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Abren proceso de responsabilidad fiscal a alcalde de Cartagena por pagos en gastos de representación

De acuerdo con la Contraloría, estos pagos que se hicieron a funcionarios y secretarios de la alcaldía, solo están autorizados para alcaldes y gobernadores.

360379_William Dau / Foto: Facebook Alcaldía de Cartagena
William Dau. Foto: Facebook Alcaldía de Cartagena

La Contraloría General de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal al alcalde de Cartagena, William Dau, y a los exdirectores de talento humano, Martha Carvajal y Adelfo Doria, por el pago de gastos de representación a 41 funcionarios de la alcaldía.

De acuerdo al órgano de control, se trataría de un daño patrimonial por valor de 1.074 millones de pesos, ya que estos pagos solo están autorizados para alcaldes y gobernadores.

“Existe responsabilidad fiscal atribuible al alcalde Mayor de Cartagena de Indias, como ordenador del gasto y representante legal de la Alcaldía, y a quienes ejercieron el cargo como Director Administrativo de Talento Humano, al haber ejercido actos de gestión fiscal, que condujeron inequívocamente a la causación del daño al patrimonio de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias”, señala el documento de la Controlaría.

El órgano de control imputó cargos de responsabilidad fiscal a título de culpa grave al mandatario cartagenero y a los dos exfuncionarios; y además vinculó como tercero civilmente responsable a la Aseguradora Solidaria de Colombia.

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“Teniendo los fundamentos facticos y de derecho expuestos, y las pruebas que obran en el plenario, se colige inequívocamente la existencia de un daño patrimonial y se cuenta con el acervo probatorio que compromete la responsabilidad de los investigados fiscalmente, por haber actuado a título de culpa grave en la materialización del daño patrimonial”, se lee en el auto.

El pasado mes de septiembre la Contraloría Distrital de Cartagena ordenó el embargo de las cuentas bancarias del alcalde Dau y estos 41 funcionarios como medida cautelar en el marco de esta investigación. Por solicitud del alcalde, el proceso pasó a manos de la Contraloría General en una intervención funcional, que ahora establece que sí se habría configurado un daño patrimonial con el pago de estos gastos de representación.

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