La Corte Constitucional adoptó medidas cautelares de carácter urgente y transitorio para frenar el grave riesgo sanitario que amenaza a las niñas y niños Wayuu del corregimiento de Jojoncito, en el municipio de Uribia, La Guajira, tras constatar en terreno la contaminación de su principal fuente de agua.
A través del Auto 1201 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 ordenó a la Alcaldía de Uribia y a ESEPGUA activar en un plazo máximo de 48 horas un esquema temporal de abastecimiento de agua potable mediante carrotanques y tanques de almacenamiento.
Asimismo, dispuso que el Ministerio de Vivienda implemente filtros y purificadores en 15 días hábiles, instó a presentar una solución de infraestructura sostenible en 30 días y ordenó traducir la providencia al Wayuunaiki para garantizar el control directo de las autoridades tradicionales.
La decisión se da luego de hallazgos registrados el pasado 27 de agosto durante una inspección en el territorio, en dónde la comisión de la Corte observó que la comunidad se abastecía de un reservorio con coloración verdosa y probable presencia de heces fecales animales.
Frente a todo este panorama, el alto tribunal ordenó a la Alcaldía de Uribia y a ESEPGUA llevar agua potable urgente en un plazo de 48 horas a la comunidad. El reparto se hará con carrotanques de la alcaldía y tanques de almacenamiento de ESEPGUA. Para asegurar las rutas y frecuencias de entrega, las entidades deben entregar un primer plan en 24 horas y uno definitivo en 5 días.
En un plazo de 15 días hábiles, el Ministerio de Vivienda deberá instalar purificadores o filtros de agua aptos para la zona, realizando primero una reunión técnica con la comunidad en 10 días.
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Además, las entidades deberán aplicar un protocolo escrito de limpieza y desinfección de los tanques. La Corte aclaró que este reparto de agua es una ayuda temporal y dio 30 días hábiles para que entreguen un proyecto de acueducto definitivo y sostenible.
La Corte exhortó al Viceministerio de Agua a evaluar si este patrón de deterioro hídrico se repite en otras comunidades de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. La medida busca prevenir emergencias sanitarias similares en los cuatro municipios priorizados por la Sentencia T-302. La Procuraduría hará seguimiento al cumplimiento de estas órdenes.