En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, este 9 de abril el Centro Nacional de Memoria Histórica realizó un acto conmemorativo en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde participaron cerca de 80 líderes y lideresas de distintas regiones afectadas por el conflicto armado.El evento arrancó con la presentación de las cantaoras del Pacífico, quienes abrieron la jornada. A lo largo del acto, el escenario recreó algunos de los espacios del futuro Museo de Memoria de Colombia, una iniciativa que según asegura la directora del centro de memoria, busca reunir las historias del país alrededor del conflicto.“Hoy abrimos las puertas, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de los espacios y salas del Museo de Memoria de Colombia, y rendimos un homenaje a las memorias vivas del país que, en medio del dolor, han seguido buscando verdad, justicia y dignidad”, aseguró la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán.También aclaró que el fin del museo es escuchar las distintas voces del país: “No es simplemente una obra arquitectónica. Es un espacio para encontrarnos y reconocernos en nuestras memorias”. Según dijo, el proyecto contará con más de 14.700 metros cuadrados, 13 espacios de encuentro y seis salas de exposición, y este año se retomarán las obras.Uno de los momentos más emotivos fue la participación de víctimas y familiares, quienes compartieron sus historias. En medio del acto, se leyeron nombres de personas asesinadas o desaparecidas y se mostraron objetos simbólicos como fotos, cartas, libros, carros de juguete y otros elementos que representaban a sus seres queridos.Representantes de pueblos indígenas como los arhuaco, misak, yanacona, barasano y mokaná realizaron cantos tradicionales en homenaje a las víctimas.Por su parte, Antonio Pardo, firmante de paz y exintegrante de las Farc, quien es el actual representante legal de la federación Mesa nacional del café, contó cómo después de 10 años de la firma del acuerdo de paz, el café para la paz es reconocido como uno de los mejores del mundo.“Hemos aprendido al lado de las víctimas que no se trata solo del acto de pedir perdón sino de reconocer la necesidad de hacerlo porque quien pide perdón no solo reconoce el daño, sino que inicia un camino de transformación y hoy lo hacemos en representación de quienes en algún momento llenamos con nuestros actos de dolor a tantas familias”.Durante el evento, varias figuras públicas le dieron voz a testimonios de víctimas. Entre ellos, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia - Estado compartió el caso de una familia afectada por la desaparición de un ser querido, mientras que Ángela María Robledo relató la historia de una sobreviviente de la masacre de El Salado.María Gaitán insistió en que “recordar es un acto de dignidad y de responsabilidad colectiva. Nos obliga a reconocer lo que pasó, a honrar a las víctimas y a trabajar para que no se repita”.Como parte del cierre, se entregaron 60 “luciérnagas” a personas que han trabajado por reconstruir la memoria en sus territorios. El evento terminó con la presentación del coro infantil de la Filarmónica de Bogotá.
La Unidad de Víctimas continúa avanzando en su compromiso con los sobrevivientes del conflicto armado, destinando importantes recursos en indemnizaciones y ayudas humanitarias para las comunidades del país, especialmente en los territorios más alejados de las zonas urbanas de las capitales de los 32 departamentos. En lo corrido del año, se han entregado 29.810 cartas de indemnización administrativa a víctimas en diferentes municipios de Colombia, de las cuales 25.970 correspondieron a los últimos tres meses, representando una inversión superior a los $293 mil millones, reportó la entidad.La Unidad para las Víctimas reportó que ha entrega de cerca de 600 mil cartas de indemnización durante el actual Gobierno Nacional, con una inversión que supera los $4,6 billones. Los últimos actos de entrega de cartas de indemnización se realizaron en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja luego de un proceso de verificación de documentos que acreditan a las personas beneficiadas como víctimas del conflicto armado.“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.En Puerto Wilches, Santander, la Unidad de Víctimas entregó 278 cartas de indemnización, con más de $3.950 millones para dignificar a las víctimas. “Esta jornada benefició a sobrevivientes de Puerto Wilches, Morales, San Pablo, Santa Rosa y Simití, reafirmando nuestro compromiso con la reparación integral”, señaló la entidad.Para Cecilia Rodríguez, quien vivió el horror del paramilitarismo en San Pablo, sur de Bolívar, recibir la carta de indemnización “es un alivio al alma”.“Desde hace casi dos décadas estábamos esperando que el proceso por lo que ocurrió en la finca de nuestro padres se diera y por fin la actual administración de la Unidad de Víctimas revisó nuestro caso y ya estamos en la ruta de la reparación”, aseguró la mujer en la entrega de cartas realizada en Puerto Wilches.Además, la entidad reanudó jornadas presenciales de atención de víctimas del conflicto en Colombia que viven en Venezuela. “Acompañamos en los procesos de indemnización a 246 personas víctimas fueron acompañadas en Maracaibo, Caracas y San Cristóbal, marcando un avance en la atención transnacional”. Manifestó el director Romero.Por otra parte, la entidad viene gestionando la entrega de bienes incautados por la DIAN a organizaciones de víctimas en nueve departamentos. En lo corrido de 2025, la entidad entregó 29.810 indemnizaciones administrativas, de las cuales el 87 % se realizaron en los últimos tres meses, lo que equivale a más de $293 mil millones distribuidos en todo el país.
Medellín también se sumó a la jornada de movilizaciones que desde diferentes sectores se convocaron en diferentes ciudades para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, una iniciativa adoptada desde 2011 con la ley 1448.Según el reporte del Puesto de Mando Unificado que acompañó la movilización, cerca de 7.000 personas realizaron el recorrido que partió sobre las 11:00 a.m. desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, en el centro de la ciudad y finalizó con un plantón en inmediaciones del Palacio de Justicia, José Félix de Restrepo.Durante la marcha, convocada principalmente por organizaciones sindicales, se escucharon consignas en favor de las reformas que promueve en el Gobierno nacional en el Congreso, como la de la salud, la laboral y la pensional."Tenemos que salir a marchar y concientizar a la gente de que nos están dejando morir. Nosotros votamos por Petro fue para que hicieran la reformas, que lo que está tratando de hacer el presidente es volverle calidad, dignidad humana al trabajador", declaró uno de los asistentes a Blu Radio."Nos movilizamos por los derechos de todos los colombianos, por el derecho fundamental a la salud, por el derecho a un trabajo decente, por el derecho a una pensión, por el derecho a una buena educación", aseguró otro de los marchantes.Se espera que en la ciudad el próximo domingo 21 de abril la oposición también tenga otra marcha para rechazar recientes hechos de violencia y expresar su inconformismo con el gobierno de Gustavo Petro.
En el auditorio de la Universidad Digital de Antioquia la procuradora Margarita Cabello hizo la presentación tanto al Gobierno nacional como a La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de UN informe que recopila los testimonios de 40 habitantes de la Comuna 13 sobre las violencias que ha padecido en las últimas décadas este territorio del occidente de Medellín.La jefe del Ministerio Público destacó este insumo como un elemento fundamental para comprender la importancia de que los esfuerzos institucionales se centren en mejorar las condiciones de vida en ese lugar para que la historia no se repita."Este es el resultado de una gran labor de recolección de información orientada al entendimiento y la interpretación de los daños colectivos padecidos por la Comuna 13 de Medellín durante el conflicto y la persistencia de ese daño", indicó Cabello.También, Luz Elena Galeano, integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, expresó la importancia de este documento para que la Comuna 13 se convierta en víctima de reparación colectiva."Yo creo que es un paso muy importante y un paso que hace abre puertas para la posible reparación colectiva de la Comuna 13, pero también que agrupa los esfuerzos de diferentes organizaciones que pusimos el entusiasmo para que esto se diera", dijo Galeano.Siguiendo con su visita a Antioquia, se espera que en las horas de la tarde la procuradora se reúna con el alcalde Federico Gutiérrez para encabezar una mesa que evalúe la problemática de explotación sexual de menores de edad en la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación, inició la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, en la que se pondrán a disposición 168 predios que estarían vinculados a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales ascienden en valor a 395.579 millones de pesos.Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, se hizo una primera entrega de 10 propiedades ubicadas en Bogotá, Choachí y Facatativá (Cundinamarca), estimadas en más de 62.325 millones de pesos. Sobresalen 7 predios que pertenecian al denominado ‘Clan Cifuentes Villa’, uno de los señalados financiadores principales de las estructuras paramilitares a cargo de los hermanos Castaño Gil y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.Se espera que entre el 7 de noviembre y el 17 de diciembre, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía entregue 158 bienes que en valor superan los 333.254 millones de pesos. El director de Justicia Transicional, Salomón Strusberg Rueda, dio detalles de los predios que serán puestos a disposición del órgano reparador ubicados en el departamento de Antioquia.“Globo de terreno, conformado por 30 bienes rurales, denominado ‘La Virgen del Cobre’, ubicado en Necoclí (Antioquia), que haría parte del patrimonio ilícito de José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, presunto financiador del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC y su excomandante Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán. Esta propiedad tiene un valor aproximado a los 120.000 millones de pesos”, señaló.Además, se encontraron 53 predios en Anorí, Carmen de Viboral, Marinilla y Rionegro (Antioquia, relacionados con el postulado Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino, excabecilla del Bloque Calima de las AUC. Estas propiedades tendrían un valor de 62.048 millones de pesosPor otro lado, el ente investigador localizó 33 inmuebles en Atlántico, Caldas, Córdoba y Valle del Cauca, estimados en 109.322 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que estarían asociados a José Bayron Piedrahita Ceballos, señalado financiador del Bloque Mineros de las AUC y de la denominada ‘Oficina’.Vea también
El caso de Amparo Mejía, representante de las Madres de la Candelaria, es una prueba de la resiliencia de muchas personas que sufren la desaparición de sus seres queridos. Ella comenzó a involucrarse en los procesos a raíz de la experiencia de un hermano de crianza que logró ser rescatado de una toma masiva mientras cumplía con el servicio militar.Desde entonces, se ha visto envuelta en procesos de este tipo. Actualmente, busca a dos familiares desaparecidos y está profundamente comprometida con la situación de otras víctimas a través de los procesos liderados por la gobernación, que les brinda ayuda en la búsqueda de sus seres queridos y en la reconstrucción del tejido social de los afectados."Sobre el tema de la campaña 'Unidos por la Búsqueda' y el trabajo conjunto con la gobernación, la alcaldía y otras instituciones, hemos obtenido un gran apoyo para avanzar en la búsqueda y en la realización de entregas dignas. Además, nos sentimos acompañadas y respaldadas", afirma Amparo.Desde la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de Antioquia, el secretario Rafael Blanco presentó los avances realizados en este ámbito."Hasta el momento, se han registrado alrededor de 1.560 víctimas de desaparición forzada, y se han logrado entregar a más de 800 personas. Durante los últimos dos años, desde la Gobernación de Antioquia, hemos brindado nuestro apoyo en la entrega de 40 personas", señaló.El secretario también destacó que lo más significativo en estos procesos es la entrega digna de todo aquello que se pueda recuperar en relación a las víctimas, así como el trato humano hacia los familiares.Le puede interesar:
La designación como gestor de paz a Salvatore Mancuso, uno de los otrora líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, cayó de manera positiva en las asociaciones de víctimas de Antioquia, a pesar de que ya fue imputado por las masacres de los corregimientos de La Granja y El Aro en Ituango, o las incursiones armadas en Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.Incluso, consideran que es un reconocimiento al compromiso que Salvatore Mancuso ha demostrado con la JEP donde ha entregado información valiosa sobre el conflicto armado y las atrocidades cometidas por los paramilitares que él lideraba, como el caso de la fosa común hallada en la frontera con Venezuela.Para Ménderson Moquera, integrante de la Mesa de Víctimas de Antioquia, se requiere que el exjefe paramilitar asuma ese compromiso para esclarecer el conflicto y que los sobrevivientes del conflicto accedan a la verdad."Compromiso que él debe tener y debe asumir tiene que caminar en razón a satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas", agregó.Pastora Mira, reconocida líder de víctimas del municipio de San Carlos, que sufren en carne propia las barbaries del paramilitarismo, espera que Mancuso visite territorios donde aún no se resuelven los crímenes y que, aparte de contar la verdad, haga gestos para reparar a las víctimas."Ubicar esos lugares donde estuvieron sus mandos medios que hicieron tantos daños y temas aún no resueltos como la desparición forzada, que diga el por qué y para qué causaron tanto daño en determinada zona", sotuvo Mira.Pero quien no lo vio con los mismos ojos fue el candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, quien criticó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por, según él, premiar a los criminales."Estamos viendo un Gobierno que lo único que hace es premiar criminales. Yo solo espero que esto no sea un mal ejemplo para las nuevas generaciones, que delinquir paga. Mancuso tiene que confesar todos los delitos y tiene que reparar a las víctimas", manifestó el aspirante.Cabe recordar que, en sus versiones en la JEP, Mancuso ha reconocido que prestó a Carlos Castaño mandos medios para las incursiones paramilitares en las masacres de Ituango.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Patricia Tobón Yagarí, directora Unidad de Víctimas, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre las reformas que busca hacer el Gobierno de Gustavo Petro a la ley de víctimas que cobija a más de 9.500.000 personas identificadas con esa condición en el país.De acuerdo con la funcionaria, cuando se hizo la ley 1448 con la que hoy se atiende a las víctimas del conflicto en el país, el registro de víctimas era de tres millones, tres veces menos de las registradas hoy, por lo que "es necesario actualizar la política de víctimas y articularla con el punto 5 del Acuerdo de Paz, era una tarea pendiente desde los gobiernos anteriores".Preguntada sobre 8 recomendaciones que se hicieron para la ley 1448, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", la directora de la Unidad de Víctimas señaló que hay algo claro y es que "los derechos hay que respetarlos y garantizarlos" y que, por esa misma razón, están "revisando cuáles -de esos puntos- tienen ya un marco normativo y a cuáles se les debe crear""Estamos avanzando en aquellas recomendaciones en las que podamos crear nuevos marcos normativos necesarios para resolver las situaciones en las que se obstaculiza el acceso al derecho", complementó.Financiación para la ley de víctimas del Gobierno PetroEn cuanto al dinero para implementar las reformas que propondría el Gobierno Petro, Yagari indicó que la Unidad de Víctimas está "esperando también un concepto y análisis del Ministerio de Hacienda" en cuanto a respuestas a nivel de financiación a unos cambios que, dijo, requieren en el Congreso "una conversación madura sobre la realidad de las víctimas", asegurando, eso sí, que "si hay otras propuestas, las víctimas y el país las agradecerán".Finalmente, sobre la financiación para los cambios que propondría el actual Gobierno a la ley de víctimas, Yagarí afirmó que se requiere "que entren otras entidades del Gobierno nacional para optimizar recursos y lograr efectiva participación de los delegados de las entidades territoriales, así como trabajar para encontrar nuevas fuentes de financiación".Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Mientras hay polémica por las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con respecto al secuestro de la sargento Ghislaine Ramírez Ramírez y sus dos pequeños hijos por parte del ELN en Arauca y sobre el cual insinuó que se trató de una imprudencia, víctimas de esa guerrilla se preguntan para dónde va ese proceso de pazEn diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Isabella Vernaza, víctima del secuestro por parte del ELN, habló de lo poco escuchados que se han sentido en ese proceso de paz.Vernaza fue uno de los 180 feligreses secuestrados en la iglesia la María por parte del ELN en mayo de 1999. Fue secuestrada junto a su esposo Alfredo Otoya y sus hijos Thomás y Juan Daniel de 11 y 14 años.La mujer asegura que quieren saber qué pasó y además pide que esa guerrilla reconozca su responsabilidad en actos como en los que ella fue víctima.“Realmente las víctimas del ELN vamos a pasar de agache, nunca nos van a preguntar qué pasó, eso no está planteado en la agenda”, reclamó.“No están dando importancia y el caso de esta señora (sargento del Ejército) es dramático”, criticó fuertemente. A esto agregó que la implementación la ve complicada con respecto a esta guerrilla, “son más las dudas”, finalizó.Le puede interesar:
En las últimas horas se confirmó el secuestro de la sargento segundo del Ejército Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad, uno de ellos tiene una condición de autismo, este caso se registró en una zona del departamento de Arauca donde hay presencia del ELN, por lo que las autoridades presumen que este grupo es el responsable de estos hechos.Desde la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno, MilVictimas, rechazaron lo sucedido y le pidieron a la guerrilla que, de ser los responsables, respeten la vida de la oficial y de los menores.“Hacemos un llamado enérgico al ELN para que cumpla plenamente con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cese de inmediato todas las infracciones que atentan contra la integridad física y psicológica de la sargento y sus hijos, quienes se encuentran secuestrados”, aseguraron en un comunicado.Este caso se registra horas después de que en Norte de Santander fueran asesinados 3 oficiales de la Policía, en zonas donde hay presencia del ELN, es por esto que también rechazaron estos hechos.“Como Corporación MilVíctimas, consideramos inaceptable el asesinado te compatriotas y el secuestro de menores por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en un momento en el que se está llevando a cabo un proceso de negociación con este grupo. Este acto de violencia contradice los principios fundamentales de la paz y socava la confianza necesaria para avanzar en la construcción de un país más seguro y justo” señala el comunicado.Le puede interesar
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
La modernización del estadio Atanasio Girardot no se limitará a la construcción de nuevas tribunas, cubierta y espacios físicos. Uno de los componentes centrales del proyecto será la transformación tecnológica del escenario, para la cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas contrató acompañamiento internacional.Se trata de LALIGA Española, la organización que administra y articula el fútbol profesional de España con los equipos de primera y segunda división.El trabajo contempla el diseño de una plataforma tecnológica para integrar sistemas de seguridad, conectividad, iluminación, sonido, transmisión audiovisual y control de accesos.El alcalde Federico Gutiérrez explicó que para definir la distribución de los equipos se desarrolló una representación tridimensional del estadio y se efectuaron simulaciones destinadas a determinar el comportamiento de la acústica y la iluminación."Esto no es de un día para otro. Esto ha llevado meses de trabajo. Este equipo ya estuvo visitando los mejores estadios del mundo antes de nosotros radicar los diseños en curaduría. Y con la asesoría y el acompañamiento también de ellos, viendo los detalles de cómo adaptar el estadio existente", explicó el alcalde.Uno de los cambios que tendrá el escenario será la renovación completa del sistema de sonido con 144 cajas acústicas distribuidas entre las graderías y el campo, además de equipos destinados a reforzar las frecuencias bajas y complementar la cobertura. A esto se sumará una red de Wi-Fi gratuita proyectada para atender hasta 70.000 conexiones simultáneas.En cuanto al circuito cerrado de televisión, este tendrá 350 cámaras ubicadas en los alrededores, accesos, corredores, zonas comerciales y tribunas. El sistema combinará diferentes tipos de dispositivos, entre ellos cámaras panorámicas y equipos con capacidad de seguimiento.Según detalló el alcalde Gutiérrez con el avance del desmonte de la cubierta de la tribuna Occidental, lo que viene ahora a mediados de octubre será la publicación de los pliegos y la adjudicación de obras a mediados de noviembre para comenzar con los trabajos durante los primeros días de diciembre 2026.La Alcaldía de Medellín estima que la modernización integral supera los 752.000 millones de pesos, de los cuales más de 440 mil saldrán directamente del presupuesto de la administración distrital y el resto espera financiarse a partir de asuntos como la explotación comercial del nombre del escenario deportivo.
