La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia el fallo disciplinario que impuso inhabilidad por cuatro meses contra el exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau, tras haber calificado como “nido de ratas” al ente de control durante una audiencia pública realizada en diciembre de 2022. Dado que Dau ya no ejerce el cargo de alcalde, la sanción se traduce en una multa de 56 millones de pesos.El fallo fue adoptado mediante un documento de 26 páginas proferido por la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, la cual determinó mantener la sanción al encontrar que las manifestaciones del exmandatario fueron atentatorias contra la dignidad de los funcionarios y contrarias a los valores que deben regir la conducta de los servidores públicos.Según la decisión, el comportamiento de Dau configuró una falta grave a título de dolo, por haber incumplido el deber de tratar con respeto a los funcionarios del Ministerio Público. “Para esta Sala, las expresiones manifestadas por el inquirido, a las que se ha hecho mención, no tienen sustento en los derechos de libertad de expresión o de opinión, en tanto traspasaron la línea del respeto y buen trato que subyacen a la honra y el buen nombre de toda persona, incluidos los servidores públicos, para convertirse en un ataque personal o institucional”.En el fallo se cita textualmente que, durante la audiencia del 12 de diciembre de 2022, Dau afirmó que “en la Procuraduría General de la Nación también hay un nido de ratas”, expresión que, según el Ministerio Público, “razonablemente se traduce en que en dicho organismo existen o laboran seres despreciables, rateros o ladrones”, lo que constituye un acto “desdeñoso, ofensivo y deshonroso” hacia los servidores públicos presentes en la diligencia.Finalmente, el organismo aclaró que la sanción no se encuentra en firme, ya que contra este fallo de segunda instancia procede el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, instancia que deberá determinar si se mantiene o no la decisión y la multa impuesta.
La defensa del exalcalde de Cartagena, William Dau, interpuso una acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación argumentando que el ente de control vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la información, en el marco del fallo que lo suspendió e inhabilitó por 12 años por presunta participación en política.Según el equipo jurídico del exmandatario, la Procuraduría no ha entregado el texto completo de la decisión sancionatoria, lo que impide interponer los recursos de ley, a pesar de las reiteradas solicitudes. “Han transcurrido más de cinco días desde que la Procuraduría anunció públicamente la sanción y, pese a los requerimientos, aún no se ha remitido el texto escrito de la decisión adoptada. Esta omisión resulta inaceptable y contraria a los principios de transparencia, publicidad y debido proceso”, señaló la defensa en un comunicado.Ante esta situación, Dau presentó la tutela al considerar que la falta de notificación formal vulnera su derecho a conocer las decisiones que lo afectan y a ejercer los mecanismos de apelación correspondientes. Su defensa sostiene además que el proceso disciplinario estaría enmarcado en un contexto de persecución política y hostigamiento judicial, orientado, según afirman, a desconocer sus derechos políticos y sociales.El equipo jurídico también cuestionó la validez de las pruebas en las que se basó la Procuraduría, señalando que se habrían utilizado grabaciones obtenidas ilícitamente “Resulta especialmente grave y jurídicamente inadmisible que se profieran sanciones sustentadas en grabaciones obtenidas ilícitamente y, por demás, en las que mi representado ni siquiera participó o tuvo intervención alguna. La Procuraduría le otorga legalidad a los denominados 'petrovideos' y realiza sendas valoraciones sobre lo que allí se dice o realiza”, sostuvo la defensa.Por su parte, la Procuraduría informó que el proceso disciplinario se originó por declaraciones que el entonces alcalde habría hecho en una manifestación pública, donde expresó su apoyo político a dos candidatas al Congreso para el periodo 2022–2026: Lidis Ramírez y María Alejandra Benítez.En fallo de primera instancia, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que Dau intervino en controversias políticas al manifestar respaldo a dichas aspirantes a través de un audio difundido por WhatsApp. Para el órgano de control, el mensaje, aunque emitido en un contexto aparentemente privado, adquirió un carácter de significación pública, al proyectar ante la ciudadanía una posición política institucionalmente relevante.Según la Procuraduría, esa conducta vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa, pilares de la función pública, y por ello fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo.
El exalcalde de Cartagena, William Dau, confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10 AM de Blu Radio que aspirará al Congreso de la República. Según dijo, su objetivo es enfrentarse a la corrupción y cuestionar a los políticos tradicionales desde el Senado.“Yo no confío en partidos políticos, son asociaciones de sinvergüenzas. Yo me considero progresista, pero no de izquierda. Entonces me identifico más con el Pacto Histórico, reconociendo también que está lleno de corrupción”, aseguró el exmandatario de Cartagena.Dau explicó que su intención es llegar al Senado para enfrentar a lo que él llama la clase política tradicional: “Quiero llegar al Congreso y al Senado para cantarle la tabla a todos los corruptos, porque el Senado, todo mundo sabe, es pura rata”, enfatizó.El exalcalde también reveló tensiones con algunos sectores del Pacto Histórico, al que se siente más cercano políticamente. “Dentro del Pacto hay mucha maquinación, hay una representante que quiere saltar al Senado, entonces quiere meterme el palo a la rueda. También está metiendo la mano la suegra de Armando Benedetti, que no es progresista, sino politiquera. Yo no me tranzo con nadie”, dijo.El anuncio de su aspiración llega después de que el Consejo de Estado tumbara la sanción de la Procuraduría en su contra por un contrato de pruebas covid-19 durante la pandemia. Dau insistió en que esa sanción fue parte de una persecución política liderada por Margarita Cabello.“No solo la tumbaron, fue un jalón de orejas, porque dijeron que las decisiones no estaban basadas en la ley, sino fuera del derecho. Todo es una persecución política que comenzó Margarita Cabello contra mí, porque digo que los órganos de control son aliados de la corrupción”, sostuvo Dau.Sobre el contrato cuestionado, recordó que no generó pérdidas para el Distrito. “Nosotros conseguimos tres cotizaciones y nos fuimos con la más barata. El contratista no cumplió y yo cancelé el contrato, no se pagó un solo peso. No solo eso, se les aplicó una cláusula penal, sancionándolos por incumplidos”, explicó.Con este escenario, William Dau busca abrirse paso en la política nacional, esta vez desde el Congreso, asegurando que su bandera seguirá siendo la lucha contra la corrupción.
El Consejo de Estado dejó sin efectos la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exalcalde de Cartagena William Jorge Dau Chamatt, que lo había destituido e inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos.La Sala Especial de Decisión concluyó que los fallos de primera y segunda instancia fueron contrarios a derecho, ya que sancionaron una conducta que no configuraba falta disciplinaria.La sanción disciplinaria había sido impuesta por la compra de 25.000 pruebas rápidas de COVID-19 en 2020, a través del contrato suscrito por $725 millones de pesos con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., una compañía que, según la Procuraduría, no acreditaba la experiencia ni los requisitos necesarios para ejecutar el objeto contractual.El órgano de control alegó que Dau actuó en detrimento del patrimonio público y desconoció principios de la contratación estatal.Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el señalamiento disciplinario carecía de fundamento jurídico. En primer lugar, señaló que la contratación se realizó bajo la figura de urgencia manifiesta, habilitada durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional en 2020, lo que eximía al entonces alcalde de elaborar estudios previos o justificar de manera ordinaria el proceso.También determinó que la Procuraduría vulneró los principios de presunción de inocencia e in dubio pro disciplinado, es decir, si hay duda sobre la responsabilidad de un funcionario en un proceso disciplinario, esa duda debe resolverse a su favor, pues utilizó pruebas obtenidas después de la firma del contrato para cuestionar la capacidad del contratista.Finalmente, el alto tribunal advirtió incongruencias en el juicio disciplinario: mientras el cargo se centró en la firma del contrato, la Procuraduría extendió el análisis a supuestas omisiones en el control de funciones delegadas al Director del Dadis, lo que configuró una variación indebida del cargo. Por estas razones, se declaró la nulidad de la sanción.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la suspensión por nueve meses impuesta al exalcalde de Cartagena William Dau por las demoras en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2020De acuerdo con el fallo, el exmandatario distrital (2020-2023) incumplió con la obligación de garantizar el inicio oportuno del servicio de alimentación escolar, que debió comenzar el 27 de enero de 2020.Sin embargo, el programa solo empezó a ejecutarse el 11 de mayo del mismo año, lo que afectó la prestación del servicio a los estudiantes de la capital de Bolívar.La primera decisión disciplinaria fue adoptada el 31 de marzo de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, que declaró responsable a Dau y le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por nueve meses.Dado que ya no ostenta funciones públicas, la sanción se convirtió en el pago de $112.044.240, equivalentes a los salarios devengados durante ese periodo.La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular refrendó ahora la sanción, al considerar que el exalcalde incurrió en una falta disciplinaria grave, variando la calificación de culpa gravísima a culposa.Con este fallo de segunda instancia, la sanción disciplinaria contra Dau quedó en firme.
La sanción contra William Dau fue confirmada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, que determinó que el exalcalde incurrió en una falta disciplinaria gravísima, al desconocer principios de contratación estatal en la firma del contrato por $725 millones de pesos.Ahora, el Consejo de Estado evaluó el caso a la luz de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual establece que las sanciones de destitución e inhabilidad contra funcionarios de elección popular deben ser revisadas automáticamente por la jurisdicción contencioso-administrativa y, por esa razón, admitió la revisión de la sanción impuesta por la Procuraduría al exalcalde de Cartagena.La competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular ha sido una larga discusión y, en este caso, el Consejo de Estado le pidió al Ministerio Público remitir el expediente completo del caso y le advirtió sobre la obligación de respetar el debido proceso en futuras sanciones a funcionarios electos.”La ejecución de los respectivos actos sancionatorios ‘procederá inmediatamente’ (...) impidió el ejercicio del derecho del exalcalde William Jorge Dau Chamatt referente a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y controvertir las practicadas en el procedimiento disciplinario", señala el documento.Con esta decisión, el exalcalde tendrá la oportunidad de argumentar su defensa antes de que el tribunal determine si la sanción se mantiene o es revocada.
Se conoció que la Procuraduría General de la Nación, confirmó la sanción de suspensión por siete meses al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, y de ocho meses a la exdirectora de cobertura educativa de la Secretaría de Educación, Alexandra Herrera Puente, por un sobrecosto de más de 527 millones de pesos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar durante la pandemia por el COVID-19.En este caso, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, encontró que el contrato original y la adición firmada contenían sobrecostos en productos como el arroz, lentejas, huevos y atún, debido a estudios previos deficientes.Además, el ente de control pudo determinar que los investigados actuaron en detrimento del patrimonio público y que la confianza depositada por el entonces alcalde Dau en otros servidores no lo libera de responsabilidad.Sin embargo, la sanción es de tipo económico, es decir, se convierte en salarios devengados para la época de los hechos, equivalentes a más de 121 millones de pesos para el exalcalde y más de 85 millones de pesos para Herrera Puente, y así las cosas el fallo quedó en firme y su ejecución procede de manera inmediata según la Procuraduría.
La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de 86 páginas, decidió destituir e inhabilitar al exalcalde Cartagena William Dau para ejercer cargos públicos, tras las irregularidades en la firma de un contrato para la adquisición de 10.000 pruebas COVID-19 mientras ejercía sus funciones como alcalde de esa ciudad.En este caso, la Procuraduría dice que William Dau, en su condición de alcalde de Cartagena, desconoció su principio de responsabilidad de la contratación estatal al suscribir un contrato con una empresa que no tenía la capacidad suficiente para ejecutar el objetivo plasmado.Esta decisión también cobija al exdirector del departamento administrativo distrital de salud Álvaro José Fortich, en la decisión se lee que Dau "infringió de manera sustancial su deber funcional al celebrar el contrato con Ventas, Marketing y Distribución Ltda". "Al parecer sin que la referida entidad tuviera la capacidad para ejecutar el referido negocio jurídico, pues como consecuencia se declaró el incumplimiento del contrato", según lo expuesto por la Procuraduría.Por otro lado, el fallo enfatiza en que, si bien la entidad no estaba en la obligación a realizar estudios previos, sí estaba llamada a salvaguardar los intereses de la población beneficiaria de pruebas COVID-19 para el cual se justificó la contratación.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exmandatario local se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría. Aseguró que eso hace parte de una “una persecución” y, por eso, se siente “tranquilo” al respecto; dijo que “se la tienen velada”.Presuntamente, los precios unitarios de los kits ofrecidos, por $72.500, eran mayores en comparación con otros laboratorios acreditados, que ofrecían precios desde los $21.500.Cabe recordar que, la Procuraduría en un fallo de segunda instancia, ratificó la sanción en contra el exacalde Dau, por llamar “nido de ratas” y “malandrines” a los directivos de la Universidad de Cartagena en medio del proceso de selección que se adelantaba en 2020, para elegir contralor distrital.Escuche la entrevista completa aquí:
En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción en contra el exacalde de Cartagena, William Dau, por llamar “nido de ratas” y “malandrines” a los directivos de la Universidad de Cartagena en medio del proceso de selección que se adelantaba en 2020 para elegir contralor distrital.De acuerdo al ente de control, el exalcalde faltó a su deber de tratar con respeto a los dirigentes universitarios y con estas declaraciones públicas afectó la “dignidad humana” de los mismos, pasando por alto el decoro y el ético conductual que debe tener un funcionario público.Alcalde de Cartagena no despachará desde la Aduana sin previo "exorcismo" tras salida de William Dau“En el desarrollo del proceso disciplinario se evidenció, con grado de certeza, que Dau Chamat, “en su calidad de burgomaestre, realizó declaraciones públicas sin observar el decoro y ética conductual que caracteriza su autoridad como alcalde distrital y con ellas afectó la dignidad humana de los destinatarios de las ofensas”, por lo que vulneró el principio de la moralidad”, detalló el Ministerio Público, que además calificó su actuación como una falta grave a título de dolo.La suspensión e inhabilidad del exalcalde es por un periodo de cuatro meses, sin embargo, al no encontrarse ya en ejercicio del cargo, la sanción impuesta se convierte a salarios devengados al momento de cometer la falta, que en su caso es un poco más de 49 millones de pesos.William Dau se desempeñó como alcalde de Cartagena para el periodo 2020-2023 y en reiteradas ocasiones estuvo en el centro de la polémica especialmente por referirse a otros funcionarios en términos subidos de tono, entre ellos los concejales de la ciudad.
Así lo anunció el presidente Gustavo Petro en respuesta a la confirmación de suspensión e inhabilidad por parte de la Procuraduría al exalcalde de Cartagena William Dau por referirse en términos irrespetuosos y desobligantes contra los directivos de la Universidad de Cartagena, esto en el marco de la elección del contralor distrital.A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro calificó la sanción de la Procuraduría como un abuso de poder, insistiendo en que ninguna autoridad administrativa debe suspender derechos políticos a ningún ciudadano. Anuncio además que su Gobierno prepara demanda colectiva contra sanciones de la Procuraduría a funcionarios elegidos por voto popular."La agencia de defensa jurídica del estado debe buscar la defensa también de la ciudadanía contra abusos de autoridad ante el contencioso administrativo. Invito a los ciudadanos sancionados con pérdida de derechos políticos a realizar una demanda común contra este tipo de abusos de poder propios de una dictadura", escribió el mandatario.El caso del exalcalde de Cartagena se suma a la reciente sanción impuesta por la Procuraduría al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras encontrarlo responsable por participación política, esto por el video del cambio en primera en plena campaña presidencial del 2022. En ese momento, el mandatario también rechazó la decisión asegurando que el Ministerio Público infringe la convención interamericana de derechos humanos.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El ataque, ocurrido en el barrio San Sebastián, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad lesionado, lo que generó preocupación entre los habitantes de este sector.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Departamento de Policía Valle, las víctimas se encontraban en este sector cuando fueron interceptadas por varios sujetos que, al parecer, las atacaron con arma de fuego. En medio de la agresión, una de las personas recibió impactos que le ocasionaron la muerte, mientras que el menor resultó herido."Es de esclarecer que se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad. Es de resaltar que se amplía y se ejecuta el despliegue de todas las actividades institucionales para dar con los móviles irresponsables de este lamentable caso", dijo el mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante (e) de Distrito de Policía Roldanillo.Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre su estado de salud ni han precisado las circunstancias que rodearon el ataque."La Policía Nacional rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes", dice un comunicado emitido por la institución.El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué motivó esta agresión, determinar si las víctimas habían recibido amenazas y establecer las identidades de los responsables. Asimismo, se adelantan las labores de recolección de información y verificación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.Este nuevo episodio de violencia genera preocupación por la afectación a la población civil, especialmente por la presencia de un menor de edad entre las víctimas. La Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes de Roldanillo para que suministren cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso y facilitar la identificación de los responsables.
