Concejo de Barranquilla estaría comprometida en red criminal de compra de votos

Durante audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el ente acusador pidió que sean enviados a la cárcel los siete políticos del Atlántico involucrados en una presunta red criminal dedicada a la compra de votos que habría favorecido la campaña de la electa senadora Aida Merlano.Según la Fiscalía, el Concejo de Barranquilla firmó contratos por más de 700 millones de pesos con miembros de la llamada ‘Casa Blanca’, de dónde habrían salido los recursos para pagarles a los líderes que participaron de la campaña de Aida Merlano en las elecciones del pasado 11 de marzo.Los señalamientos fueron hechos por el delegado de la Fiscalía, Joseph Berdugo Jaramillo, durante la solicitud de medida de aseguramiento para los siete políticos del departamento del Atlántico involucrados en la supuesta organización criminal.Vea también: Concejo de Barranquilla escogerá nuevo contralor tras suspensión de la Procuraduría“Garantizaba su financiación mediante el otorgamiento de contratos del concejo, es decir mediante la utilización de recursos públicos y estos otorgados a dedos a personal que trabaja en la empresa criminal en el comando entre ellos observamos a la señora Sara luz Jiménez”, indicó el fiscal durante la audiencia.Los presuntos enlaces entre la ‘Casa Blanca’ y el Concejo de Barranquilla serían según el ente acusados los concejales activos Aissar Castro Bravo, Juan Carlos Zamora, Carlos Rojano Llinás y Luis Zapata Donado.Berdugo señaló que es preocupante la suma que encontró la Fiscalía en 41 contratos que fueron firmados con el personal administrativo del comando central de Aida Merlano, donde se contrataron más de 735 millones de pesos.“Se apropiaron de más de 700 millones de pesos destinados a la prestación de servicio del Concejo. Destinados única y exclusivamente al personal de la casa comando que estaba a disposición de las campañas de la señora Aida Merlano y Lilibeth Llinas como ya se observó”, puntualizó el fiscal Berdugo.El ente acusador culminó la solicitud de medida de aseguramiento pidiendo que los siete políticos locales fueran enviados a un centro carcelarios, por cuanto constituyen un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta que, según la Fiscalía, han intentado manipular testigos y pruebas desde que fueron notificados de la su vinculación a la investigación.Finalmente, el ente acusador dio traslado de las carpetas con los elementos materiales probatorios a los abogados de la defensa, quienes tendrán hasta el próximo 27 de agosto para analizar las carpetas y debatir los argumentos de la Fiscalía.