“Hackergate”, ¿quiénes deben responder?: editorial de Óscar Montes

La ocurrencia sucesiva de hechos trascendentales para el país en general y para la Región Caribe en particular ha hecho que los medios de comunicación se ocupen de diversos asuntos y dejen de lado otros igualmente importantes y graves. En efecto, el desenlace del Acuerdo Final de paz con las FARC en La Habana, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y la crisis de Electricaribe - hechos sin duda muy relevantes - terminaron distrayendo a la opinión pública sobre el escándalo de la infiltración de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, denunciado por el ex director del CTI en tiempos de Eduardo Montealegre, Julián Quintana, quien fue llamado como testigo por la Corte Suprema de Justicia en el caso que investiga sobre la actuación del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Las denuncias de Quintana son gravísimas. De acuerdo con el alto funcionario, la información que generó todo el escándalo por la supuesta infiltración del hacker Andrés Sepúlveda fue suministrada por el almirante (r) Álvaro Echandía, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismo que reemplazó al tristemente célebre DAS. Es decir, no se trató de una denuncia anónima, como en su momento afirmó el fiscal Eduardo Montealegre, sino que se trató de información proveniente de una entidad del Estado adscrita a la Presidencia de la República y que tenía un interés particular en favorecer al presidente candidato, Juan Manuel Santos. El escándalo, cubierto profusamente por los medios de comunicación, afectó la campaña de Zuluaga, quien había ganado la primera vuelta, y favoreció la de Santos. Como producto de las diligentes investigaciones el hacker Sepúlveda fue condenado a diez años de prisión y el candidato Zuluaga, así como su hijo, fueron vinculados penalmente a la investigación que adelanta la Fiscalía General. La gravedad de los hechos hace imperativo que todas las entidades encargadas de esclarecer lo sucedido se pongan a trabajar con prontitud y eficacia para establecer responsabilidades, sin importar el rango, posición, condición social o investidura de los implicados. Por lo pronto el país espera que el almirante (r) Echandía, quien aún permanece en el cargo como director de la DNI, dé explicaciones contundentes sobre su participación en el escabroso episodio. Lo mismo debe hacer el ex fiscal Eduardo Montealegre, conocedor de primera mano de los acontecimientos. La salud de la patria requiere cuanto antes que este “Hackergate” - que apenas empieza a mostrar sus alcances - se aclare y sus principales protagonistas rindan cuenta de todas y cada una de sus actuaciones.

“Hackergate”, ¿quiénes deben responder?: editorial de Óscar Montes

Editorial del panelista Óscar Montes en Vive Barranquilla.

Barranquilla