La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia el fallo disciplinario que impuso inhabilidad por cuatro meses contra el exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau, tras haber calificado como “nido de ratas” al ente de control durante una audiencia pública realizada en diciembre de 2022. Dado que Dau ya no ejerce el cargo de alcalde, la sanción se traduce en una multa de 56 millones de pesos.El fallo fue adoptado mediante un documento de 26 páginas proferido por la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, la cual determinó mantener la sanción al encontrar que las manifestaciones del exmandatario fueron atentatorias contra la dignidad de los funcionarios y contrarias a los valores que deben regir la conducta de los servidores públicos.Según la decisión, el comportamiento de Dau configuró una falta grave a título de dolo, por haber incumplido el deber de tratar con respeto a los funcionarios del Ministerio Público. “Para esta Sala, las expresiones manifestadas por el inquirido, a las que se ha hecho mención, no tienen sustento en los derechos de libertad de expresión o de opinión, en tanto traspasaron la línea del respeto y buen trato que subyacen a la honra y el buen nombre de toda persona, incluidos los servidores públicos, para convertirse en un ataque personal o institucional”.En el fallo se cita textualmente que, durante la audiencia del 12 de diciembre de 2022, Dau afirmó que “en la Procuraduría General de la Nación también hay un nido de ratas”, expresión que, según el Ministerio Público, “razonablemente se traduce en que en dicho organismo existen o laboran seres despreciables, rateros o ladrones”, lo que constituye un acto “desdeñoso, ofensivo y deshonroso” hacia los servidores públicos presentes en la diligencia.Finalmente, el organismo aclaró que la sanción no se encuentra en firme, ya que contra este fallo de segunda instancia procede el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, instancia que deberá determinar si se mantiene o no la decisión y la multa impuesta.
La defensa del exalcalde de Cartagena, William Dau, interpuso una acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación argumentando que el ente de control vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la información, en el marco del fallo que lo suspendió e inhabilitó por 12 años por presunta participación en política.Según el equipo jurídico del exmandatario, la Procuraduría no ha entregado el texto completo de la decisión sancionatoria, lo que impide interponer los recursos de ley, a pesar de las reiteradas solicitudes. “Han transcurrido más de cinco días desde que la Procuraduría anunció públicamente la sanción y, pese a los requerimientos, aún no se ha remitido el texto escrito de la decisión adoptada. Esta omisión resulta inaceptable y contraria a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso”, señaló la defensa en un comunicado.Ante esta situación, Dau presentó la tutela al considerar que la falta de notificación formal vulnera su derecho a conocer las decisiones que lo afectan y a ejercer los mecanismos de apelación correspondientes. Su defensa sostiene además que el proceso disciplinario estaría enmarcado en un contexto de persecución política y hostigamiento judicial, orientado, según afirman, a desconocer sus derechos políticos y sociales.El equipo jurídico también cuestionó la validez de las pruebas en las que se basó la Procuraduría, señalando que se habrían utilizado grabaciones obtenidas ilícitamente “Resulta especialmente grave y jurídicamente inadmisible que se profieran sanciones sustentadas en grabaciones obtenidas ilícitamente y, por demás, en las que mi representado ni siquiera participó o tuvo intervención alguna. La Procuraduría le otorga legalidad a los denominados 'petrovideos' y realiza sendas valoraciones sobre lo que allí se dice o realiza”, sostuvo la defensa.Por su parte, la Procuraduría informó que el proceso disciplinario se originó por declaraciones que el entonces alcalde habría hecho en una manifestación pública, donde expresó su apoyo político a dos candidatas al Congreso para el periodo 2022–2026: Lidis Ramírez y María Alejandra Benítez.En fallo de primera instancia, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que Dau intervino en controversias políticas al manifestar respaldo a dichas aspirantes a través de un audio difundido por WhatsApp. Para el órgano de control, el mensaje, aunque emitido en un contexto aparentemente privado, adquirió un carácter de significación pública, al proyectar ante la ciudadanía una posición política institucionalmente relevante.Según la Procuraduría, esa conducta vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa, pilares de la función pública, y por ello fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo.
El exalcalde de Cartagena, William Dau, confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10 AM de Blu Radio que aspirará al Congreso de la República. Según dijo, su objetivo es enfrentarse a la corrupción y cuestionar a los políticos tradicionales desde el Senado.“Yo no confío en partidos políticos, son asociaciones de sinvergüenzas. Yo me considero progresista, pero no de izquierda. Entonces me identifico más con el Pacto Histórico, reconociendo también que está lleno de corrupción”, aseguró el exmandatario de Cartagena.Dau explicó que su intención es llegar al Senado para enfrentar a lo que él llama la clase política tradicional: “Quiero llegar al Congreso y al Senado para cantarle la tabla a todos los corruptos, porque el Senado, todo mundo sabe, es pura rata”, enfatizó.El exalcalde también reveló tensiones con algunos sectores del Pacto Histórico, al que se siente más cercano políticamente. “Dentro del Pacto hay mucha maquinación, hay una representante que quiere saltar al Senado, entonces quiere meterme el palo a la rueda. También está metiendo la mano la suegra de Armando Benedetti, que no es progresista, sino politiquera. Yo no me tranzo con nadie”, dijo.El anuncio de su aspiración llega después de que el Consejo de Estado tumbara la sanción de la Procuraduría en su contra por un contrato de pruebas covid-19 durante la pandemia. Dau insistió en que esa sanción fue parte de una persecución política liderada por Margarita Cabello.“No solo la tumbaron, fue un jalón de orejas, porque dijeron que las decisiones no estaban basadas en la ley, sino fuera del derecho. Todo es una persecución política que comenzó Margarita Cabello contra mí, porque digo que los órganos de control son aliados de la corrupción”, sostuvo Dau.Sobre el contrato cuestionado, recordó que no generó pérdidas para el Distrito. “Nosotros conseguimos tres cotizaciones y nos fuimos con la más barata. El contratista no cumplió y yo cancelé el contrato, no se pagó un solo peso. No solo eso, se les aplicó una cláusula penal, sancionándolos por incumplidos”, explicó.Con este escenario, William Dau busca abrirse paso en la política nacional, esta vez desde el Congreso, asegurando que su bandera seguirá siendo la lucha contra la corrupción.
El Consejo de Estado dejó sin efectos la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exalcalde de Cartagena William Jorge Dau Chamatt, que lo había destituido e inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos.La Sala Especial de Decisión concluyó que los fallos de primera y segunda instancia fueron contrarios a derecho, ya que sancionaron una conducta que no configuraba falta disciplinaria.La sanción disciplinaria había sido impuesta por la compra de 25.000 pruebas rápidas de COVID-19 en 2020, a través del contrato suscrito por $725 millones de pesos con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., una compañía que, según la Procuraduría, no acreditaba la experiencia ni los requisitos necesarios para ejecutar el objeto contractual.El órgano de control alegó que Dau actuó en detrimento del patrimonio público y desconoció principios de la contratación estatal.Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el señalamiento disciplinario carecía de fundamento jurídico. En primer lugar, señaló que la contratación se realizó bajo la figura de urgencia manifiesta, habilitada durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional en 2020, lo que eximía al entonces alcalde de elaborar estudios previos o justificar de manera ordinaria el proceso.También determinó que la Procuraduría vulneró los principios de presunción de inocencia e in dubio pro disciplinado, es decir, si hay duda sobre la responsabilidad de un funcionario en un proceso disciplinario, esa duda debe resolverse a su favor, pues utilizó pruebas obtenidas después de la firma del contrato para cuestionar la capacidad del contratista.Finalmente, el alto tribunal advirtió incongruencias en el juicio disciplinario: mientras el cargo se centró en la firma del contrato, la Procuraduría extendió el análisis a supuestas omisiones en el control de funciones delegadas al Director del Dadis, lo que configuró una variación indebida del cargo. Por estas razones, se declaró la nulidad de la sanción.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la suspensión por nueve meses impuesta al exalcalde de Cartagena William Dau por las demoras en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2020De acuerdo con el fallo, el exmandatario distrital (2020-2023) incumplió con la obligación de garantizar el inicio oportuno del servicio de alimentación escolar, que debió comenzar el 27 de enero de 2020.Sin embargo, el programa solo empezó a ejecutarse el 11 de mayo del mismo año, lo que afectó la prestación del servicio a los estudiantes de la capital de Bolívar.La primera decisión disciplinaria fue adoptada el 31 de marzo de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, que declaró responsable a Dau y le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por nueve meses.Dado que ya no ostenta funciones públicas, la sanción se convirtió en el pago de $112.044.240, equivalentes a los salarios devengados durante ese periodo.La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular refrendó ahora la sanción, al considerar que el exalcalde incurrió en una falta disciplinaria grave, variando la calificación de culpa gravísima a culposa.Con este fallo de segunda instancia, la sanción disciplinaria contra Dau quedó en firme.
La sanción contra William Dau fue confirmada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, que determinó que el exalcalde incurrió en una falta disciplinaria gravísima, al desconocer principios de contratación estatal en la firma del contrato por $725 millones de pesos.Ahora, el Consejo de Estado evaluó el caso a la luz de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual establece que las sanciones de destitución e inhabilidad contra funcionarios de elección popular deben ser revisadas automáticamente por la jurisdicción contencioso-administrativa y, por esa razón, admitió la revisión de la sanción impuesta por la Procuraduría al exalcalde de Cartagena.La competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular ha sido una larga discusión y, en este caso, el Consejo de Estado le pidió al Ministerio Público remitir el expediente completo del caso y le advirtió sobre la obligación de respetar el debido proceso en futuras sanciones a funcionarios electos.”La ejecución de los respectivos actos sancionatorios ‘procederá inmediatamente’ (...) impidió el ejercicio del derecho del exalcalde William Jorge Dau Chamatt referente a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y controvertir las practicadas en el procedimiento disciplinario", señala el documento.Con esta decisión, el exalcalde tendrá la oportunidad de argumentar su defensa antes de que el tribunal determine si la sanción se mantiene o es revocada.
Se conoció que la Procuraduría General de la Nación, confirmó la sanción de suspensión por siete meses al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, y de ocho meses a la exdirectora de cobertura educativa de la Secretaría de Educación, Alexandra Herrera Puente, por un sobrecosto de más de 527 millones de pesos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar durante la pandemia por el COVID-19.En este caso, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, encontró que el contrato original y la adición firmada contenían sobrecostos en productos como el arroz, lentejas, huevos y atún, debido a estudios previos deficientes.Además, el ente de control pudo determinar que los investigados actuaron en detrimento del patrimonio público y que la confianza depositada por el entonces alcalde Dau en otros servidores no lo libera de responsabilidad.Sin embargo, la sanción es de tipo económico, es decir, se convierte en salarios devengados para la época de los hechos, equivalentes a más de 121 millones de pesos para el exalcalde y más de 85 millones de pesos para Herrera Puente, y así las cosas el fallo quedó en firme y su ejecución procede de manera inmediata según la Procuraduría.
La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de 86 páginas, decidió destituir e inhabilitar al exalcalde Cartagena William Dau para ejercer cargos públicos, tras las irregularidades en la firma de un contrato para la adquisición de 10.000 pruebas COVID-19 mientras ejercía sus funciones como alcalde de esa ciudad.En este caso, la Procuraduría dice que William Dau, en su condición de alcalde de Cartagena, desconoció su principio de responsabilidad de la contratación estatal al suscribir un contrato con una empresa que no tenía la capacidad suficiente para ejecutar el objetivo plasmado.Esta decisión también cobija al exdirector del departamento administrativo distrital de salud Álvaro José Fortich, en la decisión se lee que Dau "infringió de manera sustancial su deber funcional al celebrar el contrato con Ventas, Marketing y Distribución Ltda". "Al parecer sin que la referida entidad tuviera la capacidad para ejecutar el referido negocio jurídico, pues como consecuencia se declaró el incumplimiento del contrato", según lo expuesto por la Procuraduría.Por otro lado, el fallo enfatiza en que, si bien la entidad no estaba en la obligación a realizar estudios previos, sí estaba llamada a salvaguardar los intereses de la población beneficiaria de pruebas COVID-19 para el cual se justificó la contratación.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exmandatario local se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría. Aseguró que eso hace parte de una “una persecución” y, por eso, se siente “tranquilo” al respecto; dijo que “se la tienen velada”.Presuntamente, los precios unitarios de los kits ofrecidos, por $72.500, eran mayores en comparación con otros laboratorios acreditados, que ofrecían precios desde los $21.500.Cabe recordar que, la Procuraduría en un fallo de segunda instancia, ratificó la sanción en contra el exacalde Dau, por llamar “nido de ratas” y “malandrines” a los directivos de la Universidad de Cartagena en medio del proceso de selección que se adelantaba en 2020, para elegir contralor distrital.Escuche la entrevista completa aquí:
En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción en contra el exacalde de Cartagena, William Dau, por llamar “nido de ratas” y “malandrines” a los directivos de la Universidad de Cartagena en medio del proceso de selección que se adelantaba en 2020 para elegir contralor distrital.De acuerdo al ente de control, el exalcalde faltó a su deber de tratar con respeto a los dirigentes universitarios y con estas declaraciones públicas afectó la “dignidad humana” de los mismos, pasando por alto el decoro y el ético conductual que debe tener un funcionario público.Alcalde de Cartagena no despachará desde la Aduana sin previo "exorcismo" tras salida de William Dau“En el desarrollo del proceso disciplinario se evidenció, con grado de certeza, que Dau Chamat, “en su calidad de burgomaestre, realizó declaraciones públicas sin observar el decoro y ética conductual que caracteriza su autoridad como alcalde distrital y con ellas afectó la dignidad humana de los destinatarios de las ofensas”, por lo que vulneró el principio de la moralidad”, detalló el Ministerio Público, que además calificó su actuación como una falta grave a título de dolo.La suspensión e inhabilidad del exalcalde es por un periodo de cuatro meses, sin embargo, al no encontrarse ya en ejercicio del cargo, la sanción impuesta se convierte a salarios devengados al momento de cometer la falta, que en su caso es un poco más de 49 millones de pesos.William Dau se desempeñó como alcalde de Cartagena para el periodo 2020-2023 y en reiteradas ocasiones estuvo en el centro de la polémica especialmente por referirse a otros funcionarios en términos subidos de tono, entre ellos los concejales de la ciudad.
Así lo anunció el presidente Gustavo Petro en respuesta a la confirmación de suspensión e inhabilidad por parte de la Procuraduría al exalcalde de Cartagena William Dau por referirse en términos irrespetuosos y desobligantes contra los directivos de la Universidad de Cartagena, esto en el marco de la elección del contralor distrital.A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro calificó la sanción de la Procuraduría como un abuso de poder, insistiendo en que ninguna autoridad administrativa debe suspender derechos políticos a ningún ciudadano. Anuncio además que su Gobierno prepara demanda colectiva contra sanciones de la Procuraduría a funcionarios elegidos por voto popular."La agencia de defensa jurídica del estado debe buscar la defensa también de la ciudadanía contra abusos de autoridad ante el contencioso administrativo. Invito a los ciudadanos sancionados con pérdida de derechos políticos a realizar una demanda común contra este tipo de abusos de poder propios de una dictadura", escribió el mandatario.El caso del exalcalde de Cartagena se suma a la reciente sanción impuesta por la Procuraduría al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras encontrarlo responsable por participación política, esto por el video del cambio en primera en plena campaña presidencial del 2022. En ese momento, el mandatario también rechazó la decisión asegurando que el Ministerio Público infringe la convención interamericana de derechos humanos.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
