memoria de Colombia, una iniciativa que según asegura la directora del centro de memoria, busca reunir las historias del país alrededor del conflicto.“Hoy abrimos las puertas, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de los espacios y salas del Museo de Memoria de Colombia, y rendimos un homenaje a las memorias vivas del país que, en medio del dolor, han seguido buscando verdad, justicia y dignidad”, aseguró la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán.También aclaró que el fin del museo es escuchar las distintas voces del país: “No es simplemente una obra arquitectónica. Es un espacio para encontrarnos y reconocernos en nuestras memorias”. Según dijo, el proyecto contará con más de 14.700 metros cuadrados, 13 espacios de encuentro y seis salas de exposición, y este año se retomarán las obras.Uno de los momentos más emotivos fue la participación de víctimas y familiares, quienes compartieron sus historias. En medio del acto, se leyeron nombres de personas asesinadas o desaparecidas y se mostraron objetos simbólicos como fotos, cartas, libros, carros de juguete y otros elementos que representaban a sus seres queridos.Representantes de pueblos indígenas como los arhuaco, misak, yanacona, barasano y mokaná realizaron cantos tradicionales en homenaje a las víctimas.Por su parte, Antonio Pardo, firmante de paz y exintegrante de las Farc, quien es el actual representante legal de la federación Mesa nacional del café, contó cómo después de 10 años de la firma del acuerdo de paz, el café para la paz es reconocido como uno de los mejores del mundo.“Hemos aprendido al lado de las víctimas que no se trata solo del acto de pedir perdón sino de reconocer la necesidad de hacerlo porque quien pide perdón no solo reconoce el daño, sino que inicia un camino de transformación y hoy lo hacemos en representación de quienes en algún momento llenamos con nuestros actos de dolor a tantas familias”.Durante el evento, varias figuras públicas le dieron voz a testimonios de víctimas. Entre ellos, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia - Estado compartió el caso de una familia afectada por la desaparición de un ser querido, mientras que Ángela María Robledo relató la historia de una sobreviviente de la masacre de El Salado.María Gaitán insistió en que “recordar es un acto de dignidad y de responsabilidad colectiva. Nos obliga a reconocer lo que pasó, a honrar a las víctimas y a trabajar para que no se repita”.Como parte del cierre, se entregaron 60 “luciérnagas” a personas que han trabajado por reconstruir la memoria en sus territorios. El evento terminó con la presentación del coro infantil de la Filarmónica de Bogotá.
La Unidad de Víctimas continúa avanzando en su compromiso con los sobrevivientes del conflicto armado, destinando importantes recursos en indemnizaciones y ayudas humanitarias para las comunidades del país, especialmente en los territorios más alejados de las zonas urbanas de las capitales de los 32 departamentos. En lo corrido del año, se han entregado 29.810 cartas de indemnización administrativa a víctimas en diferentes municipios de Colombia, de las cuales 25.970 correspondieron a los últimos tres meses, representando una inversión superior a los $293 mil millones, reportó la entidad.La Unidad para las Víctimas reportó que ha entrega de cerca de 600 mil cartas de indemnización durante el actual Gobierno Nacional, con una inversión que supera los $4,6 billones. Los últimos actos de entrega de cartas de indemnización se realizaron en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja luego de un proceso de verificación de documentos que acreditan a las personas beneficiadas como víctimas del conflicto armado.“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.En Puerto Wilches, Santander, la Unidad de Víctimas entregó 278 cartas de indemnización, con más de $3.950 millones para dignificar a las víctimas. “Esta jornada benefició a sobrevivientes de Puerto Wilches, Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití, reafirmando nuestro compromiso con la reparación integral”, señaló la entidad.Para Cecilia Rodríguez, quien vivió el horror del paramilitarismo en San Pablo, sur de Bolívar, recibir la carta de indemnización “es un alivio al alma”.“Desde hace casi dos décadas estábamos esperando que el proceso por lo que ocurrió en la finca de nuestro padres se diera y por fin la actual administración de la Unidad de Víctimas revisó nuestro caso y ya estamos en la ruta de la reparación”, aseguró la mujer en la entrega de cartas realizada en Puerto Wilches.Además, la entidad reanudó jornadas presenciales de atención de víctimas del conflicto en Colombia que viven en Venezuela. “Acompañamos en los procesos de indemnización a 246 personas víctimas fueron acompañadas en Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, marcando un avance en la atención transnacional”. Manifestó el director Romero.Por otra parte, la entidad viene gestionando la entrega de bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en nueve departamentos. En lo corrido de 2025, la entidad entregó 29.810 indemnizaciones administrativas, de las cuales el 87 % se realizaron en los últimos tres meses, lo que equivale a más de $293 mil millones distribuidos en todo el país.
Medellín también se sumó a la jornada de movilizaciones que desde diferentes sectores se convocaron en diferentes ciudades para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, una iniciativa adoptada desde 2011 con la ley 1448.Según el reporte del Puesto de Mando Unificado que acompañó la movilización, cerca de 7.000 personas realizaron el recorrido que partió sobre las 11:00 a.m. desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, en el centro de la ciudad y finalizó con un plantón en inmediaciones del Palacio de Justicia, José Félix de Restrepo.Durante la marcha, convocada principalmente por organizaciones sindicales, se escucharon consignas en favor de las reformas que promueve en el Gobierno nacional en el Congreso, como la de la salud, la laboral y la pensional."Tenemos que salir a marchar y concientizar a la gente de que nos están dejando morir. Nosotros votamos por Petro fue para que hicieran la reformas, que lo que está tratando de hacer el presidente es volverle calidad, dignidad humana al trabajador", declaró uno de los asistentes a Blu Radio."Nos movilizamos por los derechos de todos los colombianos, por el derecho fundamental a la salud, por el derecho a un trabajo decente, por el derecho a una pensión, por el derecho a una buena educación", aseguró otro de los marchantes.Se espera que en la ciudad el próximo domingo 21 de abril la oposición también tenga otra marcha para rechazar recientes hechos de violencia y expresar su inconformismo con el gobierno de Gustavo Petro.
En el auditorio de la Universidad Digital de Antioquia la procuradora Margarita Cabello hizo la presentación tanto al Gobierno nacional como a La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de UN informe que recopila los testimonios de 40 habitantes de la Comuna 13 sobre las violencias que ha padecido en las últimas décadas este territorio del occidente de Medellín.La jefe del Ministerio Público destacó este insumo como un elemento fundamental para comprender la importancia de que los esfuerzos institucionales se centren en mejorar las condiciones de vida en ese lugar para que la historia no se repita."Este es el resultado de una gran labor de recolección de información orientada al entendimiento y la interpretación de los daños colectivos padecidos por la Comuna 13 de Medellín durante el conflicto y la persistencia de ese daño", indicó Cabello.También, Luz Elena Galeano, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, expresó la importancia de este documento para que la Comuna 13 se convierta en víctima de reparación colectiva."Yo creo que es un paso muy importante y un paso que hace abre puertas para la posible reparación colectiva de la Comuna 13, pero también que agrupa los esfuerzos de diferentes organizaciones que pusimos el entusiasmo para que esto se diera", dijo Galeano.Siguiendo con su visita a Antioquia, se espera que en las horas de la tarde la procuradora se reúna con el alcalde Federico Gutiérrez para encabezar una mesa que evalúe la problemática de explotación sexual de menores de edad en la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación, inició la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, en la que se pondrán a disposición 168 predios que estarían vinculados a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales ascienden en valor a 395.579 millones de pesos.Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, se hizo una primera entrega de 10 propiedades ubicadas en Bogotá, Choachí y Facatativá (Cundinamarca), estimadas en más de 62.325 millones de pesos. Sobresalen 7 predios que pertenecian al denominado ‘Clan Cifuentes Villa’, uno de los señalados financiadores principales de las estructuras paramilitares a cargo de los hermanos Castaño Gil y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.Se espera que entre el 7 de noviembre y el 17 de diciembre, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía entregue 158 bienes que en valor superan los 333.254 millones de pesos. El director de Justicia Transicional, Salomón Strusberg Rueda, dio detalles de los predios que serán puestos a disposición del órgano reparador ubicados en el departamento de Antioquia.“Globo de terreno, conformado por 30 bienes rurales, denominado ‘La Virgen del Cobre’, ubicado en Necoclí (Antioquia), que haría parte del patrimonio ilícito de José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, presunto financiador del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC y su excomandante Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán. Esta propiedad tiene un valor aproximado a los 120.000 millones de pesos”, señaló.Además, se encontraron 53 predios en Anorí, Carmen de Viboral, Marinilla y Rionegro (Antioquia, relacionados con el postulado Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino, excabecilla del Bloque Calima de las AUC. Estas propiedades tendrían un valor de 62.048 millones de pesosPor otro lado, el ente investigador localizó 33 inmuebles en Atlántico, Caldas, Córdoba y Valle del Cauca, estimados en 109.322 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que estarían asociados a José Bayron Piedrahita Ceballos, señalado financiador del Bloque Mineros de las AUC y de la denominada ‘Oficina’.Vea también
El caso de Amparo Mejía, representante de las Madres de la Candelaria, es una prueba de la resiliencia de muchas personas que sufren la desaparición de sus seres queridos. Ella comenzó a involucrarse en los procesos a raíz de la experiencia de un hermano de crianza que logró ser rescatado de una toma masiva mientras cumplía con el servicio militar.Desde entonces, se ha visto envuelta en procesos de este tipo. Actualmente, busca a dos familiares desaparecidos y está profundamente comprometida con la situación de otras víctimas a través de los procesos liderados por la gobernación, que les brinda ayuda en la búsqueda de sus seres queridos y en la reconstrucción del tejido social de los afectados."Sobre el tema de la campaña 'Unidos por la Búsqueda' y el trabajo conjunto con la gobernación, la alcaldía y otras instituciones, hemos obtenido un gran apoyo para avanzar en la búsqueda y en la realización de entregas dignas. Además, nos sentimos acompañadas y respaldadas", afirma Amparo.Desde la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de Antioquia, el secretario Rafael Blanco presentó los avances realizados en este ámbito."Hasta el momento, se han registrado alrededor de 1.560 víctimas de desaparición forzada, y se han logrado entregar a más de 800 personas. Durante los últimos dos años, desde la Gobernación de Antioquia, hemos brindado nuestro apoyo en la entrega de 40 personas", señaló.El secretario también destacó que lo más significativo en estos procesos es la entrega digna de todo aquello que se pueda recuperar en relación a las víctimas, así como el trato humano hacia los familiares.Le puede interesar:
La designación como gestor de paz a Salvatore Mancuso, uno de los otrora líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, cayó de manera positiva en las asociaciones de víctimas de Antioquia, a pesar de que ya fue imputado por las masacres de los corregimientos de La Granja y El Aro en Ituango, o las incursiones armadas en Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.Incluso, consideran que es un reconocimiento al compromiso que Salvatore Mancuso ha demostrado con la JEP donde ha entregado información valiosa sobre el conflicto armado y las atrocidades cometidas por los paramilitares que él lideraba, como el caso de la fosa común hallada en la frontera con Venezuela.Para Ménderson Moquera, integrante de la Mesa de Víctimas de Antioquia, se requiere que el exjefe paramilitar asuma ese compromiso para esclarecer el conflicto y que los sobrevivientes del conflicto accedan a la verdad."Compromiso que él debe tener y debe asumir tiene que caminar en razón a satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas", agregó.Pastora Mira, reconocida líder de víctimas del municipio de San Carlos, que sufren en carne propia las barbaries del paramilitarismo, espera que Mancuso visite territorios donde aún no se resuelven los crímenes y que, aparte de contar la verdad, haga gestos para reparar a las víctimas."Ubicar esos lugares donde estuvieron sus mandos medios que hicieron tantos daños y temas aún no resueltos como la desparición forzada, que diga el por qué y para qué causaron tanto daño en determinada zona", sotuvo Mira.Pero quien no lo vio con los mismos ojos fue el candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, quien criticó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por, según él, premiar a los criminales."Estamos viendo un Gobierno que lo único que hace es premiar criminales. Yo solo espero que esto no sea un mal ejemplo para las nuevas generaciones, que delinquir paga. Mancuso tiene que confesar todos los delitos y tiene que reparar a las víctimas", manifestó el aspirante.Cabe recordar que, en sus versiones en la JEP, Mancuso ha reconocido que prestó a Carlos Castaño mandos medios para las incursiones paramilitares en las masacres de Ituango.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Patricia Tobón Yagarí, directora Unidad de Víctimas, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre las reformas que busca hacer el Gobierno de Gustavo Petro a la ley de víctimas que cobija a más de 9.500.000 personas identificadas con esa condición en el país.De acuerdo con la funcionaria, cuando se hizo la ley 1448 con la que hoy se atiende a las víctimas del conflicto en el país, el registro de víctimas era de tres millones, tres veces menos de las registradas hoy, por lo que "es necesario actualizar la política de víctimas y articularla con el punto 5 del Acuerdo de Paz, era una tarea pendiente desde los gobiernos anteriores".Preguntada sobre 8 recomendaciones que se hicieron para la ley 1448, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", la directora de la Unidad de Víctimas señaló que hay algo claro y es que "los derechos hay que respetarlos y garantizarlos" y que, por esa misma razón, están "revisando cuáles -de esos puntos- tienen ya un marco normativo y a cuáles se les debe crear""Estamos avanzando en aquellas recomendaciones en las que podamos crear nuevos marcos normativos necesarios para resolver las situaciones en las que se obstaculiza el acceso al derecho", complementó.Financiación para la ley de víctimas del Gobierno PetroEn cuanto al dinero para implementar las reformas que propondría el Gobierno Petro, Yagari indicó que la Unidad de Víctimas está "esperando también un concepto y análisis del Ministerio de Hacienda" en cuanto a respuestas a nivel de financiación a unos cambios que, dijo, requieren en el Congreso "una conversación madura sobre la realidad de las víctimas", asegurando, eso sí, que "si hay otras propuestas, las víctimas y el país las agradecerán".Finalmente, sobre la financiación para los cambios que propondría el actual Gobierno a la ley de víctimas, Yagarí afirmó que se requiere "que entren otras entidades del Gobierno nacional para optimizar recursos y lograr efectiva participación de los delegados de las entidades territoriales, así como trabajar para encontrar nuevas fuentes de financiación".Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Mientras hay polémica por las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con respecto al secuestro de la sargento Ghislaine Ramírez Ramírez y sus dos pequeños hijos por parte del ELN en Arauca y sobre el cual insinuó que se trató de una imprudencia, víctimas de esa guerrilla se preguntan para dónde va ese proceso de pazEn diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Isabella Vernaza, víctima del secuestro por parte del ELN, habló de lo poco escuchados que se han sentido en ese proceso de paz.Vernaza fue uno de los 180 feligreses secuestrados en la iglesia la María por parte del ELN en mayo de 1999. Fue secuestrada junto a su esposo Alfredo Otoya y sus hijos Thomás y Juan Daniel de 11 y 14 años.La mujer asegura que quieren saber qué pasó y además pide que esa guerrilla reconozca su responsabilidad en actos como en los que ella fue víctima.“Realmente las víctimas del ELN vamos a pasar de agache, nunca nos van a preguntar qué pasó, eso no está planteado en la agenda”, reclamó.“No están dando importancia y el caso de esta señora (sargento del Ejército) es dramático”, criticó fuertemente. A esto agregó que la implementación la ve complicada con respecto a esta guerrilla, “son más las dudas”, finalizó.Le puede interesar:
En las últimas horas se confirmó el secuestro de la sargento segundo del Ejército Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad, uno de ellos tiene una condición de autismo, este caso se registró en una zona del departamento de Arauca donde hay presencia del ELN, por lo que las autoridades presumen que este grupo es el responsable de estos hechos.Desde la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno, MilVictimas, rechazaron lo sucedido y le pidieron a la guerrilla que, de ser los responsables, respeten la vida de la oficial y de los menores.“Hacemos un llamado enérgico al ELN para que cumpla plenamente con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cese de inmediato todas las infracciones que atentan contra la integridad física y psicológica de la sargento y sus hijos, quienes se encuentran secuestrados”, aseguraron en un comunicado.Este caso se registra horas después de que en Norte de Santander fueran asesinados 3 oficiales de la Policía, en zonas donde hay presencia del ELN, es por esto que también rechazaron estos hechos.“Como Corporación MilVíctimas, consideramos inaceptable el asesinado te compatriotas y el secuestro de menores por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en un momento en el que se está llevando a cabo un proceso de negociación con este grupo. Este acto de violencia contradice los principios fundamentales de la paz y socava la confianza necesaria para avanzar en la construcción de un país más seguro y justo” señala el comunicado.Le puede interesar
Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.La compañía agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes ha trabajado de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes. La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad.Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados.Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso.Caracol Televisión reafirma su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.Caracol Televisión
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
