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La Procuraduría pidió a la JEP que investigue los casos de asesinatos de campesinos a manos de las Farc por sospechas de colaborar con el Ejército y otros grupos armados ilegales en el Urabá antioqueño y en Chocó.
El Ministerio Público hizo esta solicitud a la Justicia Especial para la Paz para que se incluya esta línea investigativa y patrón criminal en el llamado Macrocaso 04 que es sobre la Situación territorial de la Región de Urabá.
Según el ente de control, hay información de que el frente quinto de las extintas Farc, que delinquieron en esa zona entre el Urabá antioqueño y el Darién chocoano, asesinó a campesinos y otra clase de habitantes como parte de un control social de estigmatización, pues acusaban a estas personas de ser informantes o colaboradores del Ejército Nacional o de las autodefensas paramilitares.
Esta hipótesis se establece de acuerdo con el documento de observaciones a las versiones entregadas por cinco exintegrantes del frente de esa guerrilla, lo que indicaría que no fueron unos casos aislados sino que fue un “patrón criminal”.
Según este documento que cita la Procuraduría para hacer la solicitud a la JEP, “los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”.
Incluso, uno de los exguerrilleros declaró que uno de los tantos casos fue cuando un miliciano señaló a tres muchachos indígenas como colaboradores del Ejército, lo que bastó para que el comandante guerrillero ordenara una emboscada para asesinarlos.
La Procuraduría también solicitó a la JEP que profundice en aspectos relacionados con el uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales como las minas antipersonal y diferentes tipos de bombas artesanales, a fin de establecer quién y por qué decidieron utilizar estos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de graves daños colaterales a la población civil.
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