La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) puso en funcionamiento este sistema que permite transportar agua cruda desde el embalse El Cercado hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable Corral de Piedra, una infraestructura que marca el inicio de una nueva etapa para el Proyecto Multipropósito Río Ranchería y amplía el acceso al recurso hídrico en el sur de La Guajira.Con la entrada en operación del sistema, más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar y de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao contarán con un suministro destinado al abastecimiento humano, dando respuesta a una necesidad histórica de estas comunidades y avanzando en la ejecución de una de las obras de mayor alcance para el departamento.La puesta en marcha de esta infraestructura también representa el cumplimiento de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, resultado de un proceso de coordinación técnica e institucional liderado por la Agencia de Desarrollo Rural para hacer posible la operación del sistema.El funcionamiento del proyecto fue posible tras ejecutar labores especializadas de mantenimiento y optimización en las líneas de conducción San Juan y Ranchería. Las intervenciones incluyeron la recuperación de componentes esenciales de la infraestructura hidráulica, permitiendo restablecer condiciones adecuadas para su operación y mejorar la seguridad, estabilidad y confiabilidad del servicio.Además de ampliar la disponibilidad de agua para las comunidades, la obra fortalece la capacidad operativa de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar, una infraestructura clave para respaldar el desarrollo de la actividad agropecuaria en la región.Productividad rural y actividades vinculadas al campoLa ADR indicó que el proyecto permitirá atender más de 18.500 hectáreas de producción agrícola, favoreciendo la productividad rural y brindando mejores condiciones para el desarrollo de actividades vinculadas al campo. El fortalecimiento de los sistemas de riego busca aportar al incremento de la seguridad alimentaria y generar nuevas oportunidades para los productores del departamento.Durante la entrega oficial, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, señaló que la entrada en funcionamiento del sistema refleja el avance de las iniciativas orientadas a reducir brechas históricas relacionadas con el acceso al agua y al desarrollo rural.“El agua no puede quedarse represada ni ser una promesa. Tiene que llegar a los hogares, sostener los cultivos y convertirse en bienestar para las comunidades. Hoy estamos demostrando que el Proyecto Río Ranchería cumple su propósito: llevar agua para la gente y para la vida”, afirmó el funcionario durante el acto de entrega.Con este avance, la Agencia de Desarrollo Rural continúa la ejecución de proyectos orientados al fortalecimiento de la seguridad hídrica y al desarrollo productivo del territorio. La infraestructura puesta en servicio busca responder tanto a las necesidades de abastecimiento de las comunidades como al impulso de la actividad agropecuaria, consolidando al Proyecto Multipropósito Río Ranchería como una de las iniciativas estratégicas para el desarrollo integral de La Guajira.
El concejal de Bucaramanga, José David Cavanzo Ortiz, le solicitó al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio designado, Jaime Andrés Beltrán Martínez, aplazar la entrada en vigencia de la Resolución CRA 1032 de 2026, al considerar que su aplicación podría generar un fuerte impacto económico en los usuarios del servicio de acueducto.En la carta enviada este 28 de julio, el cabildante pidió que se suspendan temporalmente los efectos de la resolución expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), mientras se adelanta una mesa de trabajo con las autoridades nacionales, los prestadores del servicio y los gremios del sector.Cavanzo argumentó que, según las advertencias realizadas por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la nueva metodología tarifaria, lejos de disminuir los costos para los usuarios, podría traducirse en incrementos significativos en las facturas del servicio.Le puede interesar: Juez admite tutela contra el Acueducto de Bucaramanga por alza en tarifas del aguaEn el caso de Bucaramanga, el concejal señaló que los usuarios podrían evidenciar un aumento cercano al 25 % en el valor del recibo del agua, situación que afectaría especialmente a las familias de menores ingresos.Además, advirtió que las consecuencias de la Resolución CRA 1032 de 2026 no se limitarían a la capital santandereana, sino que tendrían repercusiones para millones de usuarios de los servicios públicos domiciliarios en el país.Frente a las críticas por el posible incremento tarifario, el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez Muñoz, explicó que la modificación en las tarifas obedece a una resolución expedida por el Gobierno Nacional y que su aplicación cobija a todos los acueductos del país."La decisión proviene de una resolución expedida por el Gobierno nacional referente a la nueva metodología para el cálculo de la tarifa de acueducto y alcantarillado y aplica para todos los acueductos del país".El gerente agregó que las agremiaciones del sector ya han promovido acciones jurídicas buscando aplazar la implementación del nuevo marco tarifario."Las agremiaciones ya hicieron unas peticiones a título de tutela para aplazar la implementación del nuevo marco tarifario, pero no ha habido posturas de los entes legales. Lo que pudiera pasar es que el nuevo Gobierno haga un nuevo análisis del tema y pueda haber un aplazamiento de la aplicación", indicó.Por su parte, el concejal Jorge Flores cuestionó las explicaciones entregadas por la gerencia del Acueducto Metropolitano y aseguró que la CRA estableció un marco regulatorio, pero no ordenó aumentar las tarifas en el porcentaje anunciado."El gerente del Acueducto está abusando subiendo la tasa en un 25 % más. La tarifa ya tiene a los usuarios con miedo de mirar el recibo y en el Concejo dice que es culpa de la CRA. Esta entidad le dio un marco de regulación, pero nunca le dijo que aumentara la tarifa". El cabildante también criticó que el incremento termine siendo asumido directamente por los usuarios del servicio."Este señor nos está metiendo la mano al bolsillo, como nos la metió con el incremento y cambio de contadores", afirmó.Mientras se mantiene la controversia, el llamado del concejal José David Cavanzo es que el Gobierno nacional suspenda la aplicación de la Resolución CRA 1032 de 2026 y revise sus efectos antes de que los usuarios comiencen a asumir los incrementos anunciados en las tarifas del aguaLa solicitud elevada al futuro ministro de Vivienda busca que se evalúe la suspensión de la medida mientras se realiza un análisis técnico, jurídico, económico y financiero sobre los efectos reales del nuevo marco regulatorio.
Un juez de Santander admitió para su trámite una acción de tutela presentada contra la Junta Directiva y la Gerencia del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, mediante la cual se busca proteger los derechos fundamentales de los usuarios frente al incremento en las tarifas del servicio de agua potable y la falta de respuesta a una solicitud de diálogo sobre este tema.La acción fue interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez Giraldo, quien asegura que, junto con Lino Mosquera Quiroga, solicitó el pasado 24 de junio la realización de una mesa de trabajo para conocer las razones del aumento en el valor del metro cúbico de agua en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Según el accionante, la petición no fue respondida dentro de los términos establecidos por la ley.En la tutela se argumenta que esta omisión vulnera derechos fundamentales como el acceso a la información, el derecho de petición y la participación ciudadana en las decisiones que afectan a los usuarios de un servicio público esencial. Además, el demandante sostiene que los ciudadanos tienen derecho a recibir explicaciones claras sobre las razones que motivaron el incremento tarifario.Como principal pretensión, el accionante solicita que el juez ordene al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga realizar la mesa de trabajo solicitada y brindar información detallada sobre el manejo de la empresa y los criterios que sustentaron el aumento en las tarifas del agua.El incremento en las tarifas del servicio de agua potable ha generado inconformidad entre usuarios del área metropolitana de Bucaramanga durante las últimas semanas. Diversos sectores ciudadanos han solicitado mayor transparencia sobre la estructura tarifaria y los factores que incidieron en el ajuste del valor del metro cúbico de agua.El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Juan Carlos Suárez, confirmó la implementación del nuevo marco regulatorio nacional que reestructurará las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.Esta medida, basada en la Resolución 1032 de 2026 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entrará en vigencia el primero de julio tras finalizar el esquema de la Resolución 688. Según explicó el directivo, el ajuste responderá a una nueva metodología diseñada por el Gobierno Nacional la cual implicará un incremento promedio ponderado del 25 % al término de una transición de seis meses.Suárez aclaró que la fórmula matemática del nuevo marco modificará los dos componentes principales de la factura. Por un lado, el cargo fijo experimentará una reducción cercana al 22 % o 23 %, pero, por el otro, el cargo por consumo sufrirá un incremento del 37 %. El promedio ponderado de ambas variables arroja el citado aumento global, el cual afectará de manera generalizada a los usuarios de los estratos uno al seis, así como a los sectores comercial e industrial de la ciudad.Con la admisión de la tutela, el despacho judicial iniciará el estudio del caso para determinar si existió vulneración de derechos fundamentales y si corresponde impartir órdenes al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para garantizar el acceso a la información y la participación de los usuarios en este proceso.
Mientras comienzan las alertas en el país por el Fenómeno de ‘El Niño’, los habitantes del casco urbano de Anorí, Antioquia, llevan más de un mes sin acceso al servicio de agua potable y las facturas si llegan y están cada vez más costosas.Hay inconformismo de los habitantes del municipio Anorí al Nordeste de Antioquia, porque en medio de la ausencia de lluvias y la entrada del fenómeno de ‘El Niño’ no tienen el servicio de agua por problemas de la empresa de servicios públicos.La protesta que incluso ha llevado a que no se permita el ingreso de los funcionarios a la entidad es que a pesar del deficiente servicio de acueducto, están recibiendo las facturas con altos costos.La situación se agravó debido a las fallas técnicas en los equipos de bombeo que mantienen sin suministro constante a unas 3.500 familias del municipio.Aunque la empresa trata de llevar el líquido vital a la comunidad los más afectados son las partes altas y sectores como Las Lomas y Los Ángeles donde el agua no llega desde hace varios días debido a la falta de presión.Ante esta crisis, la Empresa de Servicios Públicos Anorí S.A. E.S.P. explicó que una de las bombas ha sido enviada a reparación en repetidas ocasiones sin obtener solución, por lo que fue necesario iniciar el proceso de importación de un nuevo equipo, cuya llegada se proyecta para la primera semana de agosto.Gustavo Alfredo Siva, el alcalde del municipio de Anorí, expresó la problemática: "Hace un mes, aproximadamente, que se presentó una falla en una de las bombas, porque aquí el agua es por impulsión, aquí el agua no es por gravedad. Y resulta que la empresa encargada de la prestación del servicio no tenía una bomba de repuesto para solucionar esta situación", señaló el mandatario local.Aunque inicialmente se había anunciado que esta misma semana se reanudaría el servicio de agua, no fue posible e incluso la empresa de servicios públicos municipal, solicitó más tiempo para atender esta emergencia.
La autoridad ambiental Corantioquia inició la investigación frente a los responsables de contaminación del río que abastece de agua a 20 mil personas del casco urbano de Don Matías, en el Norte de Antioquia. El acueducto ha sufrido constante vertimiento de estiércol de cerdos.El sistema de acueducto del municipio de Donmatías, Antioquia, vuelve a enfrentar una situación crítica debido a la contaminación de la quebrada La Piedrahíta, fuente hídrica que abastece al área urbana. A causa del vertimiento de residuos porcinos, el suministro de agua ha tenido que ser suspendido en 16 ocasiones desde enero de este año.La problemática se origina por la presencia de porquinaza, es decir, estiércol de cerdo en el cauce de la quebrada. El agua que está contaminada podría contener bacterias coliformes, que son microorganismos que señalan condiciones de salud inadecuadas, incluyendo E. coli, y que representan un peligro para la salud de los más de 20.000 habitantes del municipio.A pesar de contar con una planta de tratamiento, la empresa prestadora del servicio ha sido obligada a interrumpir el agua en diversos sectores para evitar afectaciones mayores. Esta problemática también ha impactado a comunidades en el municipio de Santa Rosa de Osos, en la zona norte del departamento.Frente a estos hechos, Corantioquia informó que se encuentran en curso procesos sancionatorios y administrativos contra más de 10 presuntos responsables de los vertimientos."El acto de inicio en el que se establece el proceso sancionador ambiental es elaborar los cargos, los cuales se relacionan con las violaciones a las normativas ambientales, y más adelante de ser necesario, se imponen sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 5.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales vigente", afirmó, Arbey Osorio Restrepo, subdirector de gestión territorial de Corantioquia.La situación permanece bajo vigilancia de las autoridades ambientales y sanitarias, mientras la comunidad espera soluciones definitivas para garantizar la calidad del agua y evitar nuevas interrupciones en el servicio.
Con quema de llantas y palos atravesados sobre la vía La Cordialidad, desde esta madrugada la comunidad del barrio Ciudadela La Paz del municipio de Baranoa, Atlántico, mantiene bloqueado el paso por este importante corredor Cartagena- Barranquilla.La manifestación impide el tránsito de toda clase de vehículos, incluidos los buses intermunicipales que a esta hora transportan a trabajadores entre Barranquilla y municipios del centro del Atlántico, así como los vehículos de carga que usan este corredor para movilizar mercancía desde y hacia el interior del país. Para ellos ahora la Policía recomienda aplicar desvíos para continuar su tránsito entre Atlántico y Bolívar."Para los actores que vienen de Barranquilla hacia Cartagena, pueden tomar la vía La Prosperidad para salir a la Vía Oriental, o tomar la vía Caracolí, la sexta entrada, para salir a la Oriental. Los que vienen en sentido Cartagena hacia Barranquilla que tomen la variante Sabanalarga - Palmar o, en su defecto, Baranoa - Polonuevo - Santo Tomás", explicó la capitán Lisbeth Herrera, comandante de la Policía de tránsito del Atlántico.El bloqueo se registra en el km 98+350, esto es a la altura del municipio de Baranoa a pocos metros del peaje de Galapa, donde unas 40 personas reclaman un mejor servicio de agua potable, pues aseguran que hace dos meses están teniendo fallas en el suministro del líquido, tan esencial en esta temporada de calor extremo."No tenemos servicio de agua. Llega a la 1 o 2 de la madrugada y a las 6 o 7 de la mañana ya no hay agua. La gente tiene que salir a trabajar, tienen niños, pero es desastroso el ambiente que estamos viviendo, porque estamos sin agua todos los días y el recibo va en un aumento, nos cobran hasta 150.000 pesos", contó una manifestante.Afirmó que son siete barrios los que están padeciendo por los cortes prolongados de agua sin que a la fecha hayan podido ser escuchados por las autoridades, ni tener una solución por parte de la empresa de acueducto Triple A.
Una protesta que adelantan cuatro comunidades ubicadas en zona rural en Maicao han mantenido durante cuatro días a unas 20.000 personas sin el servicio de agua potable.Quienes participan de la protesta se tomaron las instalaciones de la planta de captación y tratamiento de agua potable del afluente conocido como Jordán, del cual se abastece todo el municipio de Maicao.“La emergencia por agua en Maicao se agrava. El municipio completó este sábado 96 horas sin servicio de acueducto debido al bloqueo que mantiene paralizada la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP El Jordán”, dijo la empresa Aguas de la Península, encargada del suministro en Maicao, a través de un comunicado de prensa.Las comunidades indígenas que se han tomado la planta de tratamiento de agua manifiestan que necesitan energía eléctrica y agua potable al interior de sus territorios.“Se restringió el acceso a la infraestructura y se cerraron las válvulas en el punto de captación. Estas condiciones impiden que el personal operativo ingrese a la planta y reactive la producción de agua potable”, dijo la empresa antes mencionada.Dicha empresa activó el plan de contingencia y manifiesta haber entregado más de 50.000 litros de agua a sectores esenciales en medio de la grave crisis hídrica en Maicao.Por su parte las autoridades han hecho un llamado al diálogo en zonas seguras, esto debido a que el afluente Jordán está ubicado sobre la Serranía del Perijá donde existe una fuerte presencia del ELN.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización ilegal de un agua embotellada que estaría siendo distribuida en Colombia con un registro sanitario inexistente. La entidad pidió a los consumidores no adquirir el producto, suspender su consumo si ya lo compraron y reportar cualquier caso a las autoridades competentes.De acuerdo con la Alerta Sanitaria No. 195 de 2026, el producto corresponde al agua pura natural marca Refresk, la cual presenta en su etiqueta el registro sanitario R. SAT. 1912301, un número que, tras ser verificado por el Invima, no existe, razón por la cual el alimento fue catalogado como fraudulento. La alerta fue emitida luego de una denuncia recibida por la autoridad sanitaria.El organismo explicó que cualquier alimento que requiera registro sanitario y sea comercializado sin contar con una autorización válida incurre en una infracción a la normatividad vigente. En este caso, además del registro falso, el producto también incumple disposiciones relacionadas con el rotulado y la denominación establecidas en la legislación colombiana para el agua destinada al consumo humano.Invima advierte que el producto no debe venderse en ColombiaLa entidad fue enfática en señalar que esta agua embotellada no debe ser distribuida, comercializada ni promocionada en ninguna parte del país, debido a que no cuenta con un registro sanitario válido, condición indispensable para garantizar que un alimento pueda venderse legalmente en Colombia.Asimismo, recordó que la responsabilidad de cumplir la normativa sanitaria no solo recae sobre los titulares de los registros, sino también sobre fabricantes, importadores y comercializadores que ponen este tipo de productos a disposición del público.Qué deben hacer los consumidoresEl Invima recomendó a los ciudadanos no comprar el producto objeto de la alerta y, si ya fue adquirido, suspender inmediatamente su consumo mientras se informa el caso a las autoridades sanitarias.Además, invitó a los consumidores a verificar siempre que los alimentos y bebidas cuenten con registros sanitarios válidos antes de comprarlos, especialmente cuando son ofrecidos por redes sociales, plataformas de comercio electrónico o establecimientos cuya procedencia genere dudas.Autoridades intensificarán los controlesComo parte de las medidas adoptadas, el Invima solicitó a las secretarías de salud de todo el país realizar la búsqueda activa del producto, adelantar operativos de inspección en establecimientos donde pueda estar siendo comercializado y aplicar las medidas sanitarias correspondientes si es encontrado en el mercado.La instrucción también fue dirigida a distribuidores y comerciantes, quienes deberán abstenerse de vender este producto. La entidad recordó que la comercialización de alimentos y bebidas, tanto en establecimientos físicos como a través de internet y redes sociales, debe cumplir con todos los requisitos sanitarios establecidos por la ley.Finalmente, el Invima reiteró que los ciudadanos pueden consultar el estado de los registros sanitarios de alimentos y bebidas antes de realizar una compra, una herramienta que permite identificar productos fraudulentos y reducir riesgos para la salud pública. La autoridad también pidió reportar cualquier hallazgo relacionado con esta agua embotellada para facilitar su retiro del mercado y evitar que más consumidores resulten afectados.
El gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), Juan Carlos Suárez, confirmó la implementación del nuevo marco regulatorio nacional que reestructurará las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.Esta medida, basada en la Resolución 1032 de 2026 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entrará en vigencia el primero de julio tras finalizar el esquema de la Resolución 688. Según explicó el directivo, el ajuste responderá a una nueva metodología diseñada por el Gobierno Nacional la cual implicará un incremento promedio ponderado del 25 % al término de una transición de seis meses.Suárez aclaró que la fórmula matemática del nuevo marco modificará los dos componentes principales de la factura. Por un lado, el cargo fijo experimentará una reducción cercana al 22 % o 23 %, pero, por el otro, el cargo por consumo sufrirá un incremento del 37 %. El promedio ponderado de ambas variables arroja el citado aumento global, el cual afectará de manera generalizada a los usuarios de los estratos uno al seis, así como a los sectores comercial e industrial de la ciudad.Para amortizar el impacto económico en las finanzas de los hogares bumangueses, el AMB aplicará este ajuste de forma escalonada. El gerente detalló que el consumo correspondiente al mes de julio se reflejará en la facturación de septiembre con un incremento inicial cercano al 16 %. Posteriormente, durante los siguientes meses, se sumará un cobro adicional del 1.4 % de manera gradual, hasta consolidar el 25 % definitivo en febrero del próximo año.Ante este panorama financiero, que coincide con las alertas climáticas por el fenómeno de El Niño, Suárez hizo un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar estrictas medidas de austeridad. El funcionario enfatizó la importancia de promover un uso racional y eficiente del recurso hídrico, una responsabilidad que ahora cobra doble relevancia para mitigar el impacto directo en los bolsillos de los suscriptores. Finalmente, el gerente del AMB recordó que se trata de un mandato normativo de obligatorio cumplimiento para todas las empresas prestadoras del país.
Mientras avanza el proceso de empalme para asumir la operación del acueducto y alcantarillado de Cúcuta durante los próximos 20 años, Veolia Aguas del Norte aseguró que la transición con Aguas Kpital Cúcuta se realizará sin afectar la prestación del servicio a los usuarios.El gerente de Veolia Aguas del Norte, Fabio Araque, explicó que actualmente ambas empresas desarrollan mesas de trabajo y actividades técnicas para garantizar que el cambio de operador se haga de manera organizada y transparente."En este momento se están realizando una serie de actividades con Aguas Kpital para verificar que esta transición no genere ninguna afectación para todos los cucuteños, sino mejoras para los habitantes. Trataremos de hacer el empalme a la mayor brevedad posible para brindar todas las garantías y evitar cualquier afectación en la prestación del servicio", señaló Araque.Por su parte, el gerente de la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Cúcuta (EIS), Diego Mora, aseguró que el principal objetivo es garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado para los habitantes de la ciudad."Lo importante es garantizar el servicio con transparencia y mantener una operación eficiente. Veolia iniciará manteniendo y mejorando el servicio que actualmente reciben los usuarios", manifestó el funcionario.Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es la posibilidad de incrementos en las tarifas. Frente a este tema, Mora fue enfático en señalar que no habrá aumentos derivados del cambio de operador."No habrá incremento en las tarifas. Los usuarios seguirán pagando lo que normalmente consumen según su recibo, siempre y cuando no aumenten significativamente su consumo de agua", explicó.Veolia también confirmó que las pilas públicas continuarán funcionando bajo el esquema actual con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal, mientras se evalúan mecanismos para fortalecer este servicio en los sectores más vulnerables de la ciudad.Además, la empresa manifestó su intención de conservar el talento humano que actualmente trabaja en Aguas Kpital Cúcuta, aprovechando la experiencia de los trabajadores locales y fortaleciendo sus capacidades con el respaldo técnico e internacional de Veolia.Las autoridades y las empresas involucradas esperan concluir el proceso de empalme en las próximas semanas para formalizar el inicio de operaciones sin contratiempos y garantizar la continuidad de uno de los servicios públicos más importantes para los habitantes de la capital nortesantandereana.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
