En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, este 9 de abril el Centro Nacional de Memoria Histórica realizó un acto conmemorativo en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde participaron cerca de 80 líderes y lideresas de distintas regiones afectadas por el conflicto armado.El evento arrancó con la presentación de las cantaoras del Pacífico, quienes abrieron la jornada. A lo largo del acto, el escenario recreó algunos de los espacios del futuro Museo de Memoria de Colombia, una iniciativa que según asegura la directora del centro de memoria, busca reunir las historias del país alrededor del conflicto.“Hoy abrimos las puertas, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de los espacios y salas del Museo de Memoria de Colombia, y rendimos un homenaje a las memorias vivas del país que, en medio del dolor, han seguido buscando verdad, justicia y dignidad”, aseguró la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán.También aclaró que el fin del museo es escuchar las distintas voces del país: “No es simplemente una obra arquitectónica. Es un espacio para encontrarnos y reconocernos en nuestras memorias”. Según dijo, el proyecto contará con más de 14.700 metros cuadrados, 13 espacios de encuentro y seis salas de exposición, y este año se retomarán las obras.Uno de los momentos más emotivos fue la participación de víctimas y familiares, quienes compartieron sus historias. En medio del acto, se leyeron nombres de personas asesinadas o desaparecidas y se mostraron objetos simbólicos como fotos, cartas, libros, carros de juguete y otros elementos que representaban a sus seres queridos.Representantes de pueblos indígenas como los arhuaco, misak, yanacona, barasano y mokaná realizaron cantos tradicionales en homenaje a las víctimas.Por su parte, Antonio Pardo, firmante de paz y exintegrante de las Farc, quien es el actual representante legal de la federación Mesa nacional del café, contó cómo después de 10 años de la firma del acuerdo de paz, el café para la paz es reconocido como uno de los mejores del mundo.“Hemos aprendido al lado de las víctimas que no se trata solo del acto de pedir perdón sino de reconocer la necesidad de hacerlo porque quien pide perdón no solo reconoce el daño, sino que inicia un camino de transformación y hoy lo hacemos en representación de quienes en algún momento llenamos con nuestros actos de dolor a tantas familias”.Durante el evento, varias figuras públicas le dieron voz a testimonios de víctimas. Entre ellos, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia - Estado compartió el caso de una familia afectada por la desaparición de un ser querido, mientras que Ángela María Robledo relató la historia de una sobreviviente de la masacre de El Salado.María Gaitán insistió en que “recordar es un acto de dignidad y de responsabilidad colectiva. Nos obliga a reconocer lo que pasó, a honrar a las víctimas y a trabajar para que no se repita”.Como parte del cierre, se entregaron 60 “luciérnagas” a personas que han trabajado por reconstruir la memoria en sus territorios. El evento terminó con la presentación del coro infantil de la Filarmónica de Bogotá.
La Unidad de Víctimas continúa avanzando en su compromiso con los sobrevivientes del conflicto armado, destinando importantes recursos en indemnizaciones y ayudas humanitarias para las comunidades del país, especialmente en los territorios más alejados de las zonas urbanas de las capitales de los 32 departamentos. En lo corrido del año, se han entregado 29.810 cartas de indemnización administrativa a víctimas en diferentes municipios de Colombia, de las cuales 25.970 correspondieron a los últimos tres meses, representando una inversión superior a los $293 mil millones, reportó la entidad.La Unidad para las Víctimas reportó que ha entrega de cerca de 600 mil cartas de indemnización durante el actual Gobierno Nacional, con una inversión que supera los $4,6 billones. Los últimos actos de entrega de cartas de indemnización se realizaron en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja luego de un proceso de verificación de documentos que acreditan a las personas beneficiadas como víctimas del conflicto armado.“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.En Puerto Wilches, Santander, la Unidad de Víctimas entregó 278 cartas de indemnización, con más de $3.950 millones para dignificar a las víctimas. “Esta jornada benefició a sobrevivientes de Puerto Wilches, Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití, reafirmando nuestro compromiso con la reparación integral”, señaló la entidad.Para Cecilia Rodríguez, quien vivió el horror del paramilitarismo en San Pablo, sur de Bolívar, recibir la carta de indemnización “es un alivio al alma”.“Desde hace casi dos décadas estábamos esperando que el proceso por lo que ocurrió en la finca de nuestro padres se diera y por fin la actual administración de la Unidad de Víctimas revisó nuestro caso y ya estamos en la ruta de la reparación”, aseguró la mujer en la entrega de cartas realizada en Puerto Wilches.Además, la entidad reanudó jornadas presenciales de atención de víctimas del conflicto en Colombia que viven en Venezuela. “Acompañamos en los procesos de indemnización a 246 personas víctimas fueron acompañadas en Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, marcando un avance en la atención transnacional”. Manifestó el director Romero.Por otra parte, la entidad viene gestionando la entrega de bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en nueve departamentos. En lo corrido de 2025, la entidad entregó 29.810 indemnizaciones administrativas, de las cuales el 87 % se realizaron en los últimos tres meses, lo que equivale a más de $293 mil millones distribuidos en todo el país.
Medellín también se sumó a la jornada de movilizaciones que desde diferentes sectores se convocaron en diferentes ciudades para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, una iniciativa adoptada desde 2011 con la ley 1448.Según el reporte del Puesto de Mando Unificado que acompañó la movilización, cerca de 7.000 personas realizaron el recorrido que partió sobre las 11:00 a.m. desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, en el centro de la ciudad y finalizó con un plantón en inmediaciones del Palacio de Justicia, José Félix de Restrepo.Durante la marcha, convocada principalmente por organizaciones sindicales, se escucharon consignas en favor de las reformas que promueve en el Gobierno nacional en el Congreso, como la de la salud, la laboral y la pensional."Tenemos que salir a marchar y concientizar a la gente de que nos están dejando morir. Nosotros votamos por Petro fue para que hicieran la reformas, que lo que está tratando de hacer el presidente es volverle calidad, dignidad humana al trabajador", declaró uno de los asistentes a Blu Radio."Nos movilizamos por los derechos de todos los colombianos, por el derecho fundamental a la salud, por el derecho a un trabajo decente, por el derecho a una pensión, por el derecho a una buena educación", aseguró otro de los marchantes.Se espera que en la ciudad el próximo domingo 21 de abril la oposición también tenga otra marcha para rechazar recientes hechos de violencia y expresar su inconformismo con el gobierno de Gustavo Petro.
En el auditorio de la Universidad Digital de Antioquia la procuradora Margarita Cabello hizo la presentación tanto al Gobierno nacional como a La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de UN informe que recopila los testimonios de 40 habitantes de la Comuna 13 sobre las violencias que ha padecido en las últimas décadas este territorio del occidente de Medellín.La jefe del Ministerio Público destacó este insumo como un elemento fundamental para comprender la importancia de que los esfuerzos institucionales se centren en mejorar las condiciones de vida en ese lugar para que la historia no se repita."Este es el resultado de una gran labor de recolección de información orientada al entendimiento y la interpretación de los daños colectivos padecidos por la Comuna 13 de Medellín durante el conflicto y la persistencia de ese daño", indicó Cabello.También, Luz Elena Galeano, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, expresó la importancia de este documento para que la Comuna 13 se convierta en víctima de reparación colectiva."Yo creo que es un paso muy importante y un paso que hace abre puertas para la posible reparación colectiva de la Comuna 13, pero también que agrupa los esfuerzos de diferentes organizaciones que pusimos el entusiasmo para que esto se diera", dijo Galeano.Siguiendo con su visita a Antioquia, se espera que en las horas de la tarde la procuradora se reúna con el alcalde Federico Gutiérrez para encabezar una mesa que evalúe la problemática de explotación sexual de menores de edad en la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación, inició la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, en la que se pondrán a disposición 168 predios que estarían vinculados a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales ascienden en valor a 395.579 millones de pesos.Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, se hizo una primera entrega de 10 propiedades ubicadas en Bogotá, Choachí y Facatativá (Cundinamarca), estimadas en más de 62.325 millones de pesos. Sobresalen 7 predios que pertenecian al denominado ‘Clan Cifuentes Villa’, uno de los señalados financiadores principales de las estructuras paramilitares a cargo de los hermanos Castaño Gil y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.Se espera que entre el 7 de noviembre y el 17 de diciembre, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía entregue 158 bienes que en valor superan los 333.254 millones de pesos. El director de Justicia Transicional, Salomón Strusberg Rueda, dio detalles de los predios que serán puestos a disposición del órgano reparador ubicados en el departamento de Antioquia.“Globo de terreno, conformado por 30 bienes rurales, denominado ‘La Virgen del Cobre’, ubicado en Necoclí (Antioquia), que haría parte del patrimonio ilícito de José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, presunto financiador del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC y su excomandante Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán. Esta propiedad tiene un valor aproximado a los 120.000 millones de pesos”, señaló.Además, se encontraron 53 predios en Anorí, Carmen de Viboral, Marinilla y Rionegro (Antioquia, relacionados con el postulado Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino, excabecilla del Bloque Calima de las AUC. Estas propiedades tendrían un valor de 62.048 millones de pesosPor otro lado, el ente investigador localizó 33 inmuebles en Atlántico, Caldas, Córdoba y Valle del Cauca, estimados en 109.322 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que estarían asociados a José Bayron Piedrahita Ceballos, señalado financiador del Bloque Mineros de las AUC y de la denominada ‘Oficina’.Vea también
El caso de Amparo Mejía, representante de las Madres de la Candelaria, es una prueba de la resiliencia de muchas personas que sufren la desaparición de sus seres queridos. Ella comenzó a involucrarse en los procesos a raíz de la experiencia de un hermano de crianza que logró ser rescatado de una toma masiva mientras cumplía con el servicio militar.Desde entonces, se ha visto envuelta en procesos de este tipo. Actualmente, busca a dos familiares desaparecidos y está profundamente comprometida con la situación de otras víctimas a través de los procesos liderados por la gobernación, que les brinda ayuda en la búsqueda de sus seres queridos y en la reconstrucción del tejido social de los afectados."Sobre el tema de la campaña 'Unidos por la Búsqueda' y el trabajo conjunto con la gobernación, la alcaldía y otras instituciones, hemos obtenido un gran apoyo para avanzar en la búsqueda y en la realización de entregas dignas. Además, nos sentimos acompañadas y respaldadas", afirma Amparo.Desde la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de Antioquia, el secretario Rafael Blanco presentó los avances realizados en este ámbito."Hasta el momento, se han registrado alrededor de 1.560 víctimas de desaparición forzada, y se han logrado entregar a más de 800 personas. Durante los últimos dos años, desde la Gobernación de Antioquia, hemos brindado nuestro apoyo en la entrega de 40 personas", señaló.El secretario también destacó que lo más significativo en estos procesos es la entrega digna de todo aquello que se pueda recuperar en relación a las víctimas, así como el trato humano hacia los familiares.Le puede interesar:
La designación como gestor de paz a Salvatore Mancuso, uno de los otrora líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, cayó de manera positiva en las asociaciones de víctimas de Antioquia, a pesar de que ya fue imputado por las masacres de los corregimientos de La Granja y El Aro en Ituango, o las incursiones armadas en Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.Incluso, consideran que es un reconocimiento al compromiso que Salvatore Mancuso ha demostrado con la JEP donde ha entregado información valiosa sobre el conflicto armado y las atrocidades cometidas por los paramilitares que él lideraba, como el caso de la fosa común hallada en la frontera con Venezuela.Para Ménderson Moquera, integrante de la Mesa de Víctimas de Antioquia, se requiere que el exjefe paramilitar asuma ese compromiso para esclarecer el conflicto y que los sobrevivientes del conflicto accedan a la verdad."Compromiso que él debe tener y debe asumir tiene que caminar en razón a satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas", agregó.Pastora Mira, reconocida líder de víctimas del municipio de San Carlos, que sufren en carne propia las barbaries del paramilitarismo, espera que Mancuso visite territorios donde aún no se resuelven los crímenes y que, aparte de contar la verdad, haga gestos para reparar a las víctimas."Ubicar esos lugares donde estuvieron sus mandos medios que hicieron tantos daños y temas aún no resueltos como la desparición forzada, que diga el por qué y para qué causaron tanto daño en determinada zona", sotuvo Mira.Pero quien no lo vio con los mismos ojos fue el candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, quien criticó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por, según él, premiar a los criminales."Estamos viendo un Gobierno que lo único que hace es premiar criminales. Yo solo espero que esto no sea un mal ejemplo para las nuevas generaciones, que delinquir paga. Mancuso tiene que confesar todos los delitos y tiene que reparar a las víctimas", manifestó el aspirante.Cabe recordar que, en sus versiones en la JEP, Mancuso ha reconocido que prestó a Carlos Castaño mandos medios para las incursiones paramilitares en las masacres de Ituango.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Patricia Tobón Yagarí, directora Unidad de Víctimas, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre las reformas que busca hacer el Gobierno de Gustavo Petro a la ley de víctimas que cobija a más de 9.500.000 personas identificadas con esa condición en el país.De acuerdo con la funcionaria, cuando se hizo la ley 1448 con la que hoy se atiende a las víctimas del conflicto en el país, el registro de víctimas era de tres millones, tres veces menos de las registradas hoy, por lo que "es necesario actualizar la política de víctimas y articularla con el punto 5 del Acuerdo de Paz, era una tarea pendiente desde los gobiernos anteriores".Preguntada sobre 8 recomendaciones que se hicieron para la ley 1448, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", la directora de la Unidad de Víctimas señaló que hay algo claro y es que "los derechos hay que respetarlos y garantizarlos" y que, por esa misma razón, están "revisando cuáles -de esos puntos- tienen ya un marco normativo y a cuáles se les debe crear""Estamos avanzando en aquellas recomendaciones en las que podamos crear nuevos marcos normativos necesarios para resolver las situaciones en las que se obstaculiza el acceso al derecho", complementó.Financiación para la ley de víctimas del Gobierno PetroEn cuanto al dinero para implementar las reformas que propondría el Gobierno Petro, Yagari indicó que la Unidad de Víctimas está "esperando también un concepto y análisis del Ministerio de Hacienda" en cuanto a respuestas a nivel de financiación a unos cambios que, dijo, requieren en el Congreso "una conversación madura sobre la realidad de las víctimas", asegurando, eso sí, que "si hay otras propuestas, las víctimas y el país las agradecerán".Finalmente, sobre la financiación para los cambios que propondría el actual Gobierno a la ley de víctimas, Yagarí afirmó que se requiere "que entren otras entidades del Gobierno nacional para optimizar recursos y lograr efectiva participación de los delegados de las entidades territoriales, así como trabajar para encontrar nuevas fuentes de financiación".Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Mientras hay polémica por las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con respecto al secuestro de la sargento Ghislaine Ramírez Ramírez y sus dos pequeños hijos por parte del ELN en Arauca y sobre el cual insinuó que se trató de una imprudencia, víctimas de esa guerrilla se preguntan para dónde va ese proceso de pazEn diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Isabella Vernaza, víctima del secuestro por parte del ELN, habló de lo poco escuchados que se han sentido en ese proceso de paz.Vernaza fue uno de los 180 feligreses secuestrados en la iglesia la María por parte del ELN en mayo de 1999. Fue secuestrada junto a su esposo Alfredo Otoya y sus hijos Thomás y Juan Daniel de 11 y 14 años.La mujer asegura que quieren saber qué pasó y además pide que esa guerrilla reconozca su responsabilidad en actos como en los que ella fue víctima.“Realmente las víctimas del ELN vamos a pasar de agache, nunca nos van a preguntar qué pasó, eso no está planteado en la agenda”, reclamó.“No están dando importancia y el caso de esta señora (sargento del Ejército) es dramático”, criticó fuertemente. A esto agregó que la implementación la ve complicada con respecto a esta guerrilla, “son más las dudas”, finalizó.Le puede interesar:
En las últimas horas se confirmó el secuestro de la sargento segundo del Ejército Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad, uno de ellos tiene una condición de autismo, este caso se registró en una zona del departamento de Arauca donde hay presencia del ELN, por lo que las autoridades presumen que este grupo es el responsable de estos hechos.Desde la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno, MilVictimas, rechazaron lo sucedido y le pidieron a la guerrilla que, de ser los responsables, respeten la vida de la oficial y de los menores.“Hacemos un llamado enérgico al ELN para que cumpla plenamente con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cese de inmediato todas las infracciones que atentan contra la integridad física y psicológica de la sargento y sus hijos, quienes se encuentran secuestrados”, aseguraron en un comunicado.Este caso se registra horas después de que en Norte de Santander fueran asesinados 3 oficiales de la Policía, en zonas donde hay presencia del ELN, es por esto que también rechazaron estos hechos.“Como Corporación MilVíctimas, consideramos inaceptable el asesinado te compatriotas y el secuestro de menores por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en un momento en el que se está llevando a cabo un proceso de negociación con este grupo. Este acto de violencia contradice los principios fundamentales de la paz y socava la confianza necesaria para avanzar en la construcción de un país más seguro y justo” señala el comunicado.Le puede interesar
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, calificó como “extraordinario” el avance en las obras de remodelación del Estadio Metropolitano de Barranquilla que aumentará la capacidad a 65.000 espectadores, durante una visita que hizo este sábado al escenario deportivo con el alcalde Alejandro Char.En el recorrido con el alcalde de Barranquilla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, manifestó sentirse muy feliz por el avance que observó en las obras de remodelación del Estadio.El dirigente expresó que la remodelación del Metropolitano se está transformando en una realidad que estará al nivel de los grandes escenarios deportivos del mundo y del espectáculo del fútbol moderno.“Es extraordinario que empecemos a remodelar nuestros estadios de esta manera. Los estándares de comodidad y confort han subido en el mundo y Barranquilla los va a igualar”.Agregó Jesurún que se debe tratar de llevar la realidad del ‘Coloso de la Ciudadela’ a otras partes del país y lograr un equilibrio muy pronto para que todo el que quiera disfrutar del espectáculo del fútbol en Colombia tenga acceso a él.Por su parte, el alcalde Alejandro Char garantizó que el Metropolitano estará listo para albergar la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre respondiendo con seriedad, ingeniería y velocidad, como lo exigen los estándares internacionales.La remodelación del estadio Metropolitano Roberto Melendez contempla, entre otras características, albergar más de 65.000 espectadores, lo que lo convertirá en el escenario con mayor capacidad de Colombia.
La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, desmanteló una infraestructura utilizada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Rosario, en el departamento de Nariño.De acuerdo con el director de la Policía, general William Rincón, durante el operativo fueron incautados 423 kilos de clorhidrato de cocaína, además de 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos utilizados para la producción del estupefaciente.“Incautamos 423 kilos de cocaína, 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos, evitando la producción de cerca de 3 toneladas mensuales de este estupefaciente”, señaló el general por medio de su cuenta de X.Según la institución, con esta operación se evitó la producción de cerca de tres toneladas mensuales de cocaína, lo que representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas al narcotráfico en esa región del país.Asimismo, el general William Rincón, indicó que la afectación económica para las organizaciones criminales asciende a 1.740 millones de pesos y aseguró que la incautación impidió que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales.“Con esta operación afectamos las rentas criminales en $1.740 millones e impedimos que más de 1,1 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales”, dijo Rincón.La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares para afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y debilitar las redes de producción y distribución de drogas ilícitas en todo el territorio nacional.
Más de dos semanas después del doble terremoto que golpeó a Venezuela, la emergencia sigue dejando un saldo devastador: más de 3.600 personas fallecidas, un número aún indeterminado de desaparecidos y miles de familias afectadas. Mientras continúan las labores de ayuda humanitaria, también crecen las preguntas sobre las causas del colapso de decenas de edificios, especialmente en el estado La Guaira.En entrevista, el ingeniero geólogo Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos y con más de 35 años de experiencia en geología aplicada, explicó que la destrucción no fue uniforme en todo el estado, sino que se concentró en dos sectores específicos debido a las características del terreno.Según el especialista, los mayores daños se registraron en las zonas de Catia La Mar-Playa Grande y Caraballeda-Tanaguarena, áreas construidas sobre rellenos aluviales de gran espesor. Allí, aseguró, se presentaron los llamados "efectos de sitio", un fenómeno que modifica el comportamiento de las ondas sísmicas al atravesar determinados tipos de suelo."Cuando la onda sísmica viaja por la roca lo hace a gran velocidad, pero al llegar a estos depósitos aluviales pierde velocidad, aumenta su amplitud y la aceleración del movimiento se amplifica en la superficie", explicó De Santis.A ese fenómeno se sumó otro aún más crítico: la licuación del suelo. El geólogo indicó que los terrenos arenosos y saturados de agua sufrieron un aumento de la presión interna durante el terremoto, haciendo que el suelo perdiera temporalmente su resistencia y se comportara como un líquido."Muchos edificios perdieron completamente su sustentación y terminaron colapsando", señaló.Paradójicamente, De Santis afirmó que sectores con viviendas informales registraron daños mucho menores porque estaban ubicados sobre terrenos más estables. Incluso destacó que edificaciones históricas construidas hace varios siglos resistieron el sismo al encontrarse asentadas sobre roca."Todas las edificaciones que estaban sobre roca presentaron únicamente daños menores, como fisuras en paredes, pero no hubo colapsos", explicó.El problema no era construir allí, sino cómo hacerloEl presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos aclaró que las zonas afectadas no eran necesariamente lugares donde estuviera prohibido construir. Sin embargo, advirtió que este tipo de terrenos exige diseños estructurales especiales y costosas obras de ingeniería para reducir el riesgo sísmico.Entre las medidas que debieron implementarse mencionó fundaciones profundas mediante pilotes, mejoramiento del suelo con técnicas como vibroflotación, cementación e inyecciones, además de estructuras diseñadas para soportar una mayor aceleración sísmica."Se puede construir prácticamente en cualquier tipo de suelo, siempre que se cumplan todas las prescripciones técnicas y geotécnicas. El problema aparece cuando esas recomendaciones no se aplican", sostuvo.El experto explicó que estas soluciones incrementan considerablemente los costos de construcción, por lo que suelen ser viables únicamente en proyectos inmobiliarios de gran escala.Durante la entrevista, De Santis señaló que uno de los aspectos que deberá revisarse tras la tragedia es el proceso de aprobación de nuevas construcciones.A su juicio, las alcaldías han dejado de ejercer una revisión técnica independiente y actualmente otorgan permisos basándose principalmente en la responsabilidad del proyectista.Por ello, propuso establecer una segunda revisión obligatoria de los proyectos en zonas de alta complejidad geológica, con el fin de verificar que cumplan todas las exigencias técnicas antes de autorizar su construcción.¿Se podrá volver a construir en las zonas afectadas?Para el geólogo, técnicamente sí es posible reconstruir en los sectores donde ocurrieron los mayores daños. No obstante, insistió en que hacerlo dependerá de la capacidad económica para ejecutar todas las obras de mitigación necesarias.También consideró que el futuro de esos terrenos deberá discutirse entre autoridades, urbanistas, ingenieros, sociólogos y el Gobierno, teniendo en cuenta tanto los riesgos naturales como la vocación del territorio.Mientras tanto, planteó que una alternativa podría ser levantar edificaciones de menor altura en sectores con suelos más consolidados, cercanos a la montaña, así como reubicar a quienes decidan abandonar las áreas más vulnerables."Desde el punto de vista técnico, todo se puede hacer. Al final es un tema económico", concluyó De Santis.
Los congresistas Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Borda enviaron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al próximo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, en la que solicitaron derogar varias resoluciones expedidas por el actual Gobierno que crean Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en diferentes regiones del país. Según los legisladores, estas medidas restringen el uso de predios rurales sin la participación de las autoridades territoriales y generan incertidumbre jurídica para propietarios, productores e inversionistas.“Junto a Sara Castellanos y Daniel Briceño, congresistas electos, estamos solicitando al nuevo ministro de agricultura que revoque las resoluciones mediante las cuales el gobierno de Petro creó las áreas de protección para la de alimentos y las zonas de protección para la producción de alimentos. Consideramos que estas medidas terminaron afectando la seguridad jurídica de 1000 de propietarios rurales y limitando la autonomía de los municipios y departamentos sobre el ordenamiento de su propio territorio”, señaló la representante electa, Carol Stefanny Borda. Asimismo, pidieron revisar el Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para establecer límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.“El campo y la producción de los alimentos se defiende, defendiendo el uso del suelo de cualquier restricción y el uso de la propiedad privada. Su intento por limitar el uso del suelo de alguna forma debe tener un sustento legal y técnico, y, sobre todo, respetar las competencias de las autoridades locales”, agregó.En su carta, los congresistas sostienen que estas disposiciones ya han sido objeto de advertencias por parte de organismos de control. Señalan que la Contraloría General de la República alertó sobre posibles riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la implementación de estas figuras, mientras que la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que sirve de fundamento para su creación.“Organismos como la Contraloría General de la Nación, de hecho, han advertido riesgos en la implementación de estas figuras, y la Procuraduría incluso solicitó a la corte constitucional revisar la constitucionalidad del artículo que les dio origen en el plan de desarrollo”, dijo la representante Borda.Los firmantes argumentan que el país necesita reglas claras, respeto por la propiedad privada y mayor seguridad jurídica para incentivar la inversión y la generación de empleo en el sector rural. Por ello, solicitaron al gobierno entrante revisar y dejar sin efecto estas medidas, al considerar que podrían afectar el desarrollo del campo colombiano y la autonomía de las entidades territoriales.
Este sábado 11 de julio de 2026, Travesía Blu invitó a reflexionar sobre el respeto en los destinos y la resiliencia al migrar. En este episodio se exploró el éxito de la "Rola en Madrid", los atractivos de Miami y Atlanta tras el Mundial, y el apoyo al campo colombiano. Además, los oyentes viajaron por los paisajes volcánicos de Islandia y los senderos naturales del Valle del Cauca.Se debatió sobre: ¿Vale la pena detenerse por la foto perfecta? Se concluyó que es vital tener coherencia y conciencia para no afectar la experiencia de otros turistas en lugares concurridos.Tema central: Tatiana Barreto (@rolaenmadrid) relató cómo transformó sus desafíos migratorios y duelos en España en un fenómeno de humor en redes que hoy suma casi un millón de seguidores. En ‘Recomendado’: Se destacaron Miami y Atlanta como destinos post-mundialistas; se sugirió visitar Wynwood por su arte y el acuario de Atlanta aprovechando las conexiones de Copa Airlines.En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película islandesa Volcán: fuego bajo tierra, una cinta que mezcla desastres naturales con el drama personal de una geóloga en un entorno volcánico.En ‘Ecosistemas Blu’: Pedro Felipe Estrada presentó Pitpat, iniciativa que conecta el campo con la mesa corporativa para garantizar precios justos al campesino y promover una alimentación sana.En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes viajaron a Versalles, Valle del Cauca, para escuchar aves; se aconsejó usar la app Merlin Bird ID y vestir colores mimetizados para mejorar la experiencia de avistamiento.El programa completo acá:
