Medidas cautelares para proteger a San Andrés por mal manejo de residuos hospitalarios

El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, decretó las medidas cautelares de urgencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación. Esto, ante el riesgo que representa para residentes y visitantes la acumulación de cerca de 6 toneladas de residuos hospitalarios que permanecen a la intemperie y en contenedores en mal estado.Luego de la petición elevada por el Ministerio Público, el tribunal ordenó a la IPS Universidad de Antioquia (IPS Universitaria), en su calidad de prestador del servicio de salud y manejo de la red pública hospitalaria del departamento, adelantar “las gestiones administrativas pertinentes y eficaces con el objeto de brindar o contratar el servicio de transporte, recolección, almacenamiento, desactivación, incineración, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y hospitalarios generados en la red pública”.Lea también: Crisis del único hospital de San Andrés obliga a pacientes a comprar sus medicinasAsimismo, el organismo de control pidió a la IPS que, en cinco días calendario, adelante las gestiones necesarias para retirar de las instalaciones del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital de San Andrés, del hospital local de Providencia y demás puestos de salud, los residuos hospitalarios y peligrosos que se encuentran en las instalaciones, y que realice la desinfección y limpieza de las zonas donde permanecen acumulados estos desechos.Por otro lado, el tribunal también ordenó a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), elaborar un informe técnico en el que identifique los impactos generados por la acumulación de los residuos peligrosos y hospitalarios en la isla, y envíe la constancia de las inspecciones, controles y visitas realizadas el último año en las instituciones de salud.Para el seguimiento de las órdenes impartidas, el tribunal dispuso que sea el gobernador del departamento, por conducto del secretario de Salud, quien supervise y garantice su cumplimiento.